Innovación ambiental y
análisis del riesgo
Iván Vargas-Chaves
Editor/compilador
Dos enfoques para una gestión ambiental moderna
Innovación ambiental y análisis
del riesgo
Dos enfoques para una gestión ambiental
moderna
Iván Vargas-Chaves
Editor/compilador
2020
Innovación ambiental y análisis
del riesgo
Dos enfoques para una gestión ambiental
moderna
Iván Vargas-Chaves
Editor/compilador
Este libro es resultado de investigación, evaluado bajo el sistema doble ciego por
pares académicos.
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR
Rector
Noel Morales Tuesca
Vicerrector Académico
Alfredo Flórez Gutiérrez
Vicerrector de Ciencia Tecnología e Innovación
Jhon Víctor Vidal
Directora de Investigaciones
Luty Gomezcáceres
Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
María Eugenia Vides Argel
Coordinador Editorial CECAR
Jorge Luis Barboza
© 2020, Innovación ambiental y análisis del riesgo: dos enfoques para una
gestión ambiental moderna. Iván Vargas Chaves, Francisco Javier Maza Ávila,
Tania Isabel Jiménez Castilla, Gustavo Adolfo Herrera Seba, Emiliano Farinella,
Alice Costa, Alexandra Cumbe Figueroa, Andrea Díaz Pulido, Adriana Gutié-
rrez Bayona, Diego Piracoca Chaves, Luis Alberto Díaz González, Mitchel Omar
Molina Ozuna, Rosalba Frías-Navarro, Juan Felipe Solórzano Quintero, Andrés
Gómez Rey, Iván Andrés Páez, Claudia Galeano Páez, Lyda Espitia Pérez, Shirley
Salcedo Arteaga, autores.
ISBN: 978-958-5547-28-5 (impreso)
ISBN: 978-958-5547-65-0 (digital)
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0
Sincelejo, Sucre, Colombia
Innovación ambiental y análisis del riesgo : dos enfoques para una gestión ambiental
moderna / Iván Vargas-Chaves…[et al.]; Iván Vargas-Chaves, editor. – Sincelejo : Edito-
rial CECAR, 2020.
353 páginas; 23 cm.
Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo.
ISBN: 978-958-5547-28-5 (impreso)
ISBN: 978-958-5547-65-0 (digital)
1. Medio ambiente-problemas 2. Medio ambiente-conservación 3. Contaminación
4. Contaminación del aire 5. Contaminación del agua 6. Contaminación del suelo 7.
Investigación científica 8. Paisaje-conservación I. Vargas-Chaves, Iván II. Título.
363.7 I584i 2020
CDD 21 ed.
CEP – Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. Biblioteca Central – COSiCUC
Tabla de Contenido
Autores .................................................................................................... 7
Presentación .......................................................................................... 11
1. Teoría de la innovación ambiental: lineamientos para
caracterizar el capital intelectual ambiental ............................... 23
Iván Vargas-Chaves
2. Los incentivos como política para favorecer las
innovaciones ambientales .............................................................37
Alexandra Cumbe-Figueroa
3. Políticas de fomento a los biocombustibles como
innovaciones ambientales y sus efectos en el campo
colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja
(Bolívar) .........................................................................................55
Francisco Javier Maza-Ávila
Tania Isabel Jiménez-Castilla
Gustavo Adolfo Herrera-Seba
4. Agroforestry as an environmental innovation tool for
agriculture in regions particularly affected by climate change .95
Emiliano Farinella
Alice Costa
5. Construcción social en torno al espacio público: el caso
de la Plazoleta de Rosario como estrategia de innovación
social y ambiental en la Universidad del Rosario ....................123
Andrea Díaz-Pulido
6. Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa
basuras cero para Bogotá: análisis de caso asociado a un
proceso de innovación ambiental ..............................................151
Adriana Gutiérrez-Bayona
Diego Piracoca-Chaves
7. Aplicación de ideas de innovación ambiental:
implementación de un sistema de captación de agua por
humedad atmosférica en la Región de los Montes de María
del departamento de Bolívar ......................................................181
Luis Alberto Díaz González
Mitchel Omar Molina Ozuna
8. Diseño de productos sustentables para la agricultura
familiar .........................................................................................193
Diego Alejandro Piracoca-Chaves
Rosalba Frías-Navarro
9. Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del
riesgo en el marco de la adaptación al cambio climático en
Cartagena de Indias ....................................................................213
Mauricio Luna Galván
10. La creación de riesgo por parte del Estado en la
materialización de los derechos sociales: Prestación del
servicio público de energía en Atlántico, Bolívar, Magdalena,
Cesar, Córdoba, Sucre y la Guajira ...........................................239
Juan Felipe Solórzano Quintero
11. Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos
socio-ambientales emergentes en los Montes de María
alrededor de la expansión de la palma africana y la teca ........255
Mauricio Luna-Galván
12. El principio de confianza legítima en la reserva forestal
protectora “Bosque Oriental de Bogotá” ................................... 279
Andrés Gómez Rey
Iván Andrés Páez
13. Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud
y el ambiente ................................................................................307
Claudia Galeano-Páez
Lyda Espitia-Pérez
Shirley Salcedo-Arteaga
Autores
Iván Vargas Chaves
Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Máster en
Derecho de la Universidad de Génova, Italia. Máster en Derecho Privado
y Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, España. Dottore
di Ricerca (Dott. Ric.) de la Universidad de Palermo, Italia. Docente
investigador de la Corporación Unversitaria del Caribe - CECAR.
Francisco Javier Maza Ávila
Administrador Industrial de la Universidad de Cartagena. Especialista en
Gestión Gerencial de la Universidad de Cartagena. Magíster en Economía
y Desarrollo Territorial de la Universidad de Cádiz, España. Doctor en
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Cádiz, España.
Tania Isabel Jiménez Castilla
Economista de la Universidad de Cartagena. Magíster en Desarrollo
Económico y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid,
España. Doctora en Economía de la Universidad Autónoma de Madrid,
España.
Gustavo Adolfo Herrera Seba
Administrador Industrial de la Universidad de Cartagena. Magíster en
Desarrollo y Ambiente de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
Emiliano Farinella
Bachelor of Economics, Università di Palermo, Italy. Master’s degree in
Engineering, Università di Palermo, Italy. Master in Project Management,
Politecnico di Milano, Italy.
Alice Costa
Bachelor’s Degree in Natural Sciences, Università di Padova, Italy. Master’s
Degree in Natural Sciences, Università di Padova, Italy.
Alexandra Cumbe Figueroa
Estudiante de Derecho de la Universidad La Gran Colombia.
Andrea Díaz Pulido
Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Universidad
Central. Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Magíster en Gerencia
Ambiental de la Universidad de los Andes.
Adriana Gutiérrez Bayona
Internacionalista de la Universidad del Rosario. Máster (MSc) in Carbon
Management, University of Edinburgh, UK.
Diego Piracoca Chaves
Diseñador Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.
Luis Alberto Díaz González
Ingeniero Químico de la Universidad de Cartagena. Maestría en Desarrollo
y Ambiente, en curso, de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
Mitchel Omar Molina Ozuna
Ingeniero Químico de la Universidad de Cartagena. Maestría en Desarrollo
y Ambiente, en curso, de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
Rosalba Frías-Navarro
Ingeniera Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster
en Administración de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora
en Ingeniería, Industria y Organizaciones de la Universidad Nacional
de Colombia. Profesora Asociada, Facultad de Ciencias Agropecuarias,
Universidad de La Salle, sede Bogotá.
Mauricio Luna Galván
Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano. Máster (MSc) en Estudios Globales de la Universidad de
Lund, Suecia.
Juan Felipe Solórzano Quintero
Abogado de la Universidad del Rosario. Magíster en Derecho Administrativo
de la Universidad del Rosario. Doctor en Derecho de la Universidad de
Salamanca.
Autores
Andrés Gómez Rey
Abogado de la Universidad de La Sabana. Especialista en Derecho Ambiental
de la Universidad del Rosario. Magíster en Derecho Administrativo del
Rosario. Doctorado en Derecho, en curso, en la Universidad del Rosario.
Iván Andrés Páez
Abogado de la Universidad del Rosario. Especialista en Derecho Ambiental
de la Universidad del Rosario. Especialista en Derecho Administrativo de la
Universidad del Rosario. Maestría en Derecho Administrativo, en curso, en
la Universidad del Rosario.
Claudia Galeano Páez
Bióloga de la Universidad de Córdoba. Especialista en Gestión Energética
de la Universidad de La Salle. Maestría en Desarrollo y Ambiente en la
Universidad Tecnológica de Bolívar.
Lyda Espitia Pérez
Bióloga de la Universidad de Córdoba. Magíster en Biología Celular
y Molecular de la Universidad de Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.
Doctora en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Federal do
Rio Grande do Sul, Brasil.
Shirley Salcedo Arteaga
Bióloga de la Universidad de Córdoba. Magíster en Biología de la Universidad
del Atlántico.
Autores
Presentación
Desde hace casi un siglo, la contaminación generada por la
industrialización empezó a ocupar las agendas de la política ambiental
en los países desarrollados. Con la introducción de la energía nuclear el
problema se trasladó a los residuos y, con la masificación de los productos
que agotan la capa de ozono, otra preocupación se añadió a la lista. De
unas décadas para acá, el cambio climático se situó en los primeros lugares
de la agenda pública, junto con la deforestación, la minería y la pérdida de
biodiversidad, entre otros factores de deterioro ambiental.
Como resultado de este cúmulo de factores, nuestra sociedad y
el ambiente atraviesan por un escenario de riesgos que le sitúan en un
momento crítico, en el que se hacen notorios los daños reversibles e
irreversibles ocasionados y en donde las decisiones que desde ahora se
adopten para mejorar esta situación, marcarán las futuras condiciones de
vida de las generaciones venideras.
En este contexto, la gestión del riesgo y la innovación ambiental se
erigen como un imperativo para el Estado y para el sector privado. Prueba
de ello es la implementación de políticas que fomentan el desarrollo de
metodologías, dispositivos y proyectos para monitorizar los riesgos. De igual
modo se generan incentivos a quienes desarrollen productos, procesos y
servicios que sean una apuesta a la sostenibilidad o que mitiguen impactos
ambientales negativos asociados a la actividad económica de donde
provienen.
Se delimitan así nociones clave en aras de un mejor entendimiento
de todos los elementos que la componen y, bajo el entendido que pese a
que el concepto de riesgo e innovación ambiental a menudo se estudian,
no siempre se asimilan correctamente. En tal sentido, conceptos como
responsabilidad social empresarial, valor compartido, shareholders y
stakeholders e inteligencia verde, serán abordados en el presente libro para
explicar las dinámicas que se dan en torno a este tipo de innovación.
Presentación
De hecho, debido a la escala de los problemas ambientales actuales, el
papel de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) resulta crucial,
si lo que se busca son soluciones definitivas y a largo plazo. En tal sentido,
la apuesta por las innovaciones ambientales es uno de los rasgos distintivos
de las empresas exitosas. La razón, la inteligencia verde lleva al mercado
a favorecer productos que en su cadena de valor se fabricaron mediante
métodos de producción que minimicen los efectos ambientales adversos,
permitiéndoles una mejor y mayor penetración en el mismo.
De igual manera, se suman los gobiernos que ven en la innovación
ambiental una oportunidad para cumplir sus compromisos internacionales
de reducción de impactos ambientales, tales como la disminución
progresiva de gases de efecto invernadero dada la amenaza que suponen
para el cambio climático. Ello genera un considerable interés en políticas
que apuntan a facilitar por ejemplo la sustitución de combustibles fósiles
convencionales por energías limpias.
Con el boom que supuso la introducción de las energías limpias y las
tecnologías sostenibles y amigables con el ambiente, las dinámicas de las
diversas industrias en todo el mundo empezaron a cambiar rápidamente
(Acemoglu et al, 2016). Este proceso se dio justo a mediados del siglo
XX, cuando las industrias comenzaron a evolucionar principalmente
en los procesos de innovación y diseño, hacia modelos ambientalmente
responsables (Carroll, 1999).
Con la llegada de las energías renovables, comenzaron a adoptarse
nuevas formas de operación. La mejor comprensión que se tenía ahora del
uso de la energía solar ayudó a un rápido avance en diferentes campos.
Adicional a lo anterior, con el creciente alcance de los diseños sostenibles, la
adopción de marcas verdes y la introducción de obtenciones vegetales que
reducían el impacto generado por pesticidas y agroquímicos; se aumentó
de manera importante el valor de un nuevo capital: el capital intelectual
ambiental.
Desde el ámbito internacional, los estados miembros de la
Organización Mundial del Comercio, principalmente, han desplegado una
intensa actividad normativa para sincronizar formas efectivas de proteger
los derechos de propiedad intelectual a nivel global (Reichman, 1995), los
Presentación
cuales, amparan desde las innovaciones en su estricto sentido hasta las
innovaciones que se ajustan al capital intelectual ambiental.
A su vez, los sistemas de propiedad intelectual se están desplegando
rápidamente y se están contemplando nuevos derechos que sean capaces de
responder a las expectativas y necesidades de aquellos que deciden innovar
en lo ambiental.
11
Ello, pese a que el marco de los derechos de propiedad
intelectual sea bastante controvertido y le imponga un primer gran reto a
la innovación ambiental, al situarse entre el fomento a la innovación y el
acceso al mismo; dos intereses jurídicamente protegidos que no siempre se
complementan entre sí como ocurre en el caso de las patentes y el acceso a
los medicamentos.
Un segundo reto tiene que ver con la sobreprotección de los
derechos de exclusividad sobre estas innovaciones; situación que puede
conducir a monopolios injustificados de las industrias que innovan en este
campo, principalmente de aquellas que se ubican en los países del norte
económico. Coincidimos con Aoki (1998) y Helfer & Austin (2011) en que
no debe descomerse este riesgo que trae consigo un régimen de propiedad
intelectual, al favorecer únicamente los intereses de unos cuantos en
detrimento del interés general.
En efecto, la falta de disponibilidad de procesos, productos y
servicios asociados al capital intelectual ambiental puede repercutir en
un desequilibrio en el desarrollo, y en condiciones de vulnerabilidad y
desigualdad acentuadas en los países que más sufren por los efectos de las
actuales condiciones de deterioro ambiental. Pese a ello, son los Gobiernos
de estos países los que deben asumir directamente la responsabilidad al no
contar con una política definida de fomento a las innovaciones ambientales.
De ahí un tercer gran reto, que lleve a estos Gobiernos a mejorar las
capacidades para generar procesos que fortalezcan -mediante su protección
y acceso- las innovaciones ambientales, a efectos de dejar atrás la histórica
dependencia a la industria perteneciente a los países dónde sí existe una
política clara y definida (Rapp & Rozek, 1990).
1 Es el caso de los certificados complementarios de protección, la exclusividad de los datos sobre
invenciones agroquímicas, las obtenciones vegetales, o los mecanismos de acceso a los recursos
genéticos, entre otros intereses jurídicamente tutelados por la normativa en materia de propiedad
intelectual que buscan dar cobertura a nuevos procesos, productos y servicios.
Presentación
Nótese cómo en este punto el régimen de propiedad intelectual opera
desde una doble vía, de un lado al garantizar que las innovaciones pasen al
dominio público luego de la prescripción de los derechos de exclusividad
que este régimen otorga. Del otro, al fomentar la innovación mediante
tal exclusividad, lo cual, es garantía a los innovadores e inversores de un
retorno de su inversión, así como de ganancias.
Un cuarto y quinto reto se encuentra en los límites comerciales de
las innovaciones no-ambientales, esto es, aquellas que sin cumplir con los
estándares de sostenibilidad y sin repercutir en la reducción del impacto
ambiental, se pretenden exteriorizar como si lo fueran; y, en la búsqueda
de soluciones al estancamiento de larga data sobre la estandarización de
licencias obligatorias sobre las tecnologías de adaptación y mitigación
al cambio climático y, en general sobre tecnologías asociadas al capital
intelectual ambiental.
Esta situación ha llevado de un lado a que países como Japón,
Dinamarca, Alemania, o Australia, se encuentren presionando para una
mayor y más duradera protección de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el capital intelectual ambiental. Del otro lado, esto ha
ocasionado una fuerte presión de los BRICS –Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica–, hacia mayores flexibilidades de los derechos de propiedad
intelectual, sobre innovaciones que sean capaces de hacer frente al cambio
climático (Vargas-Chaves, 2016).
Desde el escenario que se da en el marco de las conferencias de las
partes, por sus siglas COP, en materia de cambio climático, se debate la
necesidad de concebir licencias obligatorias de patente para invenciones y
mejoras técnicas patentables de mitigación y adaptación al cambio climático
en países en desarrollo. Lo que se busca, es que las innovaciones dejen de
ser un privilegio de pocos.
En definitiva, no debe ser ajeno el hecho que exista un clamor
generalizado por un mejor tratamiento de este capital intelectual ambiental.
Ello les plantea a los encargados de diseñar políticas públicas la urgencia de
estrechar el vínculo entre la capacidad de un país para fomentar el estado
de la técnica de la investigación aplicada, la fortaleza de su economía y
la prosperidad de la sociedad (Vargas-Chaves, 2016; Kemp & Pontoglio,
2011).
Presentación
Con todo, a pesar del imperativo que suponen las innovaciones
ambientales para la sociedad, su constructo teórico como tema de estudio
apenas ha logrado atraer la atención de algunos estudiosos en la materia.
Es por esta razón, que el propósito del presente libro es generar un espacio
de reflexión –desde lo teórico a lo práctico– sobre el rol que tienen las
innovaciones ambientales en la sociedad.
En el primer capítulo, Iván Vargas-Chaves desarrolla el constructo
teórico de la innovación ambiental como todo proceso, producto o servicio
capaz de satisfacer necesidades –dimensionando los recursos en términos
económicos, no en términos físicos–; generando un valor compartido entre
shareholders y stakeholders y, en tal sentido, cumpliendo con una de las
dos dimensiones.
La primera consiste en la disminución de los impactos negativos
o generación de impactos positivos al ambiente asociados a la actividad
económica vinculada a la innovación. La segunda, en la generación de
soluciones de sostenibilidad en sus tres dimensiones: social, económica y
ambiental. En este sentido, si un producto, proceso o servicio se ajusta a
este constructo teórico, es decir cumple con sus requisitos, entonces pasará
al acervo del capital intelectual ambiental.
Este capital intelectual además de representar una doble ventaja para
los innovadores; doble por el acceso y la favorabilidad con la que el mercado
recibe estas innovaciones, así como por los incentivos existentes, cuenta
con el régimen de propiedad intelectual como un vehículo para garantizar
la exclusividad que le permite recuperar la inversión y obtener ganancias.
Concluye el capítulo, argumentando que los países que no cuentan
con una política definida de fomento a las innovaciones ambientales, están
expuestos a convertirse en dependientes de la industria de los países dónde
sí existe una política clara y definida, de allí la necesidad de estandarizar
estas políticas en pro de un interés general.
En el capítulo dos, Alexandra Cumbe presenta la fundamentación
de los incentivos ambientales como una innovación en la política pública
adoptada por los Estados para impulsar la protección, conservación y
recuperación de los recursos naturales. Esto lo aborda desde la afectación
ambiental como una problemática política global, que obliga a los Estados
a tomar medidas; posteriormente, examina las obligaciones internacionales
Presentación
que Colombia ha ratificado y aprobado en materia ambiental; y finalmente,
presenta algunos de los incentivos ambientales que la legislación colombiana
ha consagrado como política pública, para cumplir tanto con los fines del
Estado como con las obligaciones internacionales.
En el capítulo tres, Francisco Maza, Tania Jiménez y Gustavo Herrera,
abordan la situación actual de seguridad alimentaria y nutricional del
departamento de Bolívar y el municipio de María La Baja, a partir del mapeo
y análisis de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria
De este modo, analizan cómo el incremento de las tasas de producción
de cultivos energéticos representa un cambio en el uso de suelo que
afecta la producción de alimentos y, en consecuencia, genera un debate
profundo sobre la necesidad de proveer de comida a la humanidad, frente
los beneficios por rendimientos económicos que los agricultores reciben al
incorporar sus tierras a la producción de agro combustibles.
A partir de lo anterior, se proponen elementos de base que permitan
diseñar políticas públicas con enfoque local, que propugnen por el
ordenamiento de la actividad productiva agrícola, en aras de garantizar la
oferta básica de alimentos y la seguridad alimentaria y nutricional de la
población rural del municipio objeto de estudio.
En el capítulo cuarto, Emiliano Farinella y Alice Costa abordan el
concepto de agroforestería como un sistema sostenible de uso del suelo por
medio de la combinación de agricultura y forestería, en aras de permitir
la reproducción de un ecosistema lo más natural posible, siendo capaz de
aportar sus factores ambientales. Según se plantea en el capítulo, además
esta práctica sostenible resulta ser particularmente estratégica ya que incluye
la adaptación a los impactos del cambio climático y también la mitigación
a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Específicamente, se señala, los sistemas agroforestales están
caracterizados por la capacidad de secuestrar el carbono, incrementar
el ciclo del agua, crear microclimas, aumentar la resiliencia mediante el
aumento de la biodiversidad, mejorar la calidad del suelo y el equilibrio
de los micronutrientes. Por tanto, los productos y procesos de innovación
ambiental asociados a la agroforestería pueden representar un medio
agrícola efectivo en regiones particularmente aquejadas por el cambio
climático.
Presentación
En el capítulo quinto, referente a los resultados del proyecto de
revitalización integral de la Plazoleta del Rosario, su autora, Andrea Díaz
Pulido, presenta un ejercicio de innovación social y ambiental sobre este
espacio que se erige como un lugar de referencia cultural en la ciudad de
Bogotá, destacando y poniendo en valor sus atributos históricos, simbólicos,
arquitectónicos, paisajísticos y patrimoniales intrínsecos. Con lo anterior,
se pretendía mediante un proceso de construcción social colectivo, que se
generara apropiación por parte de los mismos ciudadanos.
Este capítulo presenta detalles del proyecto de revitalización integral de
la plazoleta, iniciando con la descripción de los antecedentes históricos del
lugar y algunos de los edificios y establecimientos comerciales adyacentes.
Ello, con el fin de que el lector entienda las dinámicas sociales que se han
suscitado por los cambios en el uso y habitabilidad del espacio a lo largo
del tiempo. Luego, se presenta el problema y la justificación del proyecto y
se describen los principales actores involucrados. Finalmente, se plantean
los componentes del proyecto, el cual es una de las estrategias del programa
de Flora-Fauna del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del
Rosario, correspondiendo así a la visión de ser una universidad sostenible.
El capítulo sexto titulado ‘Un mejoramiento a los micro y macrosistemas
del Programa Basuras Cero para Bogotá’, Adriana Gutiérrez y Diego Piracoca
exponen la evaluación de las estrategias públicas respecto al reciclaje. Para
estos efectos, en primer lugar realizan una contextualización del marco
legal del sistema de basuras en Colombia, para dar paso al contexto de
Bogotá, lugar donde se implementa el Programa de Basuras Cero, el cual es
analizado y evaluado por los autores.
A partir de lo anterior, los autores caracterizan el lugar, agentes y
estrategias, de acuerdo con los supuestos de los sistemas micro y macro
ergonómicos, con el fin de obtener una mirada holística de las interacciones
entre actores del sistema, así como el patrón de consecuencias al momento
de modificar cualquier aspecto o elemento que se encuentra dentro del
mismo.
La aplicación de énfasis macro ergonómicos a organizaciones o a
sistemas tiende a generar resultados positivos a los lugares en donde son
aplicados (estructura, objetivos, personas, sub sistemas, puestos de trabajo,
tareas, etc.). De esta manera, se plantea como innovación ambiental un caso
Presentación
de intervención con base en un estudio y análisis de sistemas normativos
en la ciudad de Bogotá que son esquematizados, discutidos y optimizados.
El capítulo séptimo, de Luis Alberto Díaz González y Michel Omar
Molina Ozuna, se presentan los resultados de una innovación ambiental
implementada por ellos mismos como modelo de utilidad ambiental,
consistente en una mejora de la tecnología de captación de agua a partir
de la humedad del aire, para desarrollar un sistema de captación que
respondiera a las condiciones climáticas de los Montes de María. Ello, sin
duda, representaría para los campesinos de esa región una oportunidad
de vincularse al mercado para así hacer sus cosechas competitivas, pues
tendrían a disposición el recurso vital necesario para el desarrollo de sus
cultivos.
Se identifica por demás que esta situación generaría un equilibrio en
la dinámica comercial de la región, ya que productores que solo cultivaban
conforme a las épocas de lluvia, ya lo pueden hacer incluso durante todo
el año, pues tienen a su disposición una tecnología amigable con el medio
ambiente que les permite captar agua de una fuente como es el aire, que en
una región como los Montes de María, jamás ha sido explotada.
En el capítulo ocho, Diego Piracoca y Rosalba Frías presentan una
propuesta de diseño de producto sustentable como innovación ambiental:
elaborado en el marco de un Semillero de Investigación sobre sostenibilidad
en la Pontificia Universidad Javeriana. Dicha propuesta contempló el
desarrollo de empaques biodegradables a partir de residuos de cultivos,
con especial aplicación para los pequeños productores con el fin de ser
producirlos directamente en los lugares de origen.
En el capítulo nueve, se realiza una labor de conceptualización de la
sociedad del riesgo enmarcado en las iniciativas de la ciudad de Cartagena
para enfrentar la amenaza del cambio climático, el cual constituye un caso
ilustrativo de confluencia en dichas complejidades: expansión urbana,
crecimiento e industrialización, degradación ambiental y desigualdad
social, entre otros factores identificados en el texto.
Su autor, Mauricio Luna, plantea que las actividades humanas
enfrentan desafíos que parecen incapaces de resolver, como la degradación
ambiental, reforzada por reordenamientos económicos y sociales
profundamente arraigados y la dinámica de los poderes políticos,
Presentación
contribuyendo sustancialmente a una incertidumbre que nos sitúa en el
ámbito del riesgo. Es en este escenario, donde el cambio climático como
factor de riesgo generado por las actividades humanas mediadas por el
desarrollo técnico-científico e industrial, le plantea al autor la necesidad de
un abordaje a un nuevo cuestionamiento teórico esencial que Ulrich Beck
propone en su teoría del riesgo.
El décimo capítulo, de autoría de Juan Felipe Solórzano, tiene por
objeto demostrar las dinámicas sobre las que el Estado se convierte en un
ente generador de situaciones que lesionan la garantía de los derechos de las
personas. Para demostrar esto, se apoya –al igual que los otros autores- en la
concepción del riesgo de Beck, la cual se configura tras la apertura económica
que el Estado favorece en aras permitir la entrada de multinacionales a
costa del desmantelamiento de los principios constitucionales. Lo anterior,
afectando de manera directa el principio de dignidad, que es el fundamento
del ordenamiento jurídico.
Como caso de estudio, se toma el de Electrificadora del Caribe S.A.
E.S.P. para evidenciar así la creación de un riesgo por parte del Estado.
De esta manera el capítulo, en una primera parte, muestra la situación de
la prestación de electricidad en la región caribe colombiana, para poder
exponer la precariedad de este servicio público. En una segunda parte, se
estudia la forma en cómo este riesgo creado por el Estado se parangona
con la teoría del riesgo de Ulrich Beck. Finalmente, se proponen algunas
soluciones aplicables a esta situación.
En el capítulo once, María Alejandra Sierra lleva a cabo un estudio
de caso sobre la instalación de antenas de telecomunicaciones en núcleos
densamente poblados, remarcando el contexto de riesgo que se genera
por la radiación no ionizante que éstas producen. La autora hace un
repaso por las diversas clases de contaminación, haciendo un énfasis en
la contaminación electromagnética. El objetivo, es plantear el escenario de
debate para formular en un futuro medidas de prevención y acción oportuna,
dirigidas a mejorar las condiciones de las poblaciones vulnerables en gran
parte por desconocimiento de mecanismos de protección, instrumentos de
mitigación y disminución de afectaciones ante la presencia de este factor
de riesgo.
Presentación
En el capítulo doce, se estudia el acaparamiento de tierras desde
las dinámicas territoriales de los Montes de María, partiendo de la alta
informalidad de la tierra que existe por parte de los campesinos y, por ende,
la inexistencia de titulación o pruebas registrales de dominio sobre la gran
mayoría de los predios.
Su autor, Mauricio Luna Galván, ofrece por medio de casos ilustrativos
en los municipios de María La Baja y Ovejas, la situación que se da tras el
despojo en el marco del conflicto y la posterior pacificación bajo dinámicas
de acaparamiento. De lo anterior, concluye que el acaparamiento de tierras
como fenómeno, profundiza y genera impactos bajo la lógica de la política
económica del capital global que profundiza las desigualdades y engendra
conflictos sociales y ambientales.
En el capítulo trece, Andrés Gómez Rey e Iván Andrés Páez, abordan
el principio que orienta a la Administración denominado ‘principio de
la confianza legítima’, el cual, se sustenta en la finalidad de permitir la
tensión entre el derecho ambiental y la propiedad privada, como elementos
indisolubles que determinan el actuar de la administración. Los autores
además de caracterizar el referido principio, se ocupan de las áreas protegías
y, particularmente, las reservas forestales protectoras.
Finalmente, para el capítulo catorce Claudia Galeano Páez, Lyda
Espitia Pérez y Shirley Salcedo Arteaga abordan el tema de la minería,
donde partiendo del caso de Colombia, donde pese a su gran legislación
ambiental enfocada en los procesos de protección ambiental en doble vía se
fomenta el modelo de desarrollo minero-energético. Esto lleva a las autoras
a realizar un breve análisis de la explotación del carbón y el oro en el país,
describiendo las principales características de cada minería, su producción
mundial y nacional, procesos de explotación y principalmente los efectos
en el ambiente y la salud de las comunidades expuestas a residuos de la
explotación a través de exposiciones ocupacionales y ambientales.
Como puede evidenciarse en las líneas anteriores, los aportes que
son abordados en este libro colectivo tienen una complejidad propia
del constructo teórico que la innovación ambiental plantea, y por ende,
merecen ser estudiados de forma rigurosa e independiente como casos de
éxito que se ajustan a los parámetros del constructo, no con otro fin distinto
a facilitar una comprensión integral e integradora.
Presentación
Merece ser destacado el compromiso de todos quienes participaron
en la presente obra, lo cual es fiel reflejo de un doble compromiso a la hora
de abordar su tema; doble al propugnar por la mejora de las condiciones de
deterioro ambiental y de agotamiento de los recursos, y además por aportar
un grano de arena con una idea materializada en un producto, proceso o
servicio que integra el denominado capital intelectual ambiental, atendiendo
el planteamiento teórico que desde el primer capítulo se propone.
Por lo demás la distribución temática del libro pretende contribuir
a las reflexiones sobre el rol que tiene la innovación y el desarrollo (I+D)
como motores del cambio, alineado con el constructo teórico que propone
el editor de la obra y validado por una serie de casos prácticos que explican
los elementos que componen la teoría de la innovación ambiental.
Iván Vargas-Chaves
Editor
1. Teoría de la innovación ambiental:
lineamientos para caracterizar el capital
intelectual ambiental
Iván Vargas-Chaves
1
Introducción
La innovación ambiental se edifica sobre el capital intelectual
ambiental, un concepto que contempla toda innovación materializada en
productos, procesos o servicios capaces de satisfacer necesidades; generando
un valor compartido entre stakeholders y shareholders; y, ajustándose a dos
dimensiones: (i.) reducir impactos negativos de las actividades económicas
en el ambiente y (ii.) generar soluciones de sostenibilidad en sus tres
dimensiones.
De un lado, la dimensión que responde a los impactos al ambiente
busca mitigarlos si la actividad económica sobre la que se despliega esta
innovación es negativa, es decir genera impactos negativos al ambiente.
Del otro, la dimensión de la sostenibilidad propugna por la generación de
soluciones de sostenibilidad –desde la innovación– en cualquiera de sus
tres dimensiones: social, económica o ambiental.
1 Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Máster en Derecho de la
Universidad de Génova, Italia. Máster en Derecho Privado y Doctor en Derecho de la
Universidad de Barcelona, España. Dottore di Ricerca (Dott. Ric.) de la Universidad de
Palermo, Italia. Docente investigador de la Corporación Unversitaria del Caribe - CECAR.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.1
Teoría de la innovación ambiental: lineamientos para caracterizar el capital intelectual
ambiental
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Teoría de la innovación ambiental.
Fuente: elaboración propia del autor
Este es un concepto cuyos lineamientos teóricos reposan en Derecho
e Innovación Ambiental (Vargas-Chaves, 2016) y que, en el presente texto,
se desarrolla desde una propuesta de constructo teórico que explica cómo
estos productos, procesos y servicios han logrado incidir positivamente en
una nueva dinámica que busca solucionar problemas de deterioro ambiental
o de agotamiento de los recursos, al dejar de éstos de ser vistos en términos
físicos para ser concebidos en términos económicos.
Respecto al enfoque económico que aporta la innovación ambiental
a la problemática del agotamiento de recursos, resulta interesante entender
cómo los productos, procesos o servicios asociados al capital intelectual
ambiental, generan cambios en el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, pues lo que al final se persigue es la satisfacción de las necesidades.
Pensemos en tecnologías como la computación en la nube o el
almacenamiento de datos en soportes físicos: disquetes, CD o memorias
USB, las cuales, sin ser estrictamente innovaciones ambientales, nos llevan
a plantearnos válidamente la siguiente pregunta ¿Quiénes ha salvado más
árboles, los ecologistas –en palabras de Bastos (2016) – o los desarrolladores
de estas tecnologías? Igual caso ocurriría con los nuevos productos que
reemplazan el uso de combustibles fósiles por fuentes de energías limpias,
o el uso de aplicaciones como Waze para hacer eficiente el consumo
energético de los automóviles.
Lo importante, como se reseñará en líneas posteriores, es que las
innovaciones ambientales no apuestan por una mejora de la eficiencia de
los recursos per se; su finalidad es la de satisfacer una necesidad. En el caso
de las memorias USB lo que se solventa no es propiamente una reducción
al consumo desmedido de papel, sino la necesidad de tener un soporte para
almacenar documentos y datos.
25
Iván Vargas-Chaves
Repensar los recursos en términos económicos –la inteligencia en darle
un uso racional según las necesidades y oferta del mercado (Zimmerman,
1951) – y no en términos físicos implicaría dos escenarios. El primero, el
hecho de subir el precio de los recursos cuando éstos dieran indicios de
agotarse; ocasionaría un racionamiento del mismo, obligando a la sociedad
a usarlo menos. El segundo efecto, es que inevitablemente aumentará el
interés del mercado y la rentabilidad de las opciones alternativas impulsadas
por las innovaciones, tal como ocurrió con la transición de carbono a
petróleo, y de petróleo a energías verdes.
Con todo, no queremos ser pretenciosos al afirmar que las
innovaciones ambientales acabarán con muchos de los males que aquejan
al ambiente y la sociedad, pues todo parte del compromiso que nuestra
sociedad y los gobernantes tengan respecto a los recursos naturales y a
la disminución de los factores de deterioro ambiental. Sin embargo, no
debe omitirse tampoco el hecho que, con la introducción de soluciones
innovadoras en lo ambiental, los gobiernos hoy cuentan con un ‘colchón’
sobre el cuál reposar el peso de los compromisos ambientales asumidos en
el ámbito internacional, p.ej. con la emisión de gases de efecto invernadero.
Esta es la razón por la cual hoy en día se promueven este tipo de
innovaciones mediante incentivos tributarios o con recursos para financiar
proyectos que desarrollen productos, procesos y servicios que se ajusten a
las dos dimensiones de la innovación ambiental. A su vez, esta realidad ha
dado pie para que conceptos como diseño sostenible, eco-diseño, marcas
verdes o ecoetiquetas –por mencionar tan sólo algunos– hayan permitido
potenciar nuevos modelos de negocio y se posicionen en el mercado,
generando tanto a innovadores como a inversores una alta rentabilidad.
Este tipo de innovaciones que se ajustan a los lineamientos desarrollados
hasta este punto, son los que denominamos ‘capital intelectual ambiental’,
un concepto que resulta de gran utilidad para hacer una distinción entre
las innovaciones en estricto sentido, y aquellas que presentan una vocación
ambiental (Vargas-Chaves, 2016).
Teoría de la innovación ambiental: lineamientos para caracterizar el capital intelectual
ambiental
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Capital intelectual ambiental y capital intelectual.
Elaboración: propia del autor
Ello, en un escenario en el que prepondera el ‘mercantilismo’ sobre el
intercambio de conocimiento para un beneficio común. Con lo cual, más
allá de realizar una reflexión sobre la importancia de este conocimiento en
pro de los grupos de interés o stakeholders, lo que en realidad busca este
encuadramiento teórico de la innovación ambiental, es delimitar aquellos
productos, procesos y servicios como un capital capaz de generar un real
valor compartido entre estos grupos de interés y las empresas o inversores;
ajustándose a alguna de las dos dimensiones.
El sector privado como actor que se encarga de la producción o
comercialización de productos, procesos y servicios, es un eslabón clave
de la sociedad; al ser capaz de mantenerse como una fuente esencial de
empleo, contribuyente al sistema tributario y, entre otros roles, garante
de la sostenibilidad económica de los Estados (Haufler, 2013). Al mismo
tiempo, se espera que actúe de forma ambiental y socialmente responsable
a la hora de desplegar su actividad, con miras a eliminar o mitigar cualquier
impacto generado sobre el ambiente.
El problema, deviene de aquellas innovaciones que sin cumplir con
ninguna de las dos dimensiones de las innovaciones ambientales –impactos
y sostenibilidad– se presentan como tal: mediante rótulos ‘ecológicos’,
‘ambientales’, ‘eco’, ‘verdes’ o ‘amigables con la naturaleza’, exponiendo a
las empresas que llevan a cabo esta práctica a una serie de castigos desde
las dinámicas del mercado, tal como ocurrió con Volskswagen, uno de los
fabricantes de automóviles más grandes del mundo.
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Iván Vargas-Chaves
Durante años, esta compañía se presentó como un actor del sector
automovilístico centrado en la producción de vehículos ecológicos,
mediante anuncios publicitarios en los que daban cuenta de las bajas
emisiones contaminantes en sus automóviles con motor Diesel, llegando a
vender sólo en la primera mitad de la década del 2010, más de diez millones
de estas unidades. La realidad no obstante era otra, los motores estaban
diseñados para engañar a los equipos de prueba de emisiones de la EPA,
emitiendo hasta cuarenta veces el límite permitido de NOx. (Blackwelder
et al, 2016).
Y es que no debe obviarse que el mercado juega un rol fundamental
en las dinámicas que se generan desde las empresas; entendidas estas
como una unidad productiva en la que intervienen distintos elementos
técnicos, humanos y materiales que producen un beneficio económico.
Sin embargo cuando la productividad derivada de la actividad económica,
necesariamente requiere del aprovechamiento del ambiente o del uso o
disposición de los recursos naturales, resulta entonces inevitable establecer
un escenario en el que se les exige menores impactos negativos al ambiente.
Para el caso de las empresas que no se ajustan a los estándares de
responsabilidad ambiental, su situación les sitúa ante una constante presión
sobre su rol en la sociedad (Carroll, 1999). Este llamado de atención, es
uno de los tantos enfoques finalísticos que se han hecho de la innovación
ambiental; desde el planteamiento de Fussler & James (1996) en su libro
Eco-innovation. Y que, además de la definición dada en párrafos anteriores,
proponemos sea asimilado también como un enfoque de los derechos
intelectuales sobre el capital ambiental, el cual además de acoplarse a
las dinámicas del mercado, se convierta en una verdadera apuesta por la
reducción del impacto ambiental y por la sostenibilidad.
Con lo anterior, insistimos en nuestro objetivo de formular unos
lineamientos teóricos de la innovación ambiental, como forma de concebir
aquellas innovaciones que respondan a las expectativas de los dos sectores
involucrados en este ámbito. Los shareholders representados en las empresas
y en quienes obtienen directamente ganancias de la actividad económica
desplegada y, los stakeholders o grupos de interés, un concepto que se
aborda desde la responsabilidad social empresarial, y que caracteriza todos
aquellos actores involucrados directa o indirectamente en las actividades de
la empresa (Hillman & Keim, 2001). A saber, consumidores, comunidades,
Teoría de la innovación ambiental: lineamientos para caracterizar el capital intelectual
ambiental
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empleados, el ambiente, el Estado, proveedores o contratistas, entre otros
tantos actores.
Para lograr lo anterior, en primer lugar, nos aproximaremos a la
innovación como un proceso mediante el cual se satisfacen necesidades,
más allá de introducir mejoras o solucionar problemas a situaciones de
deterioro a ambiental o agotamiento de recursos naturales. A continuación,
se analiza el concepto de valor compartido que generan las innovaciones
ambientales entre stakeholders y shareholders y, por último, abordaremos
las dos dimensiones a las que deben responder este tipo de innovaciones.
1. La satisfacción de necesidades como eje motor de las innovaciones
ambientales
Las innovaciones ambientales en tanto son productos, procesos
y servicios que generan un valor compartido, deben cumplir con al
menos una de dos dimensiones para catalogarse como capital intelectual
ambiental (Vargas-Chaves, 2016). Estas dos dimensiones implican, de un
lado, la reducción de los impactos negativos al ambiente generados desde
la actividad económica a la cual se vinculan. Del otro, generar soluciones
de sostenibilidad en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental;
y en cualquiera de las fases de la cadena de valor del producto, o fase del
proceso o servicio.
Para comprender el constructo teórico de las dos dimensiones, es
preciso admitir que, pese a que los recursos naturales se agotan y que existe
un deterioro ambiental causado por el hombre, esta es una realidad que ha
estado cambiando gracias a la introducción de nuevas tecnologías y procesos
(Dasgupta & Stiglitz, 1981; Dasgupta, Gilbert & Stiglitz. 1982; Harris &
Vickers, 1995). Ello ha llevado a repensar los recursos no en términos
físicos, sino en términos económicos. Así, para Zimmerman (1951) no es
el recurso físico en sí, sino la necesidad que se satisface mediante el uso de
opciones.
Sería el caso de un hipotético ‘ecoavión’ cuyos motores consumieren
tres veces menos gasolina que un avión convencional, lo cual se traduciría
en tener acceso a tres vuelos más con la misma cantidad de combustible. Lo
importante no es la eficiencia en el uso de la gasolina utilizada para impulsar
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Iván Vargas-Chaves
la aeronave, sino la ventaja que representa la innovación ambiental que
logra satisfacer una necesidad; la necesidad de desplazarse en este medio de
transporte hacia un lugar determinado con un menor consumo energético
y por ende un menor impacto.
Otro aspecto en el que las innovaciones ambientales aportan en sus
dos dimensiones a la problemática del agotamiento de los recursos, es
en su rol clave en el desarrollo sostenible. Esto último, en tanto existen
actividades en las cuales la escasez de recursos generada por el hombre, se
da por la necesidad que éste tiene de los mismos. Dicho en otros términos,
al ser suplida una necesidad mediante opciones alternativas, los recursos
que se usaban para satisfacer inicialmente una necesidad perdurarán para
las generaciones venideras.
Si bien somos conscientes que este es un planteamiento eminentemente
antropocentrista, no nos apartamos de la realidad que implica vivir en
un entorno en el que los integrantes la sociedad buscan a toda a costa la
satisfacción de sus necesidades.
Pese a ello, el considerar que las innovaciones ambientales satisfacen
necesidades –más allá de solucionar problemas e introducir mejoras– no
nos apartamos de las implicaciones de no estar solos en el planeta. Y que,
como parte del mismo, al acoger actitudes ambientalmente responsables,
nos corresponde adoptar un estilo de vida que contrarresta el desequilibrio
ocasionado por el consumo desmedido de recursos desde la revolución
industrial.
Hasta mediados de la década de los ochenta cuando se empieza a
integrar el término ‘Desarrollo Sostenible’ en los instrumentos de política
pública, desde su concepción en el Informe Brundtland y hasta su inclusión
en el principio 3º de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, la postura
crítica se marcaba en un mal enfoque de las decisiones tras las alarmas que
se habían encendido por los impactos notorios de la industrialización.
La razón, las estrategias se enfocaban principalmente en la escasez
de los recursos y la necesidad de acapararlos y guardarlos para un futuro
incierto, en vez de crear capacidades que permitirán dar un uso continuado
a esos recursos de una manera sostenible y adecuada.
Así, la (i.) innovación ambiental, que para esa década empezaba a
concebirse desde Fussler & James (1996) como un concepto capaz de
Teoría de la innovación ambiental: lineamientos para caracterizar el capital intelectual
ambiental
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abarcar los productos y procesos motores de un cambio, se integró junto
con el concepto de (ii.) desarrollo sostenible del Informe Brundtland y el
(iii.) principio de responsabilidad de Jonas (1985), en un trípode capaz
de sustentar cualquier política ambientalmente responsable, y al mismo
tiempo en un norte de navegación para futuras decisiones.
Volviendo al caso hipotético del ecoavión, Esta sería una respuesta
propia del elemento ‘satisfacción de necesidades’ dentro del constructo
teórico de la innovación ambiental, ante el problema que devendría del
agotamiento del petróleo. En el momento en que un recurso escasea,
su precio inevitablemente subiría racionándolo, y generando como
consecuencia su menor uso. Al mismo tiempo, aumenta el interés del
mercado por las opciones alternativas como actualmente acontece con el
fracturamiento hidráulico, o el uso de etanol ante los elevados precios que
tuvo el petróleo en la década pasada (Kilian, 2016).
El mismo esquema sería aplicable al auge que se avecina para las
plantas desalinizadoras de agua cuando el agua potable empiece a ser
escasa. Esto explica el por qué el recurso más allá de serlo en términos
físicos, es la inteligencia de darle un uso racional (Zimmerman, 1951), de
acuerdo a las necesidades y oferta del mismo, o lo que es lo mismo, recurso
en términos económicos.
Dentro de este marco, muchos de los recursos que se prevén se
agotarán, llevarán a los innovadores e inversores a explorar opciones
alternativas –que no son otra cosa que innovaciones que buscarán un uso
eficiente o mínimo de los recursos– en búsqueda de la rentabilidad que el
mercado les otorga, obteniendo como valor agregado una mejor reputación
y un mejor posicionamiento antes sus potenciales clientes.
2. El valor compartido de la innovación ambiental
El valor compartido de la innovación ambiental tiene su razón de ser
en la responsabilidad social y ambiental como estrategia de las empresas.
Por valor compartido debe entenderse el valor que éstas pueden llegar
a aportar a la sociedad, en el que, al desplegar su actividad económica
mediante nuevos productos, procesos y servicios asociados al capital
31
Iván Vargas-Chaves
intelectual ambiental, generan utilidades a los shareholders a la vez que
impactan positivamente a los grupos de interés o stakeholders.
Para Porter & Kramer (2011) la creación de valor compartido se enfoca
en identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y
social. De allí que este sea un concepto sustentado en que tanto el progreso
económico como el social deban abordarse mediante un único valor; capaz
de aportar a todos los sectores y eslabones de la sociedad, principalmente
las empresas: quienes los generan.
En lo que a las innovaciones ambientales respecta, más allá de ser una
idea voluntaria de la empresa, o una forma de compensación a los procesos
de deterioro ambiental que el desarrollo de su actividad ha generado en las
últimas décadas, es el resultado de verdaderos procesos que propugnan por
un valor compartido.
Partiendo de este supuesto, si bien décadas atrás no se conocían
los impactos que el desarrollo industrial traería para todos los grupos de
interés, es gracias a la innovación traducida en tecnologías p.ej. de medición
ambiental, que como sociedad pudimos conocer lo que era desconocido
(Carraro & Siniscaico, 1994) y, de esta manera, dimensionar cómo
mediante la implementación de procesos eficientes, desarrollo de nuevos
productos e incluso prestación de servicios, era posible mitigar factores de
daño progresivo al ambiente.
Dentro de este marco, plantear el valor compartido que representa la
innovación ambiental no debe resultar una carga para la industria. Es, en
cambio, un deber moral que se asume voluntariamente si se comprende
que todo factor de deterioro ambiental de origen antropocéntrico es
inversamente proporcional al desarrollo industrial del que los shareholders
obtuvieron ganancias. De otra manera, la generación de valor compartido
como acción social y ambientalmente responsable simplemente se traduciría
en buenas intenciones sin procesos de cambio reales.
La generación de valor compartido mediante la innovación ambiental
como estrategia de responsabilidad social de las empresas debe ser, de
esta manera, un componente esencial de toda su estructura y un eje de su
proyección; comunicando transparentemente a sus grupos de interés el real
alcance de su actuar. Esto a su vez se traduce en un mejor posicionamiento
en el mercado (Miles & Covin, 2000) y, en algunos casos, en el cumplimiento
Teoría de la innovación ambiental: lineamientos para caracterizar el capital intelectual
ambiental
32
de las exigencias del mismo. Por ejemplo en sus indicadores o en los
resultados esperados de su visión y misión publicados en sus memorias de
sostenibilidad.
El papel del Estado será el de propiciar un panorama favorable
para que las empresas implementen innovaciones ambientales y con
ello, comprendan los beneficios de generar un valor compartido. Esta
visión institucionalista requiere una integración de los diversos sectores
económicos con las necesidades y expectativas de la sociedad, buscando
que los productos, procesos y servicios logren conectar al progreso
económico, ambiental y social –que siendo observado desde la óptica del
valor compartido garantice unas mejores condiciones a los grupos de interés
y a la vez a los shareholders–. De esta manera, dentro de la concepción del
valor compartido la innovación ambiental será determinante.
3. Las dos dimensiones de la innovación ambiental
Las innovaciones ambientales son una pieza en el universo de las
innovaciones, y como tal se ajustan en estructuralmente a cualquier cambio
que implique el desarrollo –o la mejora– de un producto, proceso o
servicio. Con la diferencia que, desde cualquier o todas las fases de cadena
de valor de las mismas, incluyendo el uso que el consumidor o usuario les
dé, haya una compatibilidad con el principio de responsabilidad de Hans
Jonas (1985) que propugna por un mejoramiento –en lo ambiental, social
y económico– de las condiciones de vida para las generaciones actuales y
futuras.
La innovación ambiental tiene su fundamento en la sostenibilidad y
reducción de impactos negativos –o generación de impactos positivos– al
ambiente, de ahí que la capacidad de los distintos sectores productivos
de innovar e incluir en sus procesos elementos que permitan garantizar el
cumplimiento de dicho principio, resulta clave para entender la importancia
de estas innovaciones dentro de un modelo lineal de consumo.
Con las innovaciones ambientales las empresas y, en general los
shareholders, empiezan a proyectarse no como un enemigo del ambiente,
sino como un componente integral en los modelos circulares para el
desarrollo sostenible.
33
Iván Vargas-Chaves
El aprovechamiento de los recursos naturales, o las afectaciones
al ambiente, han incidido en el norte que como sociedad queremos,
y que es la razón de ser de la inteligencia verde (Wargo, 2009), cuya
conceptualización se alinea con la teoría de la innovación ambiental.
La razón, los consumidores y usuarios con mayor recurrencia adoptan
decisiones social y ambientalmente responsables al considerar el impacto
que los productos, procesos y servicios generan en las fases de la cadena de
valor hasta llegar a ellos, y por supuesto, las soluciones de disposición de
residuos que existen tras su consumo o utilización.
Las innovaciones ambientales son un eslabón en una sociedad que
se preocupa por ser cada día más responsable consigo misma y con el
ambiente, no en vano todos los sectores y niveles la promuevan de diversas
formas; desde el Estado mediante políticas e iniciativas para el desarrollo
de iniciativas tales como tecnologías limpias, procesos que incluyan
usos alternativos de combustibles y nuevas fuentes energéticas (Kemp &
Pontoglio, 2011).
En definitiva, la innovación ambiental aparece como un proceso
acumulativo, que requiere de la colaboración de diferentes sectores
con fortalezas, siendo interdisciplinaria y colectiva, y, concibiendo el
conocimiento como un activo intangible capaz de cambiar dinámicas
de consumo desmedido de recursos e impactos negativos ambientales
asociados a las malas prácticas del sector privado y de las personas, así
como a la permisividad del Estado en las mismas.
La primera de las dos dimensiones de las innovaciones ambientales,
concibe los productos, procesos y servicios que –generando un valor
compartido– reducen los impactos negativos al ambiente en la actividad
económica a la cual están asociados, sin que por ello tampoco se sacrifiquen
las necesidades y expectativas de los consumidores, usuarios y en general
del mercado. En tal sentido, es interesante entender que conceptos como el
del ‘agotamiento de los recursos naturales’ pueden reevaluarse.
En el caso del carbón, cuyo aparente agotamiento a mediados del
siglo pasado generó una situación pánico asociada a una crisis energética,
se evidenció cómo las innovaciones en este sector relegaron este recurso
natural. Tanto, que en la actualidad el carbón como contaminante pasa a
un segundo plano frente a otras fuentes como el petróleo, que por cierto
Teoría de la innovación ambiental: lineamientos para caracterizar el capital intelectual
ambiental
34
también están siendo reemplazadas por el uso de energías limpias, y más
eficientes.
Y es que, al dejar de pensar los recursos en términos físicos para
verlos desde la óptica de los recursos económicos, resulta comprensible
que a mayor escasez más variadas opciones que le dan al mercado nuevas
y mejores alternativas. Es en este punto donde la innovación ambiental se
convierte en el eje cardinal de las nuevas tecnologías y procesos que están
trayendo consigo importantes cambios a favor del ambiente.
En este punto es preciso reconsiderar el concepto de desarrollo
sostenible atado a la conservación de recursos naturales para delimitar la
segunda dimensión de las innovaciones ambientales; que es la de generar
soluciones de sostenibilidad.
La teoría de la innovación ambiental nos deja entrever que esta
dualidad, puede reconsiderarse hacia un desarrollo sostenible atado al
capital intelectual ambiental, por cuanto el sector productivo debe situarse
en un escenario con más incentivos, para reemplazar las formas actuales de
uso de los recursos y, tal como lo plantean Kemp & Pontoglio (2011), con
menos restricciones para no utilizarlos.
La potestad reglamentaria que tiene el Estado puede llegar a ocasionar
un efecto adverso al esperado por el norte que traza el desarrollo sostenible.
Cuando se regula excesivamente sobre un mismo punto, sostiene Gamble
(2013), las iniciativas y el desarrollo se estancan. Las normas en exceso no
garantizan los fines para los cuales fueron promulgadas, ya sea por una
devenida ineficacia o por la incapacidad institucional de hacerlas cumplir.
No en vano los modelos económicos de corte capitalista que tienen
a la innovación como uno de sus ejes, han logrado fomentar el desarrollo
económico en sus sociedades; proveyéndolas de los bienes y servicios
necesarios para garantizar unas mejores condiciones de vida, en comparación
con los modelos dependientes de la I+D. Es el caso de países como Suiza,
Alemania o Japón, los cuales, gracias a los incentivos y políticas de fomenta
a la industria farmacéutica innovadora, se sitúan en un lugar privilegiado
desde el cual exportar conocimiento.
Si hiciéremos un ejercicio de proyección de aquí a cien años, en unas
condiciones favorables para fomentar las innovaciones ambientales como
estrategia de desarrollo sostenible, seguramente hallaríamos un panorama
35
Iván Vargas-Chaves
en el que no existirían muchas de las preocupaciones que actualmente
tenemos sobre los efectos de la escasez de minerales, combustibles fósiles
o agua. Ello, siempre que las empresas continúen también con un accionar
social y ambientalmente responsable respecto a sus costos ambientales,
buscando otras alternativas para disminuirlos teniendo como criterio guía
su sostenibilidad económica.
En últimas, la sostenibilidad como dimensión de la innovación
ambiental implica ser eficiente y al mismo tiempo responsable con los
recursos, en todas las fases de la cadena de valor del producto o fases del
proceso. Siempre en pro de su perdurabilidad y a una reducción en las
cargas al ambiente pues en su operatividad –incluyendo la recepción con
la que el mercado recibe un producto final sostenible y ambientalmente
responsable–, el ambiente como grupo de interés o stakeholder se convierte
en su mejor aliado.
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2. Los incentivos como política para
favorecer las innovaciones ambientales
Alexandra Cumbe-Figueroa
1
Introducción
Los incentivos ambientales surgen a partir de la necesidad Estatal de
adoptar medidas eficientes y eficaces para la protección del ambiente, que
se está viendo gravemente afectado por las actividades de sobreexplotación
de recursos naturales, sobre la cual se encuentra fundada el modelo
económico de la superproducción, que lo ha llevado al punto de afectar
sus procesos naturales de renovación (Espinoza, 2001).
Esto representa grandes consecuencias para la supervivencia de las
especies que hacen parte de la naturaleza, y afectan de manera directa
la salud, la vida y la integridad física de los seres humanos, por lo que,
los Estados y Organizaciones mundiales como la ONU, han dedicado
esfuerzos en los últimos años para fijar medidas internacionales tendientes a
proteger, conservar y recuperar el ambiente a través de tratados y convenios
internacionales (Cruz, Gallego & González, 2009).
Colombia ha ratificado y aprobado un gran número de estos
instrumentos jurídicos internacionales, adquiriendo obligaciones en
materia ambiental, entre ellos, está el Convenio de Brasilia de 1992 sobre la
Diversidad Biológica, en el que se dispuso la obligación de los Estados, de
adoptar, en la medida de lo posible, medidas económicas o sociales como
incentivos para la conservación y la utilización de los recursos naturales
dentro del marco del desarrollo sostenible (Organización de Naciones
Unidas, 1992).
Con base a esto, es que Colombia ha venido incluyendo en su
legislación, incentivos ambientales de diferentes tipos, a través de los
cuales pretende que aquellos que realizan actividades contaminantes o las
van a realizar, procuren mitigar los daños ambientales, o en su defecto no
1 Estudiante de Derecho de la Universidad La Gran Colombia.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.2
38
Los incentivos como política para favorecer las innovaciones ambientales
los produzcan por el incentivo económico o social que pueden recibir a
cambio. Estas medidas han permitido concebir otras formas de utilización
de los recursos naturales, aplicado el concepto de desarrollo sostenible,
dando cuenta que la aplicación del de medidas normativas que están a
la vanguardia pueden contribuir a la conservación y recuperación del
ambiente.
Para contribuir con esta fundamentación de los incentivos ambientales
como medidas eficientes para proteger el ambiente, nos aproximaremos a la
contextualización de la afectación ambiental. Posteriormente, se revisarán
las obligaciones internacionales de Colombia en materia ambiental y,
finalmente, se presentaran algunos de los incentivos ambientales que ha
incluido Colombia como una política pública para cumplir tanto con los
fines del Estado como con los compromisos internacionales.
1. Afectación ambiental: contextualización
El gran avance de la sociedad en los últimos 40 años es innegable, pese
a las desigualdades las condiciones de vida de la sociedad han mejorado,
ha aumentado la esperanza de vida y han mejorado las comunicaciones,
aunque de manera paralela el hombre ha explotado los recursos naturales
de una manera desenfrenada, al punto de llegar a afectar la naturaleza lo
suficiente como para impedirle que desarrolle su proceso de renovación,
lo que es una amenaza para el ambiente propiamente dicho y para la
supervivencia de todas las especies que en él habitamos (Espinoza, 2001).
Los problemas ambientales, encuentran su principal origen en
los factores socioeconómicos y políticos, inevitablemente unidos a
la sobreexplotación de los recursos naturales, tanto de las formas de
apropiación como de distribución, de las relaciones económicas del
mundo, de la soberanía interna sobre la naturaleza y de la relocalización
de las industrias, más que en los límites que la tierra tiene para apoyar el
desarrollo del ser humano (Amaya, 2002).
Si bien los recursos naturales fueron, por mucho tiempo, los
instrumentos de un desarrollo económico que no establecía muchas
restricciones, hoy por hoy, los cambios que han dejado estos avances
económicos, han permeado en los ámbitos culturales y políticos del mundo
39
Alexandra Cumbe-Figueroa
moderno, tanto así, que los países de manera individual no pueden superar
los conflictos ambientales como el calentamiento global de la atmosfera, el
daño a la capa de ozono, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y
reducción de las vegetaciones (Espinoza, 2001).
Es en razón a ello que, la problemática ambiental se convierte en
el centro de la atención política: (i) por la magnitud de las repercusiones
ambientales de local a mundial; y, (ii) porque, de acuerdo con los ecologistas
políticos, las aproximaciones monotemáticas que pretenden enfrentar los
problemas ambientales resultan insuficientes. (Amaya, 2002).
Sus primeros acercamientos, se dan en la década de los 70, donde los
problemas ambientales aumentaban notablemente producto del desarrollo
económico. Lo que lleva a que comiencen los Estados a tomar medidas,
y a avanzar en la cooperación internacional para la conservación y la
recuperación de los recursos naturales. Así se puede ver, con el aumento en
el número de tratados y acuerdos internacionales que, en este sentido, se
han promulgado para la protección ambiental (Cruz, Gallego & González,
2009).
De estos esfuerzos universales encaminados a la protección del
ambiente, nacen nuevos conceptos que buscan la armonía entre la
conservación de la naturaleza y el desarrollo de la humanidad, entre ellos,
el desarrollo sostenible, desde el cual deja de percibirse como la satisfacción
de las necesidades del presente, para pasar a pensar en las generaciones
venideras, procurando por el crecimiento, estabilidad y modernización del
ser humano en un ambiente estable y sano (Espinoza, 2001).
De manera que, esta explotación desmedida de los recursos naturales
para lograr el desarrollo económico, tras las grandes afectaciones generadas
al ambiente, éste encuentra límite en el desarrollo sostenible que propende
por el desarrollo económico por medio de la explotación contralada de los
recursos naturales, teniendo respeto por los procesos naturales del mismo
y su necesidad de renovarse.
2. Obligaciones internacionales de Colombia en materia ambiental
Como se ha mencionado, la explotación desmesurada de los recursos
naturales y la consecuente degradación ambiental se ha convertido, en
la actualidad, en una preocupación universal, que se ve reflejada en el
gran número de tratados y convenios internacionales expedidos sobre la
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Los incentivos como política para favorecer las innovaciones ambientales
materia (Caballero, 1997). Frente a esto, el hecho de que Colombia ocupe
el segundo lugar entre los doce países con mayor diversidad biológica
del mundo, después de Brasil (Mittermeier & Goettsch, 1997), le genera
grandes responsabilidades al Estado tanto en el ámbito interno como en el
internacional (Caballero, 1997)
En efecto, la agenda del Derecho internacional a partir del dinamismo
que lo caracteriza, ha incluido desde la década de los 90 temas de la
problemática ambiental. No obstante, la comunidad internacional ya
había adelantado esfuerzos expidiendo algunas disposiciones en materia
ambiental, que Colombia ratificó, entre ellas, la Declaración de Estocolmo
sobre el Medio Ambiente Humano se ubica como el primer escenario
mundial en el que se reunieron 113 Estados para considerar la conexión
del ambiente con las necesidades específicas de desarrollo de los países,
allí fijaron un conjunto de principios fundamentales sobre el ambiente,
consagrando: el ambiente como derecho humano fundamental; el concepto
de desarrollo sostenible; el principio de precaución, ante la incertidumbre
del peligro del daño; la visión antropocéntrica, desde la cual se protege el
ambiente para la no poder en peligro la existencia de la especie humana; la
competencia a entidades locales ante eventos de afectación de los recursos
naturales; y, el principio de racionalidad (González, 2006: Organización de
Naciones Unidas, 1972).
Además de esto, la Declaración de Estocolmo tuvo como resultado la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente- PNUMA,
como organismo de la Organización de Naciones Unidas encargado de
proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos para el cuidado
con el ambiente en los Estados (Organización de Naciones Unidas, 1972)
Un año antes, se había adelantado la Convención sobre los Humedales
de Ramsar en 1971, igualmente ratificada por Colombia y aprobada mediante
la Ley 357 de 1997, que tenía por objeto expedir una serie de disposiciones
sobre la conservación y uso racional de los humedales, por su importancia
al equilibrio de los ecosistemas, como contribución al desarrollo sostenible
de todo el mundo (Organización de las Naciones Unidas, 1971; Congreso
de Colombia, 1997).
Asimismo, está el Tratado de Cooperación Amazónica de Brasilia de
1978, ratificado por Colombia y aprobado mediante la Ley 74 de 1979,
41
Alexandra Cumbe-Figueroa
que tenía por objeto la cooperación de los países con regiones amazónicas
en cuanto a estrategias de desarrollo integral en esta zona, buscando el
equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del medio
ambiente (Tratado de Cooperación Amazónica, 1978; Congreso de
Colombia, 1975).
A continuación, en 1983, el Estado colombiano ratificó el Convenio
de Cartagena para la protección y el desarrollo del medio marino en la
región del Gran Caribe y el Protocolo de Cartagena sobre la cooperación
para combatir los derrames de hidrocarburos en la región del gran
caribe, ratificados ambos mediante la Ley 56 de 1987, estos instrumentos
jurídicos se encargaron de establecer una serie de medidas encaminadas a
la prevención de la contaminación en el ecosistema marino del Caribe y
sobre todo, la generada por derrames de hidrocarburos (Organización de
las Naciones Unidas, 1987; Congreso de la República, 1987).
Avanzando cronológicamente, en 1985 se expide el Convenio de Viena
para la protección de la capa de ozono, que fue ratificado por Colombia y
aprobado mediante la Ley 32 de 1985, este Convenio fue el resultado de la
iniciativa global de reparar el daño causado a la capa de ozono por el uso de
clorofluorocarbonos y otros productos químicos de la misma naturaleza; y
se dispuso que los países firmantes se comprometían a investigar, compartir,
informar y ejecutar medidas preventivas frente a la fabricación y emisiones
de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono –SAO- (Organización de las
Naciones Unidas, 1985; Congreso de la República, 1985).
Posteriormente, se realizó el Convenio de Basilea de 1989 relativo
al control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos
y su eliminación, ratificado por Colombia y aprobado por la Ley 253 de
1996, en el que se estipularon una serie de disposiciones para controlar
los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y la eliminación
de estos en los territorios de cada Estado firmante (Organización de las
Naciones Unidas, 1989; Congreso de la República, 1996).
De ahí, pasamos a la década de los 90, donde se realizó en 1992
la Conferencia de Río de Janeiro, donde se aprobaron 5 documentos: la
Declaración de Principios, el Convenio sobre Biodiversidad, el Convenio
sobre Cambio Climático, una Declaración sobre Boques y la Agenda de
Trabajo. Fue la Declaración de Principios el instrumento encargado de
42
Los incentivos como política para favorecer las innovaciones ambientales
reunir todos los principios que orientarían el Derecho ambiental, tomando
los consagrados en la Conferencia de Estocolmo de 1972, entre ellos,
se estableció la visión antropocéntrica, según la cual, no se protege a la
naturaleza por sí misma, sino porque con la protección de los recursos
naturales se logra garantizar la vida saludable y productiva de los seres
humanos, reiterándose que el derecho a la salud y al ambiente son
indisolubles (González, 2006; Organización de las Naciones Unidas, 1992).
Asimismo, esta Declaración establece las perturbaciones de vecindad,
de acuerdo con la cual cada Estado es soberano para decidir sobre sus
afectaciones hasta tanto no afecte el ambiente de otros Estados. También,
se incluye el principio de precaución, ante la incertidumbre científica
de la ocurrencia del daño al ambiente; la obligación de internalizar los
costos ambientales; la obligación de hacer estudios de impacto ambiental
a todo proyecto que pueda generar afectaciones ambientales, entre otros
(Organización de las Naciones Unidas, 1992).
Por su parte, la Conferencia de Río también dejó como producto, la
aprobación de la creación del Programa 21, como un acuerdo de las Naciones
unidas para promover el desarrollo sostenible, en el cual participan tanto
los Estados, como los individuos, grupos y organizaciones, en cuanto a
la evaluación ambiental y en la toma de decisiones (Organización de las
Naciones Unidas, 1992).
Dentro de la misma Conferencia de Río, se aprobó el Convenio sobre
la Diversidad Biológica, aprobado por Colombia mediante la Ley 165 de
1994, como tratado internacional jurídicamente vinculante relativo a la
conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes
y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la
utilización de los recursos genéticos (Organización de las Naciones Unidas,
1992; Congreso de la República, 1994).
Por otro lado, en 1994, se aprobó en París la Convención de las
Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD),
que fue ratificada por Colombia mediante Ley 461 del 4 de agosto de 1998,
en ella los Estados se comprometen a aplicar en las zonas afectadas por la
desertificación y la sequía estrategias para la recuperación, conservación
y aprovechamiento sostenible de los recursos terrestres e hídricos, para
43
Alexandra Cumbe-Figueroa
conseguir mejorar la calidad de vida de la población (Organización de las
Naciones Unidas, 1994; Congreso de la República, 1998).
Después de esto, Colombia fue signataria del Protocolo de Kioto en
1997 relativa a la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático, aprobado mediante la Ley 629 del 2000, en el que se fijaron
algunos parámetros para disminuir las emisiones de gases contaminantes
(Organización de las Naciones Unidas, 1997; Congreso de la República,
2000).
Con la llegada del nuevo milenio, la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas aprobó la Resolución 55/2, en la cual
fijaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que iban a ser cumplidos
para el año 2015 y a los cuales el Estado colombiano se comprometió a
alcanzar, entre ellos, se trataron temas de “erradicar la pobreza; lograr la
enseñanza de la primaria individual; promover la igualdad de géneros y
la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud
materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades;
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar la asociación
mundial para el desarrollo” (Organización de las Naciones Unidas, 2000).
Pasando al 2002, se celebró la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible en Johannesburgo que dio como resultado la Declaración de
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, en él se establecieron medidas
tendientes al desarrollo sostenible, a la pobreza, a los derechos humanos y
a la gestión de los recursos naturales, fijan un plan de acción para aplicar
los compromisos asumidos por los Estados en la Cumbre de Río de 1992
(Organización de las Naciones Unidas, 2002).
Está también, el Convenio de Rotterdam sobre Consentimiento
Informado Previo –PIC que entró en vigor en el año 2004, y que fue el
producto de la Conferencia de Rotterdam realizada en 1998, representó un
gran avance en cuanto a la garantía de la protección de los derechos de la
población y del medio ambiente frente a los posibles peligros del comercio
internacional de plaguicidas y productos químicos altamente peligrosos,
esto es, la protección de la salud y del medio ambiente, este Convenio fue
ratificado por Colombia y aprobado mediante la Ley 1159 de 2007.
Por último, está la XXI Conferencia sobre el Cambio Climático
celebrada en París en el 2015, donde se negoció por un Acuerdo que establera
44
Los incentivos como política para favorecer las innovaciones ambientales
medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI), en el contexto del desarrollo sostenible, con ciertos objetivos
concretos: (i) adelantar esfuerzos por limitar el aumento de la temperatura
media mundial a 1,5ºC; (ii) aumentar la capacidad de adaptación a los
efectos adversos al cambio climático, promover la asimilación al clima
y procurar mantener bajas emisiones de Gases de Efecto Invernadero
para no comprometer la producción de alimentos. Este Acuerdo tendría
aplicabilidad desde el año 2015 hasta el año 2020 fecha en que termina la
vigencia del Protocolo de Kioto.
Así las cosas, la expedición de instrumentos jurídicos internacionales
permite ver la preocupación de la comunidad internacional, en cuanto a la
protección, conservación y recuperación del ambiente, la cual se ha venido
incrementando en los últimos años, por las consecuencias adversas que
los conflictos ambientales producen tanto a los seres humanos, como a las
demás especies que habitan el planeta Tierra.
2. Los incentivos ambientales como política de Estado
Revisado el concepto de afectación ambiental y los compromisos
ambientales que ha adquirido el Estado colombiano en materia ambiental,
debemos traer a colación el Convenio sobre la diversidad biológica de 1992,
que dispuso el deber de cada Estado, de adoptar, en lo posible, medidas
económicas y socialmente eficientes como incentivos para la conservación
y utilización sostenible de los recursos naturales (Organización de las
Naciones Unidas, 1992).
De acuerdo con Hecken y Bastiaensen (2010) los incentivos
ambientales son mecanismos a través de los cuales se pretende estimular
que las personas tengan actuaciones más responsables con el ambiente,
y al mismo tiempo, son concebidos como mecanismos que armonizan
los objetivos de los actores implicados y la protección ambiental. Estos
incentivos ambientales, generalmente, son compensaciones económicas,
por medio de las cuales, se busca que las personas que están afectando los
recursos naturales, o los van a afectar, realicen acciones en beneficio del
ambiente.
45
Alexandra Cumbe-Figueroa
Es en razón de este propósito y de la gran diversidad de actores y
de conflictos que surgen frente a la utilización de los recursos naturales
que existen diferentes tipos de incentivos además del económico, entre
ellos se pueden identificar: (i) los institucionales, que contemplan la
creación de reservas naturales, parques naturales nacionales y regionales,
la promoción del ecoturismo, programas de eco-responsabilidad, y
más; (ii) los reglamentarios, como aquellos de auditoria y monitorio de
la biodiversidad, restricciones a la explotación de la tierra, derechos de
explotación comunitaria; y (iii) culturales o sociales, relativos a los trabajos
voluntarios para la conservación, programas de educación, etc.
Ahora bien, los incentivos ambientales, se diferencian de la
regulación directa en que, esta última a través de un cuerpo normativo
impone obligaciones o restricciones respecto al actuar de los individuos
ante la utilización de recursos naturales, en cambio, los mecanismos de
incentivos están encaminados a hacer que las personas o empresas adopten
decisiones tendientes a proteger el ambiente, por los precios o información
que enfrentan (Reyes & Vargas, 2010).
Respecto a los incentivos económicos, debemos tener en cuenta que
hay diferentes tipos, entre ellos, está el Pago por Servicios Ambientales –
PSA-, como una herramienta que consiste en la celebración de un acuerdo
entre propietarios, poseedores, u ocupantes de buena fe y el interesado en la
preservación y restauración de la zona en la que los primeros están asentados.
En este acuerdo, se pacta una compensación que puede ser dineraria o
en especie por adelantar actividades a la conservación o restauración del
área y una condición de resultado, lo que permite: (i) generar alternativas
económicas para la comunidad; y (ii) mejorar las condiciones de vida y
bienestar de los beneficiarios (Corte Constitucional, Sentencia C 644 de
2017).
Por otra parte, están los impuestos y subsidios, que son un instrumento
según el cual, se internalizan los costos de los daños ambientales, es decir,
ante la existencia de un daño ambiental el causante debe pagar por esto,
pues se tiene como propósito evitar que se ocasione dicho daño ambiental
o que se mitigue en lo posible la producción del mismo. Pero, si en lugar
de esto, no se produce ningún daño porque se disuadió al actor de realizar
la actividad causal, puede haber un beneficio económico por ello (Levinson
& Shetty, 1992; Reyes & Vargas, 2010).
46
Los incentivos como política para favorecer las innovaciones ambientales
Así las cosas, los impuestos materializan el principio ambiental de
quien contamina paga, contrario a los subsidios, que por motivo de la
conservación de la naturaleza por parte de quien se abstiene a realizar las
actividades causantes de daños ambientales, recibe a cambio beneficios,
verbigracia, tributarios (Reyes & Vargas, 2010).
Por último, se encuentran los permisos comercializables de desarrollo,
que restringen el área en la que el propietario puede discrecionalmente
decidir sobre el uso del suelo, y la autoridad fija el porcentaje sobre el área
que puede ser utilizada por medio de permisos, este mecanismo funciona
delimitando las áreas que pueden ser utilizadas y aquellas que deben ser
conservadas (Reyes & Vargas, 2010).
Bajo ese entendido, pasaremos a identificar algunos de los incentivos
ambientales que consagra la legislación colombiana, tomando como punto
de partida el Decreto 624 de 1989 por medio del cual se expide el Estatuto
Tributario, que en su art. 57-2 adicionado por la ley 1450 de 2011, fija
que los recursos que reciba el contribuyente y que tengan como destino
el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos o de innovación, de
acuerdo con los parámetros del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios
en Ciencia, Tecnología e Innovación no hacen parte de los ingresos
constitutivos de renta o ganancia ocasional, asimismo, son ingresos no
constitutivos de renta la remuneración de las personas naturales por la
ejecución directa de labores científicas, tecnológicas o de innovación
siempre que la remuneración haga parte de los recursos destinados para el
proyecto.
En el mismo sentido, el art. 126-5 adicionado por la Ley 1536 de
2012 establece que las personas que realicen donaciones a la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para
apadrinar parques naturales y conservar bosques naturales tienen derecho a
la deducción del 30% del impuesto de renta sobre las donaciones efectuadas
durante el periodo gravable. Paralelamente, el art. 158-1 modificado por
la Ley 1819 de 2016 dispone que habrá deducción de impuesto de renta
del periodo en el que se realicen donaciones e inversiones en investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, siempre que se cumplan las condiciones
fijadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social
47
Alexandra Cumbe-Figueroa
También se fija en el art. 159 de este articulado modificado por la Ley
1819 de 2016 que, habrá deducción a impuestos cuando se invierta en la
evaluación y exploración de recursos naturales no renovables.
Del mismo modo, el art. 207-2 adicionado por la Ley 788 de 2002
analizado en conjunto con el art. 235-2 adicionado por la Ley 1819 de
2016 con establecen que habrá rentas exentas sobre servicios de ecoturismo
certificados; ventas de energía eléctrica generada por energía eólica, biomasa
o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares, realizada únicamente
por empresas generadoras, siempre que: (i) se tenga en cuenta en Protocolo
de Kioto en cuanto al trámite, obtención y venta de certificado de emisión de
bióxido de carbono; (ii) que por lo menos el 50% de los recursos obtenidos
por la venta de los certificados se inviertan en obras de beneficio social en
la región donde opera el generador; y (iii) prestar el servicio de transporte
fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado.
El Estatuto Tributario, incluye a su vez, los descuentos tributarios,
así el art. 255 modificado por la Ley 1819 de 2016 determina que cuando
una persona jurídica realiza de manera directa inversiones en control,
conservación y mejoramiento del medio ambiente, tiene el derecho a
un descuento del 25% de las inversiones realizadas en el respectivo año
gravable sobre la renta. Y el art. 255 modificado igualmente por la Ley 1819
de 2016, establece que las personas que inviertan en proyectos calificados
por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología
en Innovación como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación,
tienen derecho a descontar de su impuesto sobre la renta correspondiente
el 25% del valor invertido en estos proyectos durante el periodo gravable.
Finalmente, se señalará del Estatuto tributario en este escrito dos
artículos relevantes: el art. 424, modificado por la Ley 1819 de 2016, que
establece la lista de bienes que están excluidos del impuesto, y su venta
o importación no genera impuesto, entre ellos, determinados productos
agrícolas y animales de consumo humano; ciertos medicamentos; máquinas
para uso agropecuario; artículos y aparatos de ortopedia; abonos minerales y
químicos; insecticidas; raticidas; desinfectantes; sistemas de riego; equipos
de transfusión de sangre; los dispositivos anticonceptivos femeninos; los
computadores de escritorio o portátiles que no excedan de 50 UVT (Unidad
Valor Tributario); los dispositivos móviles inteligentes que no excedan de
22 UVT; los alimentos de consumo humano y animal importados de países
48
Los incentivos como política para favorecer las innovaciones ambientales
vecinos a los departamentos de Vichada, Guajira, Guainía y Vaupés para su
consumo local en los mismos departamentos; maquinaria y equipos que
generen y certifiquen reducciones de Gases de Efecto Invernadero – GEI
destinados a proyectos o actividades registradas en Registro Nacional de
Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, y más.
En segundo lugar, está el art. 428 sobre importaciones que no causan
impuestos, entre las cuales el literal F, adicionado por la Ley 223 de 1995,
fija la importación de maquinaria o equipos que no sean producidos en el
país, y tengan como función reciclar y procesar basuras o desperdicios; y la
depuración o tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos, emisiones
atmosféricas, recuperación de ríos y saneamiento básico. Ambos en el marco
de un programa de mejoramiento ambiental aprobado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Siguiendo con esta línea, está la Ley 44 de 1990, por medio de la cual se
dictan algunas disposiciones sobre catastro e impuestos sobre la propiedad
raíz, que en su art. 20 establece que los municipios y departamentos podrán
decretar hasta el 20% en descuentos tributarios sobre los impuestos de
vehículos que estén bajo su competencia, cuando se demuestre que cumple
con las medidas para disminuir la contaminación.
Otro gran incentivo ambiental, lo reglamenta la Ley 139 de 1994,
que crea el Certificado de Incentivo Forestal, y es un documento emitido
por la entidad encargada del manejo y la administración de los recursos
naturales renovables del medio ambiente competente, por medio del cual,
se le concede el derecho a una persona beneficiaria de obtener directamente,
en el momento de su presentación, por una sola vez, y en los términos que
fije la entidad, las sumas de dinero de hasta: (i) el 75% de los costos totales
netos para la plantación con especies nativas; o (ii) el 50% de los costos
de plantaciones de especies introducidas; esto, siempre que se realice en
densidades superiores a 1.000 árboles por hectáreas. Este incentivo tiene
como principal objetivo, la reforestación en terrenos de aptitud forestal.
Este incentivo, fija unas condiciones para su otorgamiento, entre
las cuales se encuentra, que sea sobre terrenos que no sean propiedad del
Estado, o sobre aquellos que la normatividad ambiental obliga a conservar
como bosque natural. Asimismo, la autoridad competente en otorgar este
certificado debe informar a la Unidad Administrativa Especial de Parques
49
Alexandra Cumbe-Figueroa
Naturales cuando se vaya a realizar en áreas que hagan parte del sistema de
parques nacionales.
Por su parte, el Decreto 2143 de 2015 por medio del cual se adiciona el
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía,
establece en el art. 2.2.3.8.2.1, la deducción especial en la determinación
de impuesto sobre la renta de quienes realicen de forma directa nuevas
erogaciones en investigación, desarrollo en inversión en la producción y
utilización de energía de hasta el 50% del valor de las inversiones.
Paralelamente, está el Decreto 870 de 2017, que establece los
parámetros para el desarrollo Pago por Servicios Ambientales y otros
incentivos ambientales para la conservación y restauración, que permitan el
sostenimiento y generación de servicios ambientales en zonas estratégicas.
Allí se define el Pago por Servicios Ambientales como el incentivo económico
dinerario o en especie dado por los interesados en servicios ambientales
a los propietarios, poseedores y ocupantes de buena fe de estas áreas de
preservación y restauración, a partir de acuerdos voluntarios.
Esta misma ley, enuncia los principios del Pago por Servicios
Ambientales, que son:
1. Focalización, en tanto está dirigido a los propietarios, poseedores
u ocupantes de buena fe, de áreas y ecosistemas reconocidos por
las autoridades ambientales competentes, dando prioridad a las
zonas de posconflicto.
2. Armonización, por la necesidad de la planificación, ordenamiento
y gestión ambiental para reducir los daños por el uso del suelo
de estas áreas, además de guiarse bajo los planes de vida de los
pueblos y comunidades indígenas allí asentadas.
3. Complementariedad, en el sentido de que el Pago por Servicios
Ambientales se debe realizar con conjunto con instrumentos de
gestión ambiental estatales.
4. Costo efectividad, entendido como la implementación del
incentivo con los recursos disponibles sobre una mayor cantidad
de área, para así aumentar los resultados de conservación.
5. Posconflicto, construcción de paz y equidad, por su orientación
prioritaria en áreas estratégicas de conflictos por el suelo y cultivos
50
Los incentivos como política para favorecer las innovaciones ambientales
ilícitos, buscando la construcción de paz, el fortalecimiento de
organizaciones campesinas y de los propietarios, poseedores u
ocupantes de buena de pequeña y mediana propiedad por su
nivel de vulnerabilidad.
6. Solidaridad: según la cual, las instituciones públicas podrán
asignar este incentivo en áreas por fuera de sus jurisdicciones,
siempre que se beneficien de los servicios ambientales que estos
producen.
Además de esto, se tienen unos principios adicionales para los pueblos
y comunidades indígenas:
1. Territorialidad, que se encuentra definido como el territorio que
estos pueblos y comunidades reconocen como esencial para su
cosmovisión y existencia, incluyeron allí todos los elementos que
lo complementan.
2. Autonomía y libre auto-determinación, como el ejercicio de la
ley de origen o derecho propio de estos pueblos, fundados en sus
cosmovisiones, que les permiten ejercer funciones jurisdiccionales,
culturales, políticas y administrativas dentro de sus territorios.
Finalmente, se hará mención de la Resolución 1303 de 2018 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que modificó la Resolución
1283 de 2016 relativa al procedimiento y requisitos para la Certificación
de beneficio ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no
convencionales de energía renovable y gestión eficientes de la energía, la
cual permite tener beneficios tributarios. Con este cuerpo normativo, se
fijan pautas para reducir el tiempo de tardanza en obtener la certificación,
entre las cuales están, la eliminación del requisito de presentar copia de las
autorizaciones ambientales o comunicaciones de la autoridad ambiental
competente en la que conste que no es necesario ningún permiso.
De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que la legislación
colombiana ha procurado incluir diferentes incentivos ambientales con
el fin de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales, referida
al desarrollo sostenible, hallando una armonía entre la protección del
ambiente, su conservación y recuperación, y el desarrollo económico del
país.
51
Alexandra Cumbe-Figueroa
Conclusiones
El modelo económico adoptado en la época tardía del siglo XX,
basado en explotación desmedida de recursos naturales, ha generado
grandes efectos en la naturaleza, se ha llegado al punto en el que la misma no
puede renovarse, lo que consecuentemente afecta la supervivencia de todas
especies. Es por ello que los Estados hayan comenzado a tomar medidas al
respecto, creando ordenamientos jurídicos que incluían al ambiente como
un derecho y con una connotación de interés público.
Colombia ha ratificado y aprobado una serie de instrumentos jurídicos
internacionales relativos a la protección, conservación y recuperación del
ambiente, además de ello, ha desplegado normas reforzadas de protección
ambiental al estar consagrado como un derecho de todas las personas, un
deber del Estado y de los particulares.
Es con base a ello que, el Estado colombiano ha establecido una serie
de medidas tendientes a promover la mitigación del daño ambiental o la
inexistencia del mismo, entre ellas, hallamos los incentivos ambientales,
como instrumentos que buscan por medio de beneficios evitar que el actor
de actividades contaminantes cause afectaciones ambientales negativas.
Esto permite, que el Derecho a través del dinamismo, se mantenga a la
vanguardia de los problemas políticos actuales, y tome medidas preventivas
para evitar daños irreversibles.
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República de Colombia. Congreso de la República, Ley 1450 de 2011
República de Colombia. Congreso de la República, Ley 1536 de 2012,
República de Colombia. Congreso de la República, Ley 1819 de 2016
República de Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C 644 del 18 de
octubre del 2017.
República de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Decreto 870 de 2017
República de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Decreto 2143 de 2015
República de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Resolución 1283 de 2016
República de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Resolución 1303 de 2018
Reyes, Mauro & Vargas, Andrés (2010). Incentivos económicos para la con-
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llín: Universidad de Antioquia. Recuperado de: http://aprendeen-
linea.udea.edu.co/revistas/index.php/lecturasdeeconomia/article/
view/9997/17987
Tratado de Cooperación Amazónica de Brasilia. (1978)
3. Políticas de fomento a los
biocombustibles como innovaciones
ambientales y sus efectos en el campo
colombiano: el caso de la palma de aceite
en María La Baja (Bolívar)
1
Francisco Javier Maza-Ávila
2
Tania Isabel Jiménez-Castilla
3
Gustavo Adolfo Herrera-Seba
4
Introducción
Las políticas energéticas y climáticas a nivel global han aumentado
la demanda y producción de biocombustibles como alternativa a los
combustibles derivados de fuentes fósiles como el petróleo, el carbón y
el gas. El incremento en la demanda de biocombustibles ha respondido
a una política energética mundial en pleno proceso de transformación y
evolución, resultado de la variabilidad en los precios internacionales del
crudo de petróleo en los últimos años -precios en aumento sostenido y
luego en descenso durante la redacción de este documento-, la geopolítica
de los países productores de petróleo, el interés de los países por tener
1 Los biocombustibles son combustibles renovables derivados de materias primas bioló-
gicas, e incluyen tanto formas líquidas tales como bioetanol (equivalente a la gasolina) o
Biodiesel (equivalente al Diesel), y formas gaseosas tales como el biogás (metano) o hidró-
geno (Koh & Ghazoul, 2008).
2 Abogado de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Máster en Derecho de
la Universidad de Génova, Italia. Máster en Derecho Privado y Doctor en Derecho de la
Universidad de Barcelona, España. Dottore di Ricerca (Dott. Ric.) de la Universidad de
Palermo, Italia.
3 Economista de la Universidad de Cartagena. Magíster en Desarrollo Económico y Po-
líticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Doctora en Economía de
la Universidad Autónoma de Madrid, España.
4 Administrador Industrial de la Universidad de Cartagena. Magíster en Desarrollo y
Ambiente de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.3
56
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
recursos energéticos autóctonos, y la necesidad de disminuir las emisiones
de gases de efecto invernadero -GEI- para mitigar el cambio climático.
Estados Unidos, Francia, Alemania y Brasil se encuentran entre
los países que han modificado sus matrices energéticas y han incluido a
los biocombustibles como productos estratégicos, lo que ha derivado su
creciente demanda (Rathmann, Szklo & Schaeffer, 2010; Koh & Ghazoul,
2008). Dicha demanda de biocombustibles ha conllevado a la incorporación
de nuevas extensiones de tierras para su producción, tendencia presentada
en diferentes regiones y países. Entre los cultivos que han sido utilizados
para la producción de biocombustibles en diferentes países se destacan la
palma de aceite, la caña de azúcar, el maíz y la soya, entre otros.
La palma de aceite –también llamada palma africana- es un cultivo de
tardío rendimiento utilizado como materia prima para diversos productos
de la industria alimenticia y cosmética. Se cultiva principalmente en países
tropicales y, según la Food and Agriculture Organization of the United
Nations –FAO- tiene como principales productores en el mundo a Indonesia
y Malasia –quienes al 2014 aportaban el 85% de la producción mundial-,
constituyendo una industria relevante en su estructura económica (Mapa
1).
Mapa 1. Principales productores de aceite de palma a nivel mundial. Año 2014
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO
57
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
La palma de aceite, al igual que otros cultivos como la soya, la caña de
azúcar, el maíz, entre otros, son también utilizados para la producción de
biocombustibles, por ello suele llamárseles Cultivos Energéticos. El aceite
extraído de la palma es mezclado con combustibles fósiles y, dependiendo
del contenido o Biodiesel, se definen como B5, B15, B30, B50 o B100,
donde la numeración indica el porcentaje por volumen de Biodiesel en la
mezcla.
Estos combustibles son considerados de carácter renovable porque
su base es la biomasa, obtenida a partir de los productos agrícolas básicos
anteriormente descritos y de las plantas oleaginosas (Comisión económica
para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2008). Los biocombustibles
derivados de estos cultivos agrícolas son denominados de primera
generación, ya que su principal input de producción es la tierra y, por tanto,
poseen dinámicas productivas diferentes a los combustibles de fuentes
fósiles (Doruk Özdemir, Härdtlein & Eltrop, 2009).
Lo anterior, ha sido un fenómeno de gran relevancia en el panorama
político y ambiental en el mundo debido a los impactos reales y potenciales
derivados de la producción de biocombustibles a partir de cultivos
agrícolas como la palma de aceite. Rathman, et al (2010) considera que el
incremento de las tasas de producción de cultivos energéticos representa
un cambio en el uso de suelo que afecta la producción de alimentos y, en
consecuencia, genera un debate profundo sobre la necesidad de proveer de
comida a la humanidad, frente los beneficios por rendimientos económicos
que los agricultores reciben al incorporar sus tierras a la producción de agro
combustibles.
La necesidad de obtener mayores cantidades de biocombustibles
ha conllevado a la incorporación de nuevas extensiones de tierras para
su producción, tendencia presentada en diferentes regiones y países.
Suramérica se destaca como la región que ha experimentado los mayores
niveles de crecimiento de hectáreas dedicadas a estos cultivos: en sólo tres
años (2005-2007) el incremento en la producción de oleaginosas para
biocombustibles ha sido de un 978%, casi tres veces el aumento promedio
de producción mundial de estos cultivos.
Cabe destacar también que Suramérica posee la segunda mayor
proporción de tierras arables para producción de biocombustibles, después
58
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
de Estados Unidos, representando el 5.81% del total disponible globalmente
(Rathman, et al, 2010). Asimismo, se destaca que las tasas de crecimiento
de producción de oleaginosas para usos energéticos son ostensiblemente
mayores a las tasas de crecimiento de la producción de oleaginosas para
otros usos en todos los continentes.
Rathman, et al (2010) consideran que el incremento de las tasas de
producción de cultivos energéticos representa un cambio en el uso de suelo
que afecta la producción de alimentos y, en consecuencia, genera un debate
profundo sobre la necesidad de proveer de comida a la humanidad versus
los beneficios por rendimientos económicos que los agricultores reciben al
incorporar sus tierras a la producción de agro combustibles.
Por ejemplo, Wicke, Sikkema, Dornburg & Faaij (2010) han
estudiado los efectos del cultivo de palma en los cambios de uso de suelo
de diferentes países del sudeste asiático intensivos en su producción, como
es el caso de Malasia e Indonesia. Estos autores manifiestan que el actual
debate sobre la sostenibilidad de la producción de palma de aceite ha sido
estimulado por los cambios en el uso del suelo - Land Use Change -LUC por
sus siglas en inglés- que ocurren cuando es convertido un bosque natural,
cultivos agrícolas, u otro tipo de cultivos a plantaciones de palma de aceite.
Trabajos como el de Miyake, Renouf, Peterson, McAlpine & Smith
(2012) documentan también la existencia de conversión de cultivos agrícolas
existentes a cultivos para producción de biocombustibles, principalmente
en los Estados Unidos y la Unión Europea, aunque también presentes en
algunos casos latinoamericanos como Brasil. Este fenómeno ha generado,
a su vez, cambios indirectos en el uso del suelo en locaciones diferentes
-debido al desplazamiento de los cultivos agrícolas existentes- como
también el riesgo de deforestación por pérdida de bosques para ampliar las
fronteras agrícolas. Para el caso específico de Brasil, Rathmann (Citado por
Ajanovic, 2010, p. 2073) comenta:
Con el inicio de la producción de etanol en Brasil, la tierra y
la caña de azúcar se incorporaron como insumos en la cadena
de producción de combustibles, entrando en competencia
con la producción de alimentos. En consecuencia, y atraídos
por los altos rendimientos en comparación con la producción
tradicional, muchos agricultores se desplazaron a la producción
59
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
de cultivos para producción de combustibles, resultando en
la sistemática sustitución de otros cultivos por el de caña de
azúcar.
Las implicaciones económicas, ambientales y sociales de estos
cambios de usos de suelo derivados de la producción de agro combustibles
son diversas y tienen incidencias particulares en cada territorio. Algunos
autores con posiciones más radicales que otros (Wakker, 2005; Goldemberg,
Coelho & Guardabassi, 2008), plantean que los riesgos del desarrollo de
cultivos bioenergéticos, en particular el de palma de aceite, incluyen las
amenazas de destrucción de bosques tropicales, pérdida de biodiversidad,
prácticas ilegales, conflictos sobre usos y derechos de la tierra, violaciones
de derechos humanos, disputas laborales, tratamiento injusto a pequeños
agricultores y colapso de prácticas culturales ancestrales, entre otros.
Otros investigadores se han concentrado en los efectos ambientales
del cambio de uso de suelo para cultivos energéticos. Ajanovic (2010), en
particular, manifiesta que “cualquier bosque o pastizal que se pierde para
dar paso al cultivo de materia prima de aceite, almidón o azúcares causa
una enorme liberación de dióxido de carbono y la producción continua de
cultivos fertilizados artificialmente libera óxido nitroso, un GEI casi 300
veces más contaminante que el dióxido de carbono” (p. 2073).
No obstante, uno de los impactos más tangibles se relaciona con
el aumento del valor de la tierra en los países que han insertado los
biocombustibles en su matriz energética, como es el caso de Alemania
y Francia, así como el incremento en los precios de los commodities
54
y
alimentos que han sido sustituidos por cultivos energéticos - como el trigo
y la soya- en países como Brasil y Estados Unidos (Rathmann., et al, 2010).
Según investigaciones del IFPRI (International Food Policy Research
Institute) el aumento del 30% de los precios de los granos a nivel mundial
entre los años 2000 y 2007 se le atribuyen a la producción de biocombustibles
(IFPRI, 2009) (Ravindranath, Lakshmi, Manuvie & Manuvie, 2011).
5 El término commodities que se hace referencia en el trabajo corresponde a los produc-
tos o bienes genéricos que no poseen alguna diferenciación entre sí y que son, generalmen-
te, materia prima para productos con mayor valor, como lo son el trigo, la soya, el maíz y
petróleo, entre otros.
60
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
Es los países en desarrollo, los incrementos en los precios de alimentos
asociados a los cultivos energéticos pueden tener mayor impacto en la
población con altos índices de pobreza, debido a que éstos gastan gran
parte de sus ingresos en alimentos básicos para su sostenimiento (Janssen
& Rutz, 2011). Lo anterior, tiene serias implicaciones en el acceso a bienes
agrícolas básicos, en la seguridad alimentaria -tanto en poblaciones rurales
como urbanas- y en el desarrollo sostenible.
Para el caso de Colombia, la competencia por el uso del suelo para
cultivos energéticos frente a cultivos alimentarios es una realidad, debido
al incremento de la producción de palma de aceite en diferentes regiones el
país y al rol protagónico que se le ha adjudicado como medio para superar
la pobreza rural. Según, el Documento Conpes N° 3477 de 2007 (DNP,
2007), el cultivo de palma de aceite ha sido el que mayor crecimiento en
hectáreas ha registrado en los últimos años en Colombia, y es uno de los
productos que mayor apoyo recibe por parte del gobierno nacional.
Por solo mencionar un ejemplo, para el año 2010 el gobierno
nacional, a través de dicho Conpes, fijó la meta de incrementar el área
sembrada de palma en el país a mínimo 422.000 hectáreas (WWF, 2009).
No obstante, las cifras de Federación Nacional de Cultivadores de Palma de
Aceite - Fedepalma -, para el año 2011 ya se registraban 427.367 hectáreas
sembradas en todo el territorio nacional, sobrepasando rápidamente
la meta planteada. Para el año 2014 -último año con información
disponible-, en Colombia se cosechan 1.278.125,53 hectáreas de palma
de aceite, representando un crecimiento del 171,4% con respecto al año
2000, mientras que el crecimiento de la producción, situada 400.193,59
toneladas, ha sido del 167,42% en ese mismo periodo.
María La Baja, un municipio de la región Caribe colombiana, ubicado
en la Zona de Desarrollo Económico y Social -Zodes- Montes de María, en
el departamento de Bolívar, ha sido uno de los municipios con el mayor
crecimiento de la palma de acetite en su estructura productiva agrícola. Éste
se destaca por sus capacidades territoriales para la producción agrícola,
determinada por su riqueza hidrográfica y por la vocación agrícola de los
suelos disponibles en el territorio, factores que le permite establecer una
amplia gama de cultivos agrícolas con alta productividad.
61
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
Esta condición le ha significado una ventaja comparativa con respecto
al resto de municipios de la zona y el departamento. Tradicionalmente
se conoce por su participación en la producción de arroz, plátano, maíz
amarillo y blanco, yuca, ñame, entre otros alimentos básicos, y por ser
uno de los municipios distribuidores de alimentos para diferentes centros
urbanos de la región, como es el Cartagena y Barranquilla.
Por lo anterior, se le ha considerado históricamente como una de las
despensas agroalimentarias de la región. No obstante, este municipio ha
experimentado cambios en su estructura productiva agrícola, asociado al
crecimiento progresivo del cultivo de palma de aceite, el cual ha impactado
enormemente en aquellos productos básicos alimentarios comúnmente
establecidos en el territorio.
Por esta razón, este documento centra su atención en analizar los
efectos de la política de fomento del cultivo de palma de aceite en la
estructura productiva agrícola y la seguridad alimentaria del municipio
de María La Baja. Como análisis central se creó la Tasa de Sustitución de
Cultivos Agrícolas por Palma de Aceite –TSCP-, la cual permite estimar
el número de hectáreas de cultivos agrícolas que se han sustituido para
darle paso a la producción palmera. En contraste, se abordó la situación
actual de Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN- del departamento de
Bolívar y el municipio de María La Baja, a partir del mapeo y análisis de la
vulnerabilidad de la seguridad alimentaria
De este modo, se analiza la estructura de la canasta usual y
recomendada para la región de los Montes de María, identificando la
participación de los productos básicos alimentarios del municipio de María
La Baja, en especial, aquellos que fueron identificados por su alta tasa de
sustitución. A partir de lo anterior, se proponen elementos de base que
permitan diseñar políticas públicas con enfoque local, que propugnen por
el ordenamiento de la actividad productiva agrícola, en aras de garantizar
la oferta básica de alimentos y la seguridad alimentaria y nutricional de la
población rural del municipio objeto de estudio.
62
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
Normatividad de apoyo a la producción de biocombustibles en
Colombia
La Constitución Política de Colombia creó los impuestos, como la
obligación de los nacionales para el financiamiento de las inversiones y
gastos del Estado, regido bajo los principios básicos de la tributación tales
como: equidad, eficiencia y progresividad. No obstante, quien administra
la imposición de los tributos, lo utiliza igualmente para otros fines como,
por ejemplo, desincentivar o incentivar el consumo de ciertos productos o
servicios o impulsar por distintas motivaciones algunos sectores, ya sea por
razones económicas o políticas.
Dentro de los incentivos directos realizados mediante la administración
de los impuestos, se encuentra la decisión de no gravar con impuestos ciertas
rentas; para lo cual, el legislador les otorga la denominación de “ingresos
no constitutivos de renta ni ganancia ocasional” o “rentas exentas”. Esto
conlleva a que, al momento de realizar el cálculo de la base gravable sobre
la que se aplica la tarifa del impuesto, dichas rentas se resten de ella y, por
ende, las mismas no queden gravadas.
En Colombia, estas prácticas son comunes por ejemplo, para impulsar
los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles o en hoteles que se
remodelen, los servicios de ecoturismo, los nuevos productos medicinales
y el software, elaborados en Colombia y amparados con nuevas patentes,
la prestación de servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos, entre
otros; lo cual posee un costo fiscal a nivel de recaudo de impuestos, sin
embargo, se obtienen muchos otros beneficios, como generación de empleo,
incentivo indirecto a la construcción, protección al medio ambiente,
investigación, entre otros.
En la última década, Colombia demostró su gran interés por la
producción y utilización de los biocombustibles, como una de las principales
alternativas para estimular el desarrollo agroindustrial del país y reducir la
dependencia de los combustibles derivados del petróleo. En el año 2001,
la aprobación de la Ley 693 marcó la entrada de Colombia en la nueva
era mundial de los combustibles de origen vegetal. Esta norma tuvo como
propósito principal la diversificación de la canasta energética colombiana a
través del uso de alternativas compatibles con el desarrollo sostenible en lo
ambiental, lo económico y lo social.
63
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
En particular “(…) se establecieron disposiciones relacionadas con
el esquema tributario, excluyendo al Biodiesel del pago del impuesto a las
ventas e impuesto global al ACPM –o Diesel- y generando los incentivos
para la financiación de proyectos particularmente de cultivos de tardío
rendimiento”. (UPME, 2009).
Mediante la Ley 693 se dictan normas sobre el uso de alcoholes
carburantes y se crean estímulos para su producción, comercialización y
consumo; implantando entre otras disposiciones, que las gasolinas que se
utilicen en el país en los centros urbanos de más de 500.000 habitantes
tendrán que contener componentes oxigenados tales como alcoholes
carburantes, en la cantidad y calidad que establezca el Ministerio de Minas
y Energía, abriendo un nuevo mercado en nuestra economía y favoreciendo
una determinada producción.
El Gobierno Nacional, dentro de sus políticas fiscales determinó
diferentes incentivos para estimular e incrementar la producción y
comercialización de biocombustibles en el país, esto reglamentado bajo las
leyes 788 del 2002 y 939 del 2004, que establecen exenciones tributarias
en materia de impuesto de renta y complementarios e impuesto al valor
agregado; adicionalmente fomentó la creación de Zonas Francas para el
desarrollo de actividades agroindustriales que también gozan de ciertos
beneficios tributarios. En continuidad con la política de incentivos al
sector, las Leyes 818 de 2003 y 939 de 2004, catalogaron como exenta por
diez (10) años, la renta líquida generada por el aprovechamiento de nuevos
cultivos de tardío rendimiento en cacao, caucho, palma de aceite, cítricos
y frutales, los cuales serían determinados por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
En aquel entonces, el Gobierno Nacional, con intenciones de
estimular la producción y comercialización de biocombustibles de origen
vegetal o animal para uso en motores Diesel, estableció en la Ley 939 de
2004 (art. 1,2 y 3) ciertos beneficios, en especial, el incentivo de exención
de impuesto de renta por cultivos de tardío rendimiento, considerando los
siguientes: palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales.
Dicha exención aplica para las rentas obtenidas de la comercialización
del fruto ya sea fresco o derivado de su transformación y tendría una
vigencia de 10 años a partir de la expedición de la ley, con lo cual las
64
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
empresas creadas después del año 2014 no podrán acceder a la exención
mencionada.
Durante la vigencia de la exención el beneficio aplica para los nuevos
cultivos de palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales desde el
momento en que comienzan a ser productivos y por un período de 10 años.
Para gozar del beneficio las entidades deberían registrar la nueva plantación
ante el ministerio de Agricultura y posteriormente ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-. En síntesis:
Que el combustible Diesel que se utilice en el país podría contener
biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores Diesel en
las calidades que determinen el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Encargar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que fomente
la producción de oleaginosas que se requieran como materia prima para
la obtención de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en
motores Diesel.
Catalogar como exento del impuesto a las ventas, el biocombustible
de origen vegetal o animal para uso en motores Diesel de producción
Nacional con destino a la mezcla con ACPM.
Igualmente catalogar como exento del impuesto global al ACPM, al
biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores Diesel De
producción nacional que se destine a la mezcla con ACPM.
En concordancia con lo anterior, también fue autorizado el Ejecutivo
para realizar importaciones de metanol o alcohol metílico cuando el mismo
se destine a proyectos de producción de Biodiesel.
Posteriormente, fue reglamentada la Ley 693 de 2001, por medio
del Decreto 3862 de octubre 28 de 2005, en el cual, se establece en
forma expresa que “para efectos fiscales la mezcla de gasolina motor con
alcohol carburante de que trata la Ley 693 de 2001, no se considera un
proceso industrial o de producción”; conservando los beneficios en cuanto
al impuesto de industria y comercio para los mayoristas y minoristas
distribuidores de combustibles líquidos derivados del petróleo, quienes
determinan la base gravable de este impuesto territorial sobre el margen
bruto de comercialización.
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Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
La Ley 1151 de 2007, en la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2010, encarga de la coordinación, puesta en marcha y
desarrollo de los Biocombustibles en Colombia al Ministerio de Minas y
Energía; en esta ley se dispone por encontrar y promover políticas que
no solo desarrollen el mercado de biocombustibles para diversificar la
canasta energética, sino que permitan sentar las bases para avanzar hacia
el desarrollo sostenible en un contexto de sostenibilidad social, ambiental,
económica y financiera. (UPME, 2009).
Es importante aclarar que, tratándose de alcohol carburante, la
exención está dada en razón de su destinación; es decir, es exento el alcohol
carburante destinado única y exclusivamente a la mezcla con gasolina para
vehículos automotores.
En la actualidad, los biocombustibles gozan de exenciones en cuanto
al impuesto nacional a la gasolina y al ACPM e impuesto a las ventas; y
adicional a ello, pueden recuperar mediante devolución, la totalidad del
impuesto a las ventas pagado en la producción. Sin perjuicio de lo anterior,
el beneficio de la “renta exenta” solo aplicó para las sociedades y no para
los socios, porque la norma no hizo extensiva el carácter de renta exenta
trasladable a los socios, como en otras veces ha sucedido, razón por la cual,
este beneficio no se puede considerar como un verdadero beneficio fiscal,
aunque sin subestimar su atractivo económico.
Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio
ambiente
Por medio de la ley 788 de 2002 se modifica el artículo 158-2 del
estatuto tributario nacional (Ley 788, 2002, art. 78), señalando que las
compañías que realicen inversiones en control y mejoramiento del medio
ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de
dichas inversiones, sin embargo, esta deducción no podrá ser superior al
veinte por ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada
antes de restar el valor de la inversión. Como requisito de la deducción
debe existir una previa acreditación por parte de la autoridad ambiental
respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales
directos asociados a dichas inversiones.
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Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
Impuesto al valor agregado e impuesto nacional a la gasolina y ACPM:
exención de IVA para el biocombustible destinado para mezcla con
combustibles fósiles y sobretasa global al combustible
La ley 788 de 2002, (Ley 788, 2002, art. 88), adiciona como bien
exento del impuesto al valor agregado, el alcohol carburante con destino
a la mezcla con gasolina para vehículos automotores, además el alcohol
carburante que se mezcle con gasolina también gozara de exención para
el impuesto global y de la sobretasa al combustible, que por virtud de la
ley 1607 de 2012 a partir del 1° de enero de 2013 se denomina impuesto
nacional a la gasolina y al ACPM.
Cabe resaltar que tendrá la exención el alcohol carburante
destinado única y exclusivamente a la mezcla con gasolina para vehículos
automotores, aquellos que no sean usados para dicho fin estarán gravados.
Con la promulgación de la ley 939 de 2004 el biocombustible para uso
en motores Diesel de producción nacional que se destine a la mezcla con
ACPM también está exento de Impuesto al valor agregado y del impuesto
nacional a la gasolina y al ACPM (Ley 939, 2004, arts. 8 y ,9).
Los productores que pueden acceder a las exenciones mencionadas
anteriormente y solicitar las respectivas devoluciones, obligatoriamente
deberán llevar contabilidad para efectos fiscales, con lo cual podemos
concluir que los incentivos están apuntando a las grandes compañías y no
a aquellos productores campesinos que viven y dependen del campo pero
que no se encuentran constituidos formalmente como sociedad, ni llevan
contabilidad.
Por otra parte, el artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado
por la Ley 1607, 2012 -artículo 38), señala aquellos bienes excluidos del
impuesto sobre las ventas e incluye dentro de estos a los equipos y elementos
nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación,
montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el
cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales
vigentes, para lo también deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Zonas Francas agroindustriales
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Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
Las entidades agroindustriales de biocombustibles que desarrollan
sus actividades bajo la modalidad de Zona Franca
65
y que cumplan con la
totalidad de los requisitos para ser catalogadas como tal, tendrán una tarifa
diferencial del 15% en el impuesto de renta (Ley 1004, 2005, art. 5), la cual
para el resto del territorio es del 25%. Cabe resaltar que las zonas francas
que se creen a partir del periodo 2013, mantendrán la tarifa diferencial
del 15%, sin embargo, deberán pagar el impuesto para la equidad, que
es del 8 por ciento (Ley 1607, 2012, art. 20 parágrafo 3). Además de la
tarifa diferencial del impuesto de renta y resaltando el cumplimiento de
los requisitos para pertenecer al régimen franco, las zonas francas tendrán
otros beneficios tributarios adicionales señalados en la (Ley 1004, 2005):
1. La tasa preferencial aplica tanto para las exportaciones, como las
ventas realizadas a nivel local.
2. Exención del impuesto a las ventas para materias primas, insumos
y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero
nacional a usuarios industriales de Zona Franca.
3. Exención en la causación y pago de impuestos aduaneros como el
impuesto al valor agregado (IVA) y aranceles.
En el siguiente cuadro se resumen la normatividad principal que
regula la producción de biocombustibles en Colombia:
6 Las empresas constituidas como Zonas Francas gozan de ciertos beneficios tributarios y
aduaneros y están definidas de así: “La zona franca es el área geográfica delimitada dentro
del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de
servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria,
aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran
fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y
a las exportaciones” (Ley 1004, 2005, art. 1).
68
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
Tabla 1
Normatividad de apoyo a la producción de biocombustibles en Colombia
NORMATIVIDAD OBJETO
LEYES
LEY 138 DE
1994
Por la cual se establece la cuota para el fomento de la Agroindustria de
la Palma de Aceite y se crea el Fondo del Fomento Palmero.
LEY 693 DE
2001
Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se
crean estímulos para su producción, comercialización y consumo. Es-
tablece la obligatoriedad de componentes oxigenados para su uso en
los combustibles en ciudades de más de 500.000 habitantes. Se define
un plazo de 5 años para implementar la norma de manera progresiva.
LEY 788 DE
2002
Reforma tributaria donde se introdujeron las exenciones de IVA, Im-
puesto Global y Sobretasa al componente de alcohol de los combus-
tibles oxigenados.
LEY 818 DE
2003
Por la cual se dictan normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones; Arts. 3o., 4o., 5o. (INEXEQUIBLES).
LEY 939 DE
2004
Por medio de la cual se subsanan los vicios de procedimiento en que
incurrió en el trámite de la Ley 818 de 2003 y se estimula la produc-
ción y comercialización de biocombustibles de origen vegetal o animal
para uso en Motores Diesel y se dictan otras disposiciones.
LEYES
LEY 1111 DE
2006
Reducción del impuesto de renta del 40% de las inversiones en activos
fijos reales productivos en proyectos agroindustriales.
DECRETOS
DECRETO
1730 DE 1994
Por el cual se reglamenta la Ley 138 del 9 de junio de 1994 - Cuota
de fomento palmero.
DECRETO
2908 DE 2003
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 818 de 2003, "por la cual
se dictan normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"
(INEXEQUIBLE)
DECRETO 76
DE 2005
Por el cual se corrigen yerros de la Ley 939 de 2004, "por medio del
cual se subsanan los vicios de procedimiento en que incurrió en el
trámite de la Ley 818 de 2003 y se estimula la producción y comer-
cialización de biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en
motores Diesel y se dictan otras disposiciones
DECRETO
3862 DE 2005
Por el cual se reglamenta la Ley 693 de 2001.
DECRETO
1970 DE 2005
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 939 de 2004
DECRETO 383
DE 2007
Establece estímulos para la implementación de zonas francas para
proyectos agroindustriales en materia de agrocombustibles que con-
templa una tasa de renta diferencial y beneficios en materia de exen-
ciones de aranceles en bienes de capital para proyectos con potencial
exportador.
DECRETO
4051 DE 2007
CONPES
CONPES 3477
DE 2007
Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmero colom-
biano
CONPES 3510
DE 2008
Lineamientos de política para promover la producción sostenible de
biocombustibles en Colombia
Fuente: Elaboración propia
69
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
Como se puede deducir de todos los beneficios fiscales directos e
indirectos que posee la producción y comercialización de biocombustibles,
estos pueden ser aprovechados en su gran mayoría por personas jurídicas
que tengan en su objeto social dicho ejercicio y estas ayudas no serían
recibidas por las pequeñas familias rurales y el campesino que explota la
tierra, porque la realidad económica y la información recogida en las visitas
a municipios y corregimientos de la región Caribe y del valle geográfico del
rio Cauca donde se realizan cultivos para biocombustibles.
Ello demuestra que el campesino tradicional no está formalizado
para obtener beneficios por “rentas exentas”, ni tampoco lleva una
contabilidad formal que le permita solicitar el impuesto a las ventas
pagado en la producción a título de devolución ante la administración de
impuestos, a diferencia del efecto de las políticas dirigidas a otros sectores,
que tradicionalmente son manejados por personas jurídicas, los cuales
no sacrifican ni cambian su actividad regular, sino por el contrario, la
fortalecen y a su vez generan por efecto directo, el objetivo que traza la
política tributaria enfocada a resultados económicos o sociales.
La palma de aceite en la estructura productiva agrícola de María La
Baja
Según la Food and Agriculture Organization of the United Nations
–FAO–, Colombia se consolida al 2014 como el cuarto mayor productor de
palma de aceite en el mundo –después de Indonesia, Malasia y Tailandia– y
el primero productor de América.
La producción de palma de aceite se encuentra concentrada en
cuatro zonas –Oriental, Norte, Central y Sur-occidental–, desatancándose
por su producción los municipios del Meta, Casanare, Cesar, Santander,
Magdalena y Bolívar quienes, en conjunto, representan el 89,64% de las
hectáreas cosechadas del país, con destino mayoritario a la producción de
aceite para biocombustibles. Se puede observar que Meta y Casanare son
los departamentos con la mayor cantidad de hectáreas cosechadas de palma
–37,48% y 13,37%, respectivamente–.
Por su parte, los departamentos de la región Caribe aportan, en
conjunto, el 28,26% del total de áreas cosechadas y el 30,37% de las
toneladas producidas. De manera desagregada, se observa un crecimiento
significativo de los municipios que registran cultivos de palma de aceite
70
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
en el periodo 2001-2014. Para el primer año de la serie, se registraban
apenas 66 municipios productores, mientras que, para el año 2014, ya 108
municipios tenían cultivos de palma de aceite, significando un crecimiento
del 63,64% (Tabla 2).
Tabla 2
Cultivo de palma de aceite en Colombia por áreas cosechadas, producción
rendimiento. Año 2014
Departamento
Área Cosecha-
da (Hectáreas)
Participa-
ción Área
Cos. Na-
cional (%)
Producción
(Toneladas)
Participación
Producción
Nacional (%)
Rendi-
miento
(Ton/ha)
Meta 150.000,00 37,48 456.730,18 35,73 3,04
Casanare 53.503,94 13,37 188.378,09 14,74 3,52
Cesar 45.022,00 11,25 155.789,16 12,19 3,46
Santander 44.237,93 11,05 136.283,35 10,66 3,08
Magdalena 37.835,00 9,45 130.264,00 10,19 3,44
Bolívar 28.139,00 7,03 95.228,90 7,45 3,38
Norte de San-
tander
19.717,00 4,93 58.376,20 4,57 2,96
Nariño 9.702,00 2,42 19.404,88 1,52 2,00
Cundinamarca 3.626,00 0,91 11.276,86 0,88 3,11
Otros departa-
mentos
1.950,00 0,49 5.982,00 0,47 3,07
Vichada 1.950,00 0,49 5.982,00 0,47 3,07
La Guajira 1.154,00 0,29 3.807,10 0,30 3,30
Antioquia 961,00 0,24 3.375,42 0,26 3,51
Cauca 659,72 0,16 2.256,25 0,18 3,42
Córdoba 410,00 0,10 1.326,30 0,10 3,23
Caquetá 400,00 0,10 1.120,00 0,09 2,80
Chocó 336,00 0,08 672,00 0,05 2,00
Sucre 302,00 0,08 1.032,84 0,08 3,42
Atlántico 220,00 0,05 660,00 0,05 3,00
Tolima 48,00 0,01 120,00 0,01 2,50
Arauca 20,00 0,00 60,00 0,00 3,00
TOTAL 400.193,59 100 1.278.125,53 100 3,06
Fuente: elaboración propia, a partir de Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
71
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
Ante la dinámica expansiva del cultivo de palma de aceite en Colombia,
varios han sido los temores despertados. Por un lado, preocupa que el cultivo
se desarrolle sin planificación en áreas no aptas o con restricciones de uso de
suelo, sobrepasando las fronteras agrícolas y poniendo en riesgo ecosistemas
estratégicos como bosques secos y tropicales y su biodiversidad. Por otro
lado, existe una preocupación especial por los procesos de concentración
de la propiedad de la tierra, como también de las condiciones laborales
inadecuadas de pequeños productores y asociaciones en diversas zonas
del país y, en especial, en la afectación de la seguridad alimentaria (WWF,
2009).
El municipio de María la Baja tiene una extensión territorial de 517
Km
2
y se encuentra ubicado en la parte norte del departamento de Bolívar,
en la Zona de Desarrollo Económico y Social –Zodes– Montes de María
7
.
Limita con los municipios de San Juan de Nepomuceno y Mahates al Este,
con el municipio de San Onofre –departamento de Sucre– al Oeste, al Norte
con el municipio de Arjona y con los municipios de El Carmen de Bolívar y
San Jacinto por el Sur. Tradicionalmente, el municipio se ha destacado por
su vocación agrícola, las capacidades agrológicas de su suelo y su riqueza
hídrica, lo que ha llevado a ser reconocido como una de las zonas con
mayor potencial agrícola del Caribe colombiano (Maza, 2016)
8
.
De hecho, son las dinámicas de producción agrícola las que
constituyen la principal base económica de sus habitantes. Según los datos
del Sistema de Información Territorial de los Montes de María –SITTMA–
para el año 2011, la actividad agrícola concentró, aproximadamente, el
48% de las personas ocupadas en el territorio de María La baja.
Los primeros referentes de producción de palma de aceite en María
La Baja se remontan a finales de los años noventa, luego de la crisis en la
producción de arroz de riego, uno de los productos de mayor relevancia
en este municipio, conllevando al abandono o subutilización de las tierras
7 En el año 2001, la Asamblea del departamento de Bolívar organizó el territorio departa-
mental en seis (6) Zonas de Desarrollo Económico y Social o ZODES, siendo estas Dique,
Montes de María, Mojana, Depresión Momposina, Loba y Magdalena Medio.
8 Es común referenciar a María La Baja y el resto de municipios de la Zodes Montes de
María como las Despensas agrícolas del departamento de Bolívar y de la región Caribe,
por cuanto abastecen a la región de productos agrícolas que se encuentran en su cesta
alimentaria.
72
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
destinadas a este cultivo y, por consiguiente, al deterioro de su sistema
de riego. A partir de este evento se estableció una alianza productiva
9
que buscaba recuperar la dinámica agroindustrial en la zona y reactivar la
infraestructura productiva disponible.
Es así como se establece un modelo asociativo de cultivo de palma
de aceite, integrando a actores institucionales, empresariales y agricultores,
apalancados por la presencia y experiencia de la promotora Hacienda las
Flórez –empresa del grupo Oleoflores
10
–, la cual aportó las herramientas
necesarias para implementar y fortalecer el cultivo en el municipio,
fundamentado en transferencia tecnológica y de conocimientos, creación
de viveros y asistencia técnica a los productores. La alianza productiva
estuvo cimentada, desde el inicio, en la creación de la Asociación de
Palmicultores del Distrito de Riego de María La Baja –Asopalma– como
organismo integrador y gestor de este modelo productivo (Aguilera, 2002;
Aguilera, 2014).
A su vez, la presencia de la planta extractora de aceite de palma, la
cual se encuentra en funcionamiento desde el año 2006, y administrada
por Hacienda las Flores S.A, garantiza la compra efectiva del fruto de palma
producido y absorbe la producción de la zona.
En la actualidad, la palma de aceite es el cultivo con mayor
representatividad en la estructura productiva agrícola del municipio, pues
concentra el 52,4% del área total sembrada y el 53,9% del área cosechada,
así como el 42,7% de la producción total, en toneladas
11
. A su vez, este
9 Una alianza productiva consiste en “una serie de relaciones y arreglos formales entre
productores agropecuarios, comercializadores y agroindustriales, organizaciones de apoyo
cuyo propósito es expandir empresarialmente las áreas de cultivos de rendimiento tardío
y actualizar en materia tecnológica las unidades productivas de los pequeños productores
asociados” (Indepaz, 2013, p, 16).
10 El grupo Oleoflores integra un conjunto de empresas organizadas alrededor de la pro-
ducción y transformación de la palma de aceite mediante procesos industriales, con pre-
sencia en gran parte de las zonas productivas de palma registrada en Colombia, mediante
plantaciones y plantas de transformación.
11 Si bien este dato corresponde a las cifras oficiales publicadas por la Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo Rural de Bolívar, a través de las evaluaciones agropecuarias, se estima
por información no oficial que las hectáreas sembradas de Palma de aceite en María La Baja
son mayores a las publicadas en dichas evaluaciones. De hecho, en noticia publicada por
el periódico el Universal (Cartagena), se afirma que el área sembrada de Palma de aceite
en este municipio asciende a más de 22.000 hectáreas para 2013, ostensiblemente mayor
73
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
monocultivo representa el 92,6% del total de hectáreas concernientes a los
cultivos de tipo permanente (Tabla 3). Tan importante ha sido la penetración
de la palma de aceite en María La Baja, que hoy día es comúnmente
referenciado a lo largo y ancho del municipio la influencia que este cultivo
ha tenido en los cambios sustanciales de su paisaje productivo.
Tabla 3
Estructura productiva agrícola del municipio de María La Baja. Año 2014
Etiquetas
de fila
Área
Sembrada
(ha)
% Área
sembrada
Total Agrí-
cola
Área
Cosechada
(ha)
% Área
Cosechada
Total Agrí-
cola
Producción
(t)
% Produc-
ción Total
Agrícola
Promedio
de Rendi-
miento
Palma de
aceite
9.800,0 52,4% 7.350,0 53,9% 28.665,0 42,7% 3,9
Maíz 5.200,0 27,8% 3.400,0 24,9% 12.300,0 18,3% 2,7
Arroz 2.184,6 11,7% 1.745,9 12,8% 9.980,3 14,9% 5,8
Plátano 800,0 4,3% 530,0 3,9% 7.420,0 11,0% 14,0
Frijol 170,0 0,9% 170,0 1,2% 238,2 0,4% 1,1
Ñame 170,0 0,9% 170,0 1,2% 3.400,0 5,1% 20,0
Yuca 160,0 0,9% 100,0 0,7% 1.400,0 2,1% 14,0
Guayaba 100,0 0,5% 100,0 0,7% 2.500,0 3,7% 25,0
Cacao 60,0 0,3% 30,0 0,2% 21,0 0,0% 0,7
Papaya 30,0 0,2% 25,0 0,2% 1.000,0 1,5% 40,0
Ají 30,0 0,2% 20,0 0,1% 240,0 0,4% 12,0
Total
general
18.704,6 100% 13.640,9 100% 67.164,5 100% 9,6
Fuente: elaboración propia, a partir de Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural
María La Baja se ha caracterizado por la productividad de su suelo,
permitiéndole el desarrollo de una alta variedad de cultivos. De hecho,
tradicionalmente, su estructura productiva agrícola ha estado compuesta
por productos que integran la cesta básica de consumo de la región Caribe
colombiana. Por ello ha sido reconocida, junto al resto de municipios que
conforman la región de Los Montes de María, como la “Despensa Agrícola
a los datos publicados en las evaluaciones agropecuarias para ese año (Figueroa, 2014).
74
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
del Caribe”. Sin embargo, la llegada de la palma de aceite ha traído cambios
en su estructura.
Figura 1. Participación de las hectáreas cosechadas de los cultivos que integran
la estructura productiva agrícola del municipio de María La Baja. Periodo 2007-
2015
Fuente: elaboración propia, a partir de las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
En la actualidad, en María La Baja se cultivan 12 productos –ají,
algodón, arroz, cacao, frijol, guayaba, maíz, ñame, palma de aceite, plátano,
yuca y tabaco rubio–. De éstos, la palma de aceite ha sido el de mayor
crecimiento. Entre el 2007 y el 2015, este cultivo ha pasado de participar
con el 0% de hectáreas cosechadas al 46,9%, mientras que el maíz, cultivo
tradicional, ha disminuido más de 20 puntos porcentuales, hasta el 26,5%.
Lo mismo ha sucedido con el arroz –otro producto tradicional– que
ha descendido del 36,5% en el 2007 a sólo el 14% en el 2015 (Figura
1). Las toneladas producidas de palma también han incrementado hasta el
37,1%, liderando las toneladas producidas en la región, seguidos del maíz
y el plátano, con el 18% y el 12,4%, respectivamente. El descenso del arroz
resulta llamativo pues, en sólo 9 años, su participación en la estructura
agrícola de María La baja ha descendido en más de 30 puntos porcentuales
(Figura 2).
75
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
Figura 2. Participación de las toneladas producidas de los cultivos que integran
la estructura productiva agrícola del municipio de María La Baja. Periodo 2007-
2015
Fuente: elaboración propia, a partir de las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
Desde el 2001, el crecimiento del cultivo de palma de aceite ha sido
vertiginoso, en detrimento de otros cultivos tradicionales. Entre el 2001
y 2005, las hectáreas sembradas de palma crecieron en un 496,5%, a una
tasa de crecimiento promedio anual del 66,3%, mientras que el resto de
los principales cultivos registraron decrecimientos promedio del 39,2%, a
excepción del arroz de riego que creció un 67, 9% entre esos años. Entre
los años 2005 y 2014, la palma creció en menor proporción que el periodo
2001-2005, aumentando sus hectáreas sembradas en 224% durante este
intervalo, creciendo a una tasa promedio anual de 16,5%. Si bien disminuye
la velocidad de crecimiento después del 2005, de igual manera se registra
un crecimiento mayor que el consolidado nacional para dicho periodo, el
cual fue calculado en 76,6%, con una tasa de crecimiento promedio anual
del 7,7%.
76
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
Cabe resaltar que a mitad de la década anterior entró en vigencia
de la ley 939 de 2004
12
–modificatoria de la Ley 818 de 2003– que
brinda beneficios de exención de la renta para los ingresos derivados del
aprovechamiento de cultivos de tardío rendimiento por 10 años siguientes
a partir del inicio de la producción. Si bien estos beneficios tributarios
incluyen los cultivos de cacao, cítricos, frutales y palma de aceite, este
último cultivo presenta la mayor dinámica productiva en el territorio de
María La baja, por encima inclusive del cacao, que también hace presencia
dentro de la estructura productiva del municipio dentro del periodo de
análisis (Figura 1).
Figura 3. Comportamiento hectáreas sembrada de principales cultivos agrícolas
de María La Baja. 2001-2013
Fuente: elaboración propia, a partir de Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
El cultivo de palma de aceite también ha reconfigurado la dinámica de
las actividades de cultivo en el municipio. Los resultados del cuestionario
aplicado a productores de palma de aceite de María La Baja arrojaron que
el 86,8% de ellos son nativos del municipio y sólo el 13,2% son de otros
municipios cercanos o de la región Caribe Colombiana.
El 94,3% de estos cultivadores de palma de aceite poseen unidades
productivas propias, mientras que el 5,7% restante arriendan las tierras
12 Reglamentada por los decretos 3492 de 2007, 2629 de 2007; 1970 de 2005.
77
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
donde registran la producción. Cabe resaltar que el 63,2% de éstos registran
entre 7 y 15 años de producción continua de palma de aceite. Si esto se
traduce en términos promedios, se estima que el tiempo promedio que cada
productor lleva produciendo palma de aceite es de 9 años aproximadamente.
El negocio de la palma está fundamentado en la participación de
minifundios y pequeñas parcelas productivas que, mediante un modelo
asociativo, establecen en sus unidades el cultivo y, de esta manera, se
aumenta la capacidad global de producción. En María La baja, el 35,1% de
los predios que corresponden a unidades productivas de palma de aceite
tienen una extensión menor a 5 hectáreas –minifundio– y el 53,6% poseen
predios entre 6 y 20 hectáreas de extensión –pequeño–. Las unidades de
mediano y gran tamaño concentran el 5,3% y el 7% del total de predios
productores, respectivamente.
De acuerdo al uso del suelo de las unidades productivas antes de
iniciar la producción de palma de aceite, se puede observar que el 59,7% de
estos predios se dedicaban a la producción de cultivos agrícolas –tales como
arroz, maíz, yuca, plátano, ñame, frutales, frijol, sorgo, ají, ajonjolí, tabaco
y aguacate–, mientras que el 38,7% de dichos predios eran empleados en
actividades de ganadería (Figura 2). En particular, el 44% de las hectáreas
establecidas el año anterior al inicio del cultivo de palma correspondían al
cultivo de arroz, mientras que el 21% estaban asociadas a la producción de
maíz, 15,2% al cultivo de yuca, a la vez que el plátano y ñame concentraron
el 9,6% y 4,6% de las hectáreas registradas, respectivamente. En una menor
proporción se contabilizaron hectáreas de frutales –mango, guayaba, sapote,
papaya, entre otros–, frijol, sorgo, ají, ajonjolí, tabaco y aguacate, las cuales
participan, de manera conjunta, con el 5,7% de la distribución.
Para efectos de cuantificar las implicaciones de la palma de aceite en
la estructura agrícola municipal, para esta investigación se diseñó y calculó
el indicador denominado Tasa de Sustitución de Cultivos Agrícolas por
Palma de Aceite –TSCP– la cual permite estimar el número de hectáreas
de cultivos agrícolas que se han sustituido para darle paso a la producción
palmera durante cada año y de manera acumulada.
Para ello, se asume como periodo de análisis el comprendido entre el
año 2001 y el 2013, en especial, por la calidad de la información reportada.
En ese sentido, se estimó en primera medida el crecimiento bruto en
78
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
Tabla 4
Cálculo crecimiento bruto palma de aceite. Periodo 2001-2013
Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Hectáreas
registradas por
año
570 1.567 2.275 3.008 3.400 3.400 3.900 3.900 4.300 5.300 8.000 8.310 11.015
Crecimiento
bruto por pe-
riodo
570 997 708 733 392 0 500 0 400 1.000 2.700 310 2.705
Fuente: elaboración propia, a partir de Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
79
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
hectáreas de palma de aceite periodo a periodo, entendiéndose éste como
la diferencia entre la producción registrada en cada corte de producción,
con referencia al año inmediatamente anterior (Tabla 4).
Asimismo, se tuvo en cuenta la proporción de unidades productivas
que hoy cultivan palma de aceite y que anteriormente destinaban su suelo
para la producción de cultivos agrícolas –59,7%–. En consecuencia, se
tomó como referencia la composición detallada de cultivos agrícolas que
fueron sustituidos por palma de aceite y se calculó su peso relativo o
promedio ponderado dentro de la proporción mencionada. De este modo,
al multiplicar el peso relativo de cada cultivo agrícola por el crecimiento
bruto de palma de aceite por periodo, se estima el total de hectáreas
sustituidas –sustitución bruta total– para cada uno de éstos durante cada
año y acumulado dentro del periodo de análisis (Tabla 5).
Según este cálculo, se estima que en María La Baja se han sustituido
aproximadamente 6.576 hectáreas de cultivos agrícolas que fueron
posteriormente destinadas a la producción de palma de aceite. De los
productos que se sustituyeron se incluyen varios que componen la dieta
básica alimentaria de la región, como es el caso del arroz, maíz, yuca,
plátano y ñame. Para el caso del arroz, se estima una sustitución de
aproximadamente 2.893 hectáreas durante el periodo de análisis.
Para el maíz se calcula una pérdida de 1.382 hectáreas, seguido
por la yuca con 998 hectáreas, el plátano con 631 hectáreas y el ñame
con 300 hectáreas sustituidas. Para el agregado de frutales se estima una
sustitución total de 206 hectáreas, entre los que comprenden cultivos de
mango, guayaba, sapote, papaya, entre otros. De igual manera, se registran
hectáreas de Sorgo, tabaco, ají, frijol, ajonjolí y aguacate para los cuales se
estimó también la magnitud de la sustitución por el cultivo de palma de
aceite (Tabla 4).
Tabla 5
Total Hectáreas Sustituidas de cultivos agroalimentarios por palma de aceite y toneladas Marginales de producción que dejaron de cosecharse
durante el periodo de análisis
Cultivo
Distribución
de cultivos
tradicionales
registrados
el año antes
de iniciar la
producción
de Palma
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total
Rendimiento
promedio en
María La Baja
(2001-2013)
Toneladas
Marginales
de produc-
ción
que dejaron
de cose-
charse
durante el
periodo de
análisis
Crecimiento bruto palma de aceite
59,70% 570 997 708 733 392 0 500 0 400 1.000 2.700 310 2705 11.015
Arroz 26,27% 149,7 261,9 186 192,6 102,8 - 131,3º - 105,1 262,7 709,2 81,4 710,6 2.893 6,3 18.228
Maíz 12,54% 71,5 125,1 88,8 92 49,1 - 62,7 - 50,2 125,4 338,7 38,9 339,2 1.382 3,6 4.974
Yuca 9,06% 51,6 90,3 64,1 66,5 35,5 - 45,3 - 36,2 90,6 244,6 28,1 245,1 998 11,3 11.276
Plátano 5,73% 32,7 57,1 40,6 42 22,4 - 28,7 - 22,9 57,3 154,8 17,8 155,0 631 9,9 6.250
Ñame 2,72% 15,5 27,1 19,3 20 10,7 - 13,6 - 10,9 27,2 73,5 8,4 73,6 300 13,8 4.137
Frutales 1,87% 10,7 18,7 13,3 13,7 7,3 - 9,4 - 7,5 18,7 50,5 5,8 50,6 206 8,9 1.835
Frijol 0,50% 2,9 5 3,6 3,7 2 - 2,5 - 2 5 13,5 1,6 13,5 55 1,5 83
Sorgo 0,35% 2 3,5 2,5 2,5 1,4 - 1,7 - 1,4 3,5 9,4 1,1 9,5 38 1,9 73
Ají 0,27% 1,5 2,7 1,9 2 1,1 - 1,4 - 1,1 2,7 7,3 0,8 7,3 30 4,4 131
Ajonjolí 0,19% 1,1 1,9 1,4 1,4 0,8 - 1 - 0,8 1,9 5,2 0,6 5,1 21 0,8 17
Tabaco 0,15% 0,9 1,5 1,1 1,1 0,6 - 0,8 - 0,6 1,5 4,2 0,5 4,1 17 1,6 27
Aguacate 0,04% 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 - 0,2 - 0,2 0,4 1 0,1 1,1 4 10,1 44
Sustitución Bruta Total 340,3 595,2 422,9 437,8 233,9 0,0 298,6 0,0 238,9 596,9 1611,9 185,1 1614,6 6576,1 -
Fuente: elaboración propia a partir de Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y cuestionario aplicado a cultivadores de palma
de aceite
81
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
En términos relativos, la TSCP es de 0,59 hectáreas, lo que significa
que por cada hectárea sembrada de palma durante el periodo de estudio se
han dejado de cultivar 0,59 hectáreas de cultivos agrícolas. Estas hectáreas
de cultivos potencialmente sustituidas se pueden traducir en un volumen
de productos primarios, principalmente alimentos, que han dejado de
ofertarse en el mercado local o regional.
Se calcula que, para el periodo 2001-2013, los diferentes cultivos
agrícolas que han dejado de producirse a partir de su sustitución por el
cultivo de palma significaron más de 47 mil toneladas, principalmente de
alimentos básicos
13
. Se estima que este volumen de alimentos representa en
promedio un 61,8% de la producción oficial registrada por estos cultivos
alimentarios durante cada periodo.
Estos resultados se acentúan al identificar una baja tasa de mezcla de
cultivos alimentarios con la palma de aceite. De hecho, los cultivos extensivos
o cultivos a largo plazo dedicados a la producción de biocombustibles no
acostumbran a mezclarse con otros cultivos. Los resultados del ejercicio
arrojan sólo una pequeña proporción de unidades productivas que si tienen
establecidos cultivos agrícolas, ya sea en extensiones comunes con la palma,
o bien dividieron la parcela productiva en diferentes zonas, conservando
algunos de los cultivos tradicionales que acostumbran a producir.
La palma de aceite y la seguridad alimentaria en María La Baja
El Departamento de Prosperidad Social –DPS– y el Programa Mundial
de Alimentos –WFP, por sus siglas en inglés–, desarrollaron para el año
2014 un mapeo y Análisis de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria
y Nutricional –VAM–
14
para todos los municipios de los departamentos
que componen la Región Caribe Colombiana (DPS & WFP, 2014). Esta
13 Cabe destacar que sólo 21 hectáreas de cultivos sustituidos no correspondían a pro-
ductos alimenticios, como es el caso del tabaco.
14 Según el departamento para la prosperidad social, esta metodología, utilizada por
las Naciones Unidades a través de su programa mundial de alimentos –PMA– “permite
clasificar la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de una población y/o territorio, e
identificar quiénes son los vulnerables, cuántos son y dónde se localizan. Así mismo, esta
herramienta permite realizar un monitoreo y seguimiento a la situación alimentaria y nu-
tricional, identificar tendencias y perspectivas en un determinado territorio –municipio,
departamento, región o país–.” (DPS, 2014, p. 9)
82
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
metodología se basa en dos elementos de análisis: Riesgo y Capacidad de
respuesta.
Este último, a su vez, se divide en tres subcomponentes, que son
Disponibilidad, Acceso y Uso de los alimentos. Conceptualmente, la
Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional está determinada
por el nivel de exposición a riesgos, menos la capacidad de respuesta
que puede tener una población específica para enfrentarlos –también
denominado Seguridad Alimentaria Estructural–, la cual está basada en
factores de disponibilidad, acceso y uso de los alimentos.
El estudio determinó que, de los 46 municipios del departamento de
Bolívar, el 73,3% poseen niveles muy altos o altos de vulnerabilidad a la
seguridad alimentaria y nutricional. Esta vulnerabilidad está fuertemente
asociada a los altos niveles de exposiciones al riesgo, debido a la incidencia
en estos territorios de factores bioclimáticos –sequias e inviernos– y aspectos
sociales como el nivel de ingreso, pobreza e inequidad. Según este nivel de
exposición, se estimó que el 33,3% de los municipios de Bolívar poseen
niveles superiores –alto y muy alto– de riesgo para la seguridad alimentaria
y nutricional.
Al analizar la distribución de municipios dentro de cada Zodes del
departamento de Bolívar, se observa que La Zodes Mojana registra la mayor
proporción de municipios en muy alto nivel de vulnerabilidad, seguido
por Depresión Momposina, Loba y Montes de María. Esta última Zodes
llama la atención por ser la única dentro de la estructura sociopolítica del
departamento que posee todos sus municipios en condiciones superiores
de Vulnerabilidad a la Seguridad Alimentaria. El municipio de María La
Baja, en particular, es uno de los territorios con peor desempeño a nivel
departamental a partir de su vulnerabilidad y nivel de riesgo alimentario,
siendo uno de los tres territorios de la Zodes Montes de María bajo
esta categorización. La Tabla 6 muestra los resultados cualitativos de
Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, riesgo y capacidad de respuesta
para cada municipio Montemariano.
83
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
Tabla 6
Niveles de vulnerabilidad, riesgo y capacidad de respuesta por municipios de la Zodes
Montes de María
Municipio
Nivel
VAM
Vulnerabi-
lidad a la
Inseguridad
Alimentaria
Riesgo
Capacidad de Respuesta
General Disponibilidad Acceso Uso
El Guamo 4 Alta Alto Baja Media Baja Media
San Jacinto 4 Alta Alto Baja Media Media Muy Baja
San Juan Ne-
pomuceno
4 Alta Alto Media Media Media Baja
Zambrano 4 Alta
Muy
Alto
Media Media Media Alta
Córdoba 5 Muy Alta
Muy
Alto
Baja Baja Muy Baja Baja
El Carmen de
Bolívar
5 Muy Alta
Muy
Alto
Baja Baja Baja Baja
María la Baja 5 Muy Alta Alto Baja Media Baja Muy Baja
Fuente: elaboración propia a partir de DPS & WFP (2014)
Del mismo modo, DPS y WFP determinaron la canasta usual de
alimentos para la región de los Montes de María, Sierra Nevada de Santa
Marta y la Serranía del Perijá (DPS & WFP, 2014b). En esta se observan
16 alimentos que constituyen la dieta básica promedio para la región,
principalmente con un alto índice energético. Uno de los alimentos que
mayor peso relativo tiene en la canasta usual –si se tiene en cuenta los
costos de compra– es el arroz. Igualmente, otros de los alimentos que hacen
parte de la canasta usual de la región son la yuca y el plátano verde.
A partir de la canasta usual, se recomendaron una serie de alimentos
que deben ser consumidos por semana, de acuerdo con las cantidades
de calorías y proteínas necesarias para alcanzar los umbrales mínimos
nutricionales. Entre los alimentos que en mayor cantidad –en gramos–
se exhortan a consumir por hogar en la región, con el fin de conseguir
niveles óptimos de seguridad alimentaria y nutricional de sus pobladores,
se destacan la leche, el arroz, el plátano, la yuca y el ñame.
Cabe resaltar, sin embargo, que gran parte de los productos alimenticios
que componen esta canasta recomendada debido a su aporte energético
y nutricional, son aquellos que fueron identificados como los cultivos
84
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
alimentarios sustituidos, en mayor medida por la dinámica productiva de
la palma de aceite. Esta situación deriva en un riesgo significativo para la
seguridad alimentaria de la región y, específicamente, para el municipio
de María La Baja. El arroz, que ocupa el segundo lugar de importancia en
la canasta recomendada de la región según la cantidad aconsejada para
su consumo, ocupa a su vez el primer lugar de los cultivos que fueron
sustituidos para establecer la producción de palma de aceite. Del mismo
modo, el plátano, el maíz –en forma de harina–, el ñame y la yuca, tienen
un peso significativo en las cantidades nutricionales recomendadas para
consumo, e igualmente fueron determinados como alimentos sustituidos
de manera significativa por la palma de aceite en María La baja (Tabla 7).
Tabla 7
Comparativo de los principales alimentos de la canasta recomendada para los
Montes de María Vs principales cultivos sustituidos por la Palma de Aceite en
María La Baja
Principales Alimentos Canasta
Recomendada
Región Montes de María
Principales cultivos sustituidos por la Palma
de Aceite María La Baja
Alimento
Gramos por
semana por
hogar
Cultivo
% de sustitución
ponderada
Leche 7500 Arroz 26.27%
Arroz 2644 Maíz 12.54%
Plátano 2500 Yuca 9.06%
Harina de
Maíz
2000 Plátano 5.73%
Ñame 2000 Ñame 2.72%
Papa 2000 Frutales 1.87%
Yuca 2000 Frijol 0.50%
Pollo 1458 Sorgo 0.35%
Panela 1000 Ají 0.27%
Fríjol 1000 Ajonjolí 0.19%
Pan 1000 Tabaco 0.15%
Suero costeño 1000 Aguacate 0.04%
Fuente: elaboración propia a partir de DPS (2012)
85
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
Hacia un política de biocombustibles en Colombia
El proceso de impulso a la producción de biocombustibles es una
de las estrategias del gobierno nacional para mejorar los indicadores de
pobreza y marginalidad que persisten en los territorios rurales. De igual
forma, estas acciones obedecen a una visión de la ruralidad reformada,
en donde se observan las potencialidades del territorio para la oferta de
servicios y otros productos diferentes a los agrícolas.
Sin embargo, las decisiones de explotación de cultivos para la
producción de biocombustibles en territorios con alta vocación también
traen efectos adversos, que pueden verse en los cambios en sus estructuras
productivas tradicionales y en los potenciales riesgos de seguridad
alimentaria.
Un caso representativo de este fenómeno es el municipio de María La
Baja que, como fue expuesto a lo largo de este documento, se caracteriza por
sus capacidades territoriales para la producción agrícola, determinada por
su riqueza hidrográfica y por la vocación agrícola de los suelos disponibles
en el territorio, factores que le permite establecer una amplia gama de
cultivos agrícolas con alta productividad.
Esta condición le significa una ventaja comparativa y competitiva
con respecto al resto de municipios de la zona y el departamento.
Tradicionalmente, se conoce por su participación en la producción de arroz,
plátano, maíz amarillo y blanco, yuca, ñame, entre otros alimentos básicos,
y por ser uno de los municipios distribuidores de alimentos para diferentes
centros urbanos de la región, como es el Cartagena y Barranquilla, capitales
de los departamentos de Bolívar y del Atlántico, respectivamente.
Por lo anterior, se le ha considerado históricamente como una de las
despensas agroalimentarias de la región. No obstante, este municipio ha
experimentado cambios en su estructura productiva agrícola, asociado al
crecimiento progresivo del cultivo de palma de aceite, el cual ha impactado
enormemente en aquellos productos básicos alimentarios comúnmente
establecidos en el territorio.
Ante este escenario, se requiere que las autoridades de nivel
departamental y local afronten el compromiso de diseñar e implementar
una política pública en materia de biocombustibles que tenga como objeto
básico el ordenamiento de la actividad productiva agrícola, en aras de
86
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
garantizar la oferta básica alimentaria de la población rural y la oferta de
bienes y servicios ambientales con potencial, por ejemplo, para el turismo.
Vale anotar que lo expuesto a lo largo de este trabajo, deja entrever la
gran complejidad que entraña el desarrollo humano y sostenible en contextos
rurales, pues los incentivos que se generan para impulsar éste, pensando en
el incremento de los ingresos del habitante local, pueden resultar, al mismo
tiempo, nocivos en términos de la riqueza natural y cultural del territorio
rural y, por ende, en las otras posibilidades de servicios a ofrecer como el
turismo de naturaleza o el ecoturismo. El desafío consiste en mejorar las
disyuntivas y encontrar criterios de complementariedad en las diferentes
iniciativas que el gobierno ha generado para incentivar la mejora de las
condiciones de vida de la población rural.
(…) la nueva ruralidad es, en gran medida, una declaración
normativa elaborada en el contexto de la crisis a la que se
enfrenta el campesinado en el periodo de la globalización
neoliberal. Por consiguiente, los analistas de la nueva ruralidad
pretenden encontrar nuevas maneras de garantizar una base
sustentable para los campesinos y los trabajadores rurales con
el fin de alcanzar los objetivos de igualdad y de reducción de
la pobreza, entre otros. Aunque los diferentes enfoques de
la nueva ruralidad han mejorado nuestra comprensión de la
dinámica del desarrollo rural y han preparado el camino para
políticas públicas y estrategias de desarrollo más adecuadas,
los persistentes problemas de pobreza y desigualdad, pese
al progreso que se ha logrado en algunos países, continúan
representando un reto para los investigadores y los encargados
de elaborar las políticas públicas (Kay C. , 2009, pág. 633)
Las acciones transversales que debería contener esta política pública
podrían girar en torno a: la formulación e implementación de programas
que impulsen y estimulen a la economía campesina y en especial a la
producción de alimentos, que permitan aumentar la oferta de bienes básicos
alimenticios a nivel local, regional y nacional. Según la FAO
15
, la agricultura
familiar y a pequeña escala está fuertemente ligada a la seguridad alimentaria
mundial, mediante el rescate de los alimentos tradicionales y contribuyendo
15 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
87
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
a una dieta balanceada. En adición, este modelo de producción permitiría
generar dinamismo en las economías locales y en el mejoramiento de los
ingresos familiares.
Como parte de esta estrategia, se deben diseñar mecanismos que
permitan dotar de medios de producción, de infraestructura física de
transporte y comunicaciones, el fortalecimiento de la infraestructura
de riego, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos de
crédito y de otros medios de financiación, para las familias productoras de
alimentos. Para lo anterior, sería importante tener en cuenta experiencias
exitosas a nivel regional, tales como la Finca Montemariana, que propugna
por la producción de cultivos ancestrales con especial énfasis en cultivos
agroalimentarios.
Cabe destacar que, si bien en el año 2014, el gobierno departamental
de Bolívar lanzó el programa Agricultura Familiar y Economía Campesina–
PAF–, en coherencia con el programa nacional de agricultura familiar, y
consistente en 240 proyectos en 40 municipios del departamento, aún
es muy cercano determinar el impacto real que este programa podría
tener especialmente en entornos con particularidades productivas como
María La Baja, teniendo en cuenta la dinámica de la palma de aceite y las
transformaciones productivas que ésta ha derivado.
Definir los territorios con capacidades para la producción agrícola y
de alimentos, con el fin de evitar conflictos por uso de suelo y determinar
las zonas con capacidad de producción específica para el cultivo de palma –
frontera agrícola focalizada–. Esto debe ser considerado como un elemento
primordial en la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial
–PBOT– que se viene realizando en la actualidad. De hecho, en el plan
de desarrollo municipal de María La Baja para el periodo 2012-2015 se
plantea que una de las razones por la cual el cultivo de Palma de Aceite está
sustituyendo a los cultivos de pan coger debe a las falencias del PBOT, de
este modo se indica que:
(…) El PBOT establece 17.250 Has de área ordenada
territorialmente para el cultivo de palma de aceite, que se
determinó por estudios de capacidad de carga del suelo, pero
falta precisión y especialización cartográfica en la delimitación
de estas áreas y como resultado se obtiene una desarticulación
88
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
en las políticas de la palma con los –cultivos– nativos dejando
6.800 Has hábiles para los cultivos tradicionales […] con la
puesta en marcha del TLC y la falta de diversidad de productos
en María la Baja se encuentra en desventaja con relación a la
soberanía y seguridad alimentaria (…)
Desarrollar mecanismos de control y ordenamiento del uso de suelo
agrícola, definiendo la frontera agrícola para el municipio de María La baja,
con el fin de evitar conflictos con otros ecosistemas. A partir del PBOT, se
pueden ejecutar ejercicios intermedios de planeación del suelo rural con
base a las Unidades de Planificación Rural –UPR–, en la que se pueden
determinar los usos y manejo de áreas destinadas para la producción
agrícola, ganadera, forestal y otras actividades relacionadas con el suelo
rural, así como dictar normas para el manejo y protección de las áreas de
interés de protección.
Mecanismos para la restructuración económica de predios en
condiciones de improductividad, ociosas o inadecuadamente explotadas,
con beneficios tributarios para aquellos que sean efectivamente reconvertidos
en cultivos básicos alimentarios, o mediante un impuesto específico para
predios rurales con capacidad de uso significativa pero que no registre
explotación alguna.
Parte de los esfuerzos que se tienen que realizar en esta materia
pasa por la actualización del catastro rural –María La Baja tiene su estado
catastral rural vigente según el atlas de la propiedad rural de Colombia–, y
por la identificación de los usos productivos en los predios rurales a nivel
local –se espera que el censo agropecuario permita estos efectos–. Es de
destacar que el gobierno nacional ha presentado propuestas encaminadas
al aprovechamiento de los terrenos baldíos, como es el caso de la Ley 133
que pretende modificar dos artículos de la Ley 160 de 1994, en materia de
la adjudicación y uso de los terrenos baldíos. Sin embargo, estas propuestas
no han sido acogidas por las instancias aprobatorias debido a problemas
con el enfoque y a los posibles vacíos jurídicos y legales que pueda tener.
Fortalecer los planes departamentales y municipales de seguridad
alimentaria, acordes con las últimas mediciones municipales de vulnera-
bilidad y riesgos para la seguridad alimentaria y coherente con las canastas
básicas recomendadas para la región. El departamento de Bolívar diseñó su
89
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
Plan Departamental de Seguridad Alimentaria 2013-2019 –llamado zam-
bapalo en lengua palenque–, documento en el cual se presentan los resulta-
dos del mapeo y análisis de la vulnerabilidad para la seguridad alimentaria
del departamento de Bolívar. Sin embargo, los esfuerzos estratégicos y de
programas efectivos son aun incipientes desde la institucionalidad local y
departamental en aras de combatir los altos niveles de inseguridad alimen-
taria desde el punto de vista de vulnerabilidad y riesgos.
Incentivar la diversificación de cultivos para los productores de
cultivos energéticos como la palma de aceite, ya sea en sus unidades
productivas o a través de mecanismos de compensación por uso de suelos
con aptitud agrológica para cultivos básicos o por sustitución de cultivos
alimentarios. Esta estrategia busca que se establezca una compensación de
proporción uno a uno –en la medida de las posibilidades– en referencia a
cultivos de palma que hayan sido establecidos en predios donde se registre
producción de cultivos básicos alimenticios en, al menos, tres años antes de
la introducción de este monocultivo.
Incluir como parte de los programas académicos en las instituciones
técnicas agropecuarias del municipio, cátedras encaminadas a la
producción sostenible de cultivos agrícolas y a la medición del impacto
de cultivos energéticos a nivel económico, social, ambiental y fitosanitario.
Adicionalmente, se debe propugnar por capacitar a los productores de
palma de aceite sobre los riesgos inherentes a la producción de palma de
aceite y su impacto en materia económica, social y ambiental.
Los lineamientos expresados con anterioridad serían coherentes desde
el punto de vista institucional, ya que su alcance se enmarca dentro de la
Constitución Política de Colombia
16
(DNP, 2014a), también se encuentran
16 El artículo 64 de la constitución política de Colombia establece que “Es deber del Es-
tado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios,
en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia
técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.
Y, el artículo 65 de la constitución política de Colombia establece que “La producción de
alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto se otorgará prioridad
al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-
dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecua-
ción de tierras. De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de
tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con
el propósito de aumentar la productividad”.
90
Políticas de fomento a los biocombustibles como innovaciones ambientales y sus efectos
en el campo colombiano: el caso de la palma de aceite en María La Baja (Bolívar)
en línea con las bases fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 (DNP, 2014a), que establece entre sus objetivos, los siguientes:
1. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos
urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como
garantía para la igualdad de oportunidades.
2. Garantizar el bienestar de las comunidades rurales (campesinas,
indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales)
3. Promover el desarrollo local sostenible de las zonas más afectadas
por el conflicto
4. Reducir el hambre y la malnutrición de toda la población
colombiana, en especial la más pobre, vulnerable y grupos étnicos
De igual forma, los lineamientos propuestos para la formulación
de una política de biocombustibles también guardan concordancia con
lo estipulado en la normatividad nacional en materia de gobernabilidad,
ordenamiento agrario y territorial, como es el caso de la Ley 160 de 1994,
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo
Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras,
se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras
disposiciones”; la Ley 505 de 1999, que define y complementa la regulación
de las Unidades Agrícolas Familiares – UAF–; la Ley 388 de 1997 –también
llamada “Ley de Desarrollo Territorial”– que desarrolla el componente
rural de los mecanismos de ordenamiento territorial, y el Decreto 0280 de
2015
17
–derivado de la estrategia de Buen Gobierno del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018– que tiene como objetivo promover…
(…) el funcionamiento de un Estado de Derecho eficiente,
transparente, capaz de rendir cuentas y participativo,
permitiendo la utilización de los recursos disponibles a favor
de un desarrollo sostenible, a través de políticas públicas,
programas y acciones que mejoren la calidad de vida de los
ciudadanos y responda a sus necesidades.
17 Este acto normativo permitió la creación de la Comisión Interinstitucional de Alto
Nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post
2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible–ODS–
91
Francisco Javier Maza-Ávila, Tania Isabel Jiménez-Castilla, Gustavo Adolfo Herrera-Seba
Para implementar la política pública desarrollada a partir de
los lineamientos descritos, se necesitará del apoyo primordial de la
institucionalidad local en los territorios que sean susceptibles de su
aplicación –para este caso puntual, la Alcaldía municipal de María La Baja–
que por mandato constitucional tienen el deber de diseñar, ejecutar y hacer
seguimiento y control a las políticas públicas con enfoque local. Igualmente,
entre los diferentes actores públicos y privados con presencia regional que
pueden aportar sus conocimientos y esfuerzos técnicos y científicos, se
destacan el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, las instituciones de
educación superior y las gobernaciones. A nivel nacional es preponderante
el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento
Nacional de Planeación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre
otras.
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4. Agroforestry as an environmental
innovation tool for agriculture in regions
particularly affected by climate change
Emiliano Farinella
1
Alice Costa
2
Introduction
Climate change and increasing population are inducing the entire
society to face the problem of food security (Intergovernmental Panel
on Climate Change, 2014; Wheeler & Von Braun, 2013). The impact of
climate change on agriculture is already evident and it will become more
serious during the next decades (Lobell, Schlenker, & Costa-Roberts, 2011;
Campbell et al., 2016), damaging especially the poorest people in the world
(FAO, 2011; IFAD, 2011). Therefore, as an attempt to adaptation, people
affected by the impact of climate change will intensify migration to the less
concerned regions (Reuveny, 2007), making the problem even more global.
However, in the areas where climate change will implicate drought,
extreme events and loss of habitants (IPCC Fifth Assessment Report, 2014),
a different kind of adaptation can be implemented through the services
provided by the ecosystem. Agroforestry, as a combination of agriculture
and forestry can create integrated and suitable land-use systems (USDA
National Agroforestry Center, 2015), and be a valid response to climate
change including both adaptation and mitigation (Schoeneberger et al.,
2012; Verchot et al., 2007).
Forests have one of the highest economic value among the terrestrial
ecosystems (De Groot et al., 2012)
because of the numerous local, regional
and global services and goods that originated from them (Pearce & David,
1 Bachelor of Economics, Università di Palermo, Italy. Master's degree in Engineering,
Università di Palermo, Italy. Master in Project Management, Politecnico di Milano, Italy.
2 Bachelor’s Degree in Natural Sciences, Università di Padova, Italy. Master’s Degree in
Natural Sciences, Università di Padova, Italy.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.4
96
Agroforestry as an environmental innovation tool for agriculture in regions particularly
affected by climate change
2001; Nasi, Wunder, & Campos, 2002). Furthermore, during climate
change forests can make a big difference to the population in the form of
mitigation and adaptation to the impacts (Locatelli, Kanninen, Brockhaus,
Colfer, Murdiyarso, & Santoso, 2008).
In particular, the ability of carbon sequestration performs the function
of mitigation of CO
2
emissions and storage of carbon in woody biomass
and soil (Lal, 2005). Moreover, forests can intensify and improve the water
cycle through evapotranspiration, moisture trapping and water depuration
(Ellison, Futter, & Bishop, 2012), and consequently enhance agriculture
even in semi-arid areas. Finally, the forest ecosystem creates a microclimate
as well as a physical barrier that mitigates the climate and protects the
environment from extreme events (Schoeneberger et al., 2012).
Further reasons to adopt agroforestry are given by the increase of
ecosystem resilience with the increase of biodiversity (Olson et al., 2000)
and the improvement of soil quality and the balancing of nutrient cycles by
the positive interaction and synergies between plants (Schwab, Shickhoff,
& Fischer, 2015).
In conclusion, we will demonstrate how agroforestry can represent
an effective tool for agriculture in regions particularly affected by climate
change and how the agroforest ecosystem can respond to impacts and serve
as adaptation in different climatic and geographic areas.
1. Agroecosystem Threats
During the last decades agroecosystems have been seriously
endangered by land degradation and climate change, causing severe losses
to crops and a strong decrease of productivity. The most damaged areas are
set mainly in developing countries, where the impact of climate change
is stronger, the soil is heavily impoverished by deforestation and grazing,
and lack of technology does not enable people to cultivate efficiently.
Nevertheless, developed countries are also facing problems such as loss
of habitat and biodiversity, eutrophication of ecosystems, salinization, air
pollution, concentration of pesticides in groundwater and extreme weather
events due to climate change.
97
Emiliano Farinella, Alice Costa
1.1 Climate Change Impacts
The greenhouse effect is a mechanism that enables the atmosphere
to absorb the outgoing long-wave thermal radiation and reradiate back the
energy, allowing the warming of the lowest part of the atmosphere, called
troposphere, and the regulation of the climate of the Earth. Greenhouse
gases (GHGs) triggered this phenomenon and continue to have a negative
effect, along with water vapor and carbon dioxide.
However, since the Industrial revolution, the anthropic emissions of
GHGs have increased by 40% for the CO
2
, 150% for the CH
4
and 20%
for the N
2
O already causing evident consequences (IPCC Fifth Assessment
Report, 2014). Although there can be time lapses and geographical shifts
between emissions and impact on climate change, the IPCC defines “the
warming of the unequivocal climate system”, given the evident increase
in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow
and ice, and rising global average sea level” (Solomon et al., 2007).
The anthropogenic nature of climate change is established by many
studies and models resumed in the IPCC Fifth Assessment Report (2014),
in which natural and anthropogenic forcing are compared to the current
land and ocean temperature increase. There is evidence greenhouse gases
have induced a global mean surface warming likely to be in the range of
0.5°C to 1.3°C between 1951 and 2010, considered the cooling effect of
aerosols (IPCC Fifth Assessment Report, 2014). It has also been estimated
that, in the same period, the contribution of GHGs emissions and other
anthropogenic forcing implicated half of the observed increase in global
average surface temperature (IPCC Fifth Assessment Report, 2014).
Furthermore, the level of CO
2
in 2015 has reached for the first time
the level of 400 ppm in the atmosphere after 650,000 years of ranging
between 140 ppm and 300 ppm (Dlugokencky & Tans, 2015), mainly due
to the economic development and the growth of population. More precisely,
according to IPCC Fifth Assessment Report (2014) the largest total amount
of GHGs net emissions in 2010 was released by the production of energy,
accounting for 35%. The second highest percentage, 24%, is represented
by the land use, including agriculture and forestry, which emit more than
industry, transport and building, corresponding respectively to 21%, 14%
and 6.4% of direct GHGs net emissions.
98
Agroforestry as an environmental innovation tool for agriculture in regions particularly
affected by climate change
In one hand, the increase of temperature causes complex
consequences that affect the entire Earth ecosystem and induce numerous
cascade effects, acting often as positive feedbacks of climate change. One
of the most alarming effects occurs in the oceans, where the absorbed CO
2
reacts with water and carbonate ion forming two bicarbonate ions, which
have a central role in the pH buffering system. The considerable anthropic
input of CO
2
in the system induces high rates of bicarbonate ions formation
in the ocean, unbalancing the biochemical equilibrium of the water. The
acidification led by the CO
2
input combined with the increase of water
temperature have serious effects on the ocean system, such as changes in
the thermohaline circulation, a decrease in the capacity of CO
2
absorption,
the rising of sea level, geographical shift of marine species and bleaching of
coral reefs (Caldeira & Wickett, 2003).
On the other hand, the terrestrial ecosystems are suffering the
consequences of the global warming associated with the impact of extreme
events, resulting in the melting of glaciers and permafrost, an increase of
drought and floods, coastal erosion, alteration of water cycle, shift and/
or extinction of species, loss of biodiversity and loss of ecosystem services
(IPCC Fifth Assessment Report, 2014).
The extreme weather events are already strongly threatening the
agroecosystems and they are becoming more frequent and violent in
particular in areas also previously interested by extreme weather conditions
(Schär et al., 2004). Nevertheless, if the GHGs emissions are not reduced,
the situation at the end of the century will become even worse due to
the increase of the concentration of CO
2
that, at high levels, reduce the
plant productivity. Furthermore, the widespread temperature increase
will enhance the decomposition speed and consequently decrease the soil
organic stocks, which implies less fertility, loss of soil structure, less water
retention capability, loss of biodiversity (Olesen et al., 2011). Finally, the
modification of microclimates (warmer winters and summers) and the
shifting of many species will result in more problems related to weeds,
pests and plant diseases (Alcamo & Olesen, 2012).
99
Emiliano Farinella, Alice Costa
1.2 Land Degradation
The Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) describes
“land as a terrestrial ecosystem that includes not only soil resources, but
also vegetation, water, other biota, landscape setting, climate attributes,
and ecological processes that operate within the system, ensuring its
functions and services”. As defined by Alcamo et al. (2003), ecosystem
provides supporting services (primary production, nutrient cycling and
soil formation), provisioning services (e.g. foods and water) and regulating
services (e.g. water regulation and purification, carbon sequestration,
climate regulation).
However, the anthropic impact on land ecosystem is leading to a
severe land degradation that is causing persistent reduction or loss of land
ecosystem services (UNCCD, 2004; MEA, 2005), mainly caused by land
mismanagement, such as intensive agricultural practices, inappropriate
use of irrigation, overgrazing, deforestation or urban sprawl, and driven by
underlying forces such as a weak implementation of policies, national and
international market demand, and poverty (Geist, 2005). Bai et al. (2008)
indicated that 24.53% of land is degraded and Nkonya et al. (2011) stated
that developing countries, in particular, are affected by soil degradation.
The report “The Value of Land” (2015) launched by the Economics of Land
Degradation Initiative provides evidence on ecosystem services, value losses
from land degradation, and estimates that the global loss of ecosystem
service values may cost between 6.3 and 10.6 trillion USD.
Since land degradation induces long-term losses of ecosystem
functions and productivity, the change in net primary productivity (NPP)
and the deviation from the norm can be used as an indicator of land
degradation or improvement (Bai et al., 2008). It has been calculated by
Bai et al. (2008) that in the period 1981-2003 the loss of NPP due to land
degradation, and consequently the C not removed from the atmosphere,
amounted to 9.56 · 10
8
tons C. Furthermore, land degradation implicates a
decrease in crop and forest production, an increase in floods and droughts,
the loss of biodiversity and habitats, the alteration of water cycle, nutrients
cycle and sedimentation.
100
Agroforestry as an environmental innovation tool for agriculture in regions particularly
affected by climate change
2. A reverse vision of ecosystem
The collective consciousness generally considers the ecosystem as a
passive set that has to be protected for its beauty and preciousness. But
rarely it is recognized as a set of interacting components able to release
both energy and services. Indeed, under the United Nations Convention
on Biological Diversity (CBD, 1992), an ecosystem is defined as “a dynamic
complex of plant, animal and micro-organism communities and their non-
living environment interacting as a functional unit.” This definition stresses
function rather than scale: an ecosystem is not defined in terms of its size,
but rather by the fact that it is a functional unit.
Therefore, from this point of view it will become clear that the
innovation necessary to face urgent issues regarding the environment, like
climate change, could derive from the environment itself.
In this perspective, where the situation turns upside down, the
ecosystem takes an active part in the adaptation process to cope with
climate change and in the mitigation of the GHGs emissions.
2.1 Sustainable Food
The ecosystem represents a direct fundamental source of food, in
particular for indigenous and poor people living in developing countries.
When communities of plants and animals interacting with their physical
and chemical environments are modified by people to produce food,
fiber, fuel and other products for human consumption and processing,
an agroecosystem takes shape (Altieri, 2002). Agroecology is a branch
of knowledge that studies and emphasizes the interrelatedness of all
agroecosystem components and the complex dynamics of ecological
processes (Vandermeer, 1995). From this point of view, a healthy
agroecosystem is not only a source of food (provisioning service), but it
can also improve nutrient cycling and soil formation (supporting services),
water regulation and purification, carbon sequestration and climate
regulation (regulating services).
2.2 Climate-Smart Agriculture
The challenge for people managing the agroecosystem is to produce
food or other goods, while maintaining the ability of ecosystem to develop
101
Emiliano Farinella, Alice Costa
supporting and regulation services. For this reason, the study in-depth of
the environment, the microclimate and the soil is essential to identify and
choose the most suitable practices to improve services and consequently to
increase crops.
However, nowadays farmers are deeply affected by the increased
climate variability that strongly enhances the production risks and
challenges farmers’ coping ability (Thornton & Gerber, 2010). Poor farmers
are particularly damaged by the impact of climate change because they
often are landless and marginalized ethnic groups (Olsson, et al., 2014).
Climate-smart agriculture (CSA) is a new approach, which aims to
face the climate change wicked problem “identifying synergies and trade-
offs among food security, adaptation and mitigation as a basis for informing
and reorienting policy” (Lipper et al., 2014).
CSA is summarized in three objectives: 1) sustainable increasing
agricultural productivity to support equitable increases in incomes, food
security and development; 2) adapting and building resilience to climate
change from the farm to national levels; and 3) developing opportunities to
reduce GHGs emissions from agriculture compared with past trends (FAO,
2013).
As discussed by Lipper et al. (2014), even if CSA aims to attain
all three objectives, it is not possible to achieve the “triple win” solution
everywhere. During the building of locally-acceptable solutions it is essential
to consider short to long time horizons and to evaluate the project from
local to global scales. Moreover, the importance of each objective changes
across locations and situations, especially because different circumstances
generate particular synergies and trade-offs.
The reduction of GHG emissions represents an awkward problem
particularly in the developing and poor countries because on the one hand
they have contributed to triggering the climate change on a much lower
scale and on the other hand they are now mainly affected by the impacts
on a much broader scale. Moreover, even if mitigation can improve food
security and adaptation, additional costs may be necessary in order to make
this benefit possible. From this point of view, the comparison between the
costs of low-emission growth strategies and the conventional high-emission
102
Agroforestry as an environmental innovation tool for agriculture in regions particularly
affected by climate change
growth paths can increase the development of mitigation practices in
agriculture supported by climate finance (Lipper et al., 2014).
2.3 Agroforestry
One of the agricultural practices that most attains all three objective
of CSA and generates a “triple win” solution is agroforestry, defined
by the International Centre for Research in Agroforestry (2000) as “a
dynamic, ecologically based natural resource management practice that,
through the integration of trees and other tall woody plants on farms and
in the agricultural landscape, diversifies production for increased social,
economic, and environmental benefits”.
Agroforestry system types include: silvopasture, alley cropping,
multilayer tree gardens, home gardens, multipurpose trees on croplands or
shelterbelts, where widely spaced rows of trees are planted between annual
crops or windbreaks and buffer strips in different ways (Nair, 1993).
Even if growing trees with agricultural crops was a common practice
since the domestication of plants and animals (Smith, 1929; King, 1987;
Williams et al., 1997), the term ‘agroforestry’ was first used in the publication
titled Trees, Food and People - Land Management in the Tropics (Bene et
al., 1977), where the authors described its benefits for soil conservation
and improvement of productivity. As a result, the International Council
for Research in Agroforestry (ICRAF) was established in 1977 in Nairobi
(Kenya), with the aim of promoting sustainable land-use management in
both tropical and temperate latitudes.
In contrast with monoculture, agroforestry practices are characterized
by high level of biodiversity and include numerous species of plants that
can support many provisioning services relating to human and animal
nutrition (fruit, nuts, oils and leaves, fodder trees for livestock), timber and
wood energy, medicinal products and special materials (gums, resins and
latex products).
However, on a global and long-lasting scale the most remarkable
class of services given by forests and agroforests are the supporting and the
regulating services.
In the tropics, farmers imitated vertical forest structures by planting
a variety of crops with different growth habits, resulting in a high species
103
Emiliano Farinella, Alice Costa
diversity on a mall land area (Kass & Somarriba, 1999). This system,
recreating a situation that is very similar to natural environment, is able to
protect the soil from erosion by reducing the impact from raindrops, and
is also able to increase the organic material provided by litter from trees
(Oelbermann et al., 2004). In the tropics, agroforestry land management
practices maintain landowner self-sustenance (Huxley, 1999), whereas in
temperate latitudes the focus is on resource management policies, farming
technology, labor costs and real estate values (Williams et al., 1997).
However, in both biomes, trees are viewed as an integral part of agroforestry
with the potential to restore degraded lands, to maintain soil fertility, and
more recently to sequester C for mitigating atmospheric CO
2
emissions.
3. Complex Systems and Wicked Problems
Forests are probably the most common examples of complex adaptive
ecosystems. A complex adaptive system is characterized by multiple spatial
and temporal scales interactions between system components, so that the
overall outcome is not easy to predict. In the case of forests, we know the
individual system components and their interactions, such as trees, need
light, water, and nutrients to grow, and they may compete with each other
for these resources. However, it is much more difficult to predict precisely
the global development and the evolution of the entire ecosystem.
In complex adaptive system “complexity emerges from a small set
of critical processes that create and maintain the self-organizing properties
of the system’s interacting components so that even if some parts are lost/
damaged the system as a whole may continue to exist” (Holling, 2001).
Thus, a forest adapts to changes in conditions. For example, some plants
developed the ability to respond to the attack of insect herbivores by
releasing chemicals that attract the natural predators of these insects (for
example, when wild tobacco plants are attacked by herbivores such as
the hawkmoth larva, they release volatile organic compounds that attract
predatory insects; Kessler & Baldwin, 2001).
It is said that Complex adaptive systems have memory: how they
change and adapt will be determined by their initial state and by the
disturbances they have suffered. A complex system is not necessarily
complicated because it often consists of simple interactions and simple
rules that regulate the relationships between interacting components,
104
Agroforestry as an environmental innovation tool for agriculture in regions particularly
affected by climate change
even if the whole system is greater than the sum of all its parts. However,
while we can often identify the main structural rules that define a system,
it is more difficult to predict outcomes of the collective behavior of its
components. In summary, complex adaptive systems are characterized by
emergent properties and self-organization as well as by indeterminacy and
path-dependency (Holling, 2001).
Complex adaptive systems are often interested by so–called wicked
problems. A complex problem is characterized by “no definitive formulation,
no stopping rule, and no test for a solution” (Berkes, 2004). Thus, an
approach that points the attention only on the individual components will
not be sufficient to solve a wicked problem. A systems approach, in contrast,
considers the problem in terms of the whole, focusing on the interaction
between the parts of the system, and even between the surrounding systems
(Waltner-Toews et al., 2008).
Along with system thinking, adaptive management is crucial in
addressing wicked problems. Adaptive management is a systematic process
to constantly adjust policies and practices by learning from the outcome
of previously used policies and practices (Holling, 1978), summarized
by the concept of “Learning from experience”. The adaptive management
cycle includes four stages: (1) planning, (2) carrying out the plan, (3)
monitoring, and (4) interpreting the monitoring results so that a new plan
can be developed and, hopefully, more appropriate (Holling, 1978).
Currently, the biggest problem we face is the climate change, since
climate is an open, self-organizing and complex system of adaptation. The
main form in the climate system is self-regulating in the feedback loops.
However, if these feedback mechanisms were not in place, global warming
would continue to be roughly proportional to the emitted amount of
carbon dioxide. In addition, the presence of these feedback loops could
lead to ‘thresholds’ or ‘tipping points’ in which small changes could result
in a disproportionate amount of warming and associated climate system
responses (Lenton et al., 2008).
In this context agroforestry does not aim to solve the perverse problem
of climate change. Instead, it represents an attempt to implement the
adaptive management in agroecosystems, developed through the systemic
thinking approach that considers the interactions between the parts of the
105
Emiliano Farinella, Alice Costa
system while maintaining the vision of the whole rather than focusing on
individual components.
3.1 Improving soil quality through agroforestry
The main objectives of United Nations Convention to Combat
Desertification (UNCCD) is to promote soil preservation, support the
restoration of degraded lands and to disseminate knowledge of land
services by the Sustainable Land Management (SLM). The SLM was
developed during the 1992 Earth Summit and focuses on the concepts
of productivity, resilience, protection, economic viability, and social
acceptability (Smyth & Dumanski, 1993), which can be achieved through
maintaining and enhancing soil cover, reducing topsoil disturbance and
compaction, rotating and interplanting crops/plants, integrating crop and
livestock systems, enhancing the diversity of plants and animal species , and
balancing extraction and replenishment of nutrients(Liniger et al., 2011).
Agroforestry practices include many important aspects of sustainable
land management through which soil quality can be improved. The case
study of the middle central hills of Nepal (Kaule), a region characterized by
high level of erosion and acidic soil, developed by Schwab, Schickhoff and
Fischer (2015) describes in detail the improvements in soil characteristics
due to agroforestry (AF) compared to the conventional system (CS), mainly
cultivated with monoculture, and the system of transition to agroforestry
(TS).
The data collected by Schwab et al. (2015) show that the soil chemical
parameters of AF are generally superior to the CS fields, which indicates a
higher soil quality and more fertile soil conditions. In specific, the soil pH
has been raised by the increase of organic matter from lopped or natural
fallen litter and plant material metabolized by cattle, since humus is an
important buffer and reduces the fluctuations in soil acidity (Bot & Benites,
2005; Brady & Weil, 2014).
Moreover, the organic matter content is crucial in achieving more
fertile conditions by enhancing the soil capacity to store water and available
macro and micro nutrients, and by reducing susceptibility to erosion
(Schwab et al., 2015). Agricultural soils with a high content of organic
106
Agroforestry as an environmental innovation tool for agriculture in regions particularly
affected by climate change
matter and, therefore, a high C content can function as carbon sinks (Bot
& Benites, 2005; Fageria, 2012; Thorne & Tanner, 2002).
The Higher content of organic matter content in AF soils could also
provide better control of phytophagous pests by facilitating antagonists (cf.
Fageria, 2012; Martin & Sauerborn, 2013). The organic matter combined
with farm manure is capable of abducting Al
3+
in a complex way, blocking
the toxic effect and supporting the growth of the plants despite the low pH
(Fageria, 2012).
Baseline saturation of all FA samples exceeds 80% and is in the
“optimal” range (Kuntze et al., 1994), a major difference compared to other
agricultural sites in Nepal (von Westarp et al., 2004).
Significantly higher total nitrogen (Nt) of AF field soils compared
to CS and TS soils has been detected during the analysis of Schwab et al.
(2015) and has been attributed to higher organic matter content and the
comparatively excessive cultivation of legume species (Fabaceae) in the AF
system, in terms of both species richness and number of individuals
Another study realized by Newaj, Chaturvedi and Handa (2016) from
the ICAR-Central Agroforestry Research Institute, India, analyses the role
of traditional large cardamom (Amomum subulatum) agroforestry system
on enhancing the ecosystem services in the Eastern Himalayas. It has been
observed that the large agroforestry system based on cardamom accelerates
the cycle of nutrients, increases soil fertility and productivity, reduces soil
erosion, conserves biodiversity, conserves water and soil, and serves as a
carbon sink.
Other examples of improved soil quality through agroforestry have
been identified in many regions of Africa by Marques et al. (2016) in a review
on multifaceted impacts of Sustainable Land Management in drylands.
In semi-arid Niger, agroforestry practices have expanded
spontaneously to more than 50,000 km
2
since the 1980s (Rinaudo, 2011).
In particular the crushing technique of pruned leaves left on the surface
reduces erosion and increases the nutrients cycle and carbon back to the
soil.
In humid tropical forest ecosystems, the relationship between trees
and crops is fundamental, since the high productivity of the plants is based
107
Emiliano Farinella, Alice Costa
on the rapid recycling of nutrients between the plant community and the
poor soil (Martinelli et al., 1999). Legume trees that form dinitrogening
symbioses with rhizobia are common in humid tropical agroforestry, which
often form the main source of N in low-input systems (Nygren et al.,
2015). A well-informed benefit of legume trees is the increase in microbial
carbon and nitrogen content and in soil compare to monocultures (Sierra
et al., 2002), which results in a long-term accumulation of C and N in soils
(Haggar et al., 1993, Dulormne et al., 2003, Soto-Pinto et al., 2010).
3.2 Biodiversity increases resilience and productivity
Biodiversity, that is, the abundance and richness of species, plays
fundamental roles in processes and services of vital ecosystems, such as
increasing productivity, controlling agricultural pests and slowing the spread
of diseases (Sileshi et al., 2007). Unfortunately, soil biodiversity is even
more endangered due to the loss of habitat caused mainly by deforestation
and land degradation. In addition, climate change makes the conservation
of biological diversity a global priority (Korn et al., 2003).
In this context, agroforestry is often considered an alternative land
use strategy that offers solution to land and forests degradation and loss
of biodiversity (Oke & Odebiyi, 2007). Schroth (2004) identified three
roles of agroforestry in the conservation of biodiversity on a landscape
scale: “the provision of complementary and secondary habitat for species
that tolerate a certain level of disturbance; the reduction of natural habitat
conversion rates in certain cases; and the creation of a more benign and
permeable ‘matrix’ among remnants of habitat compared to land uses less
dominated by trees, which can support the integrity of these remnants and
the conservation of their populations”.
Moreover, practices such as the mixture of woody plants in crops,
fodder and livestock have direct effects on the resistance of the system
thanks to the diversification of crops produced seasonally, as well as the
greater efficiency in the use of resources (Olson et al., 2000).
Huang et al. (2002) found a significant positive impact of agroforestry
on biodiversity conservation of natural reserves in Tanzania, particularly
under climate change. The reason identified by Syampungani et al. (2010)
is that the higher the number of different species or varieties present in
108
Agroforestry as an environmental innovation tool for agriculture in regions particularly
affected by climate change
fields or in agroecosystems, the greater the probability that at least some of
them can cope with changing environment. For example, during droughts
deep-rooted trees allow better access to nutrients and water than annual
crops (van Noordwijk et al., 1996).
Another common case of enhancement of resilience through
biodiversity is related to pest control. In warmer temperatures, insect pests
and plant diseases are expected to increase due to range expansion, higher
winter survival, and increased number of generations per season (USGCRP,
2009), therefore increasing opportunities for biological control of pests will
become increasingly important and could be achieved through agroforestry
(Dix et al., 1995). Stamps and Linit (1997) reported that the greater niche
diversity of agroforestry can support even greater numbers and/or diversity
of populations of naturalenemies than polycultural systems of annual crops
or monocultures. Taking the research done by Stamps et al. (2002) as an
example, it was proved that alfalfa intercropped with walnut supported
twice as many predators and parasitic hymenoptera and half as many
herbivores as did alfalfa alone. Also in the study of Piotto et al. (2003) the
best growth was demonstrated in a mixed system of 13 native species by
comparing pure and mixed plantations in the dry tropics of Costa Rica.
Mixed plantations with native species would also contribute to sustainable
management because they provide a greater range of goods and services
than pure species plantations.
Having said that, Schroth et al. (2004) focused on the feasibility of
synergistic effects of forest conservation in parks or conservation concessions
and the promotion of agroforestry land uses in the surroundings. They
affirm that the development of such synergies to a large extent depends
on good governance, especially sound environmental legislation and its
effective enforcement, and institutions that allow and engage in integrated
approaches to conservation and rural development planning. Thus, under
particular scenarios and in combination with other measures, the hypothesis
that states the decrease of deforestation through the increase of agroforestry
in land use appears to be valid, although more empirical work is needed to
clarify the range of social and economic conditions under which its validity
is maintained (Schroth et al., 2004).
109
Emiliano Farinella, Alice Costa
3.3 Carbon sequestration and mitigation of GHGS emissions
As already discussed, the most problematic objective that Climate
Smart Agriculture sought to accomplish is the reduction of GHGs emissions
from agriculture.
Of all the land uses analyzed in the Land-Use, Land-Use Change and
Forestry report of the IPCC (2000), agroforestry offered the highest potential
for carbon sequestration in non-Annex I countries. Agroforestry has such
a high potential, not because it is the land use practice with the highest
carbon density, but because there is such a large area that is susceptible for
the land use change (Verchot et al., 2007).
Compared to monocultures agroforestry systems have a direct near-
term (decades or centuries) C storage capability in aboveground biomass
(i.e., stem, branch, and foliage) and in belowground biomass (i.e., roots,
and in soil), and have the potential to offset immediate greenhouse gas
emissions associated with deforestation and shifting cultivation (Dixon,
1995).
Specifically, direct C inputs to the soil can potentially be increased by
some agroforestry practices, such as returning prunings of woody species
to the soil as mulch and allowing abundant tree litter to decompose on
site, allowing livestock to graze and add dung to the soil, allowing woody
species to grow and add surface and belowground litter during crop
fallow phases, integrating trees and their litter input in animal production
systems, allowing litter inputs to the soil from shade-tolerant species
growing under trees, and benefiting from the soil C inputs of agricultural
crops grown during early stages of the establishment of forestry plantations
(Schoeneberger et al., 2012).
Nair et al. (2010) calculated that between 30 and 300 Mg C/ha may
be stored in agroforestry soils up to 1 m depth. Global estimates for the C
sequestration potential of agroforestry systems over a 50-year period range
between 1.1 and 2.2 Pg C/year but, in particular, estimates of land area are
highly uncertain (Dixon, 1995), even because the above- and belowground
vegetation C sequestration potential is highly variable (Nair et al., 2009).
The woody biomass component represents the major portion of
easily observed and measured new C to the system (Schoeneberger,
2009). The bulk of this C is generally contained within the aboveground
110
Agroforestry as an environmental innovation tool for agriculture in regions particularly
affected by climate change
woody portion (trunk and branches). For example, Peichl et al. (2006)
found that the aboveground woody biomass C in hybrid poplar (Populus
deltoids X Populus nigra) and Norway spruce (Picea abies L.) comprised
approximately 82% and 79%, respectively, of the total woody biomass C in
a 13-year-old alley cropping system.
Furthermore, there are factors that influence the storage of C in
agroforestry, including system management (i.e. conservation tillage), use
of groundcovers, fallowing, system age and design (i.e. tree densities),
and tree species utilized. Nevertheless, comparing these systems, C stocks
and pools vary between tree ages but do not vary significantly between
temperate and tropical systems of similar age (Oelbermann et al., 2004).
However, to be accurate we have to consider that agroforestry
plantings, compared to forests, have a more open environment, resulting in
trees with greater branch production and greater specific gravity (Zhou et
al., 2011), so the use of existing forest-derived equations may not accurately
estimate woody biomass C (Schoeneberger et al., 2012).
In conclusion, along with the GHGs mitigation value, increasing SOC
is associated with enhanced C and nutrient cycling, vigorous soil fauna,
optimal soil structure, and improved soil water regimes (Doran et al. 1994).
3.4 Adaptation to extreme events and drought
Extreme events, and drought in particular, are probably the most
dangerous outcomes of climate change affecting agriculture in virtually all
regions.
The presence of trees in the agroecosystem can effectively modify
the microclimate (Charbonnier et al., 2013) and, if well managed, increase
resilience (Nguyen & Hoang, 2013) during adverse conditions because it
improves water balance at a local level, such as interception, transpiration,
infiltration, surface runoff and soil evaporation. Practices such as windbreaks,
alley-cropping systems, and riparian buffers can significantly improve the
microclimate and reduce the impacts of climate change (Garrett, 2009).
In agroforests the porosity of the soil, and therefore permeability, is
enhanced by the characteristic deep root systems, which positively affect the
infiltration of soil water (Ilstedt et al., 2007). In addition to this, deep root
systems help to retain water in the topsoil or surface soil, as they generally
111
Emiliano Farinella, Alice Costa
produce more residues than other cover types and high soil organic matter
content is able to hold more water than poor soil (El-Swaify, et al., 1983).
Furthermore, trees increase evapotranspiration because of canopy
interception and the uptake of water in the root zone. Ellison et al. (2012)
stated that, at a larger regional or global context, forest–water interactions
play a pivotal role in supplying the atmospheric moisture that becomes
precipitation in the hydrologic cycle. Without forests and wetlands,
precipitation will decrease significantly, in particular during summertime.
Lott et al. (2003) reported that about 25% of the water that transpires from
trees gets used during the dry season, indicating that they are able to utilize
off-season rainfall (comprising 15–20% of the total annual rainfall) and
residual soil water after the cropping period.
The shading effects of agroforestry trees can buffer temperature
and atmospheric saturation deficit, reducing exposure to supra-optimal
temperatures, under which physiological and developmental processes and
yield become increasingly vulnerable (Lott et al., 2009). Scattered trees in
agroforestry farms can enhance the understory growth by reducing incident
solar radiation, air and soil temperature, while improving water status, gas
exchange and water use efficiency (Bayala et al., 2009).
Field studies have shown that when air and soil temperatures are
too cold or too warm for forage growth, they can be favourably modified
by trees in silvopasture systems to create an extended production period
(Feldhake 2002). Using a process-based model, Easterling et al. (1997)
showed that windbreaks would increase dryland maize yields in Nebraska
above corresponding unsheltered yields for most levels of predicted climate
change.
During periods of excessive soil moisture, tree-based systems can
maintain aerated soil conditions by pumping out excess water more
rapidly than other production systems, and when flooding eliminates an
herbaceous crop for a season, the woody component can often survive and
offer an economic return (Dimitriou et al. 2009).
On the other hand, plant stress, as well as shifts in woody plant disease,
pest and natural enemy dynamics created by extreme weather conditions,
and the longer-term predicted shifts in climate, will play a dominant role in
the persistence and performance of all herbaceous or woody agroforestry
112
Agroforestry as an environmental innovation tool for agriculture in regions particularly
affected by climate change
plants (Fuhrer, 2003). Thus, it is fundamental to identify which agroforestry
species may be more suited to future conditions and develop the CC-
integrated planning and design process (Schoeneberger, et al., 2012).
An example of research on this issue is described by Schwendenmann
et al. (2010), who studied the species-specific physiological mechanisms
and traits of several plants able to cope relatively well with reduced soil
water availability. They found indications that in the cacao/Gliricidia
agroforests the competition between cacao and Gliricidia for soil water
resources is limited, and that the shade trees may even help the system to
cope with droughts. Cacao/Gliricidia agroforests may thus play a critical
role in minimizing the vulnerability of farmers’ livelihood to extreme
weather events such as droughts (Schwendenmann, et al., 2010).
Another example is given by Ilstedt et al. (2016). They developed
and tested an optimum tree cover theory in which groundwater recharge is
maximized at an intermediate tree density. Below this optimal tree density
the benefits from any additional trees on water percolation exceed their
extra water use, leading to increased groundwater recharge, while above
the optimum the opposite occurs. Their results, based on groundwater
budgets calibrated with measurements of drainage and transpiration in a
cultivated woodland in West Africa, demonstrate that groundwater recharge
was maximized at intermediate tree densities. Therefore, a relatively regular
well-spaced tree distribution may be preferable to a random or aggregated
one, even though tree size, age and species that affect transpiration will also
have an influence.
Conclusions
Agroforestry represents an extraordinary resource for the management
of agroecosystems, to implement a proactive approach, specifically in
relation to adaptation to climate change and generally to improve the
environmental condition of a specific area.
The aim of agroforestry to increase social, economic, and environmental
benefits can be reached through an in depth study established in the region
that focuses on the characteristics of soil and climate, as well as the main
risks and impacts that affect the socio-ecological system.
113
Emiliano Farinella, Alice Costa
The preparedness and the adaptive management in the development
of agroforestry practices can lead to a remarkable enhancement of life
condition, a substantial improvement of agroecosystems and an increase of
yields. These positive outputs are particularly significant in the developing
countries, where there is a strong need to strengthen the Climate Smart
Agriculture practices, such as agroforestry, with the objective to growth
the yield in the most sustainable way for the community and for the
environment.
Thus, it is fundamental that the science solutions go at the same pace
with the policies development. The policies implementation created on
the base of the study of sustainable practices can greatly accelerate and
encourage their adoption.
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1731.
5. Construcción social en torno al espacio
público: el caso de la Plazoleta de Rosario
como estrategia de innovación social y
ambiental en la Universidad del Rosario
Andrea Díaz-Pulido
1
Introducción
En la expresión popular “por sus actos los conoceréis” está implícita
una realidad incuestionable: es mediante la acción que se concretan las
ideas, sueños y proyectos de un individuo o de una colectividad. El hacer
las cosas distintas a las formas tradicionales, sin duda, es la herramienta
más poderosa de innovación ambiental.
La Plazoleta Guillermo León Valencia, mejor conocida y en adelante
denominada como Plazoleta del Rosario, ha representado desde su
planificación en el año 1968, el principal nodo de acceso al centro histórico
y la puerta de entrada a servicios culturales y turísticos de la localidad de La
Candelaria; no obstante, durante las últimas décadas ha sufrido la presión
constante de múltiples grupos urbanos, que ha redundado en un deterioro
progresivo, tanto de la plazoleta como del monumento de Gonzalo Jiménez
de Quesada ubicado en el centro de la misma sobre un basamento en forma
de estrella con ocho (8) aristas.
A finales de 2016 surge una iniciativa por parte de la Universidad del
Rosario en alianza con el Instituto de Patrimonio Cultural, en la coyuntura
de la temporada navideña, que consistió en la decoración del basamento
con flores y vegetación artificial superpuesta, en aras de revitalizar el
entorno inmediato de la plazoleta.
1 Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Universidad Central. Es-
pecialista en Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de la Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano. Magister en Gerencia Ambiental de la Universidad de los Andes.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.5
124
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
A través de una intervención fugaz realizada en un par de días, se
logró transformar radicalmente la visión tanto de los actores frecuentes que
convergen en la plazoleta, como de los transeúntes y visitantes esporádicos
del centro histórico, mediante un nuevo aspecto de vivaz colorido y de gran
impacto paisajístico. En cuestión de horas se convierte en tendencia local
y nacional en redes sociales y prensa, demostrando cómo a través de un
acto relativamente simple, se logró resignificar el espacio y remodelar los
esquemas mentales y el imaginario de los ciudadanos frente al patrimonio.
Para dar continuidad a esta intervención se plantea un proyecto de
revitalización integral de la plazoleta con elementos paisajísticos, cuyo
interés principal es hacer de este espacio un lugar de referencia cultural en la
ciudad de Bogotá, destacando y poniendo en valor sus atributos históricos,
simbólicos, arquitectónicos, paisajísticos y patrimoniales intrínsecos.
Con esto se busca ofrecer a los estudiantes, a los vecinos del sector y a
la ciudadanía en general, un espacio tradicional de reunión y esparcimiento
que genere apropiación, de tal forma que a través de un proceso de
construcción social colectivo, sean los mismos ciudadanos quienes
propendan por el cuidado y preservación de la plazoleta y el monumento
de forma integral.
Este documento presenta detalles del proyecto de revitalización
integral de la plazoleta, iniciando con la descripción de los antecedentes
históricos del lugar donde hoy se sitúa la plazoleta y algunos de los edificios
y establecimientos comerciales adyacentes, esto con el fin de que el lector
entienda las dinámicas sociales que se han suscitado por los cambios en el
uso y habitabilidad del espacio a lo largo del tiempo. Luego, se presenta el
problema y la justificación del proyecto y se describen los principales actores
involucrados. Finalmente, se plantean los componentes del proyecto, el
cual es una de las estrategias del programa de Flora-Fauna del Sistema de
Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, correspondiendo así a la
visión de ser una universidad sostenible.
125
Andrea Díaz-Pulido
Antecedentes históricos de la Plazoleta y su entorno
La historia del sitio donde hoy se encuentra la Plazoleta del Rosario,
se remonta a la fundación de Santafé de Bogotá en el año de 1538. Este
sitio a través de 482 años ha sido escenario de múltiples acontecimientos
de trascendental importancia para el país, y es evidencia viva de la
metamorfosis que ha sufrido la ciudad, la transición entre el periodo
colonial y republicano, y los esfuerzos de modernización en los siglos XX
y XXI. Así entonces, sus antecedentes históricos son imprescindibles para
estimar su valor como lugar significativo.
i. El Claustro
Según Palau (2012), Fray Cristóbal de Torres da inicio a la construcción
del Colegio Mayor y su capilla de “La Bordadita” en 1645; para tal efecto, se
desprende de cuantiosos bienes personales y localiza el inmueble en el solar
correspondiente al cuarto cuadrante superior de la manzana comprendida
hoy entre las actuales calles 14 y 13 y las carreras 6ª y 7ª correspondientes
a la calle de “ la Portería”, “San José”, del “Comercio” y del “Colegio” según
el estudio de las calles de Santafé de Moisés de la Rosa. Para 1653 ya se
encuentran adelantadas las construcciones y el 9 de enero de dicho año,
el arzobispo Torres, toma posesión en nombre del Colegio, ante escribano
real de “y todos los sitios, iglesia, templo, librería, cámaras, y habitaciones
y oficinas, según y de manera y con el adorno y autoridad y ornamento que
está al presente”.
He aquí que el Colegio Mayor toma forma y se inscribe dentro de la
Santafé colonial (Corradine, 1989), cuyo primer trazado y desarrollo de
manzanas estaba delimitado por linderos naturales muy precisos: Por el
norte, el río Vicachá (luego, San Francisco; hoy, Avenida Jiménez). Por el
sur, el río Manzanares (luego, San Agustín; luego Santo Domingo; hoy calle
7ª). Por el oriente, la zona donde comienza la pendiente de los cerros (hoy,
carrera 5ª). Por el occidente, el quiebre de terreno, a la altura de la actual
carrera 10ª, causado por las erosiones provocadas por las crecidas de los
ríos citados, que se explayaban al llegar a la planicie (Uniandes, 1998).
Fruto de este primer trazado en cuadrícula, Santafé quedó conformada
por “34 cuadras completas y cinco medias cuadras limitantes con las rondas
de los ríos, con lo cual se atendió con largueza la acomodación de los solares
126
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
previstos en la traza”. La manzana escogida por Fray Cristóbal queda por
lo tanto inscrita en el sector norte de esta primera traza, próxima al rio San
Francisco y sobre el eje principal de la ciudad que comunicaba la Plaza
Mayor con la denominada Plaza de las Hierbas, hoy Parque Santander,
plaza que en su momento tuvo casi tanta importancia como la Mayor pues
desde la fundación de la ciudad, el Cabildo tomó la decisión de construir
allí las “casas reales”, para vivienda de los altos funcionarios de la ciudad.
Allí se instaló el primer Cabildo y varios “de los principales personajes
situaron allí su residencia, empezando por Don Gonzalo Jiménez de Quesada,
(...) que se instaló en el costado Oriental de la plaza” (FUNDACIÓN MISIÓN
COLOMBIA, 1989). De 1550 a 1557 ocupa otra parte del mismo costado
oriental el convento provisional de los padres Dominicos. También en
1557 los padres Franciscanos se trasladan al costado occidental, mediando
el camino de la sal (hoy, iglesia de San Francisco y antiguo edificio de la
Gobernación).
Con lo anteriormente referido, se pretenden acotar las características
del área en la que se funda el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Se encuentra situado a una cuadra del eje vital de la ciudad (calle real del
Comercio), y entre los dos “polos” más activos de desarrollo de la incipiente
ciudad: la Plaza Mayor y la Plaza de las Hierbas o de San Francisco. Estas
primeras décadas del siglo XVII dentro de las cuales aparece el Colegio
Mayor marcan la real consolidación urbana de la ciudad (FUNDACIÓN
MISIÓN COLOMBIA, 1989)
El Claustro, sede principal de la Universidad del Rosario fue
inaugurado en 1653 con una clara finalidad educativa. La piedra caliza,
material de los cimientos del edificio, así como el mármol de los muros y
acabados, fueron traídos de España. Tanto las tejas cerámicas de la cubierta
como las barandas originales del segundo piso dan cuenta del estilo arábigo-
español del Claustro del Rosario. El claustro de la Universidad del Rosario
y la capilla de La Bordadita son parte del mismo conjunto arquitectónico
(Molina, 2010).
El terremoto de 1785, denominado como el más destructivo del siglo
XVIII, generó daños en la torre de la Capilla, el arco de la escalera y la
casa rectoral, lo que provocó trabajos de reconstrucción bajo el segundo
rectorado de Agustín Manuel de Alarcón y Castro. Posteriormente, los
127
Andrea Díaz-Pulido
procesos sísmicos entre 1826 y 1827 dañaron los tejados, los claustros bajos
y altos, la escalera principal y la casa rectoral, derribando finalmente la torre
de la Capilla. Por segunda vez, en 1836 cae la torre de la Iglesia. Durante
el siglo XIX los procesos convulsos del país se reflejan en el Claustro. El
edificio es expropiado en 1860 por parte del Gobierno para usarlo como
cárcel pública y entre 1899 y 1902, la Guerra de los Mil Días afecta también
el Colegio debido a la ocupación de las tropas
Iniciando el siglo XX, el rector Rafael María Carrasquilla, considerado
el segundo fundador del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
promueve como parte de la ampliación de las instalaciones la erección
de una estatua del Arzobispo Fundador, así como una serie de obras que
buscan superar los problemas del inmueble. Nuevamente, para 1917 un
terremoto casi destruye la sede del Colegio, quedando encargado de los
trabajos de reconstrucción al ingeniero Arturo Jaramillo Concha.
En 1953 la Consiliatura escoge al Maestro Luis Alberto Acuña para
emprender trabajos de restauración del Claustro (Universidad del Rosario).
Recientemente en 2014 concluyen los trabajos de restauración de la cubierta
del Claustro colonial, a cargo del arquitecto Fernando Palau Rivas.
ii. Edificio Santafé
Fue construido en el año 1932 por la firma Uribe, García y Álvarez,
como uno de los módulos del edificio Santafé, compuesto por dos
construcciones gemelas, una frente a la otra, y entre ambas estaba ubicado
uno de los pasajes más transitados de la década de los 40: el pasaje Santafé. En
el pasaje se ubicaba un buen número de cafés, en los que preferencialmente
se reunían hombres a hablar de política. En 1970 se inicia el proceso de
demolición del edificio gemelo para abrir paso a la Plazoleta en el marco
del acuerdo municipal número 47 de 1968, que declara esta manzana “de
utilidad pública e interés social” (Barbosa & Pérez Niño, 1998)
128
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
Imagen 1. Módulos del Edificio Santafé ubicados sobre el espacio que hoy ocupa
la Plazoleta del Rosario.
Fuente: (Barbosa & Perez Niño, 1998)
La Universidad del Rosario adquiere el edificio Santafé en el año
2000, con el propósito de consolidar la manzana alrededor de la Plazoleta,
y adecua el espacio para fines académicos y de soporte a estudiantes,
cambiando el uso predominante de los niveles del segundo al quinto piso
hasta ese momento, consistente en oficinas de abogados. Así mismo, en el
primer nivel y sótano del ala sur del edificio, el café restaurante Sorrento
cesa su funcionamiento para dar paso al uso académico y de atención al
estudiante.
a) Café Pasaje
Jorge Vásquez fundó el Café Pasaje en 1936, pero antes había
inaugurado Tía Juana, en la séptima con calle trece. La construcción del
edificio Santafé ubicado en la carrera sexta con calle catorce, en un costado
de la hoy Plazoleta del Rosario, cautivó a don Jorge y decidió trasladar su
negocio, cambió su nombre y desde ese día ha funcionado sin cerrar sus
puertas.
129
Andrea Díaz-Pulido
Entrar al Café Pasaje para muchos es algo más que casual y normal,
sin embargo, sus más de 80 años de permanencia hacen de él un lugar
histórico en medio de la ciudad moderna que es hoy Bogotá. En el Café
Pasaje se veían entrar caballeros con estilo alón y sombrilla que los protegían
de la acostumbrada llovizna bogotana, saludaban a sus compañeros que se
encontraban en tertulia y preguntaban cuál era el tema del día a debatir.
Eran mañanas y tardes enteras dialogando sobre los nuevos líderes y los
partidos que representaban, liberales o conservadores, pocas opciones,
pero muy controvertidas para estos años.
En el Café Pasaje, ubicado en el corazón de Bogotá, también se
reunían los muchachos del colegio Gimnasio Moderno, hacían los trámites
para fundar un club de fútbol. Y fue el 28 de febrero de 1941 cuando se
estableció, por medio de un acta firmada, la creación del Club Independiente
Santa Fe.
Incluso, según Álvaro Vásquez, hijo del fundador y actual propietario
del café, en la década de los sesenta la leche para preparar el café se entregaba
en baldes transportados en burros y se pagaba al campesino contra entrega,
como muestra la imagen 2.
Imagen 2. Dinámicas comerciales Café Pasaje 1960.
Fuente: archivo histórico Álvaro Vásquez
Las sillas metálicas del Café Pasaje nunca se han visto desocupadas.
Hoy no es la excepción. Lo visitan estudiantes de las universidades cercanas
que se preparan para sus parciales o leen las fotocopias para la próxima
clase, personas del común que llenan recibos y formularios para el impuesto
predial, abogados y sus clientes que discuten cuánto costará la diligencia y
esmeralderos que tratan de convencer a los extranjeros de que se llevarán
130
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
las mejores piedras.Cincuenta mesas metálicas también golpeadas por el
implacable tiempo, la registradora que ha recibido billetes de a peso hasta
los de cincuenta mil y la familia Vásquez (fundadores) son los responsables
de que en el Café Pasaje se siga respirando la historia bogotana.
2
b) Café La Romana
Cesar Ianinni, propietario del Café La Romana relata cómo fue el
origen del café: en 1966, volvía a Bogotá, su ciudad natal, luego de
culminar sus estudios universitarios en Administración de empresas en el
Tecnológico de Monterrey en México. Su padre, fundador y propietario
desde la década de los treinta del Restaurante Internacional ubicado en el
corazón del centro histórico, cultiva su interés por perpetuar el negocio
familiar, por lo que decide comprar el café La Romana con menos de 2
años de inaugurado, el cual había sido fundado en 1964. Desde entonces,
al igual que el Café Pasaje ha visto la metamorfosis del lugar y los cambios
de uso de la plazoleta, siendo testigos de la demolición de la fuente de agua
que adornaba el centro de la plazoleta desde su construcción, para dar paso
en la década de los ochenta al pedestal donde se erige el monumento de
Gonzalo Jimenez de Quesada.
c) Café La Plazuela
Café, emergido en 1972, surge con un aspecto más jovial para atraer a
los estudiantes universitarios del sector, desde sus inicios se ha caracterizado
por tratar de incorporar actividades culturales en su operación, en torno
principalmente a la literatura y el cine.
iii. Edificio Cabal
Fue construido en la década de los treinta y nombrado en honor
al apellido de la familia propietaria, se sitúa al costado oriental de la
plazoleta, donde desde hace varias décadas se asientan principalmente los
esmeralderos, otro de los actores característicos de la plazoleta.
La Universidad del Rosario adquiere este edificio en el año 1970,
en la coyuntura de construcción de la plazoleta, en aras de soportar los
2
17
http://portal.urosario.edu.co/pla_2004_2008/articulo.php?articulo=96. Paula Susa-
naVargas Rodríguez. Plaza Capital. 2008
131
Andrea Díaz-Pulido
procesos académicos y habilitar oficinas y salas de profesores e iniciar su
consolidación alrededor de la plazoleta.
a) Café La Fontana
Este café, fundado en 1955, ubicado en el edificio Cabal sobre la calle
de acceso al parqueadero de la plazoleta, aún conserva el aspecto de una
cafetería de los años cincuenta, el cual se aprecia tanto en el mobiliario y
vitrinas como en las personas que lo atienden, remontando a sus clientes a
un pasado, con cada vez menos vestigios.
iv) Plazoleta del Rosario
Siguiendo los planes de recuperación en la zona, a comienzos de la
década de 1970 se abre un espacio de carácter público, la plazoleta del
Rosario, unos metros al oriente de la carrera séptima. Para esto se demuelen
el sector oriental del pasaje Santafé, así como el Banco Prendario. La
plazoleta se construye como búsqueda de descongestionar esta parte del
centro y potenciar la visualización del entorno arquitectónico, así como
solucionar problemas de estacionamientos.
De esta manera, el antiguo predio colonial que lindaba con la ribera
del rio, se rompe y se conforma un espacio abierto sobre el cual se destacan
la arquitectura colonial del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
(Universidad) en el costado sur, la fachada del Edificio Pasaje Santafé,
donde está ubicado el referenciado Café Pasaje, al occidente, y los edificios
Cabal y Riohacha, de volumetrías pre modernas, que confieren carácter de
unidad al contorno.
Con la construcción de la Plazoleta se creó un entorno urbano al
Colegio Mayor, radicalmente diferente al que tuvo durante más de 300
años. De una fachada muy larga que se abría sobre una estrecha calle se
pasó a un gran espacio abierto donde igualmente hace su aparición un
elemento también totalmente diferente: los árboles (Palau, 2009).
132
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
Imagen 3. Vista panorámica en 1970 del sitio que hoy ocupa la plazoleta del
Rosario.
Fuente: Diario El Tiempo (2002)
En los años 80 la plazoleta cayó en el abandono, junto con la
fuente luminosa que tenía. Hacia 1987, a través del Plan Centro se busca
redefinir la situación del espacio público, y múltiples lugares empiezan a
ser intervenidos como parte de la recuperación ambiental, que tiene como
núcleo la Jiménez con carrera séptima. (Perilla, 2007).
En este periodo, se declara Monumento Nacional el espacio de la
Avenida Jiménez, con las edificaciones sobre sus dos costados entre las
carreras tercera y novena. La serie de remodelaciones en esta década del
centro histórico cambia la manera como los bogotanos hacen uso del lugar,
que prácticamente se había convertido en zona de paso y territorio de caos y
congestión; renueva sus ejes, y de alguna manera asegura una permanencia
de las estructuras existentes en un futuro. (Perilla, 2007)
El monumento central de la plazoleta, está compuesto por basamento,
pedestal y escultura pedestre integrada a una peana
3
. La escultura en
bronce, realizada en 1960 por el escultor español Juan de Ávalos García
Taborda (Badajoz 1911 - Madrid 2006), reconocido exponente de la
3 La peana se encuentra incorporada a la escultura fundida en latón y presenta forma
circular. Ésta se asegura con cuatro tornillos con tuerca al pedestal y en el canto presenta
inciso el siguiente texto: “EL ADELANTADO GONZALO XIMÉNEZ DE QUESADA NA-
CIÓ EN GRANADA ESPAÑA AÑO 1499 MURIÓ EL 1579”.
133
Andrea Díaz-Pulido
escultura española monumental contemporánea, con una excelsa obra
conocida en varios países, representa la figura de Gonzalo Jiménez de
Quesada (Granada, 1509 - Mariquita, 1579) de cuerpo entero, con una
indumentaria que combina partes de armadura de caballero medieval y
prendas de traje de caballero ilustrado del renacimiento. Gonzalo Jiménez
de Quesada y Rivera, explorador y conquistador español entre 1536 y
1572, comandó la expedición de la conquista de la Nueva Granada y fundó
entre otras la ciudad de Bogotá, la actual capital de Colombia, en 1538.
El 6 de agosto de 1960, la escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada
fue inaugurada frente a la Iglesia de Nuestra Señora de las Aguas. En 1968
fue reinaugurada en la Avenida Jiménez con carrera 8a. (El Tiempo, 1968)
y hacia 1988 fue nuevamente trasladada con destino a la Plazoleta del
Rosario. El pedestal actual fue elaborado por el arquitecto Ernesto Moure
Eraso en 1988, con estructura en ladrillo y enchape en piedra arenisca.
Presenta forma de prisma octogonal, cada lado es rectangular vertical,
y está rematado por una cornisa corrida que se encuentra dividida por
molduras”.
4
Hacia 1995 se potencia la recuperación espacial y ambiental,
teniendo como eje la Avenida Jiménez, desde la Quinta de Bolívar hasta San
Victorino. El denominado eje ambiental, proyecto de los arquitectos Rogelio
Salmona y Luis Kopeck, influye notablemente en el cambio y recuperación
de los espacios públicos en el centro. Uno de los referentes históricos de la
memoria del lugar, el rio San Francisco, otrora Vicacha, es sacado al espacio
como gesto que busca de alguna manera limpiar la desidia que lo sepultó.
(Perilla, 2007)
Con el sistema de transporte masivo Transmilenio, el eje comparte su
vocación peatonal con los articulados, la estación Museo del Oro hace su
aparición en el año 2004 y desde su interior se evidencia una vinculación
permanente con la calle y la plazoleta. Tal como lo afirma (Perilla, 2007) la
imagen de los buses de Transmilenio pasando raudos por la Av. Jiménez de
4 Álvarez, M., Castillo, L. y Logreira, A. (2013). Levantamiento y diagnóstico del estado
de conservación; propuesta y memoria técnica de mantenimiento del monumento a Gon-
zalo Jiménez de Quesada, carrera 6ª con Avenida Jiménez. Contrato 215 de 2012 Con-
sorcio Intervenir - Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 5 Ficha integral de estudios
previos para bienes muebles en espacio público. Contrato de Consultoría IDPC No. 191
De 2012. Unión Temporal Arte Urbano Patrimonial (Junio 2013)
134
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
alguna manera resume la historia del centro de la ciudad, caracterizada por
las transformaciones, donde la hibridez, el contraste y la heterogeneidad
salen a flote en las formas urbanas.
Esta situación resulta extrapolable al interior del Claustro universitario,
el cual bajo su eslogan “Nova et Vetera” o “Siempre nuevo siempre antiguo”
de alguna manera también ha trasegado en una serie de transformaciones
internas para modernizar las formas de enseñanza incorporando las nuevas
tecnologías y dinámicas de interacción de los jóvenes universitarios,
respetando siempre la tradición y la cultura rosarista.
Problema y justificación
La Plazoleta del Rosario ha sufrido desde hace varias décadas la
presión de varios grupos urbanos a través de: grafitis vandálicos de forma
recurrente sobre el pedestal, deterioro y fractura de las losas de piedra
del basamento por constantes saltos en patinetas directamente sobre la
estructura por parte de jóvenes “skaters”, consumo indiscriminado de
drogas y alcohol tanto alrededor del monumento como en la barda sur de
la entrada al parqueadero –consumo que inicia desde tempranas horas de
la mañana y se extiende inclusive hasta la medianoche–, lo que a su vez
genera acumulación de todo tipo de residuos arrojados por la rejilla bajo
el pedestal (“respiradero” del parqueadero), saturación del espacio público
por ventas ambulantes de forma desordenada, perifoneo de vendedores o
espontáneos religiosos, ferias artesanales o eventos distritales realizados sin
la logística adecuada, entre otros.
En suma, todas estas situaciones han derivado en un deterioro estético
significativo, que genera un ambiente percibido como desaseado, ruidoso,
oscuro e inseguro.
135
Andrea Díaz-Pulido
Imagen 4. Estado monumento antes de la intervención. Enero 2017.
Fuente: IDPC
Aunque la Universidad a finales de los noventa adelantó un proyecto
de recuperación de la Plazoleta del Rosario, después de un proceso juicioso
que incorporó componentes arquitectónicos, culturales, jurídicos, sociales,
de reubicación de establecimientos y de seguridad, este no pudo ser
implementado efectivamente, principalmente por restricciones jurídicas
en la administración del uso y goce del espacio público por parte de un
privado. (Universidad del Rosario, 1998)
Casi veinte años después, la habitabilidad de la plazoleta no ha
cambiado significativamente y sigue presentando problemáticas similares
que impactan negativamente en la percepción de los transeúntes, por
tal razón continua vigente la apremiante necesidad de recuperar este
importante espacio público, en el que circula diariamente la comunidad
universitaria y la ciudadanía en general. Resulta clave intentar cambiar
las formas de habitabilidad de la plazoleta, a través de un proceso de
construcción colectiva que gire en torno a la cultura y logre generar orgullo
y sentido de pertenencia.
136
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
Actores de la plazoleta
En la Plazoleta del Rosario confluyen diversos tipos de actores sociales,
los cuales se interrelacionan cotidianamente y generan las dinámicas
sociales especiales y características del lugar, a continuación, se describen
los principales grupos identificados.
i) Estudiantes y profesores universitarios
Provienen principalmente de las universidades del Rosario y Gran
Colombia y en su mayoría utilizan este espacio para atravesar varias veces
al día en sus recorridos cotidianos, así mismo para fumar, encontrarse con
otras personas y conversar.
ii) Cafés
Encontramos cuatro cafés importantes alrededor de la plazoleta, en el
costado del edificio Cabal: La Fontana y en el costado del edificio Santafé:
La Plazuela, Café Pasaje y Café La Romana, los cuales se describen en detalle
en el numeral 1.
iii) Emboladores
Se ubican junto a la barda sur de la entrada al parqueadero y allí
atienden a los transeúntes, comerciantes, estudiantes y trabajadores del
sector. Los emboladores se han ubicado desde su origen en la plazoleta y
han convertido esta franja en un lugar no solo para embellecer el calzado,
sino también para la conversación entre extraños y clientes asiduos.
iv) Esmeralderos
La plazoleta es uno de los puntos de referencia en el centro de la
ciudad para la comercialización de esmeraldas, debido a su centralidad y
espacio abierto. En torno a la plazoleta se han establecido locales de ventas
de joyas que dependen de las transacciones que se realizan en este sector;
unas cuadras al oriente, por la avenida Jiménez, se encuentra el Emerald
Trade Center, proyecto de conformación de bolsa de esmeraldas (Barbosa
& Pérez Niño, 1998)
137
Andrea Díaz-Pulido
v) Vendedores ambulantes
Se ubican en varios sectores de la plazoleta, principalmente unos
metros frente a la entrada principal del Claustro y venden confites, dulces
y cigarrillos. Algunos ubicados al costado de la Av. Jiménez venden bebidas
aromáticas o jugos de naranja a transeúntes, esmeralderos y a quienes salen
afanados de la estación Museo del Oro.
iv) Jóvenes “skaters”
Desde finales de los noventa, jóvenes entre 13 y 18 años se congregan
en la Plazoleta del Rosario para practicar saltos en patineta en las escaleras
de la plazoleta y el basamento del monumento, destruyendo el enchape
del piso y las losas de piedra de la estructura. Además, no permiten el libre
paso de los transeúntes por obstrucción de los flujos peatonales, generando
incluso en ocasiones atropellamiento de personas. Así mismo, este grupo
urbano ocupa permanentemente la Plazoleta Santander.
v) Hinchas del equipo Independiente Santafé
Dado el origen histórico en la plazoleta de uno de los clubes de
fútbol capitalino, los hinchas y barristas del Independiente Santafé, desde
hace varias décadas se congregan allí en aniversarios, partidos especiales o
celebraciones, generando un fuerte impacto en la misma, por aglomeración,
ruido excesivo, generación de residuos, grafiteado sobre el monumento,
mobiliario urbano y fachadas de los edificios, obstrucción del paso de
peatones, alto consumo de bebidas alcohólicas, consumo de drogas y riñas,
lo que generalmente obliga al cierre de los establecimientos alrededor
durante las manifestaciones.
vi) Ancianos
Se establecen en las sillas del costado oriental buscando la sombra de
los árboles, suelen pasar largas horas en este lugar conversando, leyendo el
periódico o simplemente observando el devenir cotidiano. Así mismo, usan
la barda del parqueadero para exhibir y comercializar piezas artesanales.
Esta población junto con los esmeralderos era la más característica del lugar
en la década de los noventa, paulatinamente han disminuido su presencia,
pero ésta sigue siendo importante.
138
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
Imagen 5. Dinámicas socioeconómicas de los ancianos en la Plazoleta del
Rosario. Marzo2017.
Fuente: elaboración propia
vii) Parqueadero bajo la plazoleta
Bajo la plazoleta existen 4 sótanos de parqueadero de carácter
privado con cupo para 315 vehículos, los cuales han funcionado desde
la década de los setenta, cuando el distrito buscaba solucionar la falta de
estacionamiento en el centro. El Banco de la República y la Federación
de Cafeteros compraron buena parte de ellos, pero hoy se sabe que los
esmeralderos son quienes tienen el mayor número de ellos. (El Tiempo,
2002). Su nombre oficial es “Aparcaderos de la plazoleta Guillermo León
Valencia” actualmente funciona como una propiedad horizontal, donde se
limita el uso exclusivamente a los propietarios, bajo una administración
delegada con un horario de funcionamiento de lunes a viernes de 6:00 am
a 10:00 pm y sábado de 6:00 am a 6:00 pm.
viii) Banco de la República
Actualmente el Banco de la República, bajo la dirección institucional
de la Subgerencia Cultural, cuya misión es: “Contribuir con el rescate,
preservación, análisis, estudio, organización, investigación y difusión del
patrimonio cultural de la nación, propiciar el acceso al conocimiento y
consolidar el sentido de ciudadanía” , ofrece una extensa red de servicios
culturales en diversos espacios: el Museo del Oro, laRed de Bibliotecas con
139
Andrea Díaz-Pulido
sedes en 28 ciudades del país, laSala de Conciertos de la Biblioteca Luis
Ángel Arango, laCasa de Moneda, elMuseo Boteroy elMuseo del Banco
de la República.
Ubicado a pocos metros de la plazoleta y dado su interés en el
fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo colombiano y su
trayectoria de más de 80 años de trabajo en la preservación del patrimonio
cultural de la nación, consideramos al banco como un actor que puede ser
uno de los motores del proyecto integral planteado.
Proyecto de revitalización integral de la Plazoleta del Rosario
Tal como se menciona en la introducción, este proyecto surge
posterior a la intervención navideña en 2016, la cual por el gran impacto
causado consigue demostrar que sí es posible lograr un cambio radical en la
forma como se percibe y se habita la plazoleta cotidianamente (Imagen 6).
Imagen 6. Panorámica Plazoleta del Rosario revitalizada. Universidad del
Rosario. 2016.
Fuente: Universidad del Rosario
Objetivo Proyecto
Para dar continuidad a esta intervención se plantea un proyecto de
revitalización integral de la plazoleta, cuyo interés principal es hacer de este
espacio un lugar de referencia cultural en la ciudad de Bogotá, destacando
140
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
y poniendo en valor sus atributos históricos, simbólicos, arquitectónicos,
paisajísticos y patrimoniales intrínsecos; en aras de ofrecer a los estudiantes,
a los vecinos del sector y a la ciudadanía en general, un espacio tradicional
de reunión y esparcimiento, que genere apropiación, de tal forma que sean
los mismos ciudadanos quienes propendan por el cuidado y preservación
de la plazoleta y el monumento de forma integral.
Durante el primer semestre de 2017 se plantean tres fases: en
la primera se ejecutarán procesos de limpieza y mantenimiento de la
escultura, pedestal y basamento; en la segunda, se ejecutará la restauración
y adecuación del bien mueble, y posteriormente se sembrarán especies
naturales en módulos superpuestos sobre el basamento del monumento (en
forma de estrella); generando verde en el centro de la ciudad, con flores y
especies nativas que resalten los logros científicos de la expedición botánica
de José Celestino Mutis.
Finalmente en la tercera fase, se proyecta transformar el lugar en
un epicentro cultural del centro histórico bajo un modelo conceptual,
que pretende a través de las ocho aristas de la estrella (basamento del
monumento) simbolizar las siete artes universales: arquitectura, escultura,
pintura, música, danza, literatura y cine, y en la octava arista frente a la
fachada del Claustro simbolizar el Museo de la Universidad del Rosario,
el cual tiene previsto abrirse al público en general durante el segundo
semestre de 2017.
El proyecto, adicionalmente, busca reconocer e involucrar a todos los
actores que hacen uso de la Plazoleta (estudiantes, profesores, emboladores,
turistas, comerciantes, transeúntes y demás ciudadanos) en la construcción
de un espacio representativo, con buena iluminación, buen estado de
la arborización, mobiliario flexible que sea utilizado por los cafés y con
actividades culturales. Se busca crear un entorno que propicie encuentros
ciudadanos positivos, que estimule el aprendizaje, la investigación, las
nuevas ideas, y la generación de relaciones de cultura ciudadana. Se plantea
una articulación entre la agenda cultural Rosarista con la agenda de La
Candelaria y de las instituciones distritales, de tal forma que se propicie
una habitabilidad distinta a la actual en la plazoleta.
El objetivo final de esta intervención es lograr la sostenibilidad de
las obras realizadas (imagen 7) a largo plazo, generando simultáneamente
141
Andrea Díaz-Pulido
impacto social, económico y ambiental tanto para la universidad como para
los actores involucrados directamente y la ciudadanía en general, resaltando
el compromiso de la Universidad con la preservación y protección del
Patrimonio de la plazoleta, la construcción de ciudad y la conformación de
un campus urbano.
Imagen 7. Panorámica render revitalización paisajística proyectada en el
Monumento de Gónzalo Jiménez de Quesada. 2017.
Fuente: Universidad del Rosario
Modelo conceptual en torno a las artes universales
Como se menciona en el ítem anterior, se busca transformar la
plazoleta en el epicentro cultural del centro histórico, mediante el valor
simbólico de las artes universales reflejadas en siete aristas de la estrella del
basamento, confluyendo en la octava frente al claustro, la que representa
el Museo de la Universidad del Rosario, próximo a abrirse al público en
general, donde nacionales y extranjeros podrán descubrir los tesoros
guardados en este emblemático lugar.
Este modelo conceptual refleja el interés de la universidad en
marcar un hito urbano, bajo la premisa de proteger el patrimonio y
construir ciudad a través de un campus urbano integrado con sus espacios
públicos, ratificando de esta manera una de las premisas del Plan Especial
de Manejo y Protección - PEMP: “El Claustro sale, la ciudad entra”
5
, el
5 Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP: es el instrumento de planeación y ges-
tión para la protección y conservación de los BIC declarados o que se pretendan declarar
como tales, por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su
142
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
cual fue presentado a finales de 2016 a las instituciones distritales para su
evaluación y eventual aprobación, y se constituye como el instrumento de
planificación que proyectará el crecimiento de la universidad en el centro
de la ciudad bajo un concepto de campus urbano.
Imagen 8. Modelo conceptual proyecto de revitalización integral de la Plazoleta
del Rosario. 2017
Fuente: elaboración propia
i) Agenda cultural en la plazoleta
Se pretende articular la agenda cultural de la universidad con la de
las entidades distritales y otras instituciones afines, con el fin de ofrecer a la
ciudadanía espacios de encuentro en torno a las artes, convencidos de que
tal como lo describe (Pérez R, 2016), lo primero que define y permite una
transformación es la cultura, la cual podemos significar como la percepción
que tenemos del mundo, la forma como accedemos al otro, la posibilidad
de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa, es la fuente de nuestro
comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad,
en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al
otro.
protección y sostenibilidad en el tiempo.
143
Andrea Díaz-Pulido
Por eso hay que llegar al pueblo con humildad, por eso hay que
tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad, por eso hay que
llenarlo de poesía, de música, de danza y de literatura, y de la sabiduría
y del ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por
eso hay que poner en sus manos el arte, la ética y la estética, porque, si
para algo sirve la cultura es justamente para eso, para sensibilizarnos, para
hacernos más comprensivos e incluyentes.
ii) Agenda cultural en los establecimientos circundantes
Los cafés son espacios que permiten el tiempo de ocio, alterno al
tiempo de trabajo y estudio, y son lugares que fomentan la creatividad,
la conversación y el diálogo como ejercicio intelectual, por lo tanto,
principalmente en el eje de literatura se constituyen como espacios
propicios para el desarrollo de tertulias, lanzamiento de libros, encuentro
de escritores, lectura pública, entre otros. Así mismo, en los ejes de cine y
música también cuentan con el potencial de articularse con los ciclos de
cine o conciertos ofertados por el distrito o instituciones afines.
Es muy importante iniciar o retomar planes previos como “Bogotá en
un café” impulsado por el Instituto de Patrimonio Cultural de 2013 a 2015,
tendientes a fomentar el intercambio cultural a través de los cafés del centro
histórico de Bogotá y a revivir su vocación cultural.
La universidad a inicios de 2017 abrió al público la tienda rosarista
modernizada, que incluye una librería, con publicaciones de diversas
editoriales para que el público en general tenga la oportunidad de adquirir
libros a precios cómodos.
iii) Agenda cultural con el Banco de la República
La visión de la Subdirección Cultural del Banco es: “Hacer de la
gestión cultural un modelo sostenible, accesible e incluyente que ponga
en contexto lo público, y pueda servir de referente inspirador nacional
e internacionalmente. Continuar con la consolidación de un proyecto
cultural integral, en red, enfocado al desarrollo de las colecciones físicas y
digitales; contribuir a la formación de públicos autónomos y a la generación
de acciones y servicios en espacios adecuados y con tecnologías vigentes.”
(Ministerio de Cultura, 2017).
144
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
Teniendo en cuenta la similitud de esta visión con la del proyecto de
revitalización integral de la plazoleta, resultaría sumamente valioso generar
una alianza interinstitucional entre las partes para alinear y sumar esfuerzos
en pro del enfoque cultural planteado.
iv) Integración paisajística de los espacios administrados por la
universidad
Este proceso inició en 2015, cuando se realiza el proyecto de
revitalización paisajística del patio interno y puente que conecta la torre
1
6
con el Claustro de la Universidad del Rosario, el cual a través de la
resiembra de vegetación natural en las jardineras pretende generar una
barrera viva en el primer nivel, re naturalizando y mejorando externamente
el espacio público, así mismo generar impacto visual en el segundo nivel
por vegetación colgante en los transeúntes de la plazoleta, como muestra
la imagen 9.
Imagen 9. Vista panorámica cerca viva entre el Claustro y Torre 1. 2016.
Fuente: el Autor
6 Edificación propiedad de la Universidad contigua al Claustro en el costado occidental.
145
Andrea Díaz-Pulido
Iniciando el 2017 se inaugura el proyecto CASA UR y Tienda Rosarista
en el primer piso del ala sur del Edificio Santafé, el cual incorpora elementos
del paisaje urbano y los transmite y refleja a través de su fachada en vidrio
hacia la ciudadanía, buscando conectar con los espacios verdes cercanos, la
vegetación proyectada en la estrella y los cerros orientales de Bogotá, y se
constituye como un aporte concreto al mejoramiento de las condiciones de
la plazoleta respecto a estética e iluminación en horario nocturno, tal como
se muestra en la imagen 10.
Imagen 10. Paralelo antes – después proyecto CASA UR ala norte Edificio
Santafé. 2017.
Fuente: el autor
v) Seguridad y aseo
Desde hace más de dos décadas la Universidad del Rosario ha
contribuido con el aseo diario de la plazoleta, disponiendo de personal
de servicios generales, quienes en dos turnos diarios realizan funciones de
barrido y limpieza de mobiliario urbano, así mismo un turno de vigilancia
está encargado de monitorear los alrededores de la plazoleta, con capacidad
de reacción inmediata ante la ocurrencia de cualquier eventualidad en el
lugar.
146
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
vi) Iluminación
En la noche, la plazoleta carece en general de adecuada iluminación,
es recurrente el daño de luminarias y el bajo alcance de luminosidad en el
monumento. Resulta importante, plantear un nuevo modelo de iluminación
de la plazoleta preferiblemente con tecnología LED o energía solar, que
garantice su habitabilidad y disfrute en horarios nocturnos, sin perder la
percepción de seguridad.
vii) Mobiliario urbano
El mobiliario actual fijo como contenedores, faroles, rejillas jardineras
y sillas presentan avanzado estado de deterioro principalmente por acciones
vandálicas. Así mismo, los emboladores instalan diariamente un mobiliario
móvil consistente en una silla alta para el cliente, un sillín bajo para el
embolador y un parasol, sin mayores atributos estéticos. En este aspecto, se
busca generar en conjunto con la academia concursos de diseño tendientes
al mejoramiento de tales elementos, que en su conjunto puedan contribuir
a la revitalización integral de la plazoleta.
Imagen 11. Mobiliario emboladores Plazoleta del Rosario. Febrero 2017.
Fuente: el autor
147
Andrea Díaz-Pulido
Así mismo, se pretende que los cafés en el mediano plazo puedan
sacar al espacio público mobiliario (sillas y mesas), de tal forma que sus
clientes puedan disfrutar un café al aire libre como en los centros históricos
de múltiples países, principalmente en las plazas europeas.
viii) Arborización
En la plazoleta actualmente existen 12 árboles de 5 especies diferentes:
Caucho Sabanero (4), Urapan (4), Magnolio (2), Eugenia (1) y Jazmín (1).
Se prevé plantear un plan para el mejoramiento de la arborización con
el propósito de generar manejos silviculturales para la siembra de nuevas
especies, podas de manejo que disminuyan la afectación de cubiertas, entre
otras medidas de manejo que brinden mayor uniformidad y conexión con
el nuevo ajardinamiento propuesto. Este último, como ya se mencionó,
está alineado con el legado de la Real Expedición Botánica (1783-1816)
dirigida por el célebre docente rosarista el sabio José Celestino Mutis
desde su fundación hasta su muerte en 1808, incorporando especies
nativas catalogadas en aquella época. Dichas especies atraerán avifauna de
singular atractivo en un espacio tradicionalmente gris con el concreto como
elemento dominante.
Conclusiones
La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria.
Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar a la crítica de sus
gobernantes y resignación ante la desidia y declive de su entorno. El Estado
vigila y propone su derecho, entrega el patrimonio a los ciudadanos sin
enseñarle a cuidarlo, analfabetos de principios y de símbolos, su egoísmo,
su individualidad, su mediocridad, su ambición, están garantizadas (Pérez
R, 2016). La ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se
le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, grita y blasfema,
sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a ignorar o destruir el patrimonio
de todos.
Lo anterior, resume en gran parte la situación sufrida durante las
últimas décadas en la plazoleta, por lo que este año se pretende marcar
un punto de inflexión en el comportamiento ciudadano a través de la
148
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
estrategia de innovación social y ambiental en la Universidad del Rosario
construcción social participativa e inclusiva con los múltiples actores
involucrados, no solo pensando en adaptar un lugar bonito, sino a través
de este, generar experiencias y emociones alrededor del arte.
El arte actúa como catalizador de los mejores sentimientos humanos,
como arma para combatir la intolerancia, como instrumento para construir
un mundo mejor. El arte da la posibilidad de mentir sin herir, soñar, imaginar
y cambiar esquemas, tal como lo describe magistralmente (Calvino, 1972)
en su libro las Ciudades Invisibles: “Ocurre con las ciudades como con
los sueños: todo lo imaginable puede ser soñado pero hasta el sueño más
inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su inversa, un
miedo. Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de
miedos, aunque el hilo de su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, sus
perspectivas engañosas, y toda cosa esconda otra” “Y escucho por tu voz
las razones invisibles de que vivían las ciudades y por las cuales, quizá,
después de muertas, revivirán”
En las ciudades convergen un cúmulo de sentimientos y emociones,
la Plazoleta del Rosario, sin duda, a través de su historia ha sido lugar de
trueque, pero esos trueques no han sido solo de mercancías y esmeraldas,
sino también han sido trueques de palabras, de deseos, de ideas, de recuerdos
y añoranzas de antaño. La plazoleta no dice su pasado, lo contiene como
las líneas de una mano, escritos en las rectas geométricas trazadas sobre
el concreto, en los faroles, bancas, escaleras y bardas que sigilosos siguen
atesorando la memoria histórica de los bogotanos.
La Universidad es un escenario para conocernos y repensarnos
en colectivo, es el lugar propicio para cultivar el hábito del respeto, del
compromiso cotidiano con la vida como agentes revitalizadores de los
espacios en los que nos desenvolvemos (Diaz, 2014). El proyecto de
revitalización integral de la plazoleta busca que la comunidad en general a
través del arte deje de concebir la plazoleta como un lugar ruidoso, sucio
e inseguro; y se transforme en una comunidad orgullosa y revitalizadora
de su entorno, conocedora y defensora del acervo histórico, cultural y
ambiental intrínseco de la Plazoleta.
Se busca crear un entorno que propicie encuentros ciudadanos
positivos, que estimule el aprendizaje, la investigación, las nuevas ideas, y la
generación de relaciones de cultura ciudadana. Se plantea una articulación
149
Andrea Díaz-Pulido
entre la agenda cultural rosarista con la agenda de La Candelaria, de tal
forma que se propicie una habitabilidad distinta en esta plazoleta.
Soñar sirve para apuntar alto, para pensar en grande, pero vivir un
sueño no es suficiente, participar no es suficiente, seremos recordados por
nuestras acciones, por nuestra capacidad de transformar lo imposible en
realidad.
Este proyecto marcaría un hito urbano en la ciudad en el marco del
programa distrital “Adopta un Monumento”, y en esencia busca generar
a través de un proceso de construcción social sostenibilidad en las obras
realizadas, para garantizar que las inversiones realizadas en restauración
y embellecimiento del espacio público no se pierdan como usualmente
sucedía, con las inversiones de carácter público.
Referencias
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rio: Uso y apropiacion del espacio publico. Bogota: Observatorio de
Cultura Urbana. Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
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cion de La Candelaria. En G. A. Rodriguez, La Gestion Ambiental
Urbana en la localidad de La Candelaria (págs. 107-142). Bogota:
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FUNDACIÓN MISIÓN COLOMBIA. (1989). Historia de Bogotá. En F. M.
COLOMBIA, Historia de Bogotá (págs. tomo II, pág. 15. Ver tomo
I, pág. 94). Bogotá: Salvat-Villegas.
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150
Construcción social en torno al espacio público: el caso de la Plazoleta de Rosario como
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Perilla, M. (2007). El habitar en la Jiménez con Séptima de Bogotá: historia,
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Universidad del Rosario. (s.f.). Universidad del Rosario. Recuperado el 22
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6. Un mejoramiento al micro y macro
sistema del programa basuras cero para
Bogotá: análisis de caso asociado a un
proceso de innovación ambiental
Adriana Gutiérrez-Bayona
1
Diego Piracoca-Chaves
2
El presente capítulo expone una la evaluación de las estrategias
públicas respecto al reciclaje; por lo cual, en primera medida se hace una
contextualización del marco legal del sistema de basuras en Colombia, para
dar paso al contexto de Bogotá, lugar donde se implementa el programa de
basuras cero, el cual es analizado y evaluado por los autores.
A partir de lo anterior, se caracterizará el lugar, agentes y estrategias,
de acuerdo con los supuestos de los sistemas micro y macro ergonómicos,
con el fin de obtener una mirada holística de las interacciones entre actores
del sistema, así como el patrón de consecuencias al momento de modificar
cualquier aspecto o elemento que se encuentra dentro del mismo.
Marco legal del sistema de basuras en Colombia
Colombia ha desarrollado un completo sistema legal para el control
de basuras, formado por 16 leyes nacionales. No obstante, debido a que
el trabajo se centrará en la basura biodegradable, sólo las normas más
relevantes serán mencionadas. La norma central es la Ley 142 de 1994, la
cual define los requerimientos y procedimientos para el establecimiento de
un servicio público de aseo justo (Congreso de Colombia, 1994); en otras
palabras, ésta garantiza la participación de entidades privadas en el campo
y también delinea el proceso de cálculo de precios del servicio.
El sistema socio-económico colombiano hizo necesario regular el
mercado de los servicios públicos: dada la existencia de ciudadanos con
bajos ingresos, el Estado ha dividido los precios basados en los 6 diferentes
1 Internacionalista de la Universidad del Rosario. Master (MSc) in Carbon Management,
University of Edinburgh.
2 Diseñador Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.6
152
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
estratos con el fin de simplificar el cálculo de los pagos de las compañías
públicas y privadas. Al mismo tiempo, con la ley 142, el Estado dejó en
manos de las diferentes autoridades locales el control del sistema de aseo
con el objetivo de “asegurar la eficiencia del servicio” (DNP, 2008, p.5).
En 1998 por la boga de los temas medioambientales, el Ministerio
de Ambiente dictó la Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
con el propósito de encontrar un método para crear una economía circular
y proteger el medio ambiente. Siguiendo este ideal, con el Decreto (De.)
1713 de 2002 se definieron los requerimientos mínimos para los servicios
sanitarios y se estableció la obligación de crear políticas y planes locales
para la sostenibilidad del manejo de basuras.
Después los decretos: De.1140/2003, De.1505/2003 y De.838 de
2005 modificaron parcialmente el De. 1713; estas medidas definieron
las unidades de almacenamiento para basuras, las exigencias para la
disposición final de residuos sólidos y los requerimientos técnicos para el
uso de rellenos sanitarios en el país. Adicionalmente, para avanzar en el
tema, la ley 1151/2007 fue dictada para definir un sistema de finanzas para
la creación de rellenos sanitarios en los territorios locales (Congreso de
Colombia, 2007); esto era parte del Plan de Desarrollo Nacional de 2006-
2010.
Con la ley 142, las políticas y decretos en acción, en Colombia
crearon un completo marco legal para el manejo de los residuos sólidos;
sin embargo, por la aparición de nuevas dinámicas aparecieron después de
la integración del sector privado en el mercado de los servicios públicos, el
decreto 2981 apareció en 2013 para regular el ciclo del servicio de aseo, en
otras palabras, se tuvo que definir los derechos y obligaciones de todos los
individuos involucrados en el proceso, desde los consumidores hasta las
empresas encargadas de la disposición final.
Finalmente, es esencial resaltar la existencia del CONPES 3530 de
2008. Este documento, aunque no es una ley, tiene una alta importancia
puesto que fue escrito por el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
cuerpo encargado de aconsejar el gobierno colombiano en materia de
políticas sociales y económicas. El CONPES 3530 describe el estado del
sector de manejo de basuras, con el fin de establecer los lineamientos que
deben ser seguidos para superar las dificultades del sector.
153
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
El CONPES indica que hay tres razones principales por las cuales
el sistema de aseo está fallando: la primera es “es el desconocimiento,
ignorancia o la no implementación de las normas, esto fue visto en algunas
ciudades dónde había abuso de autoridad o competencia desleal; también
se encontró que hay falta de incentivos dentro de la normatividad para la
gestión integral de recursos, ya que sólo 58% de las ciudades han seguido la
legislación; y finalmente, la insuficiencia de reglamentación técnica o falta
de actualización de la misma” (DNP, 2008, P.11).
En este punto, se puede destacar que ha habido cambios significativos
en algunas reglas técnicas para los residuos sólidos, y la mayoría de las
ciudades han comenzado a promover programas de Basuras-Cero; empero,
estas soluciones no han respondido completamente a los problemas actuales
de Bogotá D.C. Por lo tanto, se necesita urgentemente una nueva estrategia.
Programa Basuras-Cero Bogotá D.C.
El ex alcalde Gustavo Petro comenzó la implementación de uno de
las más difíciles y ambiciosas políticas en Bogotá: el programa Basuras-
Cero. En 2012 esta política fue introducida con el artículo 30 del plan
de desarrollo de la ciudad; sin embargo, hubo muchos obstáculos y retos
durante los últimos dos años, ello lleva a preguntarse: ¿Cuáles son o fueron
sus debilidades?
Ciertamente, el artículo 30 define objetivos increíbles y todos ellos
son alcanzables:
a.“Reducir la cantidad de basura generada por la sustitución de
productos finales con artículos biodegradables.
b.Participación de los ciudadanos a través del uso de campañas del
proceso de segregación.
c.Creación de un modelo de reciclaje para Bogotá: regular y formalizar
el reciclaje como componente del servicio público de aseo.
d.Reducción de residuos sólidos y la disminución progresiva del uso
del relleno sanitario.
e.La reutilización de materiales de construcción.
154
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
f. Implementar un modelo eficiente y auto-financiable para el manejo
de residuos sólidos peligrosos y especiales.
Adicionalmente, los objetivos principales de esta política buscan
lograr lo siguiente:
a.Integrar a los ciudadanos y usuarios del servicio público de aseo al
programa Basuras-Cero.
b.Crear 60 empresas de reciclaje.
c.Usar el 20% de los residuos sólidos del relleno sanitario.
d.Re-utilizar el 100% de los residuos de materiales de construcción.
e.Tratar 100% de los residuos sólidos peligrosos y especiales”.
(Basuras Cero, 2012)
A pesar de lo anterior, el programa no parece tener un itinerario para
alcanzar los objetivos listados; eso representa un obstáculo para el proceso
de implementación, puesto que no hay límites y obligaciones que puedan
acelerar los procesos administrativos y obtener resultados rápidos y reales.
El programa incluye varias instituciones, compañías y actores en su
proceso: La UAESP es la institución pública a cargo de la implementación
del plan de control de las basuras, atribución del pago de salarios a los
recicladores; las compañías de aseo se encargan de recolectar y transportar
la basura al relleno sanitario; los recicladores que son parte del programa
Basuras-Cero; las compañías de reciclaje; y finalmente el relleno sanitario
Doña Juana.
La UAESP y la administración de Petro crearon un marco en que
todas las instituciones, compañías e individuos pueden trabajar en
conjunto. Hoy día, el sistema tiene un complejo sistema de participación y
ha habido campañas de integración de la industria del reciclaje, y algunos
puntos de pesaje y recolección fueron creados. Igualmente, se realizaron
estudios que ayudaron a moldear el programa, tales como la publicación de
la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, en el que se enumeran
las debilidades del control de basuras, entre ellas está la no actualización de
los programas (JICA & UAESP, 2013).
155
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
Como consecuencia, durante los últimos años parecen haber habido
varios cambios, pero son notables por las controversias en el campo político
por la inexistencia de recursos públicos para tan ambicioso proyecto.
3
Las compañías sanitarias LIME, EAAB, Aseo Capital (Público) y
Ciudad Limpia han respondido a la UAESP en términos del cumplimiento
de sus servicios a la comunidad. Estas compañías pueden obtener una
reducción o cancelación de los impuestos, si reducen la cantidad de residuos
sólidos llevados al relleno sanitario. Adicionalmente, las compañías han
estado a cargo de promover la participación de la ciudadanía en el proceso
de separación de basuras.
Los residuos sólidos fueron clasificados en dos tipos: reciclables y
no reciclables, por esto los ciudadanos deben segregar la basura en bolsas
blancas y negras; las bolsas negras son recogidas por las compañías de
aseo, mientras que las blancas son la responsabilidad de los recicladores;
no obstante, la segregación en la fuente parece ser ineficiente, ya que la
mayoría de los ciudadanos no saben cómo hacerlo o no desean participar,
y por ende es más difícil acelerar el proceso de creación de una economía
circular.
Los recicladores son los ciudadanos generalmente de los estratos
más bajos, y por esta razón “la comunidad tiende a ignorarlos” (JICA &
UAESP, 2013, P. SA 4-29). Gracias al programa de inclusión de la actual
administración, este problema parece haber mejorado. Al momento
aproximadamente 6,658 de los 13,757
4
recicladores censados obtienen
un salario de la EAB E.S.P
5
(UAESP, 2014), en consecuencia sus situación
económica es más estable y se incentivó la creación de empleo digno.
La inclusión de las compañías de reciclaje ha sido promovida por
las campañas de la UAESP mencionadas anteriormente. Los productos
segregados de las bolsas blancas son enviados o recogidos por compañías
especializadas en diferentes materiales (papel, cartón, metal, vidrio,
3 Este punto fue confirmado por la UAESP y el Sr. Augusto Rodríguez (Asesor del Alcal-
de Mayor de Bogotá). Las entrevistas se encuentran en el apéndice.
4 Entrevista escrita de la UAESP. Documento disponible en el apéndice.
5 Compañía de Acueducto de Bogotá
156
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
tetrapak, etc.); los ciudadanos pueden también dirigirse directamente a los
puntos de reciclaje con los materiales
6
.
Bogotá y algunos pueblos cercanos envían la basura al relleno sanitario
Doña Juana; basados en los reportes el relleno recibe aproximadamente
6,340 toneladas diarias de basura (JICA & UAESP, 2013, P.2). Por
consiguiente, se concluyó que se necesitaba nueva tecnología para extender
la vida del relleno.
El proyecto consistió en la creación de una planta con dos opciones:
la primera y la única usada, es la instalación de tecnología de combustión;
y la segunda es la transformación del gas a energía, la cual según la página
web de la compañía Biogas Doña Juana, que está siendo implementada en
el momento, mediante tecnologías aeróbicas que producen 1.7MwH y se
espera poder llegar a 9.8 MwH para una siguiente etapa (UAESP, 2017).
La política de segregación en la fuente no parece tener resultados
rápidos, a pesar que no sólo las compañías de aseo, sino también la
administración local ha invertido una alta suma de dinero en campañas
de difusión. Parcialmente, eso puede ser relacionado con los problemas
estructurales que la administración experimentó al iniciar el programa, tales
como el mal funcionamiento de los vehículos recolectores de basura de origen
estadounidense, y las continuas críticas de los medios de comunicación.
Por lo tanto, esta situación pudo haber generado indisposición de los
ciudadanos para participar en el esquema del programa Basuras-Cero.
¿Cómo mejorar las inconsistencias anteriormente mencionadas a
cada actor y factor del programa Basuras-Cero?
Teniendo en cuenta que ya han pasado varios años desde su
implementación, el sistema no parece avanzar hacia las metas anteriormente
expuestas. De acuerdo con el informe entregado por la UAESP en Mayo de
2017, existen aún problemas con el control de taludes y lixiviados (sólo
10/24 están parámetros bajo control) (UAESP, 2017). Lo cual, proyecta que
el esquema tecnológico planteado no está respondiendo a las necesidades
del Relleno Sanitario.
6 Existe una aplicación para informarse de los diferentes puntos y compañías de recicla-
je: http://www.recypuntos.org/
157
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
Por otra parte, el mantenimiento y adecuación de maquinaria evidencia
un alto número de falencias, lo cual puede ocasionar una reducción en la
calidad del servicio prestado por el operador y de no ser subsanado podría
causar que el sistema colapse.
A lo anterior, es imperante agregar que los efectos del cambio climático
podrían generar mayor inestabilidad sobre el terreno de Doña Juana, a
causa de aumento de lluvias que causen deslizamientos y contaminación
en fuentes de agua o aumento de temperatura que agrave los olores que
despiden los residuos del relleno que no hacen parte del sistema de
aprovechamiento.
Debido a todos los retos expuestos, este artículo iniciará haciendo un
acercamiento a conceptos de diseño industrial y ergonomía para encontrar
una posible respuesta a los actuales y futuros desafíos del programa basuras-
cero.
Acercamiento al sistema desde la visión interdisciplinaria del diseño
industrial
El diseño industrial según (WDO) es el proceso estratégico para la
solución de problemas que son encaminados a la innovación y modelos
de negocios exitosos, proponiendo una mejor calidad de vida a través de
productos, sistemas, servicios y experiencias innovativas. Es una profesión
transdisciplinaria que aprovecha o usa a la creatividad para resolver
problemas y co crear soluciones con el fin de hacer productos, sistemas,
servicios, experiencias o negocios. Su alma o corazón proporciona un
camino más optimista de ver el futuro para el planteamiento de problemas
y oportunidades de diseño para proporcionar un nuevo valor diferencial
en las diversas ventajas competitivas a través de las esferas económicas,
sociales y ambientales.
Ergonomía
Bajo estos acontecimientos surgió la ergonomía, sub disciplina del
diseño industrial. Según (IEA,2012) y citado por Rincón (2017, p. 26)
‘’La ergonomía (o factores humanos) es la disciplina científica relacionada
con la comprensión de interacciones entre los seres humanos y los otros
elementos de un sistema, y la profesión que aplica principios teóricos,
158
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
información y métodos de diseño con el fin de optimizar el bienestar del
hombre y el desempeño de los sistemas en su conjunto‘’.
Micro ergonomía
Desde la ergonomía se comienza con el planteamiento de sistemas
ergonómicos, en los cuales se estudia y se analiza las interacciones del
hombre con el contexto, a través de las acciones/actividades que realizan
el sujeto y el uso de objetos para llevar a cabo el cumplimiento de éstas.
Dentro del estudio de las interacciones se proponen dos formas que ayudan
a comprender estos sistemas. El primero son los sistemas de trabajo, en
los cuales el sujeto se encuentra en un espacio laboral y se desenvuelve
con elementos propios de éste (Hendrick, 2002), el segundo son sistemas
de producto-servicio, en los cuales, el sujeto se convierte en usuario de
prueba, dentro de los ambientes a los cuales está destinado un producto
(Rincón, 2017, p. 27).
Es así como en la figura 1, se puede visualizar un ejemplo de sistema
ergonómico, en el cual está dentro de un marco teórico que plantea una
interrelación directa de cada elemento (ser humano, espacio físico, objetos-
máquina y entorno). Asimismo, en la figura 2 se puede visualizar otro
sistema ergonómico similar al anterior, que a diferencia del primero, se
concibe a la actividad como otro elemento importante a tomar en cuenta.
Figura 1. Dinámica del sistema ergonómico
Fuente: (Rincón, 2017, p. 28) Figura 1-1.
159
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
Figura 2. Interrelación hombre artefacto.
Fuente: (Cruz & Garnica, 2010, p. 34) Figura 4.
Macro ergonomía
Según Hendrick (2002, pp. 3-4)‘’Conceptualmente, la macro
ergonomía es un sistema socio técnico top-down que genera diseño de
sistemas, este diseño relaciona el trabajo con el ser humano, el ser humano
con la máquina, el ser humano con el software/programas y el ser humano
con las interfaces del medio ambiente. A pesar del concepto top-down, la
macro ergonomía involucra el análisis de sistemas de trabajo en todos los
niveles organizacionales (micro ergonomía). Esto usualmente, involucra
cada sujeto/ser humano hasta todos los niveles del sistema’’.
A través de este enfoque se puede contar como principal desarrollo
el diseño de las empresas, afectando los puestos de trabajo, los procesos
productivos, la aplicación de tecnologías y la organización de la misma
(Hendrick, 2002, p. 3).
Es así como en las figuras 3 y 4 se pueden ver dos ejemplos de sistemas
macro ergonómicos que contemplan las variables internas del componente
micro ergonómico (puestos de trabajos, factores psico sociales, subsistemas
tecnológicos) hasta las variables externas relacionadas a una organización
(Estructura organizacional, el personal, medio ambiente, políticas, cultura,
mercado y competición global).
160
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
Figura 3. Sistema básico macro ergonómico.
Fuente: (Kleiner, 2006, p. 83.Figure. 1. Basic work system model).
Figura 4. Sistema macro ergonómico.
Fuente: (Robertson, Schleifer, & hsiang Huang, 2012, p. 2614.Figure 1. Telework A
Macroergonomics Work System Design Perspective)
A diferencia de los enfoques de diseño de la empresa, abordados y
dirigidos desde la macro ergonomía, con este artículo se propone un nuevo
caso de aplicabilidad, el cual es direccionado hacia la aplicación de sistemas
complejos, que cuenten comunidades, grupos de personas, políticas,
estrategias y empresas. Bajo estos parámetros, se desarrollará un debido
estudio y análisis al programa de basuras cero en la ciudad de Bogotá bajo
el enfoque macro ergonómico.
161
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
Propuesta de sistema micro ergonómico
Con base en la figura 1 y 2, se propone un nuevo microsistema. Este,
se encuentra enmarcado por un entorno que a su vez, tendrá unas variables
especiales: Medio ambientales, tecnológicas, culturales, económicas y
políticas. Las cuales, por obligación deben ser descritas para facilitar la
comprensión del marco general del microsistema. La actividad permite
la interfaz/contacto directo entre el usuario con el objeto. La flecha del
costado izquierdo cercana a la ‘’U’’, es concebida como la actualización,
transformación y adaptación constante de todo el microsistema en cuanto
a cualquier cambio sucedido dentro de éste.
Figura 5. Propuesta de sistema micro ergonómico
Fuente: Construcción de los autores con base en: (Rincón, 2017, p. 28.Figura 1-1. Dinámica
del sistema ergonómico) & (Cruz & Garnica, 2010, p. 34.Figura 4. Interrelación hombre
artefacto)
Entonces, la finalidad de este primer modelo es la caracterización
de un microsistema para entender desde lo más pequeño a lo más grande.
Siguiendo este razonamiento, se puede diferenciar cada usuario en
diferentes microsistemas según su función y así encontrando los puntos
de relación entre cada uno, con el fin de abordar al sistema de manera más
generalizada. Es decir, con este esquema conceptual propuesto, se busca
una conexión formal de los conceptos y caracterizaciones que se analicen
de la situación a estudiar.
Propuesta de sistema macro ergonómico
Consecuente con los referentes mencionados, lo que se busca a través
del sistema macro ergonómico, es la comprensión de las interacciones de
162
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
cada microsistema dentro de los entornos y los aspectos bajo los cuales
están. Este esquema permite un análisis completo de un caso de estudio,
abriendo la posibilidad a la reformulación de algunos aspectos, actividades,
tradiciones bajo los cuales está contemplado actualmente.
Este esquema hexagonal plantea: tanto en el microsistema como en
el macrosistema, puede existir una relación desde lo más pequeño a lo más
grande, (cada flecha que rodea la forma hexagonal expresa o representa
a cada micro y macrosistema en constante actualización, transformación
y adaptación) mostrando una fácil comprensión de las interrelaciones e
impactos dentro de un espacio y hacia una comunidad determinada.
Con respecto a la figura bajo el esquema del macrosistema, se busca la
generación de redes entre dos o más macrosistemas, entonces se pueden
generar estudios más minuciosos e integrales de los sistemas, pero más
complejos.
La propuesta del sistema macro ergonómico posee diferentes rangos
de sistemas, en el interior se pueden encontrar de dos microsistemas en
adelante, los cuales se ven interrelacionados bajo un entorno en común.
De este modo, el primer sub sistema, reúne todos los microsistemas bajo
un entorno local; el segundo, por su parte agranda el entorno en donde se
encuentra el local, para visualizarlo de modo más global por medio de las
características demográficas, geográficas, culturales, sociales y políticas de
este. Como tercer y último sub sistema se contempla el aspecto dominante
de dicho sistema y es aquel que afecta de mayor manera a los demás aspectos,
este puede ser: medio ambiental, tecnológico, económico, cultural, social
o político.
Ahora bien, el macrosistema es propuesto bajo los mismos aspectos
expuestos con anterioridad, pero, del mismo modo como se propone a un
aspecto dominante, en esta sección habrá también, un impacto dominante
y así, no solo contar con todo un esquema que refleje las interrelaciones de
los sistemas dentro de un entorno sino también aquellos impactos generados
a un espacio determinado. Adicionalmente, dentro de este macrosistema se
debe contar con cada microsistema por separado, como los sub sistemas
y macrosistemas para identificar de manera acertada las interrelaciones de
cada uno.
163
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
Figura 6: Propuesta del macro sistema ergonómico.
Fuente: construcción de los autores con base en (Kleiner, 2006, p. 83.Figure. 1.
Basic work system model) (Robertson et al., 2012, p. 2614.Figure 1. Telework
A Macroergonomics Work System Design Perspective) & (Thatcher & Yeow,
2015, p. 171.Figure 2. A parent–sibling–child system for HFE with a TBL
understanding.)
Desarrollo del planteamiento de la propuesta del macro sistema
ergonómico
La figura 7 muestra el proceso a desarrollar para plantear el
macrosistema ergonómico con los elementos que permitan desarrollar una
solución o una intervención holística desde lo más pequeño a lo más grande
165
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
del macrosistema, reduciendo los impactos negativos y generando eficacia
a todo el sistema (las líneas más gruesas en el último punto de metodología
representan mayor fuerza de los aspectos y las líneas punteadas muestran
la debilidad del aspecto dentro de todo el sistema).
Análisis del programa de Basura-Cero bajo el planteamiento del
sistema macro ergonómico
Definición de los micros sistemas
i. Definición de los actores
Los actores por concebir son tres para este sistema: los residentes
cuyo papel es segregar los residuos de la mejor manera posible y ayudando
al aprovechamiento de los materiales a reciclar; los recicladores, quienes
se esmeran por recopilar los productos aprovechables, aun cuando los
residentes no segreguen de manera correcta; y por último a los operarios
de las empresas de aseo, encargados de recoger y depositar dentro de
los camiones de basura los residuos domiciliarios dispuestos en bolsas
plásticas ya sea en la vía pública o en contenedores, para que en procesos
posteriores sea separada aprovechada o desechada por otros agentes y en
otros entornos especiales.
ii. Definición de los objetos y actividades.
Los objetos son aquellos que les permiten a los actores llevar a
cabalidad su actividad desde principio a fin en términos de que ésta sea
completada. En primera instancia, los residentes dan el uso a las bolsas
plásticas como objetos contenedores, los cuales permiten aislar los residuos
domiciliarios generados en su vivienda y para el momento en el cual se
encuentren en su tope sean llevados a contenedores especiales para residuos
domiciliarios o en sus defectos puestos en vías públicas para ser llevados
por las empresas de aseo de Bogotá.
En segunda instancia, se define a las carrozas o vehículos de
transporte como los objetos complementarios de la actividad del reciclador,
debido a su función de transportar todos los elementos recuperados en vía
pública o en contenedores y que son llevados a centros de acopio donde
se hace un respectivo proceso de almacenamiento de materiales como del
pago respectivo por la labor del reciclador. Y por último, los camiones de
166
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
recolección de basura en relación a los operarios les permiten la contención
y transporte de los desechos provenientes de zonas residenciales, los cuales
son llevados a centros de tratamiento y botaderos
iii. Definición de los entornos
Los entornos son aquellos lugares en donde se llevan a cabo actividades
específicas desarrolladas por unos determinados actores y caracterizados
por algunos factores. Los dos entornos identificados en relación a las
personas residentes en sus hogares son: los lugares donde disponen las
bolsas de basura y la cocina, lugar donde principalmente se hace el proceso
de disposición y segregación de los desechos. En la siguiente tabla se
encuentra una caracterización y descripción de los aspectos que definen
estos lugares y hacen determinante el modo de realizar la actividad.
Tabla 1
Descripción del micro sistema del actor residencial
Aspecto Descripción
Medio ambiental
Conciencia ambiental de la persona (paradigma
dominante)
Política
Ley 1466 de 2011, Decreto 605 de 1996 y Decreto
1713 de 2002.
Cultural
Tradiciones familiares
Tecnológico
Innovaciones de los productos respecto a sus ciclos de
vida de producto.
Social
Formación personal
Económico
Ningún factor económico que influya la actividad de
segregar
Fuente: construcción propia con base en (Jiménez, 2014, pp. 14-16.Tabla 3. Normatividad
nacional relacionada con la cadena de reciclaje).
Por parte de los recicladores se recalcan las vías de Bogotá, espacios
en donde, debido a la intemperie del día, deben realizar la segregación de
manera anticipada por los posibles estados de calidad de los residuos con
altos porcentajes de reciclabilidad y así almacenarlos en sus vehículos de
167
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
transporte. Como segundo lugar se identifican a los centros de acopio, en
donde se genera la remuneración por su labor hecha.
Tabla 2
Descripción del micro sistema del reciclador
Aspecto Descripción
Medio ambiental
Conciencia ambiental de la persona (paradigma dominante)
Política
Decreto 1713 de 2002, Ley 511 de 1999, Decreto 082 de
2012, CONPES 3530 y Decreto 113 de 2013.
Cultural
Tradiciones familiares
Tecnológico
Innovación en medios de transporte para el transporte del
material recuperado.
Social
Indiferencia social
Económico
Retribución económica por la labor que cumplen.
Fuente: construcción propia con base en (Jiménez, 2014, pp. 14-16.Tabla 3. Normatividad
nacional relacionada con la cadena de reciclaje)
Y, por último, a los operarios de las empresas de aseo se define como
entorno a las vías de Bogotá, lugares en donde recogen todos los desechos
domiciliarios del primer actor.
Tabla 3
Descripción del micro sistema del operario de las empresas de aseo
Aspecto Descripción
Medio ambiental
Conciencia ambiental de la persona (paradigma
dominante)
Política
Políticas de la empresa, Decreto 1505 de 2003,
Decreto 113 de 2013, CONPES 3530, Ley 142 de
1994, Decreto 1713 de 2002 y Decreto 2104 de
1983.
Cultural Tradiciones familiares.
Tecnológico
Renovación de los objetos que se utilizan para recoger
los residuos domiciliarios.
Social Indiferencia.
Económico Pago salarial por la labor que cumplen.
Fuente: construcción propia con base en (Jimenez, 2014, pp. 14-16.Tabla 3. Normatividad
168
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
nacional relacionada con la cadena de reciclaje).
Entorno local
El entorno local es aquel espacio que propicia una interrelación de
los tres actores, en este caso la vía pública permite dicha relación entre
los residentes de los hogares, los recicladores y operarios. Esta interacción
entre cada uno es dada por la oportunidad presencial de estar en un mismo
instante y lugar.
Entorno general
El entorno general es la ciudad de Bogotá, entretanto posee una
extensión geográfica de 1587 Kms². Espacio en donde se encuentran
8.080.734 habitantes (DANE, 2017). De toda la población bogotana, hay
20.903 recicladores de oficio, de esta población hay 11.082 bancarizados,
9.238 carnetizados y 988 incluidos del año 2016 (TODOS, 2017). De
modo que, aún hay 9.821 recicladores que no poseen ninguno de estos dos
beneficios a los cuales la mayoría de la población si se encuentra vinculada.
Es así como hay 387 recicladores por cada persona.
En el año 2016 la alcaldía de Bogotá lanzó un nuevo esquema de
aseo para la ciudad, con lo cual busca realizar algunos cambios, como
por ejemplo ampliar la cobertura del 100% por parte de las empresas de
aseo y un respectivo cambio al programa de reciclaje (amcuevas, 2016).
Para lograr esta respectiva cobertura, la alcaldía por medio de la Ley 142
de 1994 plantea licitaciones en las cuales exista una libre competencia y
áreas de servicio exclusivo. En cambio, los recicladores que se encuentren
inscritos con el distrito tendrán rutas selectivas (TODOS, 2017).
Normativamente, la ciudadanía se encuentra direccionada bajo las
siguientes bajo el marco legal del reciclaje: Ley 1466 de 2011, Decreto
605 de 1996 y Decreto 1713 de 2002. Por otro lado, la población de
recicladores posee las siguientes: Decreto 1713 de 2002, Ley 511 de 1999,
Decreto 082 de 2012, CONPES 3530 y Decreto 113 de 2013. Y la de las
empresas de aseo son las siguientes: Decreto 1505 de 2003, Decreto 113 de
169
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
2013, CONPES 3530, Ley 142 de 1994, Decreto 1713 de 2002 y Decreto
2104 de 1983 (Jimenez, 2014).
Aspecto determinante
El aspecto político es el más importante para este sistema porque a
partir de las instituciones distritales se generan políticas normativas, las
cuales propician nuevos medios de organización, directrices y parámetros
para el desarrollo de las mismas, en términos de tareas, rutas, planes
de ejecución etc, éstos se han desarrollado correctamente y de manera
ordenada, beneficiando a todos los sistemas de manera efectiva.
Es decir, si existe un empoderamiento de la normatividad; lo que implica
unas consecuencias a nivel social, cultural, tecnológico, medioambiental y
económico que, sin lugar a dudas, se generan nuevas dinámicas sociales
como culturales en la ciudadanía, mejorando los entornos a través de una
conciencia verde, la cual disminuye los impactos negativos hacia el medio
ambiente. Esta actividad se acompaña de una intervención tanto tecnológica
como económica, trayendo como consecuencia el aumento en el bienestar
en la calidad de vida de las personas: empleados de las empresas de aseo,
recicladores y ciudadanos.
Es así como en algunos casos de éxito se ha aplicado la macro
ergonómica de manera correcta, con base al empoderamiento y comprensión
de esta sub disciplina que ha mejorado la eficiencia de varias empresas como
el haber ahorrado grandes cantidades de tiempo, traducidas en dinero.
Lee (2005) presenta el ejemplo de las industrias coreanas, en las cuales
implementaron ciertas directrices y parámetros ergonómicos como macro
ergonómicos, permitiéndoles mejorar la calidad de vida de los operarios,
optimizar procesos, amortiguando el ausentismo y ahorrando dinero.
Sin lugar a duda, la aplicación y diseño de sistemas macro
ergonómicos permiten el planteamiento de nuevas soluciones encaminadas
al mejoramiento continuo de los sistemas/organizaciones. De modo similar,
también hay otros casos en donde con una intervención macro ergonómica,
mejoraron otras organizaciones (Hendrick, 2002).
Resultado de impactos macro
170
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
i. Político
Las normativas propuestas hasta la actualidad no muestran una
fuerte penetración en los ciudadanos de Bogotá, como lo son comparendos
por reciclar o el uso obligatorio de bolsas de colores (Parra, 2016). Estas
directrices que han promovido el reciclaje hasta el momento no han tenido
resultado dentro de la cultura por el cuidado del medio ambiente en los
ciudadanos.
Las licitaciones que planea realizar el distrito actual encierra a la
ciudad de Bogotá a mantener un mismo modelo durante ocho años, este
modelo de por si no posee una innovación respecto al tratamiento de los
residuos domiciliarios y negativamente representaría un gasto de 5 billones
de pesos, de este modo, estos procesos están perjudicando al ambiente y no
promueven un respeto al medio ambiente(orillas, 2017).
ii. Social
Socialmente los recicladores son quienes han sido los más beneficiados
porque desde principios del 2000 se ha realizado un trabajo conjunto entre
el Estado y el Distrito para dignificar la labor de los recicladores y evitar
su exclusión, hecho que todavía está presente en la actualidad (Jimenez,
2014). Algunos de los beneficios han sido: mejorar sus condiciones de
trabajo, como fue el cambio de sus carretas a carros, lo cual les facilita su
labor. Este proceso realizado por la pasada administración se hizo enfocó a
los recicladores vinculados con el distrito.
Según los datos que presentó la nueva administración, apenas el 44%
de recicladores se encuentran carnetizados y el 53% bancarizados (TODOS,
2017), con estos datos la mitad de la población recicladora todavía no se
encuentra vinculada con el distrito, lo cual representa una intervención a
medias porque la población recicladora seguirá aumentando debido a las
condiciones de desempleo y condiciones de vida.
iii. Cultural
Según las conclusiones a las que llega Jiménez (2014) los bogotanos
no poseen una cultura del reciclaje y no solo eso, sino que adicionalmente
se realiza una búsqueda sobre campañas de reciclaje realizadas por las
administraciones de Bogotá y sus resultados no dieron una acción o
171
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
impacto favorable. Pero, en debido caso de implementar una mejoraría
en dichos planes estratégicos, las condiciones de calidad en los residuos
domiciliarios con alto porcentajes de reciclabilidad o re uso serían más altas
y no se dependería de procesos adicionales para limpiarlos por contacto
con desechos orgánicos, por ejemplo.
iv. Tecnológico
La figura 8 muestra el cambio propuesto desde la actual administración
sobre el uso de las carretas que utilizan algunos recicladores informales; de
este modo, si se llega a cumplir tal objetivo, se mejorarían los productos
dispuestos para el transporte de material como la condición digna de trabajo
de los recicladores. Asegurando transversalmente su seguridad en las vías.
Figura 8. Alternativas de transporte para los recicladores
Fuente: (TODOS, 2017, p. 30)
v. Económico
Como bien se ha mencionado durante el aspecto político, los actuales
procesos de licitación le costarían 5 billones de pesos a la ciudad, precio
por el cual no hay un real beneficio, lo cual implica que, si se van a realizar
nuevos ajustes sobre los esquemas de recolección de basuras con los
privados, esto involucra un nuevo gasto para la realización de esa gestión.
Por otra parte, se implementó un perjuicio económico a los recicladores,
el cual es la eliminación del beneficio de $90 por cada kilo recolectado, lo
cual los obliga a estar inscritos a una asociación (Correa, 2017).
Otro factor económico a tomar en cuenta para los recicladores es la
intervención realizada por la pasada administración respecto al cambio de
172
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
las carretas por carros, cambio que beneficia a los recicladores en término de
tiempo beneficio, porque les es más sencillos llevar el material recuperado.
Y para los bogotanos existen multas de $102.000 a razón de no reciclar sus
residuos domiciliarios como también no arrojar basuras a las vías públicas
(Bogotá, 2014).
vi. Medioambiental
El aspecto medioambiental es el más afectado a comparación de los
otros, ya que con las licitaciones puestas en marcha, el punto central de
estas es el manejo de las basuras, de las cuales 7.000 toneladas están siendo
enterradas y afectando al mismo tiempo las propiedades de la tierra, como
a la población residente a los alrededores del botadero de Doña Juana.
(Jiménez, 2014) Asimismo, el hecho de hacer el cambio de las carretas por
los carros a los recicladores, incrementan las emisiones de Co2 al ambiente.
Jerarquización de los impactos macros
La manera en la jerarquizaron de los impactos macros fue por medio
de los impactos positivos en cada aspecto hacia el sistema. Por otra parte,
tales factores con impactos negativos y sin una debida reestructuración
son considerados como aquellos que requieren de una pronta intervención
para generar un cambio en el sistema. En resumen, la siguiente lista y
la figura 9 muestran los aspectos analizados y priorizados desde el más
relevante al menos, en términos de sus impactos positivos y negativos. Para
llegar a esta ponderación se hace una concepción macro ergonómica con
fortalezas y debilidades, tomados en cuenta para estudiar las actuaciones
de las alcaldías distritales de Bogotá durante los anteriores años hacia la
ciudadanía, los recicladores y las empresas de aseo, en el marco estratégico
y sistémico del reciclaje:
Social
Económico
Político
Tecnológico
Cultural
Medioambiental
173
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
Figura 9. Jerarquización de los macro impactos.
Fuente: construcción propia
Discusión de los resultados encontrados
El anterior esquema muestra tanto lo bueno y lo malo del actual
sistema de reciclaje para la ciudad de Bogotá, dando a entender la necesaria
mejoría de algunos aspectos relacionados entre sí; por lo tanto, según este
diagnóstico se identifica con mayor fuerza la correlación entre el aspecto
cultural con el medioambiental. Para llegar a dicha conclusión se parte
de la situación en la cual, se ve un nexo causal entre la “buena educación
ambiental” con los impactos hacia el medio ambiente, generando
consecuencia la reducen y aumento en el aprovechamiento de materiales
tales como el papel, plástico, cartón, etc., Lo cual, puede promover o
impulsar una cultura más consciente en el consumo.
En los siguientes párrafos se encontrarán algunas soluciones que
tienen como finalidad mejorar el sistema, una de éstas es generar más
beneficios para cada aspecto. Dentro de estas soluciones se busca conectar
de manera más directa a los actores identificados y analizados con una
174
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
acción conjunta o individual, desencadenando impactos macros positivos a
los bogotanos, el espacio físico de la ciudad de Bogotá, el medio ambiente,
las relaciones sociales, la cultura y la reestructuración de las estrategias para
plantear nuevas normativas más efectivas para el sistema.
En respuesta a algunas dudas que surgieron durante el desarrollo del
artículo, como la relevancia de la metodología abordada, para ello, se aplica
un corto cuestionario exploratorio para argumentar, sustentar el diagnóstico
hecho y generar nuevas ideas para optimizar o mejorar el sistema. En la
tabla 4 se encuentran tres preguntas, los objetivos de las preguntas y las
respuestas. La muestra fue de 47 personas, entre los rangos de edad de 19
a 30 años, residentes en la ciudad de Bogotá y la mayoría de la muestra fue
del sexo masculino.
Tabla 4
Encuesta de percepción hacia los bogotanos
Pregunta Objetivo de la pregunta Resultado
¿En alguna
ocasión ha tenido
una conversación
con un reciclador
sobre su papel
en el reciclaje
de desechos
domiciliarios?
Determinar un nivel
de interacción entre
los ciudadanos con los
recicladores.
El 2,82% de la muestra
respondió que en alguna
situación ya ha tenido
una conversación con un
reciclador, en cambio, el
97,18% no ha tenido nunca
una conversación con un
reciclador.
¿Según usted
los bogotanos
reciclan?
Determinar el paradigma
dominante del ciudadano
sobre su percepción del
reciclaje de la ciudad de
Bogotá
Los bogotanos si reciclaban
un 25,53% de la muestra, en
cambio, para los encuestados
los bogotanos no reciclaban
74,47% de la muestra
¿Suele reutilizar
elementos
orgánicos?
Mostrar si existen medios
por los cuales los bogotanos
tienen costumbres sostenibles
con los residuos domiciliarios.
El 14,89% de la muestra
respondió que, si reutiliza,
en cambio, el 85,11% de la
muestra respondió que no los
reutiliza.
Fuente: elaboración propia
175
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
Optimización del macro sistema
Como primera medida de intervención para el sistema que se plantea,
desde el aspecto dominante se ve necesario la realización de campañas más
penetrantes hacia la ciudadanía, para promover la apropiación de culturas
por la sostenibilidad y el ambiente. Una posible solución de campaña es
generar espacios en los cuales los recicladores, bogotanos y operarios de
las empresas de aseo estén involucrados para generar intercambios de
conocimientos entre cada uno. Lo anterior, con el objetivo de dignificar y
realzar el papel fundamental de cada uno dentro del progreso por la ciudad
de Bogotá.
Dentro de estas campañas se buscan dinámicas de beneficio de cada
actor, además de facilitar la tarea para cada uno, generando un fuerte enlace
de comunicación entre ellos y mejorando la compatibilidad entre cada
uno (Lee, 2005), cambiando el paradigma dominante de cada persona a
través experiencias directas (Avila, 2016) (campañas) que lo impulsen a
cambiar costumbres o acciones dentro de su cotidianidad del porqué se
debe reciclar, generando como consecuencia un cambio macro a nivel de
sistema en términos de lo social, económico, cultural y medioambiental. Lo
cual, trae como consecuencia una mejoría en los programas relacionados
con el aseo de la ciudad.
De manera hipotética en este documento se genera una propuesta
que se puede implementar desde la alcaldía como medida para impulsar
el reciclaje en la ciudad o bien, generar una retroalimentación al proceso
como al mismo método hecho desde el Distrito, empresas u organizaciones
relacionadas al reciclaje y así generar una construcción sinérgica entre los
actores para robustecer esta propuesta sistémica.
Retomando como caso las soluciones, se propone: utilizar una bolsa
según el actor de destino, es decir, el ciudadano empaca en una bolsa los
materiales con un alto porcentaje de aprovechamiento para los recicladores
(papel, cartón y plástico), mientras que en otra bolsa solo se dispone de
desechos orgánicos para las empresas de aseo. De este modo, se busca
simplificar la tarea de segregación en los hogares como para los recicladores
haciéndola una tarea fácil para cada actor.
Lo anterior, se basa en un fenómeno actual y es el rompimiento de las
bolsas de la basura por parte de los recicladores porque necesitan buscar
176
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
de alguna manera su sustento económico por medio de productos en etapa
de post uso esto, causa la exposición de otros desechos en la vía pública o
sobre los contenedores. Esto implica la creación de nuevos procesos o tareas
que deben hacer los operadores: barrido y recogido de estos desechos.
Caracterizando a este impacto, se identifica su implicación con los tiempos
y emisiones. En otras palabras, este planteamiento expuesto busca la
eficiencia en las actividades de recolección de los desechos domiciliarios
como brindar una tarea digna para el reciclador como operario.
Los estándares bajo los cuales se define esta tarea como “bien
hecha”, es realizando la respectiva segregación de los desechos orgánicos
y aprovechables en bolsas diferentes y en colores distintos. Evitando
impactos negativos al macro entorno, como también la generación de una
economía colaborativa entre cada actor (recicladores-bogotanos). Este
estándar de formalización propuesto por Hendrick (2002) permite generar
evaluaciones directas que definen si los bogotanos reciclan o no y sean
retroalimentadas constantemente.
Las consecuencias implicadas a nivel político, son la realización de
nuevas directrices para los esquemas de reciclaje de la ciudad de Bogotá
con el fin de penetrar y cambiar el paradigma dominante (Avila, 2016) de
los ciudadanos y fortaleciendo la cultura por el reciclaje. A nivel social,
con las campañas se busca promover desde el distrito la igualdad, como
reconocimiento de los recicladores y operarios por parte los ciudadanos.
En lo cultural cambiar todas las costumbres actuales y presentes en las
actividades de segregación dentro de los hogares, facilitando y simplificando
la tarea, de modo que todos los actores se vean beneficiados.
Uno de los grandes cambios es dirigido hacia el tecnológico, el cual es
traducido y relacionado con el económico porque se generaría un cambio
en el modelo de negocio hacia las empresas de aseo de Bogotá debido a
la disposición única a los residuos orgánicos. Dicho cambio promueve el
desarrollo de nuevas tecnologías para la generación de energía como otros
usos del aprovechamiento de la materia orgánica, evitando la acumulación
diaria de 7.000 toneladas de basura (orillas, 2017). La anterior propuesta,
en términos económicos, está promoviendo la generación de asociaciones
como fortalecimiento de empresas relacionadas al reciclaje y a la generación
de empleo además de una posible inversión extranjera para alcanzar dichas
metas.
177
Adriana Gutiérrez-Bayona, Diego Piracoca-Chaves
Por último, el aspecto medioambiental se aborda desde los hogares.
En donde, se está evitando la contaminación de los materiales aprovechables
con los orgánicos y del mismo modo una menor intervención industrial
para su respectiva depuración y limpieza. Adicionalmente, con esto
se evita el método de disposición y tratamiento de los desechos, caso
de los botaderos, con los cual se genera actualmente una significativa
contaminación al ambiente. Con base al anterior análisis de la propuesta
experimental planteada se vuelve a generar un nuevo esquema macro
ergonómico visualizado en la figura 10, allí se proponen estas mejoras y
beneficios a todos los actores y aspectos del sistema, transformando a la
ciudadanía por medio de una consciencia sostenible culturalmente y medio
ambientalmente.
Figura 10. Jerarquización de los macro impactos con la propuesta experimental
Fuente: elaboración propia
Con base en la propuesta se plantea un punto por discutir y es, la
incapacidad del estado y distrito para pagar un nuevo sistema para los
recicladores, a lo cual se podría remitir a privados para llegar a generar una
gestión óptima con los pagos de los recicladores. O bien sea generar nuevas
178
Un mejoramiento al micro y macro sistema del programa basuras cero para Bogotá:
análisis de caso asociado a un proceso de innovación ambiental
propuestas de valor en el mercado del reciclaje hechas por los recicladores
para los Bogotanos con apoyo del distrito.
Conclusiones
La aplicación de énfasis macro ergonómico a organizaciones o a
sistemas tiende a generar resultados positivos a los lugares en donde son
aplicados (estructura, objetivos, personas, sub sistemas, puestos de trabajo,
tareas, etc.). De esta manera, se plantea un caso de intervención con base
en un estudio y análisis de sistemas normativos en la ciudad de Bogotá que
resultan esquematizados, discutidos y optimizados a través de la macro
ergonomía, es así como se recomienda que las intervenciones de esta
subdisciplina no solo se limiten a nivel empresarial, sino que sean aplicados
a otros esquemas como lo mostró este artículo.
Con el estudio experimental de los microsistemas se llegan a tocar
algunas situaciones poco dignas de los recicladores u operadores, las cuales
hacen parte de su cotidianidad y no les genera una condición de trabajo
soportable o digna, por lo tanto, se recomienda un acercamiento y estudio
de estas situaciones y en consecuencia, el distrito puede plantear óptimos
sistemas de recolección de las basuras para generar mejores condiciones
laborales, teniendo como punto de partida que no se genera un verdadero
impacto ambiental en el reciclaje sin primero haber identificado las variables
claves que mejoren la calidad de vida a todos los actores involucrados.
Respecto al método de análisis macro ergonómico realizado desde
los autores se aconseja su reestructuración iterativa en futuras aplicaciones
con el fin de consolidar y validar cada uno de los planteamientos expuestos
para su elaboración, no solo desde las bases de datos, sino también con el
conocimiento y trabajo interdisciplinar en la academia para los procesos
teórico-prácticos.
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7. Aplicación de ideas de innovación
ambiental: implementación de un sistema
de captación de agua por humedad
atmosférica en la Región de los Montes de
María del departamento de Bolívar
Luis Alberto Díaz González
1
Mitchel Omar Molina Ozuna
2
Los Montes de María ubicada en la costa caribe colombiana, posee
una extensión de 2.677 Km
2
distribuidos en 15 municipios de los cuales
8 pertenecen a la jurisdicción del departamento de Bolívar y los restantes
7 al departamento de Sucre, siendo conocido el municipio del Carmen de
Bolívar como la capital de esta subregión del país.
Los Montes de María, son una subregión rica en flora y fauna, con
tierras fértiles aptas para el desarrollo de cultivos agrícolas, y en cuyo
territorio existen gran cantidad de cuerpos de agua que posibilitan el
desarrollo rural de este lugar, tanto así que las actividades económicas se
encuentran representadas en la producción agropecuaria en especial la
ganadería bovina y cultivos tradicionales como maíz, arroz, yuca, ñame,
plátano, tabaco, café y aguacate, siendo últimamente introducidos a la
subregión otros cultivos de tipo empresarial como lo es el ají picante, el
cacao y la palma de aceite.
Todo este perfil de los Montes de María, hace considerar que esta
subregión tiene todas las condiciones para ser una de las más pujantes
en materia de desarrollo rural no solo a nivel de la costa caribe sino del
país, sin embargo, factores asociados al abandono estatal que ha sufrido
por décadas esta subregión, los problemas de conflicto armado que aún
se encuentran arraigados en las mentes de sus pobladores, la desigualdad
1 Ingeniero Químico de la Universidad de Cartagena. Maestría en Desarrollo y Ambien-
te, en curso, de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
2 Ingeniero Químico de la Universidad de Cartagena. Maestría en Desarrollo y Ambien-
te, en curso, de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.7
182
Aplicación de ideas de innovación ambiental: implementación de un sistema de
captación de agua por humedad atmosférica en la Región de los Montes de María del
departamento de Bolívar
económica entre el empresario que comercializa los productos agrícolas
y el campesino que cultiva la tierra, la no inclusión del campesino en la
economía de mercado neoliberal impuesta desde los años 90 y la geografía
accidentada de gran parte de su territorio, han sido obstáculos para el
desarrollo no solo económico sino también humano de los habitantes de
esta parte del caribe colombiano.
De acuerdo con todo lo expuesto, los Montes de María se constituyen
como una gran dispensa agrícola en la que el campesino el cual es de escasos
recursos debe producir la cantidad de alimentos para su subsistencia
con los elementos disponibles en la región, que como hemos dicho son
abundantes en materia de desarrollo agrícola pero que no están al alcance
y disponibilidad de todos, en especial el recurso vital, que es indispensable
para una adecuada productividad agrícola pero que lastimosamente por
la dinámica del mercado este recurso vital llamado agua está en manos
en gran parte de las grandes agroindustrias de onocultivos que se han
apoderado poco a poco de las mejores tierras, desplazando así a los cultivos
tradicionales y colocando en riesgo la seguridad alimentaria en la zona.
Dentro de este contexto, se visualiza que uno de los grandes problemas
que poseen los campesinos para el desarrollo de sus cultivos es el acceso y
disponibilidad del agua la cual afecta enormemente los productos de sus
cosechas. Conforme a lo estipulado por la Hoja de Ruta para la región de
los Montes de María (2014), se pueden establecer dos factores que afectan
la productividad agrícola regional: el primer factor hace referencia a la
deficiente infraestructura de riego; “la irrigación de manera general para
la productividad de los cultivos es precaria y la poca realizada se hace por
grandes y medianos productores y el pequeño productor solo lo hace de
manera artesanal y de manera costosa.
El territorio cuenta con una infraestructura de riego conformada por
32 minidistritos de riego, del cual se benefician 955 Ha, especialmente los
monocultivos; 15 de estos se encuentran en Bolívar y 17 en Sucre, pero
25 de estos están inactivos” (Hoja de Ruta para la región de los Montes de
María, 2014, p: 48). El segundo factor consiste en las perdidas de cosechas
por fenómenos climáticos; “la región presenta problemas de sedimentación
e inundaciones en invierno, porque la capacidad de drenaje es muy baja.
183
Luis Alberto Díaz González, Mitchel Omar Molina Ozuna
En épocas de sequía hay escasez de aguas subterráneas y es así como
ante los últimos descensos continuos en los volúmenes de agua lluvia
debido al cambio climático o fenómeno del niño desde el año 2013 viene
agravando la situación y ha provocado que en los últimos años se hayan
presentado, una sequía de los jagüeyes para consumo humano y animal”
(Hoja de Ruta para la región de los Montes de María, 2014, p: 48).
Estos dos factores, limitan la productividad agrícola en una subregión
como lo es la de los Montes de María, convirtiéndose en grandes obstáculos
para el desarrollo rural de esta zona del caribe colombiano. El primer
factor deja ver que la carencia de infraestructura de riego hace insostenible
los cultivos agrícolas que se desarrollan por parte de los campesinos en
especial los pequeños productores, ya que no tienen un acceso a la red
hídrica de distritos de riego ocasionado por el poco mantenimiento que
se le hace a los mismos para el aprovechamiento de todos los productores
y por la disposición de estos a alimentar los monocultivos que año tras
año aumentan sus hectáreas en lo Montes de María y dejando de lado la
productividad local tradicional que por décadas ha caracterizado a esta
subregión del país.
De acuerdo a Ríos et. al (2012), “El negocio de la palma, lo integran
cerca de 490 pequeños y medianos productores, de los cuales el 95% cultiva
en promedio 7.5 hectáreas, mientras que solo cuatro productoras cultivan
áreas con un promedio de 400 hectáreas. Esta situación es extremadamente
paradójica teniendo en cuenta los enormes atrasos en la infraestructura
hídrica de la región y especialmente del departamento de Bolívar, ya que el
mayor distrito de riego es el de María la Baja con 11.873 hectáreas, mientras
que el resto son 24 minidistritos con menos de 10 hectáreas de espejo de
agua, 20 de las cuales están actualmente inactivas, lo que genera riesgo
de sostenibilidad productiva de las familias campesinas que requieren del
recurso hídrico para el cultivo” (p: 41).
En consecuencia, como el campesino no tiene acceso a estos distritos
de riego, debe planificar sus cultivos conforme al régimen de lluvias que
se presenta en la zona, lluvias que tienen una duración aproximada de tres
meses para abastecer los cultivos del agua necesaria para su producción. Es
en este sentido, cuando cobra fuerza el segundo factor que se ha mencionado,
donde el clima juega un papel fundamental en la productividad agrícola de
los Montes de María.
184
Aplicación de ideas de innovación ambiental: implementación de un sistema de
captación de agua por humedad atmosférica en la Región de los Montes de María del
departamento de Bolívar
El cambio climático ha ocasionado que las sequias sean más intensas
que en décadas anteriores, lo que provoca que las aguas superficiales y
subterráneas escaseen para la actividad agrícola y colocando en riesgo la
canasta familiar de los campesinos que subsisten de sus propios cultivos,
población que es altamente mayoritaria en los Montes de María. Por esta
situación, desde el año 2013, se han generado muchas pérdidas de cultivos
de productos tradicionales de la zona, colocando en riesgo la seguridad
alimentaria en primer lugar de los campesinos que subsisten de sus propias
cosechas.
En este contexto, se puede decir que el problema principal para un
adecuado desarrollo agrícola en especial de los campesinos más vulnerables
es el limitado acceso a las fuentes de agua para el regado de sus cultivos.
Hasta hoy día en los Montes de María, las fuentes de agua de abastecimiento
tanto para consumo humano como para su uso en sistemas de regadío de
cultivos provienen de fuentes superficiales como ríos, lagunas, jagüeyes,
arroyos, y fuentes subterráneas como lo son los conocidos pozos de agua,
ojos de agua, etc.
Debido a la intensa humedad que existe en esta zona del país que
ronda alrededor de los 90 a 95%, la evapotranspiración provoca que
grandes cantidades de agua provenientes de las fuentes ya mencionadas
se transfieran del estado líquido en el que se encuentran comúnmente, al
estado gaseoso combinándose así con las masas de aire que componen la
atmosfera. En este sentido, el aire al contener agua en forma gaseosa, se
convierte en una fuente del recurso vital que para los pobladores de esta
subregión ha pasado desapercibido a lo largo de los años.
Por tal motivo, el aire se constituye en un medio portador de agua que
mediante un proceso adecuado puede obtenerse en forma líquida para que
sea utilizada tanto para el consumo humano como para su uso en el regadío
de cultivos agrícolas, bajo la premisa de que el aire es un bien público y por
lo tanto nos pertenece a todos y de igual forma todos tenemos acceso a él.
La idea de contemplar la posibilidad de obtener agua a partir del
aire en una subregión donde la humedad del aire indica la presencia de
gran cantidad de agua en este medio, se constituye en una alternativa de
solución para mitigar los problemas de captación del preciado líquido para
su uso en las actividades agrícolas en épocas distintas a las de lluvias o
185
Luis Alberto Díaz González, Mitchel Omar Molina Ozuna
mejor dicho, con la captación de agua a partir del aire se pueden planificar
cultivos en épocas de intenso verano con el objetivo de que los pequeños
campesinos que no tienen acceso a los sistemas de regadío o distritos de
agua, puedan ser productivos a lo largo del año, utilizando una tecnología
que devuelve al sustrato terrestre el agua que por evapotranspiración se ha
ido a la atmosfera.
En este sentido, se plantea la puesta en marcha de un sistema
tecnológico amigable con el medio ambiente que utiliza los principios
de condensación del agua y de la generación de energía por acción de la
luz solar, para la captación, almacenamiento y distribución en sistemas
de regadío para cultivo agrícolas tradicionales en beneficio del pequeño
campesino, favoreciendo el desarrollo económico, humano y rural de estas
comunidades de los Montes de María.
La captación de agua a partir del aire es una idea que se ha concretado
en otros países como Perú y Chile sobre todo en sus zonas desérticas
donde existen elevados valores de humedad del aire que permiten la
condensación del agua, utilizando para esto un sistema de lluvia horizontal
o de atrapanieblas. “Los orígenes de los atrapanieblas se remontan a Chile
en los años 60, donde una crisis hídrica en la ciudad de Antofagasta (1956)
inspira un grupo de investigadores encabezados por el profesor Carlos
Espinosa, para aprovechar el potencial de la niebla, Camanchaca1, del
desierto de Atacama, que se forma de la humedad del océano pacífico.
Tras patentar la invención, es donada a la Universidad Católica de
Chile, y se fomentó su difusión a través de la UNESCO, para favorecer a
las comunidades más vulnerables. Después de algunas pruebas, un sencillo
sistema conformado por una malla atada a un par de postes, logra captar
el agua que viajaba como vapor. El agua colectada pudo ser de consumo
humano, logrando generar una oferta que permitió el riego de cultivos”.
(Mendoza, Castañeda, 2014, p: 16).
La aplicación de esta tecnología se expandió a varios países de
América Latina, siendo Colombia uno de los países donde ha tenido éxito
el aprovechamiento de la neblina del aire para la captación de agua para el
regado de pequeños cultivos, como es el caso del corregimiento de Frisoles
en el municipio de Guadalajara de Buga en el departamento del Valle del
Cauca, donde la Corporación del Valle del Cauca, CVC, entidad ambiental,
186
Aplicación de ideas de innovación ambiental: implementación de un sistema de
captación de agua por humedad atmosférica en la Región de los Montes de María del
departamento de Bolívar
implementó un sistema de captación de agua por medio de una tela
denominada atrapanieblas para su uso en el regado de pequeños cultivos
que desarrollan los campesinos de la región.
Ahora bien, se ha visto que el factor común para la obtención de agua
es la presencia de niebla en la zona, fenómeno que aunque se presenta en la
subregión de los Montes de María, no es muy abundante en comparación
a lo que si representa la humedad del aire donde por sus valores es posible
obtener el agua contenida en las masas de aire a través de un sistema
similar en el que se utiliza el principio de condensación del agua con la que
funciona la malla atrapanieblas, adaptada a un sistema de condensación
diseñado conforme a las características del aire de esta zona del país, en
el que choquen las masas de aire que contienen el agua que se encuentra
a una temperatura superior a la superficie de contacto del condensador
que se encuentra a una temperatura mucho más baja, y que permite por
intercambio de calor llevar el agua que se encuentra en estado gaseoso al
estado líquido para su almacenamiento y posterior distribución en sistemas
de regadío de cultivos tradicionales en la subregión de los Montes de María.
De acuerdo a Bautista – Olivas et al (2011), “La humedad atmosférica
es una fuente alternativa de agua potable en las zonas áridas y semiáridas, y
se puede complementar con las fuentes tradicionales en los asentamientos
agrícolas y en los sistemas de abastecimiento urbano de agua en estas
regiones, como ocurre en Chile, Perú, Namibia e Islas Canarias, donde se
utiliza como una fuente de agua potable”. (p: 294).
En este sentido, la aplicación de tecnologías de captura de agua a
partir del aire es una alternativa viable para la sostenibilidad agrícola de los
Montes de María, y representa una forma de desarrollo rural nunca antes
puesta en marcha en esta zona del país, siendo así esto un mecanismo de
innovación en materia ambiental, ya que se genera un impacto favorable al
ambiente en el sentido de que se aprovecha un recurso presente en el aire
a partir del funcionamiento de un condensador que se alimenta de energía
solar, adaptando los sistemas de captura de agua del aire propuestos en
otros países, a las condiciones climatológicas de los Montes de María,
para lo cual se contempla un reajuste en los diseños de implementación
y funcionamiento de dicha tecnología que permite optimizar el proceso
de deshumidificacion del aire que se experimenta al obtener agua de este
medio.
187
Luis Alberto Díaz González, Mitchel Omar Molina Ozuna
Teniendo en cuenta lo establecido por Castro (2011), que señala que
“Dentro del campo del Diseño ambiental, el papel que juega la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, no sólo desde las prácticas, sino desde
la formación del pensamiento científico, de la indagación permanente, de
la sistematización, de la creación e invención, que se retroalimenta de la
cultura y las artes, que da lugar, en últimas a la INNOVACIÓN” (p:271), la
investigación aplicada se convierte en un mecanismo de desarrollo para las
regiones, pues presenta soluciones a las problemáticas que se identifican
en un lugar determinado, que en este caso es la carencia de un adecuado
acceso y distribución del agua para el desarrollo de cultivos agrícolas en la
subregión de los Montes de María.
Álvarez (2004) plantea que una innovación ambiental debe cumplir
con tres requisitos: ventaja relativa, compatibilidad y complejidad. El
primer requisito se define como “el grado en el cual una innovación se
percibe mejor que la idea que supera y se puede expresar como un beneficio
económico, prestigio social u otros beneficios” (Álvarez, 2004, p: 69).
Llevando esta característica al contexto de captación de agua a
partir de la humedad del aire, la ventaja relativa que presenta esta idea
radica en que la obtención de agua es posible a partir de un fenómeno
diferente al de la niebla, lo cual supera la idea de innovación que se tiene al
respecto de la obtención de agua y que se ha aplicado en distintos lugares.
Esta concepción de superación de la idea actual que se tiene, supone un
principio de innovación en la tecnología de captación de agua a partir de
otro fenómeno que en este caso es la humedad del aire.
Ahora bien, la implementación de esta tecnología en los Montes de
María, otorgaría más que un prestigio social, el aprovechamiento de forma
sostenible de los recursos hídricos para el desarrollo agrícola de la región,
teniendo en cuenta que a partir del uso de la humedad del aire como fuente
de agua, en esta zona del país no se ha realizado ninguna puesta en marcha
de alguna tecnología que permita realizar esta función.
La implementación de esta tecnología traería consigo muchos
beneficios a los pequeños campesinos ya que tendría un medio para acceder
al agua que por la distribución y manejo que el mercado y las empresas de
monocultivos les han dado a los distritos y minidistritos de riego, puedan
188
Aplicación de ideas de innovación ambiental: implementación de un sistema de
captación de agua por humedad atmosférica en la Región de los Montes de María del
departamento de Bolívar
aumentar su productividad agrícola, extendiendo sus periodos de cultivos
incluso en épocas de baja precipitación o intenso verano.
El segundo requisito, la compatibilidad, “es el grado en el cual una
innovación se percibe consistente con los valores existentes” (Álvarez, 2004,
p: 70). Dentro de este requisito es de anotar que la implementación de una
tecnología como la de captación del agua a partir de la humedad del aire
es aplicable a la zona de los Montes de María debido a que los valores de
humedad del aire que posee la zona, son los ideales para la puesta en marcha
del modelo tecnológico que permita dicha captación del agua, y que a la
vez permite construir nueva información relacionada con las condiciones
climatológicas necesarias para la expansión de la tecnología por todo el
caribe colombiano, bajo la premisa de que la humedad del aire en esta
región del país maneja rangos homogéneos entre los 75% y 95%, lo que
la hace aplicable a otras zonas del Caribe. La aplicación de esta tecnología
en los Montes de María, sentaría las bases para la construcción de cartas
psicométricas en esta subregión con la finalidad de conocer los periodos de
máxima y mínima obtención de agua a partir de la humedad del aire, que
acompañado con el conocimiento tradicional de los campesinos de la zona,
se pueden establecer parámetros de diseño de sistemas de regadío para los
cultivos que permitan la productividad de los mismos a lo largo del año.
El tercer requisito, la complejidad, “es el grado en que una innovación
se percibe como difícil de entender y usar, mientras más compleja se perciba
menos aceptación tendrá” (Álvarez, 2004, p: 70).
En este sentido, la aplicación de esta tecnología no representa ninguna
complejidad en su puesta en marcha ya que simplemente es un sistema que
capta agua, la cual se encuentra en el aire a una temperatura mayor a la
de la superficie de contacto del condensador, lo que provoca que el agua
pase del estado gaseoso al estado líquido, y se almacene en tanques para su
distribución a los sistemas de regadío de los cultivos.
Con esta información se pueden destacar tres partes fundamentales
del sistema de captación de agua: condensador, tanque de almacenamiento
y tubería de distribución. Sin embargo, el sistema para su aplicabilidad en
el contexto en el que se ejecuta el cual son los Montes de María, debe ser
de fácil manejo por parte de los campesinos, ya que en su manejo es donde
189
Luis Alberto Díaz González, Mitchel Omar Molina Ozuna
se encuentra la aceptación de la tecnología para la implementación en los
cultivos que cosechan.
La innovación ambiental es parte fundamental de un adecuado
desarrollo sostenible tal y como lo afirma Bárcena (2001), “el desarrollo
sostenible debe convertirse en el pilar de la transición de la modernidad
hacia una posmodernidad caracterizada por cambios en los modos de
producción y consumo acompañados de la innovación tecnológica con
fundamentos de sostenibilidad ambiental, por lograr la competitividad
económica a partir de la excelencia ambiental, por la valoración de la
diversidad natural y cultural, por el fortalecimiento de lo local y por la
democracia con ciudadanía potenciada por los avances en la comunicación
y los sistemas de información”. (p: 91).
Esta premisa potencializa la necesidad de hacer prácticas de innovación
ambiental que permitan mitigar las consecuencias del cambio climático, con
la participación activa de todos los actores de la sociedad que para el caso
de los Montes de María serian en primer lugar los campesinos que cultivan
la tierra, las administraciones municipales de las entidades territoriales
que conforman esta subregión del caribe colombiano, la administración
regional representada por los departamentos que incluyen esta zona dentro
de su territorio, la administración nacional representada por las entidades
involucradas en el desarrollo tecnológico ambiental sostenible y la academia
representada en Universidades que poseen el conocimiento técnico y
científico para la construcción de ideas innovadoras como la planteada
para la captación de agua a partir de la humedad del aire. En definitiva,
la implementación de las ideas de innovación ambiental depende en gran
medida de una adecuada gobernanza que permita la participación activa de
todos estos actores mencionados.
Sin embargo, la innovación ambiental, además de ser una estrategia
para promover un desarrollo sostenible, posee muchos obstáculos siendo
el principal la financiación de estas tecnologías. “Aunque se ha producido
cierto aumento en el gasto en ciencia, tecnología y entrenamiento (en
algunos países mucho más que en otros), esta inversión sigue siendo
insuficiente en la mayoría de las circunstancias para poder lograr una ‘masa
crítica’ de capital humano, infraestructura y recursos destinados a la I&D
o entrenamiento. Esta escasez general de inversión de recursos persiste
y tiene implicaciones para la producción en investigación y tecnología”
190
Aplicación de ideas de innovación ambiental: implementación de un sistema de
captación de agua por humedad atmosférica en la Región de los Montes de María del
departamento de Bolívar
(Arond et. al, 2011, p: 46). La aplicación de esta tecnología y el avance
en su investigación para su optimización, requiere de recursos financieros
y humanos que permitan colocar en prácticas estas ideas de innovación
ambiental.
Las políticas regionales contemplan el desarrollo sostenible como un
mecanismo de crecimiento económico, pero quizás los muchos requisitos
que se exigen para financiar un estudio de investigación que permita
colocar en marcha una tecnología ambiental innovadora, puede provocar
que innovaciones ambientales como la propuesta en el presente escrito no
se lleven a cabo o no se trabajen a profundidad. Es posible que los recursos
económicos existan, pero también debe haber un mecanismo flexible y de
calidad que incentive el desarrollo de ideas innovadoras para concretarlas
en proyectos que permitan el desarrollo sostenible de la subregión de los
Montes de María.
Según Porter & Linde (1999), “Innovar para cumplir con las
regulaciones pueden traer compensaciones: el uso de mejores insumos,
la creación de mejores productos, o la mejora de los rendimientos del
producto”. En este sentido, la innovación ambiental constituye un
mecanismo de mejora de los sistemas de producción que se realizan en la
subregión de los Montes de María, pues permite que durante las épocas de
poca precipitación y/o intenso verano, los campesinos puedan seguir con
sus actividades de cultivar la tierra pues se estaría garantizando el acceso al
preciado líquido, que debido a las condiciones actuales que se evidencian
en los Montes de María con respecto a la disponibilidad de agua para su uso
en regadíos, son muy pocas, lo cual le otorgaría al campesino en especial
al pequeño productor, mantener sus cultivos para obtener de ellos los
productos necesarios para su canasta familiar y la comercialización de los
mismos.
La implementación de esta tecnología de captación de agua a partir
de la humedad del aire en los Montes de María, representaría para muchos
campesinos una oportunidad de vincularse al mercado para así hacer sus
cosechas competitivas, pues tendrían a disposición el recurso vital necesario
para el desarrollo de sus cultivos. Esta situación, generaría un equilibrio en
la dinámica comercial de la región, ya que productores que solo cultivaban
conforme a las épocas de lluvia, ya lo pueden hacer incluso durante todo
el año, pues tienen a su disposición una tecnología amigable con el medio
191
Luis Alberto Díaz González, Mitchel Omar Molina Ozuna
ambiente que les permite captar agua de una fuente como es el aire, que en
una región como los Montes de María, jamás ha sido explotada.
Si bien es cierto que el agua se puede obtener a partir de la humedad
del aire, la calidad del aire en las zonas rurales muestra valores muy positivos
en comparación a las ciudades, ya que el aire rural presenta mucho menos
contaminación, lo que permite intuir que la calidad del agua obtenida es
muy buena y que no necesita de un tratamiento exhaustivo para el consumo
humano, en comparación a los tratamientos que se realizan a las aguas
superficiales para su consumo. De acuerdo a este panorama, si el agua
obtenida por captación de la humedad del aire es consumida, los costos de
tratamiento para su potabilización son mínimos en comparación con la del
tratamiento de aguas provenientes de fuentes convencionales.
La temática de implementación de tecnologías ambientales
innovadoras, abre las puertas para el desarrollo sostenible de subregiones
como la de los Montes de María, la cual tiene todas las condiciones para
ser una región pujante en materia de agricultura. El acceso al agua ha sido
el principal problema para el rendimiento al máximo de sus cosechas y
teniendo en cuenta el principio de Lavoisier de conservación de la masa, el
agua en los Montes de María es constante, donde la liquida, aquella que está
presente en espejos de agua ya sea de ríos, lagunas, jagüeyes, etc. y otras
subterráneas como pozos, no estén disponibles para su acceso al pequeño
campesino por su apropiación en especial de los grandes monocultivos
(palma), el agua que no se ve, que se encuentra en forma gaseosa, es
una alternativa para que estos grupos de pequeños productores puedan
abastecerse para el regadío de sus cultivos. Es lógico que de implementarse
esta tecnología en los Montes de María, se sentarían las bases para el inicio
del desarrollo rural de esta zona del país.
Las innovaciones son un excelente paso para prevenir y mitigar los
efectos del cambio climático, siempre y cuando sean amigables con el
ambiente, lo cual abre la puerta a que se desarrollen criterios legislativos
que permitan la explotación de fuentes renovables para consolidar un
adecuado desarrollo económico y humano en subregiones como la de los
Montes de María.
192
Aplicación de ideas de innovación ambiental: implementación de un sistema de
captación de agua por humedad atmosférica en la Región de los Montes de María del
departamento de Bolívar
Referencias
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Porter, M. E., & Linde, C. (1999). Green and competitive: ending the
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215.
8. Diseño de productos sustentables para la
agricultura familiar
Diego Alejandro Piracoca-Chaves
1
Rosalba Frías-Navarro
2
Introducción
El propósito de este escrito es despertar en los lectores la necesidad
de pensar, desde sus propias disciplinas, intereses y quehaceres, en cómo
contribuir con que las personas vulnerables de la sociedad puedan alcanzar
su “vida querida”. El enfoque, en este caso particular, es hacia la propuesta
de soluciones para que los campesinos puedan mejorar sus condiciones
de vida a través de la creación de diseños sustentables innovadores, que
contribuyan con ingresos económicos adicionales para los productos
agrícolas producidos en granjas de agricultura familiar sustentable.
En cuanto a los proyectos productivos, el concepto de la vida querida
adquiere un significado especial, y como lo menciona De Roux Rengifo
S.J., (2010, p. 233), lo que se trata es de construir de forma colectiva “la
manera de vivir que la gente quiere vivir. Es decir, construir las condiciones
para proteger y expresar la grandeza de la dignidad humana como lo quiere
un pueblo con sus tradiciones, su sensibilidad, su medio ambiente y sus
sueños”.
Para la FAO (2017), más del 90% de los 570 millones de granjas
agrícolas del mundo cuentan con una gestión individual o familiar y
producen el 80% de los alimentos en términos de valor. Estas familias se
dedican a la agricultura, pesca, trabajo en bosques, o cría de aves o ganado,
por tanto, tienen un gran potencial para la lucha contra la pobreza y el
hambre y el desarrollo sostenible de los territorios rurales. Los agricultores
familiares son actores fundamentales para el desarrollo rural, ya que como
1 Diseñador Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.
2 Ingeniera Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Administra-
ción de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora en Ingeniería, Industria y Organi-
zaciones de la Universidad Nacional de Colombia.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.8
194
Diseño de productos sustentables para la agricultura familiar
están vinculados a las redes y a la cultura del territorio por medio de su
participación e intercambio en los mercados locales, contribuyen con la
generación de empleos agrícolas y no agrícolas en las regiones
Cabe mencionar, además de la potencialidad de la agricultura familiar,
los retos y dificultades que enfrentan este tipo de productores: pobreza,
exclusión y condiciones desfavorables para el acceso a salud y educación;
los limitantes para el desarrollo mismo de los sistemas productivos, como
el bajo capital de trabajo debido a los escasos recursos económicos, la
tenencia de la tierra o la informalidad en la propiedad rural, la falta de vías
para transportar los productos, carencia de asistencia técnica, el cambio
climático, los altos costos de producción; y a lo anterior, en algunas zonas
del país se produce un cambio de la economía campesina tradicional,
para dar paso a cultivos ilícitos destinados a mercados internacionales. Lo
expuesto, sumado a las limitadas oportunidades en el campo, incide en la
alta tasa de migración hacia las ciudades y en la falta de mano de obra en
el sector rural.
Es en este contexto de potencialidades y limitantes para la agricultura
familiar, en donde se puede aportar desde una propuesta de diseño un
elemento diferencial, que permita que los campesinos puedan mejorar
sus condiciones de vida, incrementando sus ingresos a través de modelos
innovadores de productos que contribuyan con la economía familiar. Para
tal fin, el presente trabajo de investigación se inicia a partir del estudio
de desarrollar una propuesta de diseño de empaques biodegradables
utilizando como materia prima los desechos del cultivo de café. A partir de
la realización de un estado del arte sobre el tema empaques biodegradables
con fuentes orgánicas diferentes al PLA(Acido Poli Láctico), se encontró
información que presenta como materiales posibles a usar a las cáscaras de
plátano, desechos del café y a la fermentación de bacterias para producir
PHA (Polihroxialcanoato) en la construcción de materiales biodegradables
(Piracoca & Frias, 2016, pp. 597-505).
En este documento se presenta una propuesta de diseño de producto
sustentable exponiendo un ejemplo desarrollado en un ambiente académico:
el proceso de investigación de un estudiante para lograr el diseño de un
empaque amigable con el medio ambiente. Este se comenzó a desarrollar en
un Semillero de Investigación, en el cual un estudiante de Diseño Industrial
fue motivado por su docente hacia el desarrollo de una investigación en su
195
Diego Alejandro Piracoca-Chaves, Rosalba Frías-Navarro
disciplina en el marco de la sustentabilidad. La pregunta de investigación que
se planteó dicho estudiante fue cómo desarrollar empaques biodegradables
y, a medida que ha ido profundizando en su investigación se ha centrado en
el diseño de empaques a partir de residuos de cultivos y en la forma como
los pequeños productores pueden producirlos directamente en los lugares
de origen.
Diseño de un empaque sustentable a partir del aprovechamiento de los
desechos del cultivo de café
Según Geonova (2011), “un producto sustentable es aquel que durante
toda su cadena de producción utiliza los recursos naturales, humanos
y económicos de la manera más eficiente, inteligente y responsable,
asegurando que las generaciones futuras puedan disfrutar de, al menos, lo
mismo que nosotros tenemos ahora”. Para Jedlicka (2009, p. 191) (citado
por Bravo (2015, p. 97)), un producto es sustentable cuando es beneficioso,
seguro y saludable para las personas y las comunidades a lo largo de su
ciclo de vida, cumple con los criterios de rendimiento y costos del mercado
y utiliza energía renovable favoreciendo la reutilización de recursos. Bravo
(2015) aplica la anterior definición en el diseño de empaques, los que por
taxonomía se consideran como un producto.
El desarrollo de productos desde el diseño industrial está ligado al
análisis de las necesidades de una población, las cuales son transformadas
en “inputs o entradas” para dar comienzo al proceso de diseño. De modo
que, con una serie de comprobaciones con el usuario e interacciones con las
propuestas realizadas, se afina o robustece el producto, con el objetivo de
ser lanzado al mercado. En el caso del diseño de un producto sustentable,
además se deben considerar las dimensiones: ambiental, social y económica
en el proceso (Aguayo, 2013). En cuanto a la dimensión ambiental, uno de
los grandes problemas es respecto a la degradabilidad de los materiales,
caso concreto de los polímeros que por sus propiedades pueden superar los
300 años (Medina, 2005).
Paralelamente mientras se produce este impacto negativo al medio
ambiente, también a nivel macro crece la acumulación de estos “desechos”
hasta el punto de generar una isla en el Pacífico Norte, su extensión
actualmente alcanza los 148.827 Km cuadrados, sin dimensionar su
expansión diaria. La huella de dicha situación puede agravarse a tal punto de
196
Diseño de productos sustentables para la agricultura familiar
alcanzar la dimensión igual o superior a la de un continente (MDZ, 2017).
Todo si se sigue con el consumismo que el mercado promueve, sin contar,
la restante incidencia durante los procesos de extracción y fabricación, los
cuales generan grandes concentraciones de dióxido de carbono dirigido
hacia la atmósfera y aumentan el calentamiento global.
Las dimensiones: social y económica se abarcan en este caso de
estudio no solo desde su relevancia concebida desde la sostenibilidad caso
de la estrategia de innovación fractal: yacimiento del valor, la ingeniería
sostenible (Aguayo, 2013) hasta la triple bottom line (McDonough, 2002)
sino también, trascender al contexto de lo rural con el enfoque de la
recuperación de la economía local. De acuerdo con Latouche & Harpagès
(2011, p. 78), “la autonomía económica local implica orientarse hacia la
búsqueda de una autosuficiencia alimentaria y energética pero también
hacia una autonomía de financiación que permita el cumplimiento de
proyectos locales artesanales, industriales y de servicios”. En línea con lo
anterior, el proceso de diseño de empaque por proponer, debe cumplir no
solamente con las necesidades de una población, sino que además, este
producto debe poderse producir directamente en el lugar donde se dispone
de la materia prima: los desechos de café.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se busca que la propuesta
de producto sustentable pueda alivianar las problemáticas ambientales,
sociales y económicas, de este modo, los campesinos productores tengan la
posibilidad de desarrollar la(s) propuesta(s) en sus territorios sin depender
de un gran capital para su fabricación. Estos factores de sostenibilidad
económica y social permitirán generar una fuente capital adicional con el
fin de promover equidad y mejores condiciones de vida.
El proceso de diseño
En la Tabla 1 se presenta la información relativa al concepto de diseño,
requerimientos y determinantes de producto desde una visión de diseño
industrial. Estos factores tienen como función encaminar la propuesta
hacia los aspectos necesarios de producción, función, usabilidad y material
del producto, y de esta forma, la planificación desde un principio es clara,
lo que es fundamental para cuando se empiecen a realizar los respectivos
diseños.
197
Diego Alejandro Piracoca-Chaves, Rosalba Frías-Navarro
Tabla 1
Concepto de diseño, requerimientos y determinantes
Concepto de proyecto: Desarrollar una línea de productos a partir del
aprovechamiento de los desechos orgánicos de la cadena productiva del café
y desechos de papelería para su respectiva fabricación en lugares propios de la
agricultura, generando un producto sostenible con el medio ambiente.
Concepto de producto: Generar un producto enfocado al embalaje para
proporcionar protección y seguridad de los productos transportados.
Concepto de producto: Realizar un producto enfocado al consumo del café,
para que este mejore el momento de la actividad, reduciendo una huella negativa
sobre el ambiente.
Concepto de diseño: Diseñar un separador para los vasos de vidrios que será
usado para el proceso de embalaje, de modo que, este separador ayudará a
distribuir el producto más fácilmente en cajas y protegerá el producto en su
totalidad de posibles daños.
Concepto de diseño: Desarrollar un protector para vasos de café que aislé el
calor generado por la bebida y de este modo, la actividad de consumo se vea
beneficiada en términos de usabilidad.
Requerimientos (1) Determinantes (1)
El material del producto es desarrollado a
partir de materias primas recicladas.
El espesor que posee cada lámina del separador
es de 0,1 cm.
El separador protege a los
vasos de vidrio de posibles
golpes que puedan romper el
envase.
El separador proporciona
condiciones óptimas de
embalaje del producto.
La fabricación del producto
debe ser desarrollada en fincas
caficulturas.
La fabricación del material del
producto debe ser desarrollada
en fincas caficultoras.
198
Diseño de productos sustentables para la agricultura familiar
Requerimientos (1) Determinantes (1)
El producto separa de forma uniforme a los
productos ahorrando la mayor cantidad de
espacio posible
El producto permite un
apilamiento sencillo que no
ocupa gran espacio.
El producto debe ser
desarrollado con la tecnología
existente en fincas caficultoras.
Requerimientos (2) Determinantes (2)
El material del producto es desarrollado a
partir de materias primas recicladas.
El espesor que posee cada lámina del separador
es de 0,1 cm.
El producto aísla una temperatura de 80° c
El producto protege la palma de la mano y a
los dedos.
La fabricación del material del
producto debe ser desarrollada
en fincas caficultoras.
El producto permite un
apilamiento sencillo que no
ocupa gran espacio.
El producto debe ser
desarrollado con las
tecnologías existentes en
fincas caficultoras.
Fuente: elaboración propia.
Propuesta: separador
La siguiente propuesta de diseño tiene como objetivo aprovechar
residuos orgánicos para el desarrollo de productos para la industrial, en
este caso, separadores de envases, los cuales, son usados actualmente
para los procesos de embalaje. Según el mercado y en comparación con la
propuesta no hay ningún cambio formal en el diseño, más sin embargo su
diferenciador radica en la materia prima para desarrollar el material. Esto,
debido a que en los actuales se está utilizando el cartón micro corrugado.
Este separador estaría hecho de papel reciclado y a partir de insights-inputs
orgánicos.
Avanzando con el tema del diseño, la propuesta de la Figura 1 se
realizó a partir de un envase presente en el mercado colombiano, de allí se
sacaron algunas de sus medidas, estas fueron 7cm x 7cm x 13cm. Conviene
señalar que el diseño realizado no es exclusivo y puede variar también
dependiendo de las medidas de los distintos envases de café existentes
en el mercado. La estructura es dada por el ensamble de media caja, este
199
Diego Alejandro Piracoca-Chaves, Rosalba Frías-Navarro
funciona a través del encaje de dos pestañas, las cuales poseen ranuras a
lados contrarios para mejorar la resistencia de compresión de las láminas
ensambladas (Bernal & Ticora, 2008, p. 41).
Como bien se había mencionado dentro de los requerimientos de
diseño, este producto tendrá un espesor de un milímetro, como también
unas dimensiones para la primera pestaña de 72,7 cm x 13,5 cm y para la
segunda de 63,6 cm x 13,5cm. En la Figura 2, se encuentran las medidas
técnicas del producto en relación a los envases de vidrio de café, los cuales
tienen una tolerancia de 1,1 mm, porque entre más juntos estén se evitará
en mayor posibilidad un choque de envases y a causa de esto se pueda
llegar a romper o llegar en las condiciones menos ideales para ser exhibido
en una góndola.
Figura 1. Diseño y configuración del separador con los envases.
Fuente: elaboración propia.
200
Diseño de productos sustentables para la agricultura familiar
Figura 2. Plano del separador
Fuente: elaboración propia.
Propuesta: protector de vaso
La siguiente propuesta, como se indicó en los conceptos y los
requerimientos de diseño, es un protector de vaso, el cual se plantea desde
la variabilidad de aplicaciones para el papel reciclable. De esta manera,
una de esas propuestas es un subproducto usado en grandes cantidades al
vender un moca, un café con leche o un cappuccino, etc., y evita pequeñas
quemaduras en el consumidor que lo beba, se queme. En el mercado actual
se pueden encontrar en las grandes empresas comercializadoras de café
el uso de este producto como en Juan Valdez, Starbucks, Oma, Scooters
Coffee, entre otras más.
Por otro lado, este protector solo se encuentra en cartón y en una
única versión formal dentro del mercado de la comercialización de bebidas
calientes, específicamente café. Por otra parte, existe una variación de cartón
que están empezando a implementar algunas compañías, caso de Corrucol,
en donde el material es 100% reciclado, con lo cual, deja a esta propuesta
en iguales situaciones de competencia. Entonces, por este hallazgo, se
analiza el actual protector utilizado por las compañías comercializadoras
201
Diego Alejandro Piracoca-Chaves, Rosalba Frías-Navarro
de café. Lo anterior arroja ciertos descubrimientos, estos permiten mejorar
la función de este producto en términos de usabilidad.
La prueba aplicada para analizar este producto fue empírica, bajo
un protocolo de pensamiento manifestado (Rincón, 2017, p. 166), este
consiste en que el usuario de prueba consuma cualquier bebida de café
y mientras ejecuta cada paso de la secuencia de uso, va manifestando
algunas inconformidades o satisfacciones con el producto. Para resumir
esta prueba, en términos de percepción por los “productos verdes” los
usuarios manifiestan: el hecho de ser 100% reciclado lo hace más atractivo y
también, posiciona a la empresa como responsable con el medio ambiente.
En otras palabras, son estrategias para la fidelización del consumidor
como diferenciadores o potencializadores para acrecentar la demanda del
producto.
En términos de dimensiones, manifiesta que este es pequeño, porque
el dedo índice o meñique o los dos quedan por fuera de contacto con este
protector (en la Figura 3, se da una representación de las inconformidades
señaladas por el usuario). Adicionalmente, en temas de uso durante la
actividad se determinan a los primeros 10 minutos como aquellos en los
cuales la bebida comprada se encuentra y percibe a una temperatura muy
alta. Por lo tanto, por medio del proceso de conducción de temperatura,
el calor es transmitido a los dedos índice o meñique o los dos, causando
una pequeña quemadura sobre la piel, esto lo señala como el aspecto más
deficiente del producto y, respecto a los demás momentos de consumo no
se halla otra insatisfacción o satisfacción relevante para la actividad.
202
Diseño de productos sustentables para la agricultura familiar
Figura 3. Representación de las problemáticas del producto que se encuentra
actualmente en el mercado
Fuente: elaboración propia.
Aludiendo al anterior párrafo, bajo la dirección de los autores, en la
Tabla 2 se muestra una caracterización de la propuesta planteada para este
artículo y de la evaluada (actual), para que de este modo se puedan ver las
ventajas y desventajas de cada uno.
203
Diego Alejandro Piracoca-Chaves, Rosalba Frías-Navarro
Tabla 2
Ventajas y desventajas de la propuesta como del protector evaluado.
Protector propuesto Protector evaluado
Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas
Material:
100% reci-
clado con
un 10% de
sustancia
orgánica.
Usabilidad:
Protección
total en los
dedos.
Percepción del
producto: Am-
bientalmente
responsable.
Dimensión:
Dimensiones
ajustadas a los
dedos.
Capacidad de
aislamiento
térmico: alto.
Proceso de
fabricación:
Artesanal
Tiempo
estimado de
producción:
Lento
Proceso de fabricación:
Industrial.
Material: 100%
reciclado.
Percepción
del producto:
ambientalmente
responsable.
Capacidad de
aislamiento térmico:
Alto.
Tiempo estimado de
producción: Rápido
Usabilidad: No hay
protección en el
dedo índice como
meñique.
Dimensiones: No se
ajusta a las medidas
de la mano.
Fuente: elaboración propia.
Con base en cada una de las desventajas encontradas en el producto
evaluado (Figura 4), se dispone de un proceso de bocetación, el cual arroja
unas propuestas (Figura 5) que responden al concepto, los requerimientos
y determinantes de diseño. Cada una de estas propuestas soluciona los
problemas encontrados en la prueba empírica, como lo son el ajuste a la
mano del usuario y la protección térmica a todos los dedos. Es decir, con
el rediseño del producto se busca dar un nuevo valor agregado a este. De
este modo, desde el planteamiento de este tipo de productos sostenible se
está dando mejora a aspectos formales como de usabilidad y asimismo,
generando un impacto positivo desde los ambiental, económico y social.
204
Diseño de productos sustentables para la agricultura familiar
Figura 4. Dimensiones del protector evaluado.
Fuente: elaboración propia.
Figura 5. Propuestas del protector para vasos.
Fuente: elaboración propia.
3
3 En la primera casilla, costado izquierdo de la figura 4, se puede observar la relación del
205
Diego Alejandro Piracoca-Chaves, Rosalba Frías-Navarro
Producción
Con base a los requerimientos de diseño y el enfoque ambiental de
las propuestas, el proceso productivo que se plantea para los dos diseños es
el mismo, el cual es el licuado del papel reciclado y de algún otro elemento
orgánico por disponer o agregar. En primer lugar, se toma como referencia
la cadena productiva del café, (Figura 6) (García & Olaya, 2006, pp. 197-
217) la finalidad de esta figura es observar e identificar cada uno de sus
desechos dependiendo del proceso que lo antecede y procede y de este
modo, clasificarlos en la Tabla 3, la cual contiene la descripción breve de
cada uno junto a su proceso de procedencia.
Figura 6. Cadena productiva del café
Fuente: Construcción de los autores (Piracoca & Frias, 2016, p. 503) basado en (Gutiérrez,
Henao, & Oviedo, 2014, pp. 23-26) & (García & Olaya, 2006, p. 202) Grafico 1. Cadena
productiva del café.
El método de clasificación y caracterización fue determinado de
manera experimental, por razones relacionadas a la cantidad y calidad de
la información hallada tanto en bases de datos como en internet sobre cada
uno de estos desechos. Dicho contenido es desarrollado a partir de los
producto con la figura humana. En la casilla del medio de la figura 4, se puede visualizar
el diseño del producto. El contorno de la forma que se alcanza a ver es la misma que se
debe recortar para el proceso de fabricación y dé como resultado la simulación que se ve a
mano izquierda. Y, en la tercera casilla, costado derecho de la figura 4, se puede observar
la comparación formal como de dimensiones de los dos productos, demostrando los cam-
bios que se plantearon para cada propuesta.
206
Diseño de productos sustentables para la agricultura familiar
siguientes apartados dentro de la casilla de “descripción”: el estado de la
materia del desecho, la finalidad o el pos uso que actualmente se aplica y
la composición de este.
Tabla 3
Desechos de la cadena productiva del café.
Proceso Salidas Descripción
Despulpado
Grano de café
Estado: Sólido
Finalidad: Es la salida más importante de todo
el proceso porque es el producto que se usará
para la preparación de la bebida. Uno de sus
componentes es la pulpa, la cual es utilizada
también para la lombricultura.
Mucílago
Estado: Líquido
Composición: Agua, azucares y sustancias
pécticas
Finalidad: Mantener en condiciones óptimas al
fruto esto depende de las lluvias del ambiente, lo
cual hace que madure más rápido o no.
Celulosa de broza
Estado: Líquido
Composición: Azúcares
Finalidad: Abono orgánico, complemento de
alimento animal o mejorador de los suelos
Cáscara
Estado: Sólido
Finalidad: Abono
Tratamiento Agua miel
Estado: Líquido
Composición: Agua, azucares y sustancias
pécticas
Finalidad: Mantener en condiciones óptimas al
fruto, como también después de los dos lavados
respectivos que se realizan al fruto puede ser una
buena mezcla con el compost
Secado Pergamino de café
Estado: Sólido
Finalidad: Fuente energética en calderas
Fuente: elaboración propia basada en (Anacafé.; Anacafé.; Puerta & Ríos, 2011, pp. 23-40).
207
Diego Alejandro Piracoca-Chaves, Rosalba Frías-Navarro
A partir de la Tabla 3 se tiene una guía para realizar una elección
del desecho orgánico que se usaría para el desarrollo del material. Para
comenzar, el grano de café no puede ser usado para este producto, porque
como se menciona en su finalidad, es el elemento principal para preparar la
bebida y es el insumo económico principal de los campesinos productores.
El mucílago es caracterizado como un elemento principalmente viscoso,
además, su composición está contiene en su mayoría azucares y sustancias
pécticas, es decir, si esta sustancia se mezcla con el papel reciclado, el material
resultante tendrá cambios en sus propiedades físicas como mecánicas.
Por el caso de la celulosa de broza y del agua miel se cuentan con
el mismo planteamiento de las propiedades del mucílago. Por otra parte,
con las salidas sólidas, en primera observación, la cáscara al licuarla con
el papel reciclado y homogenizarla puede contener algunos líquidos
viscosos en las paredes como en el interior, esto hace más difícil el proceso
de volver uniforme la mezcla y por consiguiente, al requerir más tiempo
como esfuerzo por parte de las cuchillas se generará un mayor consumo de
energía, asimismo se crea a un gasto económico para la familia como en la
producción en términos del gasto mecánico a estas hojas.
Por último, tras observar en la información recolectada, el estado
posterior del pergamino de café al proceso de secado, genera un material
frágil, el cual puede llegar a mezclase de manera efectiva en el proceso de
homogenización con el papel reciclado. Con lo anterior, se determina a esta
opción como la más ajustable al requerimiento del material. No obstante,
si este aprovechamiento se contrapone al actual, en donde se utiliza como
fuente de calderas, esto crea emisiones nocivas al ambiente como a las
personas. En otras palabras, el factor de sostenibilidad ayuda a determinar
a esta utilización del desecho como más beneficiosa para el estado actual
de las entradas y salidas durante el proceso de cultivo de café. (Verghese,
Horne, & Carre, 2010)
De este modo, desde los autores se plantea una prueba experimental
con cada uno de estos desechos orgánicos con el papel reciclado para
corroborar algunas de estas hipótesis y, en consecuencia, dar mayor peso
como viabilidad a la propuesta del separador y del protector del vaso.
Adicionalmente, se pueden plantear pruebas alternas con otros materiales
orgánicos en debido caso de no funcionar dicha hipótesis.
208
Diseño de productos sustentables para la agricultura familiar
Proceso productivo
En la Figura 7, se puede visualizar todo el proceso por el cual será
sometido cada producto, y así llegar al planteamiento deseado en este
capítulo. Bajo lo anterior, se tiene previsto hacer un pequeño cambio
respecto a la cadena productiva del café original, en donde el pergamino
del café sea el punto de partida para empezar el proceso de fabricación del
separador y del protector de vasos. Su comienzo se da con el secado, dicho
proceso se caracteriza por su prolongado tiempo de espera por ello, los
campesinos productores mientras tanto tienen la posibilidad de realizar una
recolección por los alrededores de donde reside, ya sea que se transporte
en un automóvil, cicla o caminando, lo cual genera una emisión de CO2 al
ambiente si se usa un automóvil, o en caso contrario esta emisión se elimina
del proceso productivo.
Tras haber hecho la respectiva recolección, el paso siguiente es
recortar toda la materia recogida (cartón, hojas usadas o periódico) para
transformarla en retazos más fáciles de transportar hacia los lugares
dispuestos para el mojado y triturado. Para el mojado, es necesario que
el papel se vuelva más blando y más fácil de triturar, en este proceso se
debe deja en reposo hasta determinar cómo suficientemente “mojado” o
lo suficientemente húmedo el cartón o hojas de papel. Posteriormente,
se dispone del material dentro de una licuadora junto al pergamino de
café y generar la transformación de este material, durante este proceso se
busca generar una mezcla uniforme por medio de un tiempo e intensidad
determinada para generar la materia prima deseada.
Al tener los lotes de la solución, estos deben ser introducidos en
un contenedor vacío. Posteriormente, se deben utilizar matrices o molde
y contra molde con la forma deseada para ser introducidos en aquel
contenedor con la solución, de tal modo, que al retirarlo de este saldrá la
lámina plana con el grosor determinado. Cada una de éstas debe ser puesta
ante una cama, la cual permita generar presiones por ambas caras y así
generar un acabado liso en las superficies. Seguidamente se debe hacer un
respectivo secado de la solución, la cual es dejada al sol para absorber la
humedad. También es recomendable usar algún retazo de ropa seco para
ayudar a secarlo más rápido. Este proceso completo puede durar entre
cinco y seis días.
209
Diego Alejandro Piracoca-Chaves, Rosalba Frías-Navarro
Por otra parte, una de las salidas más críticas de todo el proceso, es
el agua residual que se utilizó para la humedecer los recortes y preparar
el material en las bandejas. Respecto a esta situación, se pueden generar
otros aprovechamientos como agua para seguir humedeciendo el papel
o en la descarga de los sanitarios, en otras palabras, se pueden seguir
aprovechando estas salidas de los procesos productivos. Cuando ya se haya
secado la lámina, se debe separar cuidadosamente de la superficie plana
para disponer ante el proceso de recorte de las formas y finalizar con el
producto listo para el apilamiento y la venta.
Figura 7. Proceso productivo de las propuestas.
Fuente: elaboración basada en la cadena productiva del café, figura 6.
Como complemento de la propuesta, se busca adicionalmente
informar al consumidor final sobre los productos que apoya y el impacto a
generar para los campesinos productores; y de este modo, se promueve una
economía o consumo más consciente en donde se diferencie la variedad
de productos, no solo por sus componentes o características sino por el
210
Diseño de productos sustentables para la agricultura familiar
impacto positivo a nivel macro al apoyar dichos productos, en consecuencia,
el aporte a la cultura de la sostenibilidad desde sus tres dimensiones (Ávila,
2016).
Conclusiones
Si en la agricultura familiar se logra una producción sustentable
ambientalmente como elemento básico para la diferenciación y el
posicionamiento de los productos, y a partir de allí, se define una estrategia
de comunicación enfocada en los consumidores responsables que estén
dispuestos a pagar un precio más alto en el mercado y se eligen o se crean
canales de distribución que lleguen a ellos, esto motivará a los productores
a mantener su producción amigable con el medio ambiente, lo que tiene
un impacto en la conservación de los recursos naturales y en la sociedad
misma.
El hecho de plantear productos desde una visión del diseño
sustentable, como se vio durante este capítulo, da una verdadera muestra
de que se pueden realizar y dar un cambio en la economía actual, no
obstante, el verdadero significado de cambio es entendido como mejorar
las condiciones de vida de los más desfavorecidos, eliminando el sesgo
consumista y fortaleciendo una economía solidaria que está siendo más
consciente dentro de las sociedades.
La utilidad de apropiar y aplicar la perspectiva o paradigma de la
sostenibilidad en proyectos proyectuales de diseño, generación de empresas
o reestructuración empresarial tiene un gran potencial por el impacto que
puede generar, no solo desde lo ambiental, sino también desde lo social y
económico, porque se generan redes equitativas o justas en el mercado en
toda la cadena productiva, abriendo la puerta a nuevos modelos de negocio
que desde sus acciones muestren y concienticen al consumidor del papel
de los productos, productores, empresas, servicios, etc., con la meta de
promover una cultura de lo sensato (sostenible) para el mundo actual.
Con el fin de darle continuidad a este trabajo, se propone que el
diseño se ponga a prueba en campo en fincas cafeteras, se analicen los costos
de producción y, a partir de las problemáticas encontradas, se proponga el
ajuste de los pasos del proceso de producción.
211
Diego Alejandro Piracoca-Chaves, Rosalba Frías-Navarro
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9. Teoría del Riesgo: una aproximación
a la sociedad del riesgo en el marco de
la adaptación al cambio climático en
Cartagena de Indias
Mauricio Luna Galván
1
Sistema global complejo: contexto de los riesgos
En la medida que avanzamos en el siglo XXI se hace evidente un
sistema económico, político, cultural, social con actores, dinámicas y
eventos cada vez más complejos. Las actividades humanas enfrentan
desafíos que parecen incapaces de resolver, como la degradación ambiental,
el cambio climático, el terrorismo y la desigualdad económica, reforzada
por reordenamientos económicos y sociales profundamente arraigados y
la dinámica de los poderes políticos, contribuyendo sustancialmente a una
incertidumbre. Dicha incertidumbre es inseparable al concepto de riesgo
y de probabilidad (Giddens, 2000), ya que no se puede decir que alguien
se enfrente a un riesgo cuando el resultado de la acción esté plenamente
garantizado (Litre & Bursztyn, 2015: 57).
En relación a lo anterior, el creciente del número de reportes y
mediciones globales sobre problemáticas y complejidades actuales como
el de Riesgos Globales 2017 del Foro Económico Mundial, nos muestra
un grupo de factores económicos, ambientales, sociales y geopolíticos
que contribuyen a configurar el panorama mundial de los riesgos. Hacer
sentido de tales riesgos es la tarea de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck,
la cual plantea una redefinición, una nueva mirada ontológica en un sistema
complejo.
Beck asevera que nos quedamos con los antiguos conceptos e ideas y
cometemos los mismos errores, por lo tanto, toma la teoría de la sociedad
1 Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lo-
zano. Máster (MSc) en Estudios Globales de la Universidad de Lund, Suecia.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.9
214
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
de riesgo para mostrar cómo transmite una nueva concepción de una
sociedad "no industrial" y cómo modifica la política y la teoría social (Beck,
1998: 501).
El sistema global en el que se inscriben las actividades humanas
está mediado por el desarrollo técnico-científico e industrial, por lo tanto,
las incertidumbres e inseguridades bajo la modernidad integrada entre la
sociedad y la naturaleza debe dar paso a un nuevo cuestionamiento teórico
esencial y Beck lo propone (Bosco & De Guglio, 2015: 149).
El cambio global implica una crisis de la sociedad industrial, los
desafíos y las oportunidades del cambio climático, por ejemplo, conducen
a la necesidad de reducir las vulnerabilidades y mejorar la capacidad de
adaptación (Adger et al, 2003) de las comunidades potencialmente más
afectadas, protegiendo así su derecho a desarrollarse de manera sostenible en
medio de la incertidumbre (Bursztyn, 2014). La mayoría de los problemas
de la sociedad industrial del riesgo fueron generados por avances técnico-
económicos (Litre & Bursztyn, 2015)
Una de las mayores preocupaciones en el marco de las crisis globales
concierne a los riesgos ecológicos, sin embargo, la "sociedad del riesgo"
no se limita a los riesgos ambientales y de salud, también a una serie de
cambios en la vida social contemporánea, entre ellos, la disminución de la
influencia de la tradición y los hábitos arraigados en la identidad personal
y la democratización de las relaciones personales (Litre & Bursztyn, 2015:
53).
Ante esa realidad con prospectivas poco alentadoras, se forma una
mayor percepción de vulnerabilidades, por ende, de riesgos. Este capítulo
pretende abordar en ese sentido, la conceptualización de la sociedad del
riesgo enmarcado en las iniciativas de la ciudad de Cartagena para enfrentar
la amenaza del cambio climático, el cual constituye un caso ilustrativo de
confluencia en dichas complejidades: expansión urbana, crecimiento e
industrialización, degradación ambiental y desigualdad social.
215
Mauricio Luna Galván
Planteamientos de la Teoría de la Sociedad del Riesgo: marco
conceptual
Las complejidades de las dinámicas del cambio global deben
ser interpretadas por nuevos conceptos. Por lo tanto, el libreto de la
modernidad debe rescribirse, reinterpretarse y reinventarse (Beck, 1998:
501). Enmarcados en las dinámicas de la individualización, la globalización
y el riesgo que socavan a la modernidad y sus fundamentos. (Ibíd.: 513).
En ese contexto, la Teoría de la Sociedad del Riesgo plantea un
elemento diferenciador para comprender el presente, escapando de las
mismas ideas, problemas y argumentos de siempre y hacer conciencia de
los terceros excluidos (Beck, 1997: 193). Se produce así, una ruptura dentro
de la modernidad que la aleja de la sociedad industrial clásica y ha dado
lugar a la sociedad de riesgo (o industrial), la cual reta las suposiciones de
la sociedad industrial (Litre y Bursztyn, 57). Beck y Giddens justifican ante
este contexto, el desarrollo de nuevos conceptos teóricos que utilizamos en
el marco de doble exposición a los riesgos ambientales y socioeconómicos
como la pieza central de sus enfoques (Litre & Bursztyn, 2015: 57).
Para abordar los conceptos principales, Beck (1998) afirma que:
“las sociedades del riesgo están aprisionadas en semánticas y modelos, los
cuáles están instalados en las relaciones de definición de la modernidad
industrial y que minimizan y esconden su producción continua de peligros.
Las relaciones de definición válidas en el derecho, en la ciencia, en la
industria son inadecuadas para las catástrofes, las cuales son puestas en
marcha y mantenidas por la industria” (p. 502). La paradoja es que los
peligros crecen y son cada vez más manifiestos escapan de todas las redes
institucionalizadas responsables. Así, surge el interrogante ¿Quién y dónde
está el sujeto político de la sociedad mundial del riesgo? Simultáneamente
nadie y cada uno es el sujeto potencialmente político de la sociedad del
riesgo (Beck, 1997: 190).
La teoría argumenta que la dinámica política y cultural de la sociedad
mundial del riesgo comienza con la naturaleza, así los riesgos son resultado
de las decisiones y opciones que son tomadas desde la ciencia, la industria
y en la política. Lo que aparece como un problema del medio ambiente,
se trata de que los riesgos estallan en el centro de lo cotidiano y en una
216
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
serie de instituciones y se deben entrelazar en medio de lo cotidiano (Beck,
1997: 173)
El tema de la responsabilidad las instituciones políticas frente a las
decisiones que no toman ante las consecuencias y amenazas de las que no
saben nada, se vuelven problemáticas, dado que las decisiones contienen
una carga de riesgo, lo cual genera una doble ventaja a la industria. Ésta
tiene autonomía en las decisiones de inversión y un monopolio sobre la
aplicación de tecnologías. Los políticos tienen una influencia secundaria en
los desarrollos tecnológicos, y se enfocan en proteger el futuro económico y
los empleos del país. De modo que la división del poder deja a las industrias
el papel principal en la toma de decisiones, sin responsabilidad en los
riesgos para la población. “El papel de la política se centraría en legitimar
democráticamente decisiones que no tomó y que desconoce, sobre todo
desde que se privatizaron las industrias que antes pertenecían al Estado”
(Beck, 1998: 507-508).
En el caso de las catástrofes amenazantes o contingentes, los políticos
deben justificar decisiones que han sido adoptadas por otros y en otros
lugares. La consecuencia es que nadie es responsable por los riesgos. Sin
embargo, deben responder a las preguntas de una opinión pública sobre
la dimensión de los daños y los tipos de compensación y responsabilidad.
De esa manera, surge el cuestionamiento de si el gobierno local asume sus
responsabilidades y si tiene las competencias para tomar decisiones (Beck,
1997: 192).
A medida que surgen dichos cuestionamientos y una serie de
controversias en la opinión pública, la comunidad se convierte en reflexiva,
por ende, en sociedad del riesgo, es decir, en contraposición a la sociedad
moderna, vista como un presidio tecnocrático de instituciones burocráticas
y conocimiento de expertos. Por lo tanto, las relaciones de la modernidad
se piensan y desarrollan como contingentes, ambivalentes y políticamente
modelables (Beck, 1997: 178).
Para entender las dinámicas de la sociedad del riesgo, hay que
relacionar ‘‘la producción social y la distribución de la riqueza (trabajo,
bienes y bienestar social) con la producción social y la reproducción de
riesgos como la contaminación, las crisis económicas y el terrorismo. Por
consiguiente, las amenazas se producen industrialmente, externalizadas
217
Mauricio Luna Galván
económicamente, individualizadas, (Bosco & Di Giulio, 146) judicialmente,
legitimado científicamente y minimizado políticamente "(Beck, 2000,
p.230).
Las relaciones intersectoriales resultan ser clave para comprender,
dado que los riesgos son fabricados por la ciencia, el mercado, el gobierno,
los medios de comunicación, etc. (Beck, 2002a, p.p. 48-53); otros rasgos
como su invisibilidad (Beck, 2001, p.p. 80-84); y por último, su falta de
límites espaciales y temporales (ibíd., p.p. 65-80). Por lo tanto, los riesgos
no existen en sí mismos, ya que su objetividad deriva de la percepción y el
hecho de que son el objeto de la puesta en escena social (Beck, 2008, p.p.
47-76). Cuando los riesgos se presentan, definen situaciones de amenazas
sociales y se convierten en una característica de las relaciones institucionales
(Estado, mercado, ciencias, sociedad civil, etc.) (idem, p.p.53-60)
Se abordan tres conceptos clave para articular y lograr sentido de
la sociedad del riesgo: la irresponsabilidad organizada, las relaciones
de definición y la explosividad social de peligros. El primero apunta a
responder cómo y porqué las instituciones de la sociedad moderna, deben
reconocer la realidad de las catástrofes potenciales y actuales pero también
niegan su existencia (Beck, 1997: 188) encubren sus causas, excluyen su
compensación y control. Dado que los riesgos no son responsabilidad de
nadie, la política del riesgo se parece a la "ley de nadie", por lo tanto, son
formas de irresponsabilidad organizada (Beck, 1995: 133-146).
En segundo lugar, en la sociedad de riesgo la noción de ‘‘relaciones de
definición’’ se refiere a las reglas, instituciones y capacidades que estructuran
la identificación y evaluación de los riesgos; constituyen la matriz legal,
epistemológica y cultural donde se lleva a cabo la política de riesgo. En
esa medida se expande a relaciones de dominación que giran en torno a
cuestiones de poder, intereses, beneficios y pérdidas (Beck, 2008). Existen
cuatro relaciones de definición bajo las siguientes preguntas eje:
¿Quién debe determinar lo dañino de los productos o lo peligroso
de los riesgos, y quién responsabilidad pertenece a los que generan los
riesgos? ¿Qué tipo de conocimiento o desconocimiento acerca de las causas,
dimensiones, actores, etc., está implicado? ¿Qué debe considerarse pruebas
suficientes en un mundo donde tratamos necesariamente con conocimiento
y probabilidades discutibles? ¿Quién debe establecer la compensación para
218
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
los afectados y las formas apropiadas de control y regulación en el futuro?
(Beck, 1998: 511)
Por último, “la explosividad social del peligro”, explora las formas en
que el reconocimiento de peligros, riesgos e incertidumbres manufacturadas
de gran escala echan a andar una dinámica de cambio político y cultural
que socava las burocracias estatales, desafía el predominio de la ciencia
y traza nuevas fronteras y frentes en la política contemporánea. Así
es como los peligros, entendidos como “cuasi-sujetos construidos y
producidos socialmente”, son poderosos e incontrolables “actores” que
restan legitimidad y estabilidad a las instituciones estatales responsables de
controlar y mantener la seguridad pública (Beck, 1998: 512)
Una paradoja central de la sociedad de riesgo es que estos riesgos
internos son generados por los mismos procesos de modernización que
intentan controlarlos. Sin embargo, Beck considera un “mundo fuera de
control”, caracterizado por “incertidumbres manufacturadas”, basando así
su argumento en que la ciencia, en particular las ciencias naturales y la
ingeniería, no podía garantizar un “riesgo cero” (Bosco & Di Giulio, 2015
145). Con la incertidumbre manufacturada (manufactured uncertainty),
la producción de riesgos es consecuencia de los esfuerzos científicos y
políticos por controlarlos o minimizarlos’’ (Beck, 1998: 504). Eso implica
que el riesgo se ha vuelto una parte inexorable de nuestras vidas y que
todos se enfrentan con riesgos desconocidos y apenas calculables (Ibíd.).
i) Perspectivas de la definición de riesgos
El desarrollo de diferentes perspectivas para abordar los riesgos se
observa con “discursos alternativos que minimizan, sobredimensionan,
ocultan o resaltan la proyección de amenazas desde lo político y ecologismo,
lo que se denomina una heterodeterminación de los riesgos” (Montenegro;
2005, p. 123). Partiendo de lo anterior, la ruptura epistemológica que
propone Beck apunta a un cambio de paradigma, de uno exclusivo a
inclusivo, de uno simple a reflexivo y de uno nacional a cosmopolita. Se
altera así la determinación de los riesgos realizada a través de la ciencia
como primer paso (Ibíd. 123).
Beck considera que las sociedades de riesgo no asumen un conflicto
de clases; los riesgos tienen un efecto igualador ya que afectan a todas
219
Mauricio Luna Galván
las capas sociales. Es una sociedad basada en reparto de los riesgos. El
primer tipo de sociedad tenía como ideal la igualdad, la segunda “lucha
contra la inseguridad” (Montenegro; 123). La definición del riesgo también
varía según el contexto en el que se aplica y el marco de la sociedad del
riesgo incorpora vínculos dinámicos entre los componentes. Es así como
los procesos pueden alterar el entorno contextual, las respuestas pueden
afectar los procesos, los resultados pueden afectar a las respuestas, etc. En
esa medida convirtiéndose en reflexivos (Litre & Bursztyn, 2015: 58).
Las relaciones de definición están marcadas por un debate político,
y es aquí donde Beck acrecienta la dimensión política de la categorización
de los riesgos, alertando sobre la existencia de los procesos sociales de
definición de los riesgos que supone la lucha de visiones de diversos
actores y grupos de intereses (Montenegro, 2005: 120), las cuales a su
vez están soportadas por estructuras institucionales apoyan determinados
tipos de percepción de peligros (Montenegro, 125). A pesar de que el
gobierno, la industria y las tecno-ciencias son las instituciones centrales
de la modernidad, los problemas de la sociedad del riesgo son un hecho
social objetivo resultante de los desarrollos intrasistémicos y tendenciales
en la infraestructura económicos en el marco de las sociedades capitalistas.
Douglas (1996) vincula demasiado los riesgos con las estructuras sociales
e institucionales.
En ese sentido, los riesgos ambientales y tecnológicos tienen graves
consecuencias y son conceptos clave para la comprensión de los procesos
sociales que tienen lugar en las sociedades contemporáneas (Litre y
Bursztyn, 57). Por lo tanto, Beck propone que los conceptos de las ciencias
naturales sean sociales, culturales y políticos, por ende, los contextos
sociales y culturales desempeñan un papel importante en la percepción de
los individuos y en su eventual adhesión a políticas y acciones diseñadas
para responder a los choques y tensiones (Litre y Bursztyn, 58)
Los argumentos principales de Beck señalan que las definiciones de
riesgo, están sujetas a las luchas sociales por el monopolio de la visión legítima
sobre el mismo, lo que conduce a vincular la distribución del riesgo con
las líneas de desigualdad social existentes en cada sociedad (Montenegro,
2005, 124). Basado en los contextos, se requiere una evaluación meticulosa
de las estructuras de comunidad y, estudiar los marcos culturales que
220
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
iluminan los procesos de percepción de riesgo dentro de la estructura social
en la cual se desarrollan determinados procesos de legitimidad (Ibíd.: 126)
ii) Nexos entre sociedad del riesgo y cambio climático
Los riesgos de la etapa actual de la sociedad moderna son producto de
la toma de decisiones y de una serie de opciones transversales a la ciencia,
la política, la industria, los mercados y el capital. Asimismo, las fuentes de
preocupación no sólo se centran en lo que las fuerzas incontrolables de la
naturaleza pueden hacernos a los humanos, sino de lo que los humanos
le hacemos a la naturaleza, y de la forma en que los daños al mundo
natural se convierten en daños contra el hombre mismo. El fenómeno del
cambio climático se enmarca en esa preocupación y emerge como la fuente
de riesgos más importante en el marco de degradación ambiental en la
modernidad.
El debate público global sobre el cambio climático se articula al de
la crisis ecológica, que es analizada por Beck como una profunda crisis
de racionalidad institucionalizada. Esta crisis es ‘‘el reflejo de los cambios
ambientales inducidos por las acciones humanas que resultaron de las
negociaciones, proyecciones y respuestas políticas influenciadas por las
variables sociales, las opciones tecnológicas, las políticas de desarrollo, el
comportamiento de los consumidores y el desempeño económico’’ (Yearley,
2009 citado por Bosco & Di Guglio). Dichas influencias contribuyen a
la configuración de las causas antropocéntricas en fenómenos como el
calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, en la contaminación,
la naturaleza, están inexorablemente ligados a la actividad humana.
En ese sentido, Beck nos permite poner un énfasis en temas ambientales
cada vez más complejos y difusos como el cambio climático que puede tener
impactos dañinos y aún desconocidos en la vida humana (Naustdalslid,
2011, Beck, 2009, 2010). Sus impactos pueden traer consecuencias
incontrolables, sin fronteras espaciales, temporales o sociales, presentando
así graves desafíos a las instituciones dedicadas a su control. En resumen,
son riesgos con efectos globales, frecuentemente invisibles y a veces con
consecuencias irreversibles (Litre & Bursztyn, 2015: 57)
Eso plantea que el cambio climático y sus efectos se extienden
inextricablemente a complejas cuestiones de seguridad, dada la magnitud
221
Mauricio Luna Galván
del problema, sus impactos sobre la vida humana en la Tierra (Huntjrns &
Bachnar, May 2015), y las medidas marco desde la ciencia, la política y la
industrias en sociedades de riesgo caracterizadas por la paradoja del creciente
deterioro ambiental y la expansión del Derecho, las instituciones y regulación
ambientales nacionales e internacionales, es decir, el replanteamiento de las
relaciones de definición (Beck, 1998: 502). Asimismo, se impulsa desde el
concepto de irresponsabilidad organizada, a explicar cómo y por qué las
instituciones de la sociedad moderna deben inevitablemente reconocer la
realidad de las catástrofes ambientales (Beck, 1997: 210)
Beck logra conectar dichos fenómenos, como los cambios ambientales,
con una categoría global, ya que el proceso de globalización nos ayuda a
entender de forma multidimensional fenómenos como el cambio climático
no sólo bajo un enfoque económico; sino la desigualdad social, más allá de
las formaciones de clase; el desarrollo de nuevas relaciones entre ciencia
y el lugar de la política en la gestión de riesgos como ejes entrelazados
(Montenegro, 2005: 118).
Una de las preguntas de la sociedad del riesgo es, cómo repartir los
riesgos civilizaciones derivados del alto grado de desarrollo técnico, que
afecta la lógica de las relaciones intersocietales. Producto de ello, es la
construcción de categorías socio-económicas espaciales causadas por las
disparidades de la modernización industrial mundial; norte-sur, pobres-
ricos a nivel global, nacional y local. Estas se aplican en responsabilidades y
distribución de los riesgos, muy a pesar de que no se puede responsabilizar
a ningún individuo o institución en la teoría de la sociedad del riesgo,
las situaciones de peligro son socialmente desiguales y afectan de manera
selectiva (Montenegro, 2005: 121).
De igual forma, hay una igualación mundial de las situaciones de
peligro, surgen nuevas desigualdades internacionales. Las industrias con
riesgos se trasladan a países del tercer mundo, ya con riesgo extremo y
pobreza, aliciente de nuevas desigualdades (Montenegro, 2015: 120). Beck
postula que “la lógica del reparto de riesgos, sigue la lógica del reparto de
la riqueza, pero se aparta de esta última porque el efecto boomerang de los
riesgos de la modernización, afecta a quienes los producen o se benefician
de haberlos producido, eso mismo se ajusta a las dinámicas e impactos del
cambio climático” (Ibíd., 120).
222
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
Este peligro común tiene un efecto nivelador que elimina algunas de
las fronteras cuidadosamente construidas entre clases, naciones, humanos
y el resto de la naturaleza. En esa medida, los riesgos se convierten en
híbridos hechos por el hombre, incluyen y combinan política, ética,
matemática, medios masivos de comunicación, tecnologías, definiciones
culturales y preceptos. En la sociedad de riesgo, la sociedad moderna
se vuelve reflexiva, es decir, se vuelve objeto y problema para sí misma
(Beck, 1998: 503). Resultado de esa reflexividad, es que, en la sociedad
del riesgo el cambio climático y la degradación ambiental, se encuentra
que la naturaleza es y ha sido transformada, modelada y puesta en peligro
mediante la actividad humana: la era del antropoceno. Por lo tanto, ya no
le tememos a la naturaleza si no lo que le hacemos a esta (Beck, 1997: 176)
Es así como dichos límites alcanzados entre clases, naciones, seres
humanos, animales, y el resto de la naturaleza entre hombre y animales,
se convierten en permeables. El mundo híbrido de la civilización, que se
construye y transforma permanentemente es la expresión de percepciones
culturales, de juicios morales, de decisiones políticas y de desarrollos
tecnológicos, de igual forma, los riesgos y peligros internos coproducidos
científicamente son híbridos construidos por la civilización y se presentan
como dinámica ético-cultural compleja y difícil de descifrar. Lo característico
de la sociedad del riesgo es una metamorfosis del peligro, difícil de delimitar
y controlar: la ambigüedad del cambio climático (Ibíd., 177)
La complejidad de la alarma política sobre la “crisis ecológica”,
puede derivar de esta teoría: la crisis ecológica, enfocada políticamente o
direccionada en sus relaciones de definición, “termina en una sistemática
violación y crisis de derechos fundamentales, cuyo efecto a largo plazo, la
desconcentración de la legitimidad social y del poder político, difícilmente
pueden ser sobrevalorados por que los peligros son producidos por
industrias, son exteriorizados mediante la economía, son individualizados
mediante el sistema de derecho, son legitimados por la ciencia y minimizados
por la política” (Beck, 1998: 185).
Los orígenes de dichos riesgos provienen del desarrollo industrial
desde el siglo XIX, el cual ha llevado a la pauperización de grandes sectores
de la población (Montenegro, 2005: 120). El resultado de sus impactos es
un mundo que camina en dirección al colapso por la constatación miope de
la crisis ecológica; pues tanto la sociedad como los gobernantes que elaboran
223
Mauricio Luna Galván
e implementan importantes políticas públicas aún no pueden resolverlas.
Falta en ese sentido, una sensibilización adecuada de las personas para la
real dimensión de la crisis ecológica y de su amenaza a la garantía de la vida
en el planeta (Cruz & Bodnar, 2008: 22).
La visión pesimista en la actual Sociedad del Riesgo afirma que el
equilibrio ecológico jamás será el mismo en el planeta, pues ya se alcanzaron
los límites más críticos y amenazadores de su trayectoria. Estas amenazas
derivan del agotamiento de los recursos naturales no renovables, de la
falta de distribución equitativa de los bienes ambientales, del crecimiento
exponencial de la población, de la pobreza en gran escala, y del surgimiento
de nuevos procesos tecnológicos excluyentes del modelo capitalista. Todos
estos factores contribuyen con la consolidación de una ética individualista
y desinteresada con el otro, con el distante, con las futuras generaciones y
con un desarrollo sustentable, lo cual afecta el desarrollo de una reflexividad
más activa y colectiva.
En tal sentido, Beck se refiere a los riesgos de los efectos secundarios
del desarrollo tecno-industrial. Es decir, como la intersección del cambio
climático y los riesgos socioeconómicos crea nuevos tipos de vulnerabilidad
y desigualdad, socavando las capacidades locales para adaptarse a los
cambios (Litre & Bursztyn, 61). Por lo tanto, la integración de los riesgos
relacionados con el cambio climático con otros factores de riesgo como
los choques de mercado, la variabilidad climática y la superación de las
barreras sociales a la adaptación se hacen necesarios (Moser & Ekstrom,
2010).
En esta línea, la propuesta es conducir estudios de abajo hacia arriba,
que sitúan a los actores objetivo, en primer lugar, contribuyendo a superar
los obstáculos sociales y perceptivos a la identificación de riesgos climáticos
y socioeconómicos. En segundo lugar, los fondos inversiones en procesos
de adaptación y mitigación y las percepciones han sido muy modestas
gracias a unas relaciones de definición concentrada en actores económicos
y políticos (Litre & Bursztyn, 54)
iii) Acción al cambio climático: de la modernidad reflexiva a la
formación de la subpolítica en la era global
En la sociedad del riesgo es fundamental entender la nueva fase de la
modernidad como reflexiva (Beck, 1998; Giddens, 1997), lo que permite “la
224
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
posibilidad de reinvención de la modernidad basado en cuestionamientos
subversivos, involuntarios e inadvertidos nos llevan a la autoridad de lo
público la modernización reflexiva hace que las instituciones se pongan
en movimiento” (Beck, 1997: 179), abriendo “la posibilidad de muchas
modernidades, en oposición a la idea fatalista de que sólo existe una forma
de modernidad: la sociedad industrial. Es en este escenario de tensión y
transformación permanente enfrentan enormes desafíos socioeconómicos
y climáticos para seguir existiendo sin perder su identidad cultural” (Litre,
2010).
La teoría de la sociedad del riesgo también contribuye a los estudios
sobre la gobernanza del riesgo, ya que logra caracterizar riesgos específicos
como fenómenos globales. Por un lado, “permite la asociación objetiva
entre el universo gerencial del Estado-nación con la globalización, dentro
de un contexto en el que la política gubernamental puede ser legítima y
eficiente cuando es mediada por esferas reguladoras post-nacionales” (Beck,
p.48-65); y por otro, permite nuevas formas de participación directa en los
procesos de toma de decisiones en el seno del sistema político, redefiniendo
así las bases de la legitimidad política (Beck, 2010, p.234-238).
La globalización se ha convertido en un marco para cuestionar el
poder en la sociedad y los impactos que ha generado (Beck, 1997: 175).
De ese modo, el proceso de gobernanza del riesgo debe incluir una opinión
pública fuerte, reflexiva, autoconsciente y universalmente democrática. Sin
embargo, la falta de recursos y altos niveles de distribución desigual de la
riqueza, como en el caso de Colombia, constituyen obstáculos y problemas
que son “típicos” de una sociedad de riesgo, aunque sin reflexividad “activa”
(Bosco & De Guglio, 2015: 149).
A pesar de lo anterior, las áreas despolitizadas de toma de decisiones
han sido politizadas mediante la percepción pública de riesgo; ellas se
abren a la duda pública y a los debates, con frecuencia contra la resistencia
de las instituciones poderosas que monopolizan dichas decisiones, como
decisiones de inversión o de desarrollo de tecnologías. Por lo tanto,
es decisivo que la extensión y profundización de la democracia penetre
en las esferas de la economía, la industria, la ciencia que hasta ahora
habían sido bloqueadas por relaciones de definición anticuadas, y que
las responsabilidades apunten hacia los que se benefician (Beck, 1997:
225
Mauricio Luna Galván
194) con el riesgo del cambio climático y no sobre aquellos que han sido
perjudicados por ellos.
Con el objetivo de prevenir, mitigar y remediar los riesgos y
la destrucción causados por la modernización, se abre paso a una
modernización reflexiva (Beck, 1998: 513). La cual actúa como catalizador
social y cultural de los nuevos riesgos que permiten nuevas formas de hacer
política, surgiendo así la subpolítica (Beck, 1997).
Una prueba de esto es la formación de una gobernanza global del
clima por transnacionales de ciudades, ONG y corporaciones para tomar el
cambio climático en sus propias manos (Johnson y Gordon 2017). Diversos
actores interesados y afectados, también desde un contexto post-nacional,
han comenzado a desarrollar una especie de subpolítica global con sus
propias normas y estándares de forma alternativa a los Estados-nación
o los tratados intergubernamentales. Se convierten así, en directores de
derecho propio estableciendo “esferas privadas de autoridad” que altera los
centros de toma de decisiones (Betsill, 2015). Esto significa una “descarga
de responsabilidad” de los Estados nacionales a los actores privados
como una señal de que la competencia y la autoridad de los estados en la
gobernanza climática mundial se está erosionando (Hoffmann 2011, citado
en Backstränd et al, 2017). “La incapacidad demostrada de los Estados-
Nación para dar una respuesta multilateral eficaz al cambio climático ha
reconfigurado el paisaje político tanto en términos de las entidades de
autoridad como de los modos de legitimación” (Backstränd et al, 2017:
568).
Como resultado, el Acuerdo de París reconoce más de 12.000
compromisos presentados por las empresas y otras partes interesadas
que no son partes pero que dieron impulso al Acuerdo. Se observa así,
un avance para la legitimidad de entrada en términos de participación e
inclusión tanto estatal como no estatal (Backstränd et al, 2017: 570). No
obstante, la alta representación de empresas puede ser una muestra de la
preponderancia en las incertidumbres socioeconómicas involucradas con
la toma de decisiones (Litre & Bursztyn, 2015: 56). Precisamente, en la
sociedad del riesgo el sector industrial se transforma en arenas para la
subpolítica, en las cuales se establecen las condiciones para las decisiones
de inversión, para el desarrollo de la producción, para la plasmación del
trabajo, para las empresas científicas y sus prioridades (Beck, 1997: 174).
226
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
La importancia de la inclusión y la participación probablemente
abren un nuevo marco de acción frente a los riesgos del cambio climático
y traerán un renovado interés por la legitimidad de los actores no estatales
a medida que pasemos al contexto post acuerdo de París, impulsando así
el proceso democrático y contribuyendo unas relaciones de definición más
adecuadas (Backstränd et al, 2017).
Los actores no estatales emergen de esa forma, como una fuente que
define problemas, estableciendo agendas, dando forma a reglas, principios
y normas que proporcionan información y desarrollo de capacidades,
movilizan el compromiso público, evaluando y monitoreando (Backstränd
et al, 2017). Lo que observamos es un actor pertinente en las relaciones
de definición al alinear la acción no estatal e intergubernamental en un
marco integral que puede ayudar a alcanzar objetivos de reducción de
emisiones, así como en la adaptación (Ibíd.: 573). De igual forma, origina
que las fronteras entre el discurso de los expertos y la discursividad social,
ecologista y política se diluyan (Montenegro, 2005: 121).
Las dinámicas de la subpolítica y las relaciones de definición de
actores en la época de los riesgos globales se ven afectadas por políticas
ortodoxas que permanecen atadas a esperanzas y supuestos erróneos acerca
del automatismo del progreso y la inmanente necesidad de desarrollo
tecnológico. Predomina la creencia errónea de que los riesgos, con los
cuales confrontamos, los podemos tener en la mano con la ayuda de los
métodos y modelos del siglo XIX (Beck, 1997: 188)
Aproximación de la Teoría de la Sociedad de Riesgo en la ciudad de
Cartagena para adaptarse al cambio climático
i) Cartagena: la división socioeconómica y geográfica
Cartagena es una ciudad que representa el contraste de lo antiguo y
lo moderno; la pobreza y la riqueza. La urbe con un patrimonio histórico
que muestra el pasado por un lado, y en otros espacios muestra las
construcciones de la modernidad, se han constituido como la fuente en el
florecimiento de varias industrias. Su ubicación geográfica y otros factores
también permiten el desarrollo de actividades económicas relacionadas con
227
Mauricio Luna Galván
la industria turística, los puertos, logística, la industria petroquímica, el
comercio y los servicios (Procolombia, Invest in Cartagena).
Las dinámicas de la modernidad industrial en la ciudad giran en
torno a “la zona portuaria donde se mueve el 60% del comercio marítimo
del país, con más de 2.500 industrias que aportan el 6% del PIB nacional,
y con crecientes inversiones en turismo que la consolidan como una de las
ciudades de mayor proyección internacional en Colombia”. (Plan 4C, p.
22).
Sin embargo, el desarrollo industrial no ha significado una mejora en
las condiciones de vida en general, sino que observamos una “desigualdad
en la distribución de los ingresos que repercute directamente en las
condiciones de vida de la población: el 32,7% de las habitantes vive en
situación de pobreza” (Ibíd.). Tales condiciones socioeconómicas se reflejan
en la configuración espacial de la llamada “otra Cartagena”, la cual está
localizada en zonas de alto riesgo donde el clima cobra especial importancia
ya que “la ciudad ha crecido de forma desordenada sin considerar los riesgos
y vulnerabilidades relacionados con las inundaciones, la erosión costera y
la afectación sobre la estructura ecológica principal” (Plan 4C, p. 29).
Los principales riesgos producto del cambio climático que amenazan
a Cartagena de Indias incluyen la elevación del nivel del mar, y eventos
extremos como mares de leva, lluvias torrenciales y veranos intensos, los
cuales históricamente han causado desastres y daños a los habitantes, a
las actividades económicas y al patrimonio histórico (Plan 4C, p. 38). Se
pronostica para el 2040, el 27,5% de la población y el 26,2% de las viviendas
se inundarían y la base natural se afectaría. (Ibíd. p. 42). Por lo tanto, hay
alta vulnerabilidad de la población a los riesgos ambientales que viven en
áreas costeras y pantanosas a los riesgos ambientales (Zamora, et al., 2014:
27). Estas vulnerabilidades están basadas en la división socioeconómica se
ven como un patrón de urbanización en América del Sur.
En 2015, Cartagena fue la segunda ciudad con mayor proporción
de pobres entre las 13 principales ciudades colombianas y sus áreas
metropolitanas, con un promedio de 15% y 26,2% de sus habitantes
viviendo en la pobreza. La desigualdad en la distribución del ingreso de
los hogares de Cartagena está por debajo de la media de las principales
ciudades (Ayala y Meisel, 2017: 16-17).
228
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
Los barrios más vulnerables son las zonas que paralelamente se
han visto afectadas directamente por el crecimiento desordenado del área
urbana, ya que las viviendas se han construido en zonas de riesgo de
inundación, donde vive la población más pobre, conocida como barrios
subnormales, debido a la mala o inexistente planificación dificultando la
provisión de servicios básicos servicios como agua potable y saneamiento
básico, construcción de escuelas y hospitales (Ayala y Meisel, 2017).
Por otra parte, al abordar la percepción del ambiente producto de los
componentes sociales y culturales que resalta Beck, encontramos que muchos
sectores de la “otra Cartagena”, las infraestructuras de la modernidad aún
se mantienen en estado paupérrimo, el pavimento agrietado, y montones
de basura y encharcamientos en las calles son reflejo de esto; sin embargo,
funcionarios del gobierno local fallan para controlar el problema. Esta es
una de las primeras cosas que los cartageneros mencionan cuando se les
pregunta acerca de su ciudad en estos días (Encuesta Cartagena como
vamos, 2016)
ii) Mitigación vs adaptación: definiendo el enfoque para afrontar
riesgos
El cambio climático representa una oportunidad hacia la modernización
reflexiva resultado de los efectos del desarrollo de la sociedad industrial.
En el caso de Cartagena, los pronósticos del fenómeno han conducido a
la discusión entre sectores económicos y políticos como un factor crítico
para la competitividad del desarrollo económico e industrial de la ciudad.
Subsecuentemente, la configuración de relaciones de definición enmarcada
en el plan 4C de adaptación
Ahora bien, la preferencia en la formulación de estrategias de
adaptación sobre la mitigación debe surgir como un interrogante. Por
un lado, la mitigación se refiere a “las políticas, tecnologías y medidas
tendientes a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y mejorar los sumideros de los mismos”. Por su parte, la adaptación es el
conjunto de estrategias que buscan reducir la vulnerabilidad del sistema
y mejorar sus posibilidades de tolerar, gestionar o ajustarse a los cambios,
tensiones, shocks, riesgos u oportunidades (Moser & Ekstrom, 2010). Eso
en el contexto de las disparidades económicas y sociales, y en el marco del
229
Mauricio Luna Galván
impulso de la sociedad industrial de la ciudad (IPCC. Reporte especial,
2016).
Para comprender desde el marco teórico, en las fases de la sociedad
de riesgo aparece una situación donde los peligros de la sociedad industrial
dominan los debates públicos y privados: el cambio climático en la ciudad.
Entonces las instituciones de la sociedad industrial producen y legitiman
peligros que no pueden controlar, por lo tanto, hay que formular medidas
y estrategias que lo contengan, la elaboración del plan 4C desde sectores
interesados y afectados es reflejo de ello. Las relaciones de propiedad y
poder permanecen constantes; y la sociedad industrial, se perciben y se
critica a sí misma en tanto sociedad de riesgo. Los debates y conflictos que
se originan en la dinámica de la sociedad de riesgo se superponen a las
organizaciones de intereses, al sistema legal y a la política; es decir, de los
sectores económicos y políticos hegemónicos de la ciudad (Beck, 1998).
El enfoque de adaptación se puede entender dado los impactos
inminentes y poco controlables; por consiguiente, la búsqueda de soluciones
inmediatas para enfrentarlos. El debate global sobre la responsabilidad en
la mitigación se centra en la carga de prueba para futuros riesgos y peligros
recae sobre los causantes y no más sobre los heridos afectados potenciales o
actuales. En esa medida, a nivel global la carga debe ser para países emisores
de carbono y a nivel local de los sectores económicos que generan las
mayores emisiones y contaminación. Sin embargo, ante vulnerabilidades y
crecientes impactos, la capacidad adaptativa está fuertemente condicionada
por sus percepciones de corto plazo del cambio climático y así como por
otros choques externos (Litre & Bursztyn, 2015: 55).
La fortaleza del Castillo San Felipe representa la infraestructura para
contener los riesgos de una era donde éstos eran completamente diferentes.
Sin embargo, los riesgos de la modernidad y las condiciones cambiantes
que expone el cambio climático conducen a la construcción de “fortalezas”
desde el marco de la adaptación a esos impactos y el incremento de riesgo
que implica en sus costas y en las áreas de la modernidad urbana.
A pesar de que los riesgos no están ligados por el espacio, la mayor
inversión de recursos no se dirige a las zonas de mayor vulnerabilidad
socioeconómica, de hecho, se invertirá la mayor cantidad de recursos en la
protección de la zona hotelera de los barrios desde Marbella hasta El Laguito,
230
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
donde está claro que la población no tiene los mayores indicadores de
vulnerabilidad socioeconómica (Ayala y Meisel, 2017). Por consiguiente, el
grado en que un determinado sistema grupo social, sector, región, país, etc.,
se ve afectado por el cambio climático y por los choques socioeconómicos
no depende únicamente, de la capacidad adaptativa del sistema.
iii) La subpolítica y relaciones de definición incipientes en la adaptación
de Cartagena al cambio climático.
Las decisiones tomadas desde las relaciones de definición hegemónicas
afrontan iguales riesgos y éstos son asumidos por los afectados y por otros
que toman estas decisiones, sobre las cuales no pueden intervenir (Beck,
1997: 172). Se cuestiona sobre los expertos que formulan los riesgos en
zonas vulnerables del complejo sistema urbano de Cartagena, asimismo a
la visión de sociedad donde las consecuencias del desarrollo tecnológico y
del cambio económico se debaten antes de tomar las decisiones cruciales
(Beck, 1998: 513). Así observamos que, los riesgos y peligros futuros y de
la actual degradación ambiental corresponderían a los perpetradores y no a
los agraviados (Ibíd. 514).
La sociedad del riesgo enfrenta desafíos por los cambios globales y
ambientales de raíz antropogénica. La integración al análisis de los riesgos
climáticos y socioeconómicos para superar las barreras a la adaptación al
cambio global no sólo incluirá a los mercados y las instituciones y dinámicas
económicas toman una posición hegemónica (Litre & Bursztyn, 54), ya que
la definición social del riesgo y del manejo de riesgos se da en distintos
contextos culturales, y aspectos del poder de las definiciones y conflictos
de riesgos en contextos diferenciados (Beck, 1998: 514).
En el marco de los impactos del cambio climático en Cartagena, los
afectados de las áreas de la modernidad industrial establecen como riesgo
fundamental, el que ocasione el cambio climático sobre la competitividad
y las infraestructuras industriales y económicas, estableciendo así un papel
central en las relaciones de definición. Por otro lado, en zonas vulnerables
se encuentran excluidos en la formulación de estrategias, emergiendo así
el imperativo de un papel en las decisiones en conjunto con los sectores
económicos y políticos. Eso, dentro del marco de una sociedad de riesgo en
el que las zonas de decisión previamente despolitizadas se están politizando
231
Mauricio Luna Galván
a través de la percepción del riesgo, y que deben abrirse al escrutinio y
debate públicos.
Nuevos espacios de subpolitización emergen con las decisiones
económicas corporativas, los planes de desarrollo, las estrategias de
adaptación deben abrirse y desarrollarse un marco legal e institucional para
su legitimación democrática (Beck, 1997). Las cuales hasta el momento
han dado forma relaciones de definición y la subsecuente formación de
la subpolítica del sector económico, ha definido como desafío el cambio
climático requiere la formulación de políticas y liderazgo que mantengan la
competitividad del sector empresarial utilice esto para convertir los riesgos
en oportunidades.
Beck sostiene que dado que los riesgos no están ligados por el espacio
y el tiempo, su puesta en escena social conduce a una cosmopolitización
reflexiva forzada de la vida social (Beck, 2006, p.p. 69-98 y 169-188).
La vida se cosmopolitiza en la medida en que el futuro, anticipado como
catástrofe, se encuentra en el presente como una fuerza para la integración
social y política transnacional (Beck, 2008, p.34-37). Este futuro amenazador
es industrialmente inducido, científicamente anticipado, gestionado
políticamente, socialmente percibido y compartido globalmente en la
acción actual, forzando la cosmopolitización reflexiva de la sociedad y la
historia. Resultado de esto, lo observamos en Cartagena con la formulación
y construcción del plan 4C, el debate público (Bosco & De Guglio, 147).
Del déficit democrático hacia la subpolitización inclusiva.
Los elementos de la sociedad industrial en un contexto urbano
profundamente desigual demuestran el contraste especialmente en lo
socioeconómico y ambiental entre áreas de la modernidad y de desarrollo
industrial con las áreas excluidas y de mayor vulnerabilidad deben asumir
los riesgos. La agencia y acción humana de las comunidades en las relaciones
de definición en lo político se encuentra débil. es claro que hay un déficit de
participación de las comunidades y la sociedad civil en Cartagena, teniendo
en cuenta que las condiciones de vida y poca educación son elementos
sociales que contribuyen al cambio climático. Las relaciones de definición
en un marco de modernidad reflexiva requieren nuevos actores en la
subpolítica para fortalecer y ampliar la base de las relaciones de definición
232
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
integrales para abordar la complejidad de los riesgos globales con impactos
locales.
Adicionalmente, las tendencias en las dinámicas de poder giran en
torno a su crisis, impactando en la búsqueda de decisiones. El proceso
de toma de decisiones se “descomponen en diferentes fragmentos y el
tradicional debate político se pulveriza dada las disputas sobre principios y
directrices, ideologías o el ordenamiento social” fragmentando así el proceso
de decisión, con su progresiva profesionalización y “desestatización” (Beck,
1993: 153).
La falta de medios políticos democráticos para para abordar los
efectos conducentes al colapso social-ecológico (Cruz & Bodnar, 2008:
23) conducen a una débil responsabilidad y capacidad afrontar tales
riesgos cuestionando así la función y legitimidad de burocracias, naciones,
economías y ciencias modernas (Beck, 1998: 208)
Ante eso, es claro que manejar riesgos que nadie realmente conoce se
ha vuelto necesario, sin embargo ¿Cómo podemos tomar decisiones acerca
de un riesgo del que sabemos poco? (Beck, 1998: 505). El riesgo es una
manera de controlar o colonizar el futuro, así, cuanto mayor sea la amenaza,
tanto mayor es el cambio que debe realizarse para poder controlar el futuro
implica que se deben cambiar los fundamentos básicos de la modernidad
(Beck, 1998: 504).
Dado que el peligro producido por la industria en la modernidad
configura a los actores del sector económico como hegemónicos en la
definición de riesgos y por ende en las relaciones definición que tratan de
colonizar futuras intervenciones sobre cómo enfrentar el cambio climático.
Impulsado ahora no sólo por la responsabilidad en la desigualdad social
basadas en el reparto de la riqueza, sino que ahora pasa a un debate sobre
las nuevas formas de desigualdad basadas en el reparto de los riesgos.
Se habla de una arena completa de subpolítica híbrida que surja
más allá del ámbito de las decisiones de los sistemas de representación de
la sociedad industrial y las fuerzas políticas convencionales (Beck, 1998:
503), lo cual en Cartagena se refleja en las decisiones, intereses y proyectos
desde la perspectiva de los sectores económicos y políticos, por lo tanto,
las relaciones de definición se monopolizan. Eso, se puede definir como
una dicotomía asimétrica en la subpolítica, la cual tiene como resultado un
233
Mauricio Luna Galván
déficit democrático en la toma de decisiones frente a otras arenas relevantes
de opinión y decisión en el marco de las relaciones de definición.
Lo anterior, supone una barrera para los sectores vulnerables y
excluidos de las dinámicas y beneficios de la modernidad en el sistema
urbano complejo, socavando su capacidad de percepción y control de
riesgos. Las implicaciones en términos de política social, es una violación
derechos básicos, y el impacto de largo plazo es un debilitamiento de la
sociedad en la medida que socava el poder y credibilidad de las instituciones
conduce a la formación de la subpolitización (Beck, 209)
Las discusiones sobre los riegos están sujetos a la dinámica de una
esfera pública con muchos actores decisiones, sin embargo, abordarlas en un
sistema político que concentra ese poder en ciertos sectores, (Montenegro,
2005: 122) es más sistemático en países en desarrollo, los cuáles aún se
mantienen sumidos en los dilemas del reparto de la riqueza y los conflictos
derivados de este, preocupados en encontrar los caminos al desarrollo
científico-técnico que conduzca a un proceso de modernización creciente
(Ibíd. 119) El caso de Cartagena, es ilustrativo en este sentido observar
las asimetrías existentes en la distribución geográfica de los espacios de la
modernidad, la industrias y los niveles socioeconómicos comparado con
sociedades más modernas como en Europa Occidental, donde se enmarca
inicialmente esta teoría.
Conclusiones
Hasta ahora, podemos observar que el discurso sobre la política
climática es un discurso experto y elitista en el que los pueblos, las
sociedades, los ciudadanos, los trabajadores, los votantes y sus intereses,
opiniones y voces aportan poco o nada, debido a la exclusión de los
espacios en los que se toman las decisiones y se establecen las relaciones de
definición en la sociedad del riesgo.
Los elementos de la sociedad del riesgo enmarcados en el caso
del cambio climático Cartagena de Indias ilustran la emergencia de una
modernización reflexiva plasmada en el plan 4C, cuya iniciativa central se
ejerce principalmente desde el sector privado, es decir que la subpolitización
de éstos predominan desde la reflexividad de los riesgos del sector
234
Teoría del Riesgo: una aproximación a la sociedad del riesgo en el marco de la
adaptación al cambio climático en Cartagena de Indias
económico, mientras que el papel de la política es secundario. La asimetría
se observa además en la subpolitización en detrimento de la perspectiva
social y cultural como exponen Beck, por lo tanto, el peso de comunidades
más afectadas son muestra de las dinámicas de exclusión en los procesos de
formulación y formación de políticas en zonas geográficamente distanciadas
de las áreas de la modernidad pero afectadas de igual forma.
Los riesgos en áreas vulnerables tienden a percibirse e inclusive a
incrementarse, bajo estructuras de decisión de poder donde se concentran
la toma de decisiones, el poder y por ende, en el control de las decisiones
relevantes que se soporta en las fuerzas del capital que conducen a la
modernidad. Precisamente, las infraestructuras de la modernidad en la
ciudad turística e industrial también se ven expuestas a las vulnerabilidades
que les presentan los impactos generados en el medio natural, el cual
no tiene fronteras ni límites geográficos. En esa medida los riesgos se
asumen en cualquier espacio sin importar el nivel socioeconómico ni las
infraestructuras de la modernidad localizadas.
Las zonas excluidas de la modernidad son consecuentemente las más
vulnerables a ciertos eventos climáticos; por lo tanto, las que asumirán
mayores riesgos en la medida que las decisiones que determinan los planes
e infraestructuras de adaptación se enfocarán se observarán los puntos
en las asimetrías de poder y por ende la forma en cómo se han dado las
relaciones de definición y la formación de la sub-politización para enfrentar
los impactos de los eventos climáticos.
La propuesta es las consecuencias sociales, políticas y culturales de
los riesgos, de las políticas y estrategias que se dan desde lo global a lo local
como eje la agencia de los actores de la sociedad civil y las comunidades
afectadas, los cuales son producto de lo que denomino “los riesgos de la
exclusión a la modernidad”, para ello, una comunicación clara y eficaz
en espacios de subpolítica en sectores excluidos y vulnerables al cambio
climático sobre la naturaleza del riesgo juega un papel clave en las estrategias
de adaptación (Litre & Bursztyn, 57).
Ahí, la sub-política juega un papel clave, pero en la definición de
riesgos basados en contextos específicos como en Cartagena, donde la
agencia humana debe constituirse como centro o punto de partida en la
formación de percepciones a nivel colectivo, se condiciona y limita la acción
235
Mauricio Luna Galván
a nivel político, lo cual se constituye como un factor conducente a mayores
riesgos. En ese sentido, es necesario generar otro tipo de conocimiento, un
conocimiento instrumental capaz de promover el cambio de actitudes, no
sólo de los individuos, sino también de las instituciones. Esto es cuando
las ciencias sociales, junto con la preocupación por entender cómo las
personas perciben los cambios en su entorno y cómo actúan sobre esos
cambios, vuelven a entrar en la escena (Litre & Bursztyn, 2015: 54).
Por consiguiente, la acción transnacional desde los actores locales
afectados por un fenómeno global como cambio climático en un marco
de exclusión a la modernidad, surge también como una opción válida,
en el que el conocimiento esté basado en experiencias compartidas y una
subsecuente formación de una subpolítica global-local frente a los riesgos
que plantea el cambio climático. Asimismo, se abre otro aspecto dada sus
consecuencias humanas, en formas emergentes de abordar fenómenos
globales como el cambio y los riesgos que plantea a la seguridad humana.
Los debates sobre las políticas de mitigación están enmarcados en
el tema de las responsabilidades de los países, por lo tanto, las cifras de
emisión de gases del país y per cápita resultan relevantes; sin embargo, el
caso es complejo si choca con el enfoque de adaptación. Algunos de estos
trabajos se centrarán en la legitimidad sociológica –lo que los ciudadanos
individuales y los grupos de la sociedad civil– piensan sobre el Acuerdo
multilateral y sus políticas nacionales (Backstränd, 2017: 571).
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10. La creación de riesgo por parte del
Estado en la materialización de los
derechos sociales: Prestación del servicio
público de energía en Atlántico, Bolívar,
Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre y la
Guajira
Juan Felipe Solórzano Quintero
1
Introducción
El escrito que se presenta tiene por objeto demostrar como el Estado
es generador de situaciones que lesionan la garantía de los derechos de
las personas. Para demostrarlo, nos apoyaremos en la teoría del riesgo de
Ulrich Beck.
En principio se dice que el Estado es un actor fundamental y esencial
en la materialización de los derechos. De hecho, fue a partir del cambio
de modelo de Estado liberal al social en donde la intervención pública
demostró ser una herramienta útil para poder materializar todos los
derechos consagrados las constituciones.
Pese a esto, en la actualidad pareciera que los mercados y los
fenómenos de globalización han permitido el desplazamiento de esta
máxima que en todo momento debe permear el quehacer público. De
este modo, el Estado en aras de generar una apertura económica se ha
privilegiado la entrada de multinacionales a costa del desmantelamiento
de los principios constitucionales. Lo anterior, afecta de manera directa el
principio de dignidad, que es el fundamento del ordenamiento jurídico.
Así bien, el mismo Estado al privilegiar la apertura económica sacrifica
los estándares mínimos de goce y garantía de los derechos de las personas.
1 Abogado de la Universidad del Rosario. Magíster en Derecho Administrativo de la Uni-
versidad del Rosario. Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.10
240
La creación de riesgo por parte del Estado en la materialización de los derechos sociales:
Prestación del servicio público de energía en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar,
Córdoba, Sucre y la Guajira
Es por ello, que resulta interesante ver como a partir de un caso práctico y
actual como es el de Electricaribe se evidencia la creación de un riesgo por
parte del Estado.
De esta manera el trabajo pretende, en una primera parte, mostrar la
situación de la prestación de electricidad en la región caribe colombiana,
para poder exponer la precariedad de este servicio público. En una segunda
parte, veremos como este riesgo creado por el Estado se parangona con la
teoría del riesgo de Ulrich Beck y además analizaremos como en la actualidad
los Estados muchas veces ceden en materia económica a costa del bienestar
de sus ciudadanos. Finalmente, advertiremos algunas soluciones aplicables
a esta situación.
El riesgo generado por el Estado en la prestación del servicio público
de energía en la región Caribe.
El fenómeno de la globalización ha permitido que muchas empresas
de gran importancia económica inviertan en diferentes países. Estas
compañías son conocidas como multinacionales o transnacionales. En
Colombia este tipo de sociedades empezaron a invertir de manera masiva
en 1991. En este año, el país abrió sus puertas a la economía global. De
este modo, el Estado colombiano sufrió grandes cambios en su estructura
y legislación. Fue así como se inició un proceso de privatización de las
empresas estatales. Paralelamente, se generó desregulación en aspectos
económicos y una apertura comercial (Ramiro, González, & Pulido, 2007).
En materia legislativa como lo sostienen Restrepo Medina (2010) se
surtió un proceso de reformas laborales, de contratación y de regulación
económica que se realizó de acuerdo a los parámetros del Fondo Monetario
Internacional. Según Zamora este tipo de organizaciones internacionales
tienen como propósito catapultar el modelo neoliberal. Situación
que permite inferir que estos paquetes legislativos implementados en
Colombia no tengan como principal propósito garantizar los postulados
constitucionales, sino mejorar las condiciones de inversión y del mercado
2
.
2 Se puede ver que las inversiones de las empresas multinacionales se someten a otro tipo
de reglas y tratamientos véase al respecto (Jabob, 2010)
241
Juan Felipe Solórzano Quintero
La situación descrita hizo que diferentes multinacionales invirtieran en
Colombia, dentro de las cuales se encuentra Unión Fenosa
3
. Esta sociedad
española se consolidó dentro del mercado colombiano en 1998, adquiriendo
empresas de generación, transporte, distribución y comercialización de
energía en 16 departamentos de Colombia. En este punto, debe hacerse
un paréntesis. El Estado dividió la prestación del servicio de energía en
estos cuatro grandes procesos, con el presunto propósito de incentivar la
competencia. No obstante, se evidencia que este objetivo fue ilusorio, ya
que en la actualidad no existe competencia de ningún tipo y por el contrario
vemos como las empresas privadas se apoderan de todos los procesos en la
prestación del servicio eléctrico, dando lugar a abusos y mala prestación del
servicio público (Ramiro, González, & Pulido, 2007).
Dentro de las empresas con que cuenta la multinacional Unión
Fenosa está Electricaribe S.A. E.S.P. La filial del grupo español se encarga
desde el año 2000
4
de la distribución y comercialización de energía
en siete departamentos de la Costa Caribe, a saber: Atlántico, Bolívar,
Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre y la Guajira. Desde su llegada a la
región Caribe Electricaribe quiso transgredir los derechos sociales. Así y
como lo sostienen González, Ramiro y Pulido (2007) la filial de la empresa
española ejerció todos los mecanismos para liberarse del pago de pensiones
e intentó modificar los convenios colectivos, con el objeto de minimizar
las garantías de los trabajadores y poder despedirlos con mayor facilidad.
Adicionalmente, inició un proceso masivo de subcontratación que perjudicó
de manera grave los derechos de los trabajadores.
De manera concomitante, la empresa no mejoró la prestación de su
servicio; éste se caracteriza, inclusive en la actualidad, por tener constantes
cortes
5
y por las onerosas tarifas. A la llegada de Electricaribe las facturas
aumentaron en un 51 por ciento ( Unidad de planeación Minero energética,
2006). En lo que se refiere a los costosos pagos que deben realizar los
3 La multinacional opera en once países del mundo, siete de estos Estados son latinoa-
mericanos, a saber: Panamá, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua,
México y Colombia (Ramiro, González, & Pulido, 2007)
4 Anteriormente la Multinacional Houston Industries y Electricidad de Caracas.
5 Los cortes al año suman en promedio 90 horas que es el doble de tiempo que en las
demás regiones del país (Baena, 2017)
242
La creación de riesgo por parte del Estado en la materialización de los derechos sociales:
Prestación del servicio público de energía en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar,
Córdoba, Sucre y la Guajira
usuarios del servicio de energía en esta región del país González, Ramiro y
Pulido (2007) ponen de manifiesto un ejemplo muy esclarecedor.
Villa Paz de Montería (Montería - Córdoba) es un barrio de un
estrato bajo y sus habitantes se caracterizan por no tener grandes recursos
económicos. Pues bien, un usuario del servicio eléctrico en esta zona pagaba
0.92 euros por kilovatio en el año 2007. Simultáneamente, en Madrid
(España) donde esta empresa presta similares servicios cobraba para el
mismo año 0.87 euros por kilovatio. De este ejemplo se puede evidenciar lo
paradójico e incongruente del cobro de la energía. Resulta incomprensible
que los habitantes de Villa Paz deban pagar en mayor proporción de lo
que se cobra en una ciudad europea. Es preciso sostener que el poder
adquisitivo en Colombia es menor que el de España (Ramiro, González, &
Pulido, 2007, pág. 194). Esta situación demuestra los excesos en los cobros
de energía y la pasividad del Gobierno colombiano en ejercer controles y
brindar verdaderas garantías en la prestación de los servicios públicos.
El aumento de las tarifas y el mal servicio lo justificó la empresa
española por la deuda de los usuarios con sus facturas y también por
eventos de naturales v.g. fenómeno del niño (Ardila Arrieta, 2016). De
manera tangencial el Estado colombiano implementó algunas medidas para
corregir la pésima prestación del servicio público de energía. En 2010 (El
Tiempo, 2010) y 2012 (El Tiempo, 2016) la empresa fue sancionada por el
Gobierno colombiano. En el año 2016 la Contraloría General de la República
evidenció algunos hallazgos fiscales que en principio demostraban los
malos manejos de los dineros públicos (El Tiempo, 2016). De todas formas,
este tipo de medidas no corrigieron los abusos a los usuarios.
Finalmente, y luego de intervenciones la situación se hizo insostenible
para el Gobierno, motivo por el cual en marzo de 2017 ordenó la liquidación
de la empresa teniendo en cuenta que la compañía no estaba en capacidad
de prestar los servicios con unas condiciones mínimas de calidad y eficiencia
(El Tiempo, 2017).
Este argumento resulta paradójico, por cuanto desde hace lustros
estaba clara la incapacidad de Unión Fenosa a través de su filial de prestar
un servicio de manera adecuada, con calidad, para todos los habitantes y
en unas condiciones económicas justas. Por lo que esta medida a nuestro
243
Juan Felipe Solórzano Quintero
modo de ver la medida fue tardía y perjudicó gravemente a los habitantes
de esta región del país al menos en dos aspectos.
El primero, desde un punto de vista económico al tener que pagar
grandes sumas de dinero por un servicio catastrófico. El segundo, desde un
aspecto constitucional, como veremos, los derechos sociales se materializan
a través de la prestación de los servicios públicos los cuales deben ser
garantizados por el Estado, pero en este caso se ve la omisión del Estado en
brindar esta protección a los habitantes. Eventualmente se tomaron algunas
medidas; sin embargo, en nada atacaron el punto crítico de la situación que
era la necesidad de mejorar el servicio de electricidad.
De manera extraña, la empresa Unión Fenosa inició el proceso de
demanda por 1000 millones de euros ante el CIADI (Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) por el presunto
incumplimiento por parte del Estado colombiano del tratado de protección
de inversiones firmado con España (31 de marzo de 2005. La multinacional
española aduce que hubo expropiación (Solórzano Quintero, 2017). Todo
esto, a sabiendas del mal servicio prestado en la región de la costa caribe
colombiana.
La situación descrita evidencia una situación en la que el Estado por
abrirse a las dinámicas económicas del mercado pareciese que se olvida de
su principal objetivo que es la garantía de la persona y su dignidad. Los
poderes públicos en vez de ser garantes de los derechos sociales, pereciesen
tener un papel contrario al de su objetivo principal, ya que no se concentran
en su protección de manera acérrima, sino que los dejan en un plano de
total desamparo. Al respecto podemos remitirnos a la teoría sociológica
creada por el profesor alemán Ulrich Beck, referente a la sociedad del
riesgo. Sostiene Beck (2002) que en la actualidad la sociedad de acuerdo
a los fenómenos económicos, políticos y sociales se está sometiendo a una
creciente producción de riesgo. Esta propensión al riesgo afecta el medio
ambiente, la salud y en general el bienestar del individuo.
Añade Climent Sanjuán (2006) que esta teoría no estaría completa
sino le agregamos que existe un riesgo permanente de ruptura social que se
genera por la globalización. Este riesgo en principio debería ser controlado
por el Estado, a través de la implementación de políticas públicas. Pero,
considera el autor citado que existe una situación particular y es el fracaso
244
La creación de riesgo por parte del Estado en la materialización de los derechos sociales:
Prestación del servicio público de energía en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar,
Córdoba, Sucre y la Guajira
de las políticas públicas, lo que tiene como efecto directo la deslegitimación
de las instituciones públicas. Precisamente, en este punto sostiene Beck que
en la concepción del Estado actual se encuentra en una especie encrucijada.
Los Estados se hacen parte de la dinámica de globalización, pero
no están en capacidad de hacerle frente a los riesgos globales que crea la
economía (Beck, La política de la sociedad del riesgo, 1998). Teniendo en
cuenta su incapacidad dentro de la dinámica de la globalización, estos son
propensos a crear riesgos que repercuten directamente en los habitantes
y específicamente en la guarda de sus derechos. Es claro el ejemplo de
Electricaribe donde se evidencia la posición de riesgo que permitió el Estado
colombiano, al admitir que Unión Fenosa a través de su filial prestará el
servicio de energía, vemos pues como en aras de promocionar la inversión
se conculcó de manera directa la prestación de un servicio público tan
esencial como es el de energía.
Además del escenario que generó el Estado colombiano resulta preciso
mencionar la situación respecto a los poderes públicos en Latinoamérica.
En esta región, existe un agravante y es el debilitamiento del Estado,
particularmente de la administración (Ferraro Cibelli, 2009). El autor
evidencia la clara descomposición social de Latinoamérica, caracterizada
por los graves problemas económicos, de educación y los referentes al
trabajo que hacen que este territorio se caracterice por tener altos índices
de pobreza y de inequidad. Considera Ferarro Cibelli (2009) que los países
pertenecientes a Iberoamérica generan políticas sociales, pero la gestión
pública no ejerce una función consistente. Demuestra esto, un problema
al interior de la administración que, según el autor, es la “debilidad
institucional” que impide contar con administraciones públicas robustas,
fuertes, eficaces y eficientes que permitan la correcta prestación de los
servicios públicos a todos los ciudadanos. Así vemos como el Estado no
está en capacidad de prestar unos servicios públicos adecuados y acude a
terceros que, sin embargo, no tienen como principal objetivo su correcta
prestación, sino la obtención de un lucro. A causa de esto, se da lugar a
la creación de riesgo que afectaría directamente la materialización de los
derechos sociales. No se debe olvidar que, en el modelo actual de Estado el
componente social requiere que el Estado intervenga de manera permanente
en la materialización de los derechos.
245
Juan Felipe Solórzano Quintero
En el caso bajo estudio evidenciamos que existe una posición de
pasividad en la prestación del servicio de energía por parte de la Empresa
que no ofrece condiciones laborales dignas. Conjuntamente, suministra
un servicio de energía deficiente, que transgrede la materialización del
postulado social en los siete departamentos en que Electricaribe presta sus
servicios. De otro lado, se ve la demora por parte del Estado el cual duró
más de diez años en tomar una decisión definitiva respecto a la correcta
prestación del servicio de energía en parte de la región Caribe. Se debe
advertir que no se sabrá en un futuro quién asumirá la distribución y
comercialización del servicio eléctrico. Por lo que se hace un llamado de
atención para que el Estado realice un análisis concienzudo, de quien ejerza
esta actividad se encuentre en capacidad de prestar un servicio de calidad.
Ahora bien, la situación de riesgo descrita debe ser estudiada junto
con la normatividad constitucional, la cual nos permitirá demostrar que
el Estado no brinda mecanismos de protección adecuados para los riesgos
que crea.
Si empezamos por leer la Constitución Política de Colombia
observamos que el modelo de Estado bajo el que se estructura el país es
social y democrático de Derecho. Esto implica que su actuar debe estar
dirigido al cumplimiento de ciertos fines, dentro de los cuales está “servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. En
lo que respecta a los derechos la Carta hace alusión a los sociales, que
requieren una intervención asidua y constante del Estado.
Los derechos sociales se pueden ver materializados en la prestación
de servicios públicos, que dan bienestar y un nivel adecuado de vida a las
personas. Lo mencionado redundará en la garantía y la guarda del principio
de dignidad. Así lo consagra expresamente la Constitución en su artículo
365, en el cual preceptúa que: “Los servicios públicos son inherentes a
la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.”
En este sentido la sentencia C-389 de 2002 proferida por la Corte
Constitucional sostuvo que, dentro de la concepción del modelo de Estado
los servicios públicos son relevantes para la consecución del Estado social
y democrático de Derecho. Motivo por el cual el Estado debe “asegurar su
246
La creación de riesgo por parte del Estado en la materialización de los derechos sociales:
Prestación del servicio público de energía en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar,
Córdoba, Sucre y la Guajira
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Agrega,
la sentencia que:
constituyen un asunto de Estado y por lo tanto pertenecen a la
órbita de lo público de ahí que deben ser prestados a todos los
habitantes; su régimen tarifario debe tener en cuenta los criterios
de costos, solidaridad y redistribución del ingreso. Por razones
de soberanía o de interés social el Estado puede reservarse su
prestación previa indemnización a quienes queden privados
del ejercicio de esta actividad; su prestación es descentralizada
pues descansa fundamentalmente en las entidades territoriales;
y, finalmente el pago de los subsidios a los estratos pobres
involucra recursos de la Nación y de las entidades territoriales.
Hasta este punto diríamos que normativamente el Estado preserva el
postulado social. En este entender, garantiza la igualdad material, a través
de la vocación de universalidad y prestación de los servicios públicos a
todas las clases sociales.
Pero, los servicios públicos no sólo serán prestados por el Estado,
la Constitución añade que también las comunidades organizadas o los
particulares pueden ofrecerlos. Esto se da en virtud de la armonía que
debe existir entre cada uno de los postulados que conforman el modelo
de Estado. El elemento social, el democrático y el de Derecho no deben
yuxtaponerse, sino que deben entenderse como un todo que se articula
armónicamente a los otros postulados que forman el modelo de Estado
(García Pelayo, 1977). En este sentido, Atehortúa Ríos (2017) manifiesta
que la Constitución de 1991 pretende “armonizar el derecho a la propiedad
privada y el reconocimiento de las libertades económicas, como la libertad
de empresa, la libre competencia y la iniciativa privada, con la intervención
del Estado en la economía” (p. 206).
Justamente, la prestación de servicios que en otrora el Estado
ejercía se ha llevado al extremo y ha permitido la conculcación de
derechos fundamentales. En la actualidad, pareciese que el Estado cede su
soberanía y su quehacer a la voluntad de empresas privadas, generalmente
multinacionales. En este sentido, podemos decir que la estructura estatal
ha sufrido serias transformaciones ya que ha pasado de prestador,
redistribuidor y configurador, a un mero garante de las condiciones del
247
Juan Felipe Solórzano Quintero
mercado, de las libertades y de los derechos (Alli Aranguren, 2004). En la
actualidad nos estamos enfrentando a un desmantelamiento del modelo
de Estado, en donde se cede la supremacía de la Constitución a favor de
los intereses del capitalismo (De cabo Martín, 2006). Una de las maneras
o mecanismos utilizados para destruir el modelo de Estado es acudir a la
reducción de su estructura.
Al respecto, Beck nos pone de manifiesto un ejemplo que evidencia
el desastre de las privatizaciones:
Mucha gente ha confundido modernización con privatización,
es decir, con la idea del Estado neoliberal. Pero tras el 11-S
la divisa del neoliberalismo de sustituir política y Estado por
economía ha perdido mucha fuerza. Un ejemplo descollante es
la privatización de la seguridad aérea en EE UU. Esta autoridad
de control clave para el sistema de la seguridad interior se ha
encomendado a empleados a tiempo parcial y con condiciones
de suma flexibilidad. Su sueldo estaba por debajo del de los
empleados de los restaurantes de comida rápida. Se les dieron
unas pocas horas de 'formación' para este empleo basura de
seguridad basura por periodos que en promedio no excedían los
seis meses. Hay que reconocerlo con tristeza: esta concepción
neoliberal que complace a EE UU, que comprende la cicatería
del Estado por un lado y por otro la trinidad de desregulación,
liberalización y privatización, ha vuelto al país vulnerable a
los ataques terroristas. En este sentido, las terribles imágenes
de Nueva York contienen el mensaje que también ha sido
captado en los EE UU: un país puede suicidarse por exceso de
neoliberalización. (Beck, 2002).
Si leemos el anterior aparte nos percatamos de dos cosas. La primera,
se refiere al abuso de la privatización, en el sentido en que no todas las
actividades estatales pueden ser dejadas en manos de privados. Por cuanto,
se corre el riesgo que la prestación por parte de los particulares no se ajuste
a los estándares de calidad y efectividad. Aunado a lo anterior, no debemos
perder de vista que el Estado tiene como principal función la garantía de
los derechos de las personas. Esto se contrapone con el interés innato de un
particular de obtener ganancias en el ejercicio de una actividad económica.
248
La creación de riesgo por parte del Estado en la materialización de los derechos sociales:
Prestación del servicio público de energía en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar,
Córdoba, Sucre y la Guajira
Así, existen actividades que per se tienen que ser netamente
desarrolladas por entes públicos, los cuales tendrán como guía las normas
constitucionales que orientan su quehacer. La segunda, se refiere a la
deficiencia en la supervisión y regulación por parte del Estado de las
actividades desarrolladas por los particulares. Esto evidencia al menos
dos posibles causas, la primera, la reducción sistemática del Estado y
en consecuencia su imposibilidad de ejercer un verdadero control y
sometimiento a la legalidad en la prestación de los servicios públicos. La
segunda, la captura del Estado a favor de intereses privados.
Ambas causas denotan un retorno al laissez faire, propio de la
época del Estado liberal de Derecho. Sin embargo, esta usanza se agrava
con la globalización que hace que las grandes multinacionales y los países
desarrollados se aprovechen de los Estados más pequeños y con economías
más débiles (Mir Puigpelat, 2004). Así, nos recuerda Pisarello Prados (2000)
que la globalización ha permitido el reposicionamiento de las grandes
potencias y de las grandes empresas en el contexto mundial. Esto muestra
como el modelo de Estado actual está en una constante interrogante, al
posicionarse por encima del Estado intereses económicos que abogan por
la protección del mercado y no de las garantías constitucionales.
Existen teorías que apuntan a una nueva concepción de Estado,
en el que la idea tradicional del Estado-nación ha sido desechada y
por el contrario hablamos de una cesión de soberanía a organizaciones
internacionales. Estas últimas en principio se harán cargo desde una visión
global por la garantía de los derechos de las personas. Sin embargo, esto
no es tan cierto ya que al interior de los Estados se vislumbra como las
grandes empresas hacen que los regímenes jurídicos se modifiquen a su
conveniencia a fin de generar mayores rendimientos. Por lo que diremos
que esta cesión de soberanía es defectuosa y conveniente. Si bien existen
aspectos en los cuales la comunidad internacional ha avanzado como es
la protección de los derechos de las personas (creación de organizaciones
internacionales), también está la constante que privilegia la protección de
los grandes capitales, v.g. inversiones internacionales.
La desprotección a la que se enfrenta el individuo es constante ya
que en la actualidad se aboga por una reducción sistemática del Estado, sin
que se establezca a ciencia cierta quien será el garante de la dignidad los
derechos de la persona. Sainz Moreno (2004) percatándose de esta situación
249
Juan Felipe Solórzano Quintero
pone de manifiesto que en la actualidad se cree que un Estado moderno
es uno modesto o pequeño, en el cual se le de relevancia al mercado.
Adicionalmente, el autor citado considera que la reducción del papel del
Estado puede traer consecuencias perjudiciales a la función administrativa,
ya que se da lugar al privilegio de otros intereses, diferentes al general,
dando lugar a la generación de decisiones arbitrarias en contravía de los
derechos y libertades de las personas. Asimismo, al debilitarse la estructura
administrativa, la obligación de materialización de los derechos se ve más
lejana, por cuanto ostenta menos prerrogativas y órganos que permitan
instrumentalizar todos los anhelos que el constituyente estableció. En
consecuencia, se volvería a uno de los problemas del modelo liberal de
Derecho y es la existencia de normas (aspecto formal), pero sin una garantía
universal (aspecto material).
Vemos entonces como el Estado se somete constantemente a una
reducción y al influjo de intereses privados que hacen que su razón de
ser que es la protección del individuo se diluya. Muchas veces en aras de
garantizar una inversión se transgrede los derechos de las personas, esto
se puede observar en el caso de Electricaribe. Además de ello, se genera
una desprotección total a los postulados constitucionales, debido a que, en
virtud de un tratado bilateral de protección de inversiones, el litigio entre el
Estado y el inversor será resuelto por terceros extraños (árbitros), con reglas
que siguen un procedimiento muy parecido al del comercio internacional
entre particulares y en poco se someten a las normas internacionales
referentes a derechos humanos. Entonces, si queremos que el Estado siga
los postulados constitucionales requerimos de verdaderas autoridades
internacionales que lo conminen a que su quehacer tenga como único
propósito la protección de las personas, y así evitamos que casos como el
de Electricaribe vuelvan a ocurrir, es decir, situaciones en donde el Estado
en vez de garantizar un servicio crea un riesgo que afecta a las personas.
Ahora bien, algunos creen que la solución al problema actual del Estado
se traduce en una necesidad de transformación de la concepción tradicional
de Estado Constitucional a un Estado transnacional. Primordialmente, esta
nueva forma de ver al Estado implicaría que se dejará de hablar de una
cesión de soberanía y por el contrario se aceptará la globalidad del mundo
contemporáneo. De esta forma, no se hablaría de un Estado transnacional
o supranacional porque los partidarios de esta teoría afirman que nos
250
La creación de riesgo por parte del Estado en la materialización de los derechos sociales:
Prestación del servicio público de energía en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar,
Córdoba, Sucre y la Guajira
remitiríamos de nuevo a la concepción de Estado clásico. Por consiguiente,
dicen que esta nueva forma de ver el Estado tiene que verse como un modelo
de colaboración y solidaridad interestatal (Márcio Crúz & Bodnar, 2008;
Beck, Democracia y sus enemigos, 2000) De cualquier modo, a nuestro
parecer el concepto de solidaridad en el modelo social y democrático de
derecho es pieza fundamental para generar cohesión entre las instituciones
públicas y los ciudadanos, por lo que no pareciese que se despegaran del
todo de la teoría clásica de Estado.
Siguiendo con el análisis de esta posición los seguidores de la teoría del
Estado transnacional dicen que sería la solución al fenómeno de la apertura
mundial y permitiría la reivindicación de las pequeñas comunidades. En el
entendido que consideran existe la posibilidad de contrarrestar los abusos
por parte de los grandes países o las multinacionales a naciones pequeñas
o con economías débiles. Esto en virtud de la solidaridad internacional
que consideran es la pieza clave para eliminar la situación mencionada. Al
respecto sostienen:
Cada región buscaría su espacio-tiempo económico, solidaria-
mente entendido y respetado por las otras regiones, sin el con-
curso de la competición excluyente y propia de la era que está
siendo ultrapasada. (Márcio Crúz & Bodnar, 2008)
Junto con este elemento, dicen que se crearía un espacio propicio en el
cual los actores transnacionales tendrían la asignación de responsabilidades
políticas, esto redundará en la no concentración del poder. De igual
forma, se dice que el Estado Transnacional evitaría la confrontación
permanente a la cual se someten los Estados actuales. Para ello, afirma
que contarían con instrumentos como tributos de los mercados por los
movimientos especulativos de capitales, que limitarían en gran parte los
usos económicos de las grandes sociedades. Finalmente, se habla de una
soberanía compartida con otros entes pertenecientes a la sociedad mundial.
(Márcio Crúz & Bodnar, 2008).
Debemos manifestar, nos parece un poco utópica esta posición. En el
sentido que la misma parte de supuestos son irreconciliables: el primero de
ellos, es que las grandes potencias no dejarán su poder a fin de obtener un
beneficio mundial. En segundo lugar, debemos manifestar que las grandes
multinacionales cuentan con un brazo económico extremadamente fuerte
251
Juan Felipe Solórzano Quintero
que incluso, supera los niveles económicos de los países, por lo que en la
actualidad prácticamente es un poder incontrolable.
Al respecto y a fin de evidenciar su poderío un estudio realizado
y publicado en el periódico el País de España mostró que la sumatoria
de los ingresos de las diez empresas más grandes del mundo es similar
al producto interno bruto de 180 países. Esto demuestra que los grandes
capitales se han posicionado en punto de no retorno, en el cual prevalecen
de manera primordial los intereses económicos sobre los sociales. Es
el caso nuevamente de Electricaribe, en donde una gran empresa usó
sus influencias para prestar de manera prolongada un servicio pésimo.
Obteniendo claramente beneficios económicos los cuales no reinvirtió en
la mejora del servicio de electricidad en la región Caribe.
Entonces no se puede hablar de la creación de un Estado transnacional,
nuestro punto no se contrapone con las transformaciones que sufre el Estado.
Es claro que el Estado al igual que la sociedad es dinámica. Sin embargo, los
logros alcanzados como los sociales y la primacía de la persona no deben
ser desechados. En un Estado transnacional se deja abierta la posibilidad
que intereses económicos estropeen aún más los derechos sociales al tener
una puerta abierta permanente en donde pueden intervenir únicamente
para beneficiarse.
En la concepción actual de Estado se habla de una cesión de
soberanía en favor de la creación de nuevas instituciones internacionales o
supranacionales que pretenden hacerle frente a estos cambios y situaciones
de vulneración que la globalización ha generado. Estas organizaciones
tienen como principal propósito la guarda de la persona. No obstante,
se han visto influidas por cuestiones económicas que han permitido
la depauperación de los postulados sociales, un ejemplo de ello son las
reformas constitucionales que se hicieron en materia de endeudamiento
en la Unión Europea, principalmente en España, Grecia e Italia (Pisarello
Prados, 2011). Lo anterior, evidencia la capacidad de influjo de los poderes
económicos sobre los públicos.
Vista estas dos teorías podemos concluir que claramente la concepción
tradicional de Estado-Nación se encuentra en cuestionamiento. En el
sentido que la sociedad está generando fenómenos a los cuales no les puede
hacer frente. Al contrario de generar soluciones en favor de la protección de
252
La creación de riesgo por parte del Estado en la materialización de los derechos sociales:
Prestación del servicio público de energía en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar,
Córdoba, Sucre y la Guajira
la persona, ha sido participe en el retroceso de la garantía de los derechos
sociales, ejemplo de ello las garantías laborales o la prestación adecuada de
los servicios públicos.
Al respecto Beck compara la época actual con la vivida en el siglo XIX
(industrialización), momento en el cual existieron amenazas claras contra
las condiciones de la vida humana, en las cuales abundó la precariedad
de condiciones de pervivencia por parte de la clase obrera y la gente
campesina (Beck, La sociedad del Riesgo: hacia una nueva modernidad,
2002). Teniendo por sentado lo expresado por el autor alemán resulta
evidente afirmar la precariedad del postulado social. Por lo tanto, existe un
permanente riesgo, que debe verse minimizado de alguna forma.
Conclusiones
Consideramos que en vez de pensar que el Estado es prescindible,
debemos tenerlo como un actor y pieza fundamental en la solución de
los riesgos, para que el Estado vuelva a tener el rol de protector de los
derechos humanos, se requiere la creación de “mecanismos internacionales
para impedir que los mismos Estados, que deberían garantizar los derechos
de sus propios ciudadanos, los violen” (Beck, 2006).
Algunos dirían que estos mecanismos y organizaciones internacionales
ya existen. Consideramos que si bien se ha avanzado en ciertos temas.
Las instituciones creadas se encuentran limitadas en su jurisdicción y no
alcanza a controlar todos los asuntos que pueden lesionar derechos. Por lo
tanto, resulta erróneo pensar que actualmente existe completa protección
del individuo. Entonces se hace necesario repensar estas instituciones y
determinar la necesidad de crear otras o reformar las existentes a fin de
prevenir los riesgos de los cuales Ulrich Beck nos habla.
Paralelamente, creemos que la sociedad civil debe utilizar cada vez
más los instrumentos democráticos. Particularmente, los relacionados con
la democracia directa, los cuales le permitirán tener un mejor control de
los asuntos locales y de la toma de decisiones públicas. De ejercerse de
manera adecuada las herramientas democráticas, las personas podrán ser
partícipes en los asuntos públicos y a la par podrán ejercer un control sobre
el quehacer público. Esto permitirá que cuestiones en las que los derechos
253
Juan Felipe Solórzano Quintero
de las personas se vean amenazados disminuyan. En todo caso, se requiere
que el Estado promueva estos espacios.
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11. Del despojo al acaparamiento de tierras:
los conflictos socio-ambientales emergentes
en los Montes de María alrededor de la
expansión de la palma africana y la teca
Mauricio Luna-Galván
6
Introducción
Las dinámicas territoriales de los Montes de María, subregión
entre los departamentos de Sucre y Bolívar, han sido de tipo conflictivas
en su historia reciente, y el acceso a tierras y al agua para campesinos y
comunidades, constituyen el centro de disputas. Lo anterior, partiendo de
que “la alta informalidad de la tierra por parte de los campesinos y, por
ende, la inexistencia de titulación o pruebas registrales de dominio sobre
la mayoría de los predios, han hecho que la ruta de protección jurídica sea
una figura inaplicable o poco útil en esta región del país, lo que igualmente
ha facilitado la apropiación por parte de los despojadores” (Vargas, 2012).
Los municipios de María La Baja y Ovejas ofrecen casos ilustrativos del
despojo en el marco del conflicto y la posterior pacificación bajo dinámicas
de acaparamiento. Desde 1996, bajo la figura de las alianzas productivas,
el distrito de riego fue entregado en concesión a Usomarialabaja, empresa
que hasta la fecha lo sigue administrando. Desde entonces, se ha dado
paso a cultivos de palma cuyo ‘‘distrito de riego cubre 19.600 hectáreas de
tierras cultivables en María La Baja, Arjona y Mahates. En María La Baja hay
11.200 hectáreas sembradas con palma de aceite. Por su parte, los cultivos
de Teca, se encuentran en San Onofre con 2400 hectáreas; Ovejas/Carmen
de Bolívar, 1500 hectáreas de teca’’ (El campo tiene sed, 2016).
En Colombia aún transcurren trayectorias de luchas más conflictivas
centradas en la tierra, “en el caso de los agricultores pequeños, hay
6 Internacionalista de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Máster en Estudios
Globales de la Universidad de Lund, Suecia.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.11
256
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
vulnerabilidad en la tenencia de tierra que se deriva del conflicto armado y la
falta de títulos de propiedad. En estas condiciones, hay pocas posibilidades
para acceso de tierra a través del mercado, lo que obstaculiza su movilidad
como factor de producción” (Informe Banco Mundial, 2006-2010).
El caso de los cultivos para agrocombustibles, las alianzas productivas
llevan a cabo contratos de arrendamiento de tierra según el ciclo de vida
del monocultivo y tienen una duración de 20 a 25 años, lo cual permite el
control de las empresas sobre las tierras. Estas alianzas han conducido a la
formalización de la propiedad de la tierra en los Montes de María, la cual se
fundamenta por falsa tradición o ausencia de escrituras. La aprobación de
la ley de titulación (Ley 182 de 2008) ha funcionado en pro de los grandes
empresarios. Como resultado se observa que “las alianzas productivas sólo
sirvieron para que el campesino legalizara su tierra para venderla a precio
muy bajo” (Ojeda et al. 2015: 112-113).
Lo anterior, choca con el desarrollo rural en Montes de María está
basado en la economía campesina, caracterizada fundamentalmente por
una producción agropecuaria familiar, con pequeñas unidades de tierra,
uso intensivo de la mano de obra familiar, alto nivel de autoconsumo de
la producción y diversificación de actividades generadoras de ingreso al
interior del hogar.
Hay que comprender los cambios en la industria agroalimentaria
donde el comercio global desregulado, la financialización, y los avances
en biotecnología y los métodos de producción están reorganizando
rápidamente el sector (Margulis & Porter, 2013: 71)
Es así como las transacciones de tierra y las políticas de intervención
bajo el desarrollo como paradigma, está articulado a determinados
contextos, como la narrativa política en el que los habitantes rurales, áreas
y fronteras definidas como atrasadas. Dicha narrativa del desarrollo es
transversal y repetida en los medios de comunicación, las áreas rurales, y las
comunidades indígenas, mostradas frecuentemente como en la necesidad
de cambiar su mentalidad colectiva con el fin de ser parte del desarrollo
(Postil, 2006 en Oberborbeck).
Consecuentemente, el discurso subvalora la tierra en términos
económicos, al mismo tiempo en la tenencia y el uso en manos de
comunidades, eso termina generando constricciones legales en el uso de la
257
Mauricio Luna-Galván
tierra entre los terratenientes, habitantes rurales y los que usan los recursos
de esos territorios que por tradición han vivido.
Es relevante como Oberborbeck encuentra la conexión de poderosas
narrativas como el “desarrollo de las tierras sin utilizar” lo cual traerá a las
personas a la ola del desarrollo, a través de la asociación del discurso de las
relaciones con comunidades locales con los intereses y discursos políticos
nacionales y las exigencias económicas transnacionales. Para el análisis, es
clave ver cómo esos procesos políticos y económicos se intersectan con
el desarrollo de la palma africana y de las semillas en los espacios. De lo
anterior, el acaparamiento de tierras como fenómeno, profundiza y genera
impactos bajo esa lógica de la política económica del capital global que
profundiza las desigualdades y engendra conflicto social y ambiental.
Phillip McMichael (2013), asegura que se está presentando una “re-
territorialización con el acaparamiento de tierras diseñado para evitar la
dependencia en los intermediarios del mercado”. El tipo de integración
horizontal y vertical que las corporaciones promueven y buscan en la
agricultura y las tierras cultivables por los Estados y como instrumento del
capital financiero.
1. El factor institucional en el conflicto de la expansión de la
palma africana y la Teca
En primer lugar, es clave comprender dicho proceso de ‘‘re-
territorialización’’ a través de la toma de decisión a nivel institucional. Desde
el nivel internacional la agenda gira en torno al aumento en la demanda
global de alimentos para “satisfacer” las necesidades de humanos y no
humanos, y para la producción energética; así mismo, la influencia que
puede llegar a tener la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuando
se trata de abogar por los intereses de grandes empresas. En esa medida,
un tercer régimen emerge como lo denomina McMichael (2009), el cual
hace referencia al creciente poder de las corporaciones transnacionales
tienden a gobernar el régimen en un contexto neoliberal y los Estados dan
paso a las reglas comerciales y de precios establecidas por la Organización
Mundial del Comercio (OMC), dejando expuestos a sus mercados
doméstico agrícola al poder e influencias de las transnacionales agrícolas o
a los grandes agronegocios. La globalización se presenta como el contexto
que sienta las bases para un tercer régimen alimentario en el mundo, el
258
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
cual está intrínsecamente relacionado con las políticas neoliberales que
se profundizan a finales de los ochenta, convirtiéndolo así un régimen
corporativo alimentario.
En el segundo nivel es el (ii.) nacional, y es aquí donde cobran forma
a través de leyes y decretos, las decisiones anteriores y la implementación
de Tratados de Libre Comercio. En este nivel no solo existen conflictos de
interés político y económico entre los sectores primarios, sino también se
le puede ver como un atomizador de conflictos sociales en los territorios
locales. Finalmente, el tercer nivel es el (iii.) local, que para estos efectos
se entiende como aquellos individuos/grupos productores que se ven
afectados por las decisiones asociadas alteración de los procesos ecológicos
naturales de la producción de alimentos, perdiendo así el poder de decisión
en cómo y qué se cultiva. Tal situación ha generado la creación de diversos
movimientos sociales que claman por justicia social y ambiental.
La expansión de la palma africana es impulsada por las predicciones
de que para el 2030 el consumo de agrocombustible alcanzará los 250
billones de litros de gasolina equivalente por año, principalmente en el
mercado de los biocombustibles en la Unión Europea (Borras, 166), así
como otros productos de tipo industrial del cual se derivan.
Un efecto es el debilitamiento en el apoyo a los productores rurales
bajo los mecanismos de asistencia social hacia otros por canales de
responsabilidad empresarial de la agroindustria. La idea de desarrollo rural
empieza a ser concebida como un proceso económico más y por lo tanto,
“debe quedar en manos de un gerenciamiento empresarial” (sic.) (Gudynas,
2008, p. 169); profundizando de esta forma, la pobreza rural.
En consecuencia, fue notorio cómo las instituciones permitieron
“cambios en la legislación en materia de propiedad de la tierra y quienes,
con el respaldo de instituciones financieras internacionales como el Banco
Mundial (BM), presionan a los gobiernos para que efectúen dichos cambios”
(Álvarez Roa: Semillas).
La dinámica resultante de las transferencias negociadas de los derechos
de propiedad legalizadas entre el gobierno con los propietarios tradicionales
a los inversionistas es el acaparamiento de tierras contemporáneo, ya que
“los Estados en los que se realizan las transacciones en tierras, protegen esas
inversiones, esto a pesar de que muchas de las transacciones permanecen
259
Mauricio Luna-Galván
profundamente conflictivas, que la violencia esporádica continúa y que
el acaparamiento de tierras ha incrementado la inseguridad de muchas
comunidades” (Magulis & Porter, 2013: 70-71).
En ese sentido, el superintendente de notariado y registro, Jorge
Enrique Vélez, a marzo de 2012 ha identificado la compra masiva de
tierras de más de 37.273 hectáreas en los Montes de María, de igual forma
hectáreas tituladas de forma fraudulenta, 34 mil se encuentran en los
Montes de María. Generando así, una escasez de tierra para la restitución y
para el ejercicio del derecho a la tierra por parte de los habitantes históricos
es evidente en el hecho de que de las 134.000 hectáreas entregadas por el
Incora entre 1963 y 2007, 63% (84.4230) están en manos de empresas y
fiducias (Ramírez & Tobón, 2012)
Dentro de estas empresas encontramos a Oleoflores, dedicada a la
producción de aceite de palma para la industria alimenticia y biodiesel
logrando controlar la mayor cantidad de tierra cultivada de tierra en
Colombia, cerca de 25.000 hectáreas para 2011 (Ojeda, 112 de Martin-
Burgos). En el caso de la palma africana, nacen con el ex-ministro Carlos
Murgas para el desarrollo rural de estas comunidades como estrategia para
impulsar las “locomotoras del crecimiento” propuestas por el Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014 del gobierno Santos. La figura de las alianzas
productivas vincula a los campesinos locales en calidad de productores, y a
los conglomerados empresariales como socios estratégicos. Los campesinos
productores se comprometen a sembrar más de diez hectáreas en palma
o son subcontratados como trabajadores de los cultivos. La empresa
compradora del fruto es la que fija el precio de compra, muchas veces por
debajo de los costos de producción (Ojeda, 2015: 112).
En cuanto al caso del cultivo de Teca es clave, porque son establecidos
como depósitos de carbono y proyectos de reforestación en el Marco del
Mecanismo de Desarrollo limpio por parte de la compañía colombiana
Argos, las ventas sucesivas y su sucesiva especulación se dieron a través de
vínculos con grupos paramilitares (Ojeda, 212, de Bargent, 2011: 88).
260
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
2. Factores conducentes al conflicto
La subregión de los Montes de María se convierte en un laboratorio
de paz tras un período de violencia, dando paso a llegada de grandes de
inversión impulsadas por el gobierno, el cual le atribuye a la agroindustria
un papel estratégico en la implementación y el éxito de las políticas de
restitución y reparación (Ojeda, 111 de DNP 2010, 154). La empresarización
de la actividad agrícola se empieza a consolidar en la región, y en esa medida
reduciendo el acceso a la tierra y al agua de los locales.
El paisaje de los Montes de María, es agrodiverso, combina fincas
campesinas con bosques secos tropicales, uno de los bosques más
amenazados por la agroindustria y la ganadería a gran escala. La palma y los
árboles de teca vulneran la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas
manejados por los campesinos, indígenas y afrodescendientes de la región.
Sin duda, estos cultivos no solo controlan y concentran la propiedad y el
uso de la tierra, sino que configuran un paisaje distinto donde el acceso
al agua es limitado y controlado por las demandas de uno o dos cultivos
controlados por la agroindustria. El agua entendida como recurso natural
y derecho fundamental (Foro regional campesino, 11 de agosto de 2012).
Además, se encuentran con un antecedente complejo, ‘‘entre
1997 y 2010 el 55% de la población fue expulsada, es decir que de los
430.000 habitantes de los quince municipios, 234.098 fueron obligados
a desplazarse hacia los cascos urbanos principalmente. Pocas familias han
retornado, por falta de garantías o porque desde su desplazamiento han
pasado muchos años y al regreso tendrían que empezar de nuevo desde
cero’’ (Ramírez y Tobón, 2012: 3). Durante el año 2000, la violencia
armada generó el desplazamiento masivo de comunidades campesinas en
Ovejas, 4 años después los habitantes se Villa Colombia y veredas aledaña
decidieron retornar, sin imaginar que se enfrentarían a un problema mayor’’
(Documental).
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible
encontramos a Cardique, la cual toma muestras para análisis físico químico
del agua de la represa (20 noviembre, 2015). Para el mes de abril de 2016
los resultados no habían sido entregados a las comunidades.
261
Mauricio Luna-Galván
La Defensora del pueblo Regional Bolívar, Irina Junieles, ha insistido
en incoder para tener planos de represa para determinar zonas de
amoriguamiento.
Organizaciones campesinas: la creación, en 1967, de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), cuyo fin era apoyar al Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (Incora), creado para llevar justicia y calma
a los campos colombianos que fueron arrasados por la violencia desatada
en el país en los años cuarenta.
La trayectoria agrícola en los Montes de María da lugar a movimientos
sociales campesinos que surgen en la segunda mitad del siglo XX,
organizadas alrededor de sindicatos de trabajadores de las plantaciones,
cooperativas y organizaciones veredales entre ellos la Asociación Nacional
de Usuarios campesinos (ANUC), configurándose como un espacio de
lucha campesina, cuyo objetivo fue procurar el acceso a la propiedad para
los pobladores rurales, quienes hasta ese momento trabajaban la tierra a
través de contratos de arriendo, pago en especie o acuerdos laborales con
grandes propietarios” (Entrevistas de Ojeda, 2015).
En cuanto a los gremios empresariales, tenemos al empresario
Carlos Murgas, llamado el “zar de la palma”, dueño de uno de los
grupos empresariales más grandes en Colombia, Oleoflores, se dedica a
la producción de aceite de palma para la industria alimenticia y biodiesel
logrando controlar la mayor cantidad de tierra cultivada de tierra en
Colombia, cerca de 25.000 hectáreas para 2011 (Ojeda, 112 de Martin-
Burgos.) Es así un actor central en la expansión de los commodities
agroindustriales extractivos. Dicha expansión se inicia en los Montes de
María con la compra de 100 hectáreas en el antiguo molino de arroz del
municipio de María La Baja bajo el modelo de las alianzas productivas.
(Ojeda, 2015: 112).
262
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
3. Los cultivos de Palma de Aceite y la Teca en los Montes de María:
un conflicto hacia lo sub-regional
La problemática ambiental se dimensiona basada en su alcance
geográfico de tipo local, sin embargo, el municipio de María La Baja,
contiene recursos hídricos que representan el más alto potencial de la zona
norte y centro del departamento de Bolívar, por la escorrentía que se genera
en el municipio, los embalses de Matuya y Playón y el Pondaje el Viento, las
aguas subterráneas, las áreas pantanosas y cenagosas asociadas al complejo
cenagosos del Canal del Dique (Informe gestión de riesgos).
La represa de Arroyo Grande se construyó sobre el poblado de Palo
Alto Hicotea, en la parte del distrito de riego del municipio de Marialabaja,
construido en los años 60 para potenciar la producción de arroz de riego,
uno de los cultivos que por más de 30 años dinamizó la economía campesina
de la región’’. Para 1963, se inicia el proyecto en áreas que antes estaban
cultivadas de plátano; maíz, ñame y arroz, y el gobierno compraba tierras
(Documental).
‘‘El arroyo Grande, con un caudal de 123 mts/seg, y el arroyo de
Matuya con caudal de 80 mts/seg, son los más importantes en el área
del municipio, por los servicios que prestan; arroyo Corral que baña los
municipios de María La Baja al este de San Juan de Nepomuceno, entre sus
afluentes están los arroyos de Quiebra Anzuelos y Mampujan localizados al
este de la cabecera municipal, desemboca en la Ciénaga de María La Baja’’
(Informe gestión de riesgos ).
Embalse Matuya, está localizado en la parte sur oriental de la cabecera
municipal una distancia de 11 km. Más exactamente en el corregimiento de
Matuya, vía calle 20 carrera 15 ruta la curva con la variante de la troncal de
occidente, desviándose por la vía 40 barrio la suprema con un espejo que
baña la vereda de la suprema y casa aisladas. Es alimentado por el arroyo
de Matuya y las escorrentías que vienen de las serranías de los Montes de
María.
El embalse de San José de Playón, está localizado en la parte suroriental
de la cabecera municipal a una distancia de 20 Km., más exactamente en
el corregimiento de San José del Playón, vía desde la variable la Troncal de
263
Mauricio Luna-Galván
occidente, desviándose por Nueva Esperanza, margen izquierda pasando
por los caseríos Nuevo Reten, Arroyo Grande y el Guamo.
Con 2000 has el espejo de agua, que baña el mismo corregimiento y la
vereda de Palo Altico, es alimentado por el arroyo Grande y las escorrentías
que vienen de las serranías de los Montes de María. Los moradores de
Matuya y María La Baja se abastecen de agua de la represa arroyo Grande
del corregimiento de San José del Playón. Pero, el agua en esta zona es
crucial porque no es potable a pesar de la gran fuente hídrica. Es de anotar,
que el Incora en el pasado entregó tierras de acceso común en esta zona;
pero, el agua y arroyos no se pueden privatizar, “y las empresas privadas
del monocultivo de palma aceitera secaron sus pozos, y contaminaron sus
fuentes de abastecimiento” (Revista Semana, junio 6 de 2017). En esta
región, prácticamente ya no hay agua y la distancia es larga para acceder a
ella; por lo que Playón y Palo Altico, carecen del acceso al agua a pesar de
estar cerca de la represa.
Colombia aún existen luchas más conflictivas centradas en la tierra,
‘‘en el caso de los agricultores pequeños, hay vulnerabilidad en la tenencia
de tierra que se deriva del conflicto armado y la falta de títulos de propiedad.
En estas condiciones, hay pocas posibilidades para acceso de tierra a través
del mercado, lo que obstaculiza su movilidad como factor de producción”
(Banco Mundial Colombia 2006-2010). Los Montes de María representan
un caso ilustrativo que se enmarca en un contexto de violencia política
donde se llevaron a cabo masacres de forma sistemática. La formación de
espacios de despojo constituye la prueba de una serie de procesos históricos
entrelazados de desigualdad muerte que se han acumulado (Ojeda et al,
2015)
En la región, los cultivos de caña, tabaco, arroz, y recientemente de
palma aceitera, y árboles maderables ha sido parte histórica de los espacios
de explotación, exclusión y despojo (Ojeda, 110). La historia agrícola en
los Montes de María inicia con las bonanzas en el tabaco, caña y arroz
los cuales consolidan la agricultura, además de la ganadería, vocación que
se encuentra representada en 268.026 has y la vocación para ganadería
corresponde a 71.296 has; sin embargo, de acuerdo con el uso actual del
suelo, hay un predominio de tierras en pastos con un total de 406.119 has
(73% en pastos no tecnificados), mientras que en agricultura se usan sólo
165.068 has’’ (ILSA, 2012: 41 )
264
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
Otra característica relevante, el desarrollo rural en Montes de María
está basado en la Economía Campesina, caracterizada fundamentalmente
por una producción agropecuaria familiar, con pequeñas unidades de tierra,
uso intensivo de la mano de obra familiar, alto nivel de autoconsumo de
la producción y diversificación de actividades generadoras de ingreso al
interior del hogar.
Las alianzas productivas como modelo han generado ‘‘unas dinámicas
de endeudamiento y financiarización del campo. Muchos han expresado
haber perdido sus tierras, debido a las obligaciones financieras en las que
incurren con la empresa tras la adquisición de semillas y agroquímicos’’
(Ojeda, 113: entrevista, febrero 2014).
¿Hay presencia de ecosistemas de especial importancia ecológica,
ecosistemas estratégicos, áreas que hagan parte del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, humedales, páramos, zonas de manglar u otros?
¿Hay territorios étnicos?
4. Impactos ambientales directos según las comunidades
En primera instancia, los impactos del conflicto sobre las tierras, según
datos del Registro único de predios y territorios abandonados, municipios
como María la Baja, reconocida como despensa agrícola de la región y que
producía gran cantidad de los alimentos que llegaban a Cartagena, se vio
obligado a vivir el abandono de un gran porcentaje de sus tierras, por lo que
en 2010, había 21.785 hectáreas abandonadas, de las 54.700 que cubre el
municipio (Ramírez y Tobón)
El monocultivo, a partir del cual se encuentra la agricultura
industrializada. Una agricultura que “acapara tierras, se contrapone a los
modos y prácticas productivas de los agricultores a pequeña escala que
tienden a los cultivos múltiples tradicionales. De acuerdo a D.L. Clawson
(1985) (citado por Altieri, 2010) “muchas de estas plantas son variedades
autóctonas (landraces), más heterogéneas genéticamente que las variedades
modernas, y cuyas semillas han sido transmitidas de generación en
generación. Estas variedades autóctonas son menos vulnerables, por lo que
265
Mauricio Luna-Galván
permiten aumentar la seguridad de las cosechas frente a enfermedades,
plagas, sequías y otras inclemencias del medio” (p. 33).
Los bosques albergan una diversidad de fauna y son productores de
agua; pero han sido afectados por la deforestación, que ocasiona problemas
ambientales de deslizamientos, erosiones de suelos y deterioro del hábitat
de la fauna. Además, las actividades agropecuarias de subsistencia que se
realizan en laderas empinadas y nacimientos de cuencas hidrológicas causan
daños ambientales a los recursos naturales. Para controlar estos factores
negativos fueron creadas dos zonas de reservas naturales protectoras con el
objeto de conservar, estudiar e investigar los recursos hídricos, la fauna y
la flora (Aguilera, 2)
Mapa. Conflictos en el uso del suelo en los Montes de María.
Mapa. Uso del suelo
266
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
El mapa ilustra “los conflictos entre suelos aptos y su uso, observándose
la sobreutilización la cual genere degradación de los recursos naturales y
procesos erosivos; y la subutilización de las tierras se presenta cuando el
uso actual de la tierra es inferior a la vocación de su uso principal, de
acuerdo con la mayor capacidad productiva natural, restringiéndose el
cumplimiento de la función social y productiva de las tierras” (Aguilera,
2013: 24).
La consecuente pérdida de biodiversidad expone a los campesinos
más vulnerables a mayores riesgos ambientales, lo cual es corroborado en
entrevistas (‘’El campo tiene sed, 2016’’) dada la aplicación de químicos
como fertilizantes, insecticidas, herbicidas y plaguicida para la producción
de la palma africana.
[José Luis Miranda]: “al utilizar os playones y terrones alrededor
de terrenos de los cuerpos agua se está cambiando la vegetación natural
porque se incluye la palma que no es una especie vegetal de la zona sino
traída, lo cual cambia los ciclos naturales. Hay menos agua, y lo poco está
contaminada, los arroyos se secan por deforestación. No cuentan con distrito
de riego por la inundación, para la palma desperdician mucha agua”.
267
Mauricio Luna-Galván
5. ¿Cuál es la importancia del lugar o ecosistema donde se genera el
conflicto?
La diversidad biológica de la subregión Montes de María la conforman
los bosques secos tropicales y de manglar, recursos hídricos, formaciones
coralinas de playas marinas y una variedad de flora y fauna (Anexos 5 y 6).
Los bosques son albergue de fauna silvestre y productores de agua, aunque
han sido sometidos a un proceso de deforestación. Los recursos hídricos y
ecosistemas asociados están conformados en este caso específico por aguas
lénticas como ciénagas y lagunas de María La Baja, Córdoba y Zambrano
(Promontes, 2003 en Aguilera, 20)
Esta riqueza hídrica, configura un territorio de un alto valor ambiental
por los ecosistemas presentes, y por los ecosistemas compartidos como el
Canal del Dique y el complejo de ciénagas aledañas y el Distrito de Riego de
María la Baja, lo que requiere para su manejo la concertación con los entes
territoriales y con CORMAGDALENA y CARDIQUE.
La subregión Montes de María tiene el 48,3% de sus suelos con
potencial agrícola y agroforestal y el 42,7% de su población es rural. Sus
principales cultivos tradicionales son maíz, arroz, yuca, ñame, ajonjolí,
plátano, tabaco, café, aguacate, maderables y frutales. Recientemente, se
han incorporado nuevos cultivos comerciales como la palma africana, el ají
picante y el cacao. Dentro de las actividades pecuarias, la ganadería vacuna
es la de mayor importancia. También se destaca la apicultura (Aguilera, 24).
La forma cómo se utiliza la tierra así como los cuerpos de agua son
trascendentales para el mantenimiento del ecosistema; debido a que éste
es fuente de subsistencia para las dinámicas humanas y socio-económicas
6. Aspectos sociales
Las dos quintas partes de la población de la subregión de Montes de
María viven en el campo, lo que corresponde a casi el doble del porcentaje
de ruralidad del país. Aunque esta comunidad rural tiene acceso a amplios
recursos naturales (bosques y tierras cultivables), presenta altos niveles de
pobreza por las deficiencias en el acceso a los servicios básicos domiciliarios
268
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
(electricidad, agua, alcantarillado), educación, salud y empleo (Aguilera,
2013: 3)
Las tomas campesinas de tierras son otra dinámica en la lucha
por parte de los pobladores, lo cual generó una respuesta clara de los
grandes terratenientes y las élites locales a través de la financiación de
ejércitos privados o autodefensas, los cuales en la década de los noventa se
conforman como paramilitares. La presencia paralela de guerrillas aumenta
las acciones de los paramilitares contra la población civil de la zona rural
ya criminalizadas, porque los campesinos se convierten en potenciales
guerrilleros desde el discurso oficial y por consiguiente, en “enemigos
paradigmáticos” de la paz y el desarrollo (Ojeda, 110).
De esa forma, se da la transición y se caracteriza el fenómeno de
acaparamiento reciente en la región. En el año 2008 empiezan a llegar
todos los empresarios, en carros blindados, generando temor entre los
habitantes rurales. Se inician así, los encerramientos, cortan el acceso al
agua, a los caminos, así los hacen y continúan haciendo’’ (ILSA, 2012. Líder
campesino, Ovejas, junio de 2013).
El proceso de despojo se fundamenta en “el dominio territorial de los
actores armados ilegales en los Montes de María, se alió con los intereses del
capital en el reordenamiento territorial, consolidando así la concentración
masiva de tierras y la implementación del nuevo modelo de desarrollo
agroindustrial, el cual requiere de grandes extensiones de tierra para ser
competitivo y rentable” (ILSA, 2012, 12). En ese sentido, el desplazamiento
forzado de población civil ha estado predominantemente asociado al control
territorial y a los crímenes cometidos por el paramilitarismo, al tráfico de
drogas, y a la concentración de tierras para desarrollar grandes proyectos de
agricultura comercial de maderables y agro combustibles’’ (PODEC, 2010:
77).
La situación se profundiza con la tensión entre las comunidades
campesinas y las empresas, como lo expresa el líder Eliécer Rodríguez: “No
tenemos agua ni tierras para cultivar” (El campo tiene Sed, 2016).
[Jesús Pérez Señas]: “aquí hay agua suficiente para todos, la comunidad
padece, por el agotamiento de agua. Agrega, aquí nos damos cuenta que
los monocultivos de palma tienen prioridad sobre los seres humanos, se
suministra una cantidad de litros de agua a estos cultivos, no hay acceso
269
Mauricio Luna-Galván
al agua. Los campesinos y la comunidad han tomado la decisión de cerrar
compuertas de represa en San José del Playón”. Eliécer Rodríguez, agrega:
“Necesitamos sembrar, pero por medio de la palma nos estamos acabando.
Conservar el embalse es determinante”.
En esa medida se configura un punto de tensión en la relación, se
refiere al acceso del agua con respecto al distrito de riego, el cual pasó a
la asociación de Usuarios de María La Baja (Usomaría), cuyo cambio en
la figura de la propiedad y administración del distrito de riego relegó a
muchos pobladores locales que no contaban con títulos de propiedad ni los
recursos necesarios para ser miembros de la asociación. De igual forma, las
parcelas productivas bajo figuras comunitarias, no fueron tenidas en cuenta
por las políticas estatales dada su carencia de título de propiedad individual
(Ojeda et al. 2012: 114).
De esta manera, encontramos una serie de actores que juegan un
papel clave en estas dinámicas. Desde una posición más hegemónica, la
empresa Oleoflores bajo la directriz de Murgas. Por otra parte, desde la
base de la acción de los colectivos en este caso en María La Baja y Ovejas,
se agrupan la Asociación de campesinos retornados de Ovejas, Asociación
de Campesinos de San José del Playón y Organizaciones de Población
Desplazada (OPD) de María La Baja.
7. Causas: dinámica y patrón del conflicto
El posicionamiento de la agroindustria en el territorio de María la Baja
y Ovejas en una transición hacia el postconflicto, se lleva a cabo mediante
proyectos de desarrollo rural con cultivos extensos de palma africana y
teca. Sin embargo, a través de las nacientes alianzas productivas implica los
procesos de privatización de la tierra y el papel que han desempeñado la
empresarización y la proletarización de pobladores rurales en el municipio
de María la Baja’’ (Ojeda, 112)
El caso de los Montes de María tiene como patrón los cambios en
la tenencia y el uso de la tierra, primero por el despojo de tierras cuando
el conflicto se encontraba en un punto álgido y agua en Colombia,
profundizándose en años recientes y alcanzando un punto álgido de
conflictividad y violencia con “200.000 casos de desplazamiento forzado,
270
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
generó el despojo de más de 80.000 hectáreas de tierra entre 1997 y
2007” (De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012, 32; Verdad Abierta 2012). Eso,
teniendo en cuenta que el área cultivable calculada de la región para 2010
fue de 94.580 hectáreas (Incoder, 2010).
En ese contexto, los monocultivos de la palma de aceite para la
producción de biocombustible, y de maderables como la teca y el eucalipto
han ido creciendo entre compra masiva de tierras, alianzas con campesinos,
el abandono de las parcelas y el despojo evidente.
La palma de aceite se comenzó a desarrollar en María La Baja en 1998,
cuando los agricultores del distrito de riego entraron en crisis y abandonaron,
arrendaron o subutilizaron sus tierras y se deterioró la infraestructura de
riego. Entonces, decidieron integrar su economía campesina con una
empresa agroindustrial. Para esto, los agricultores crearon la Asociación
de Palmicultores del Distrito de Riego de María La Baja, Asopalma, con un
esquema de alianza estratégica productiva y se integraron con la Promotora
Hacienda Las Flores S.A., grupo empresarial que les aportó su experiencia
en la agroindustria de la palma de aceite, tecnología y asistencia técnica en
la producción, plantas de viveros y garantía en la compra del fruto. El costo
del proyecto fue de 14.000 millones de pesos, de los cuales 700 millones
fueron recursos no reembolsables del Fondo de Desarrollo Rural (DRI), el
40% del costo de las obras por Incentivo de Capitalización Rural (ICR) y el
resto financiación del Fondo de Financiamiento Agropecuario (Finagro), a
través de la Corporación financiera Cofinorte (Aguilera, 2002 de Aguilera,
2013: 20).
Entre 2001 y 2012, el área sembrada en palma de aceite en la
subregión Montes de María creció en 21,6% promedio anual, pasando de
900 a 9.702 hectáreas. Estos cultivos se iniciaron en María La Baja (Bolívar),
municipio que se ha mantenido con la mayor área sembrada participando
con el 85,7% del total del cultivo en la subregión. Sin embargo, vale la pena
destacar que en los dos últimos años se iniciaron siembras en San Onofre y
Toluviejo (Sucre) y en Zambrano (Bolívar) (Aguilera, 2013: 46)
271
Mauricio Luna-Galván
8. Contexto histórico que caracterice la interacción entre los diversos
actores
En la región, los cultivos de caña, tabaco, arroz, y recientemente de
palma aceitera, y árboles maderables han sido parte histórica de los espacios
de explotación, exclusión y despojo (Ojeda et al, 2015: 110). La historia
agrícola en los Montes de María inicia con las bonanzas en el tabaco, caña y
arroz los cuales consolidan la agricultura, además de la ganadería, vocación
que se encuentra representada en 268.026 has y la vocación para ganadería
corresponde a 71.296 has; sin embargo, de acuerdo con el uso actual del
suelo, hay un predominio de tierras en pastos con un total de 406.119 has
(73% en pastos no tecnificados), mientras que en agricultura se usan sólo
165.068 has’’ (ILSA, 2012:41)
En el año 2009 inicia a acabar el con conflicto, inician compras masivas
de tierras y así la privatización de las vías, jagüeyes, y comienzan a privatizar
las mismas parcelas donde el campesino hacía sus labores donde cultivaba,
al comprar esas parcelas también son privatizadas sin tener la libertad que
tenían antes en el territorio’’… Después de privatizar (Entrevista Carmelo
Márquez, documental, 2016). Por su parte, Víctor Manuel Aguas, agrega
que los “Caminos y reservorios de agua eran públicos, para la comunidad
La Finca fue repartida entre 19 familias, y estas hacen una dotación para las
escuelas, los jagüeyes son públicos” (El campo tiene sed. 2016).
Actualmente, los distritos de riego privatizados, conduce a cambios
relevantes en el acceso al agua. Murgas y su expansión de cultivos de palma
han generado un impacto en la vida de los pobladores de las zonas aledañas
a las represas y canales de riego. En la actualidad, gran parte de las 8500
hectáreas beneficiadas están cultivadas con palma aceitera (ILSA. Entrevista
Alfonso Torres, María La Baja, Julio 2014). “Los cuerpos de agua del distrito
de riego son la fuente de comida, la base de proyectos comunitarios, y uno
de los motivos de luchas de distintas poblaciones que dependen de sus
canales para vivir; sin embargo, el acceso al agua potable está restringida y
no son aptas para el consumo humano ya que se encuentran contaminadas
por fertilizantes y pesticidas que se vierten en las plantaciones de la palma”
(Ojeda, 115). “el agua es de Murgas; los carreteables del canal y las bombas
y las compuertas, son de él” (Jorge, María La Baja, febrero de 2014).
272
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
9. Las acciones de los actores frente al conflicto ambiental
Los procesos y acciones que llevan a cabo las comunidades sobre la
expansión de cultivos en el marco de la compra de tierras y entra palma
de aceite y presenta una petición a cardique, minambiente, instituciones
ambientales, que es siembra indiscriminada de la palma, en las zonas
protectora de la represa, que está entre límite de zonas de protección y zona
agrícola de la represa Geovaldys Gozález]:
Las organizaciones sociales de la zona no han logrado que Incoder
determine el área de protección ambiental de la represa que está haciendo
afectada por los cultivos de palma.
Los campesinos, los consejos comunitarios y los resguardos
indígenas proponen como punto central la redefinición del modelo de
desarrollo rural imperante en Colombia, y a cambio proponen un modelo
de desarrollo rural incluyente y democrático. La iniciativa se centra así en
las zonas de reserva campesina (ZRC), así como la conformación de una
mesa de concertación, iniciativa está de las organizaciones sociales, con el
fin de encontrar soluciones a las principales problemáticas que afrontan
los campesinos, afrodescendientes e indígenas que la habitan (Ramírez &
Tobón, 2012).
10. Problemas centrales alrededor del conflicto
Los impactos son claramente negativos, los pobladores de la zona se
encuentran rodeados de palma y sin trabajo ni casa, demandando el acceso
a las tierras perdidas con las alianzas productivas (Ojeda, 114). Observamos
así la expansión de la “frontera”, aquellas áreas de tierra en el proceso de
ser convertidas en cultivos de palma africana, etc. Así, los paradigmas
del desarrollo global y las narrativas políticas influencian como las áreas
fronterizas son definidas y conocidas, y estos retos que los planeadores
declaran, enfrentan al implementar los esquemas de los cultivos de palma
africana (McCarthy & Cramb, 2009).
En esa medida, en el modelo de desarrollo rural a nivel nacional
se insta a los campesinos a ser rentables. En el foro de Desarrollo rural y
Economía campesina 2011 en María la Baja: [Ustedes] No pueden seguir
273
Mauricio Luna-Galván
cultivando solamente lo que se comen… tienen que cultivar algo que
puedan vender, que deje excedentes. Hacer todo lo que no pueden hacer
cultivando simplemente la yuca, el maíz, lo que se come (Ojeda, 111 de
OTEC, 2013).
Tal visión del desarrollo agrícola justifica un nuevo modelo que
conduce a la expansión de cultivos de palma a través de la figura de las
alianzas productivas, diseñada por el entonces exministro Carlos Murgas.
En esa forma, encontramos en otras dinámicas resultantes del proceso de
privatización de las tierras chocan los arreglos tradicionales de préstamo
de mano de obra y uso colectivo de la tierra y es fundamentalmente
problemático dado los bajos niveles de propiedad de las tierras. El
monocultivo es descrito así: ‘’la palma no quiere yuca, ni plátano, ni maíz
cerca, quiere estar sola […] la tierra queda destruida, [después] no se cultiva
nada más allá’’ (Ramiro, María la Baja, Junio 2013).
En consecuencia, el modelo que generaba rentabilidad y que
generaba empleo no logra su objetivo. “El cultivo de palma no genera tanto
empleo. En diez hectáreas necesitas un solo palmicultor” (Ever, María la
Baja, junio de 2013). ‘‘Quienes acceden a los pocos trabajos disponibles, se
convierten en obreros agroindustriales en labores de siembra, fumigación
y recolección, trabajo que se caracteriza por las condiciones precarias ya
que no quiere mano de obra todo el año y los salarios están por debajo del
mínimo legal y la contratación a través de cooperativas les permite saltarse
a las empresas la legislación laboral’’ (Ojeda, 113, de Salinas Abdala 2012,
189-190).
Oleoflores se presenta como el aceite que “resucitó” a María la
Baja (Ojeda 113 de Salinas Ortegón, 2012) por ende, como un proyecto
productivo, rentable y sostenible cuyos logros muestran en generar fuentes
de empleo lícito a los agricultores y sus familias y proteger a los pequeños
productores de la pérdida de sus parcelas por presión de la violencia
(Oleoflores, 2014).
Por otra parte, y en ese sentido, las carreteras construidas para el
transporte de insumos y los productos son presentadas como formas de
responsabilidad social empresarial, y las amplias extensiones verdes de
palma y teca pasan por proyectos de sostenibilidad ambiental en el reporte
de Argos 2014.
274
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
Dada las condiciones socioeconómicas de los habitantes más
afectados, el principal impacto se centra en el deterioro de las condiciones
de subsistencia y en la economía familiar. En ese sentido, se observa que
tomando en cuenta que la soberanía alimentaria “enfatiza el acceso de los
agricultores a la tierra, las semillas y el agua, se enfoca en la autonomía local,
los mercados y ciclos de consumo y de producción locales, la soberanía
energética y tecnológica, y las redes de campesino a campesina” (Altieri,
2010, p. 29). Las condiciones establecidas a causa del desplazamiento y al
despojo de pobladores locales en el territorio, dan paso a la concentración
y el cercamiento de las tierras.
11. Dos visiones sobre el desarrollo territorial en los Montes de
María
El conflicto aún persiste, sin embargo los motivos que movilizan a los
campesinos, afrodescendientes e indígenas son la defensa y protección de
su territorios y de su cultura, el derecho a la vida, una economía campesina
próspera y que les permita vivir en buenas condiciones, su permanencia
tranquila en el territorio, así como la garantía de un desarrollo territorial
agrario y rural, y cuya productividad, respete, proteja y promueva los
usos sociales, ambientales, culturales, tecnológicos y políticos del mismo
(Ramírez &Tobón, 2012).
De otro lado, los gobiernos de países en desarrollo adoptan la visión
del desarrollo agrícola como como expuso Adesina, ministra de agricultura
de Nigeria: miramos la agricultura como actividad de desarrollo, como un
sector social en el cual gerencias a los pobres de las zonas rurales. Pero, la
agricultura no es un sector social. La agricultura es un negocio.
La semilla es un negocio, los fertilizantes son negocios, el
almacenamiento, el valor agregado, la logística y el transporte, todo se trata
de negocios (Hobbes, 2016). Tal visión sienta las condiciones políticas y
jurídicas que los gobiernos brindan para atraer y proveer seguridad a las
inversiones agrícolas extranjeras tan favorables que garantizan la seguridad
alimentaria de otros países a costa de la población local.
275
Mauricio Luna-Galván
Conclusiones
La validez empírica de la crisis ambiental y social por la que atraviesa la
subregión de los Montes de María exige justicia ambiental y social. Desde el
tema que nos ocupa, el acaparamiento de tierras es considerado una fuente
de problemas y bajo el cual se coloca en evidencia visiones encontradas
sobre el desarrollo territorial. A lo largo de estas líneas se ha señalado como
éste elemento es transado de acuerdo a los intereses de cada actor.
Por un lado, están quienes la trabajan a escala local y encuentran en
ella no solo una forma de satisfacer sus propias necesidades básicas sino las
de otros por medio del alimento; por el otro lado, a una escala más amplia
está el Estado, quien ve en la tierra un elemento consecuente hacia un
mayor desarrollo económico y social del territorio. Sin embargo, parte de la
naturaleza del Estado es esa, el problema radica en la forma cómo lo hace y
cuál es la población que realmente se beneficia.
El último actor es la empresa transnacional, cuyas políticas que los
benefician emanan de instituciones globales como la OMC, y que concibe a
la tierra más como un bien de explotación. Estas visiones encontradas fueron
creciendo a medida que se iba dando la transición de la agricultura familiar
y campesina a la industrial, tomando como argumento central la necesidad
de garantizar la seguridad alimentaria universal a través del eje tecnológico
e industrial. Resultado de ello, es en la economía local campesina.
Hoy en día, y en aras de superar el fenómeno del acaparamiento
tierras, han surgido una serie de visiones con respecto a la posible
solución de la problemática entre los actores sociales y políticos, uno
como amenaza y otros como oportunidad. Eso implica replantear desde
una contextualización profunda, el modelo de desarrollo rural ante la
desregulación de las inversiones y el modelo de desarrollo de las empresas.
Por lo tanto, un primer paso será entonces, reconceptualizar del
desarrollo rural tomando elementos clave de la soberanía alimentaria, y
que inste al reconocimiento de nuevos actores en la gobernanza.
Colombia requiere especial análisis por entrar en una etapa de
posconflicto bajo el marco de la implementación de los Acuerdos de la
Habana, para ello la figura de las Zonas de Reserva Campesina, es necesario
implementarlas para contrarrestar los niveles de conflictividad social
276
Del despojo al acaparamiento de tierras: los conflictos socio-ambientales emergentes en
los Montes de María alrededor de la expansión de la palma africana y la teca
y política que dieron en su momento origen al conflicto armado, y que
se fueron profundizando a lo largo de éste. Por lo tanto, surge aquí un
elemento crítico, bajo dos componentes, formalización de la propiedad y
flexibilización de la UAF, en relación a la construcción de capacidades en
los territorios en postconflicto.
Basado en lo anterior, es pertinente profundizar en la investigación
que identifique de forma más aguda los patrones y factores determinantes
desde el punto de vista sistémico conducentes a los conflictos a medida que
la frontera agrícola se expanda y cuando los eventos climáticos irregulares
se profundicen.
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12. El principio de confianza legítima en
la reserva forestal protectora “Bosque
Oriental de Bogotá”
Andrés Gómez Rey
1
Iván Andrés Páez
2
Introducción
Con el transcurrir del tiempo la forma de actuar de la administración
ha venido evolucionando, dejando atrás ideas como las del antiguo
régimen
3
, en las que ésta se personalizaba en la figura del rey. En esa época,
sin división de poderes sencillamente el Rey era el Estado, de este modo,
sin límites jurídicos, orientado única y exclusivamente por su concepción
particular de legalidad, el monarca era quien establecía sus propios límites.
Con el advenimiento de la Revolución Francesa, se comienza a hablar,
en estricto sentido, de Administración Pública, en cuanto, su ámbito de
ejercicio estaba enmarcado por el principio de legalidad; es decir, que todas
las actuaciones tenían su fundamento en la Ley, entendida ésta como la
expresión de la voluntad general, en los términos del pensador ginebrino
Rousseau. Así que, la norma queda como fuente primigenia del actuar
administrativo.
Bajo esta nueva concepción, aún vigente entre nosotros, la
Administración Pública se descompondrá como lo expresa el profesor
García de Enterría (1995) en un conjunto de competencias legales asignadas
entre sus agentes, según las materias que a cada uno le correspondan,
1 Abogado de la Universidad de La Sabana. Especialista en Derecho Ambiental de la
Universidad del Rosario. Magíster en Derecho Administrativo del Rosario. Doctorado en
Derecho, en curso, en la Universidad del Rosario.
2 Abogado de la Universidad del Rosario. Especialista en Derecho Ambiental de la Uni-
versidad del Rosario. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosa-
rio. Maestría en Derecho Administrativo, en curso, en la Universidad del Rosario.
3 Nos referimos a la época anterior a la Revolución Francesa, o el llamado absolutismo
monárquico, sobre el cual cayó el peso del modelo político implantado primeramente en
Europa a partir de 1789.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.12
280
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
ejecutadas dichas labores de la manera que la Ley lo determine; en suma,
la Administración actúa en las materias que la Ley establece y en la forma
como ella lo señale.
Por ese motivo y dado el papel tan importante que cumple la
Administración dentro del Estado, respecto a las materias de las que se
ocupa, sus maneras de actuación y los procedimientos de los que se vale, se
han configurado y desarrollado a lo largo de los años, por la Constitución,
la Ley y la Jurisprudencia una serie de principios que irradian toda la
actuación o ejercicio de la Administración, contribuyendo cada día más a
reducir el margen de arbitrariedad por parte de la misma.
Por otra parte, una de las materias en las que se hace más evidente la
configuración de tales principios, al instituirse en verdaderos fundamentos
normativos, es la referente al derecho ambiental cuya concepción dentro
de las competencias propias de la Administración, comprende materias
como, protección de recursos naturales renovables y del medio ambiente,
derechos fundamentales por conexidad, derechos colectivos y propiedad
privada.
De la mano de la construcción y alcance del derecho ambiental y su
incidencia dentro del derecho de propiedad, aparecen los recursos naturales,
como bienes públicos encaminados al disfrute de la comunidad en general
y cuya preservación, protección y explotación sostenible corresponde
dirigirla y regularla al Estado, por lo que resulta indispensable que la
Administración como actor principal del derecho ambiental al materializar
las competencias asignadas en esta materia, deba observar adicionalmente
los postulados que comprenden el derecho de propiedad.
Sin embargo, los conceptos relacionados en el derecho ambiental no
necesariamente son coordinados u orientados en un mismo sentido, sino
que por el contrario generan tensión al ser contrapuestos. Es precisamente
sobre este punto en donde se enmarca el presente artículo; en la tensión
existente entre la protección de una zona geográficamente definida para su
conservación y la propiedad privada, con el fin de establecer, si es posible,
predicar la existencia del principio de legítima confianza en el actuar de la
autoridad administrativa.
281
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
Ejemplo de lo aquí dicho, es el caso de los comúnmente denominados
cerros orientales de Bogotá
4
, donde confluye el derecho de propiedad de
los particulares, la preservación y protección de los recursos naturales
y las competencias de la Administración en lo que corresponde a la
gestión y disciplina urbanística y ambiental, esto es, permisos, licencias y
autorizaciones, cuya interacción se orienta a partir de los principios que
ayudan la Administración y que se erigen en prenda de garantía para evitar
la arbitrariedad y el desconocimiento de los derechos individuales, sean
estos fundamentales o económicos, sociales y culturales.
De acuerdo al ejemplo propuesto, el presente escrito pretende poner
de relieve la existencia o no del principio que orienta a la Administración
denominado confianza legítima con el fin de permitir la interacción –
resolver la tensión– entre el derecho ambiental y la propiedad privada, como
elementos indisolubles que determinan el actuar de la administración.
Para ello, será menester referirse primero al principio de confianza
legítima; en segundo lugar, ocuparse de las áreas protegidas; y en tercera
instancia, se abordará críticamente la gestión ambiental y urbanística
teniendo como referencia las áreas protegidas y sus especies, y las
reservas forestales protectoras, para concluir con la manera cómo en los
cerros orientales de Bogotá se comprendió el derecho de propiedad de
los particulares, verificando la existencia o no del principio de confianza
legítima y buena fe, visto desde los titulares del derecho de domino al
interior de la reserva y desde la óptica de terceros titulares del derecho
colectivo a un ambiente sano.
1. Del principio de confianza legítima
Como base de la relación jurídica que debe existir entre la
administración y los administrados, es el principio de confianza legítima,
que como bien lo expresa Brewer– Carias (2010, p.277), implica varias
manifestaciones o connotaciones que: “las decisiones deban ser adoptadas
conforme a la verdad material que tiene que buscar la administración y
el respeto al principio de la buena fe y de la lealtad mutua, es decir, del
respeto mutuo entre la administración, el funcionario y el particular.”
4 Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de Bogotá”
282
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
Lo anterior, se agrupa, en el fin último de este principio, cual es, la
seguridad jurídica que debe existir en el ejercicio propio de la administración,
en sus variadas manifestaciones, entre ellas, la predictibilidad, la proscripción
de la reformatio in pejus y del non bis in ídem, la presunción de la licitud y
de la irretroactividad, respeto de los procedentes y la proscripción de los
cambios súbitos en los criterios de actuación de la administración.
Así las cosas, indiscutiblemente, el principio de confianza legítima
se ha instituido en uno de los lineamientos sobre los cuales se sustenta la
actuación o el ejercicio de la función administrativa, entendiendo por esta
el conjunto de actividades que de manera continua y directa realiza por
regla general la administración
5
con el objeto de alcanzar el interés general
y cumplir con los cometidos que la Ley señala.
Ahora bien, cuando nos referimos al conjunto de actividades que
desarrollan la función administrativa estamos haciendo alusión en forma
general a los actos administrativos, contratos estatales y las operaciones
administrativas. En la manera como ejecutan las actividades propias de la
mencionada función por parte de la administración, es donde se aplica el
principio de confianza legítima.
En Colombia, dicho principio tiene su fundamento en la jurisprudencia
Constitucional, pues no tiene consagración expresa, ni constitucional ni
legal, al respecto expuso la Corte Constitucional (1998):
Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia
alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la
sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por doctrina
jurídica muy autorizada, pretende proteger al administrado
y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos
efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones
en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho
adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las
autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas
para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio
5 Debe hacerse la salvedad que según la teoría de la separación y la colaboración armó-
nica las ramas judicial y legislativa también pueden realizar función administrativa en las
mismas condiciones a como lo hace la administración que es por esencia donde descansa
el ejercicio de la función administrativa.
283
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
súbito de la misma altera de manera sensible su situación,
entonces el principio de la confianza legítima la protege. En
tales casos, en función de la buena fe (CP Art. 83), el Estado
debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan
adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando
una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que
antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es
deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese
cambio de política.
Si bien este principio, como lo acabamos de anotar, no tiene funda-
mento normativo, debemos resaltar que de su aplicación se derivan otros
principios expresamente establecidos, como el de buena fe que está consa-
grado constitucionalmente en el artículo 83 de la norma de normas
6
.
Supone este principio que cuando la administración de manera
inequívoca realiza una manifestación de voluntad explícita de forma verbal
o escrita tendiente al reconocimiento de un derecho, genera en el particular
la convicción que la administración y él han actuado correctamente, motivo
por el cual, debe a favor del administrado ejercerse o materializarse tal
derecho.
Este principio trata entonces de situaciones en las cuales el particular
no tiene un derecho adquirido, pero que sin embargo, como lo ha
establecido la jurisprudencia ya citada de la Corte Constitucional (1998)
la persona a partir de las manifestaciones de voluntad de la administración
sí tiene razones objetivas para confiar que cuenta ya con un derecho que
puede materializar, por consiguiente de darse un cambio súbito por la
administración que altere de manera sensible la situación del particular
debe entonces invocarse mencionado principio, aunque sí el cambio de
parecer de la administración está fundado por ejemplo en el interés general
6 No obstante doctrinantes como Viana, M (2007) indican como: “El principio de con-
fianza legítima no se encuentra consagrado expresamente en la Constitución colombia-
na. Sin embargo, la posibilidad de invocar su aplicación, respeto y garantía obedece a
la existencia en el ordenamiento jurídico de otras disposiciones que lo fundamentan. La
más representativa de estas disposiciones es quizás el artículo 83 de la Constitución, que
establece el principio de buena fe.”
284
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
en función de la buena fe (CP Art. 83), el Estado debe proporcionar al
afectado tiempo y los medios que le permitan adaptarse a la nueva situación.
No estamos frente al concepto de derechos adquiridos sino al de meras
expectativas. Lo anterior, como se dijo, no significa que las autoridades están
impedidas para adoptar modificaciones o cambios para que le permitan
cumplir de manera correcta con el ejercicio de la función administrativa lo
que significa la confianza legítima es el que la administración no puede, una
vez manifiesta su voluntad, crear cambios sorpresivos o intempestivos que
afecten a los particulares, quienes como se mencionó, tienen la convicción
fundada que lo realizado por la administración es suficientemente
concluyente, para el ejercicio del derecho y así mismo que el particular ha
actuado correctamente y ceñido a la legalidad.
Así las cosas, como lo señala el Tribunal Constitucional el principio
de confianza legítima se aplica bajo dos presupuestos. En primer lugar, la
necesidad de preservar de manera perentoria el interés público y en segundo
lugar, una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre
la administración y los administrados.
Por lo tanto, el principio de la confianza legítima exige a las autoridades
que frente a los particulares mantengan una coherencia en sus actuaciones,
un respeto por los compromisos a los que se ha obligado y una garantía de
estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar
el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico. Es aquí donde se
concreta los anhelos de las revoluciones liberales, porque los particulares
materializarán su libertad al ordenar su vida de acuerdo a un proceder
coherente de la administración.
Se desprende de lo anterior, que el principio de confianza legítima
se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses
públicos y privados, cuando la administración ha creado expectativas
favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas
condiciones. Por lo tanto, la confianza que el administrado deposita en la
estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y
debe respetarse.
Ahora bien, debe aclararse que la confianza o la buena fe de los
administrados no se protegen garantizando la estabilidad de actos u
omisiones ilegales o inconstitucionales sino a través de la compensación,
285
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
no necesariamente monetaria, del bien afectado. Igualmente, este
principio tampoco significa “ni donación, ni reparación, ni resarcimiento,
ni indemnización, como tampoco desconocimiento del principio de
interés general” (Corte Constitucional, 1995)
2. Las áreas protegidas
Visto lo anterior, será indispensable referirnos al escenario propuesto
dentro del cual pudiese tener cabida el referido principio: reserva forestal
protectora. Siguiendo la intención establecida, estructurará el lector –
como es imperante– las siguientes cuestiones, con anterioridad a cualquier
análisis:
1. ¿Cuál es el concepto de reserva forestal? ¿Qué significa que sea
protectora?; y
2. ¿Cómo es el nacimiento –o más técnicamente–, la declaratoria de
las mismas, teniendo en cuenta la normativa nacional vigente en
aquella época y actualmente?
Abordemos la primera: una reserva forestal, no es otra cosa, que una
especie del género, área protegida descrita, en el Convenio de Biodiversidad
Biológica, Ley 165 de 1994 como: “(...) área definida
7
geográficamente que
haya sido designada o regulada y administrada
8
a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación (...)” y en el Decreto 2372 del 1 de julio de
2010, hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015 de la misma manera
9
.
Su comprensión nos conduce a pensar –necesariamente–, que se debe
cumplir con el fin de conservación y no otro, como el de recuperación;
es decir, la alinderación de un espacio geográfico como área protegida,
7 En claro respeto por el legislador internacional y nacional, los autores consideran que la
palabra “definida”, carece de técnica y fundamento jurídico, por cuanto el área protegida
se define y su territorio se delimita. Por lo cual la palabra “definida” dentro del texto legal,
debería ser remplazada por delimitada.
8 Nótese que se deben cumplir al menos dos de los tres requisitos expuesto por la norma.
9 El mismo artículo entiende por conservación “(...) c) Conservación: Es la conservación
in situ de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de
poblaciones viables de especies en su entorno natural y, en el caso de las especies domesti-
cadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
La conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible y
conocimiento de la biodiversidad (...)”
286
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
tiene como objetivo conservar aquello que existe; no –como se sospecha
en el imaginario social– modificar la situación encontrada hacia un estado
anterior o deseado.
De allí, que para la protección especial de un territorio con fines de
conservación, implica, de una parte la existencia de los correspondientes
soportes científicos o técnicos que demuestren la importancia ecológica o
ambiental de la zona a reservar, ejemplo de ello fue la declarada inexequible
10
Ley General Forestal que preveía “(...)antes de una declaratoria de área de
reserva forestal se procederá a elaborar los estudios técnicos, económicos,
sociales y ambientales pertinentes(...)”
11
, carácter que de simple lógica y
técnica jurídica es completamente valido hoy en día de conformidad con el
ordenamiento existente.
Para lograr el objetivo de conservación –que trae intrínseco el
concepto de área protegida–, se deberán establecer restricciones al uso del
suelo, que permitan su desarrollo, ya que no todas las potencialidades de
un inmueble se podrán llevar a cabo.
Con la exposición propuesta, se considera que un área protegida
trae implícito un gravamen al uso pleno del derecho de dominio porque
limita la posibilidad de usar el suelo conforme a las reglas generales de la
propiedad.
Ya en esta reflexión podrá comprenderse que la disposición delimitante
de la reserva es de tipo político-jurídico; es decir, por ser conveniente y
jurídicamente “viable”, más no una delimitación en razón a la naturaleza de
los predios que se encuentran llamados
12
a ser; en este caso, reserva forestal.
Lo cual, nos introduciría en cuestiones de carácter metafísico que escapan
al arte del derecho.
Desde el ordenamiento jurídico colombiano, la definición de reserva
forestal fue prevista por primera vez en el artículo 206 del Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables, como “(...) la zona de propiedad pública
o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o
10 Fue declarada por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 del 23 de enero de
2008.
11 Parágrafo segundo (2) del Artículo trece (13) de la Ley 1021 del 20 de abril de 2006.
12 Conocida como “Vocación”
287
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
mantenimiento y utilización racional de áreas forestales(...)” coligiéndose
que:
1. Mencionarse “utilización racional de áreas forestales” crea un
concepto jurídico indeterminado o si quiere en blanco, por
cuanto podría ser interpretado como desarrollo o proteccionismo
a ultranza; y,
2. La palabra “exclusivamente”, limita en forma tan drástica el
uso del suelo, que pareciera implícita la voluntad del Estado de
convertir estos bienes privados, en nugatorios; en otras palabras,
la categoría de área protegida comporta un régimen de usos y
actividades tal, que impide en forma absoluta el ejercicio de los
atributos
generales que integran el núcleo esencial del derecho a
la propiedad.
13
La segunda definición, un poco más amplia y certera, era la encontrada
en el artículo 13 de la Ley 1021 de 2006
14
, de la siguiente manera: “(...)
son áreas de reserva forestal las extensiones territoriales que, por la riqueza
de sus formaciones vegetales y la importancia estratégica de sus servicios
ambientales, son delimitadas y oficialmente declaradas como tales por
el Estado, con el fin de destinarlas exclusivamente a la conservación y
desarrollo sustentable(...)” y por último el artículo 12 del Decreto 2372 de
2010 hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015, que dispone:
(...) Las reservas forestales protectoras. Espacio geográfico
en el que los ecosistemas de bosque mantienen su función,
aunque su estructura y composición haya sido modificada y los
valores naturales asociados se ponen al alcance de la población
humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible,
restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad
pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento o
mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás
coberturas vegetales naturales.
13 El artículo 669 del Código Civil Colombiano, define el dominio o propiedad, haciendo
alusión a sus atributos, los cuales han sido ampliamente aceptados por la doctrina como
Ius utendi o usus,–uso–, Ius fruendi o fructus –goce–, y ius abutendi o abusus –disposi-
ción–.
14 Declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-030 del 23 de 2008.
288
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
La reserva, delimitación, alinderación, declaración y sustracción
de las Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos
en la escala nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuyo caso se denominarán
Reservas Forestales Protectoras Nacionales.
La administración corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales de acuerdo con los lineamientos establecidos por el
Ministerio.
La reserva, delimitación, alinderación, declaración,
administración y sustracción de las Reservas Forestales que
alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional,
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, en
cuyo caso se denominarán Reservas Forestales Protectoras
Regionales.
Parágrafo 1. El uso sostenible en esta categoría, hace referencia
a la obtención de los frutos secundarios del bosque en lo
relacionado con las actividades de aprovechamiento forestal.
No obstante, el régimen de usos deberá estar en consonancia
con la finalidad del área protegida, donde deben prevalecer los
valores naturales asociados al área y en tal sentido, el desarrollo
de actividades públicas y privadas deberá realizarse conforme a
dicha finalidad y según la regulación que para el efecto expida
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Parágrafo 2. Entiéndase por frutos secundarios del bosque los
productos no maderables y los servicios generados por estos
ecosistemas boscosos, entre ellos, las flores, los frutos, las
fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las resinas
y los exudados (...)
Analizando las reglas normativas, encontramos que los artículos en cita
suplen los vacíos expuestos por el Código de Recursos Naturales Renovables
al establecer con gran claridad que la reserva forestal es una figura para
la protección de la riqueza de formaciones vegetales y no otra, con el fin
de destinarlas exclusivamente a la conservación y desarrollo sustentable.
Estableció adicionalmente que, previa declaratoria –procedimiento que
deberá ser reglado por el Gobierno Nacional– se llevarán a cabo los estudios
289
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
técnicos, económicos, sociales y ambientales pertinentes, para determinar
si hay razones suficientes que nos conduzcan a la declaratoria de tal área e
individualizar de forma correcta las variables que confluyen en la misma.
Sin embargo, derivado de su declaratoria de inexequibilidad por
parte de la Corte Constitucional encontramos para el caso sub-examine que
la norma vigente en el tiempo es la establecida en el Código de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y en el Decreto
2372 de 2010, hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015.
Por lo antes dicho, puede considerarse que la Reserva Forestal
Protectora, como aquella zona del territorio nacional, plenamente
identificada y delimitada en un acto administrativo emanado por parte de
una entidad estatal competente, en la cual –por motivos de bien común
e interés público o colectivo– se limitan levemente alguno o algunos de
los atributos esenciales del derecho de dominio o propiedad, dada la
importancia del lugar, plenamente demostrada en un estudio de carácter
científico
15
, con el fin de adelantar actividades en beneficio de los individuos
forestales existente y su ecosistema relacionado.
La cual, para ser declarada debe seguir ciertas reglas normativas para
lograr los efectos frente a terceros y no violentar el principio de legítima
confianza expuesto anteriormente, lo cual configura nuestra segunda
cuestión.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 77 del Decreto-Ley
133 de 1976, los actos de creación de una reserva forestal protectora deben
cumplir con tres obligaciones, así conocidas: Aprobación del acuerdo
16
por
parte del Gobierno Nacional –al cual le agregaría– una vez examinados
los sustentos científicos o al menos técnicos, que demuestren la real
importancia del área; la publicación del acto administrativo por bando y en
el Diario Oficial; y, la inscripción de la reserva en el registro de instrumentos
públicos. Veamos cada uno:
El nacimiento a la luz o vida jurídica de un área protegida, en especial
la conocida como reserva forestal protectora –nacional como la que nos
15 El cual debería ser avalado por la autoridad ambiental competente.
16 Acto administrativo, emitido por la junta directiva de una entidad estatal.
290
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
ocupa–, se encuentra sujeta a la manifestación de la voluntad
17
de una
entidad competente, que conforme a sus funciones legales o estatutarias
lleve a cabo la declaratoria, determinación, alinderación, identificación e
individualización de un área especial, como protegida, que –como podrá el
lector advertir– es el requisito de existencia para su validez, sin el cual no
es procedente hablar de la reserva.
El aludido acto administrativo, que deberá ser aprobado o convalidado
por medio de otro, emitido por parte del Gobierno Nacional, –requisito
formal de validez–, sin el cual el área alinderada quedaría por fuera de la
categoría estatal, área protegida y no generaría sus efectos de ley.
Continuando con el camino de solemnidades para el perfeccionamiento
de la reserva, el acto administrativo ratificado por el Gobierno, debe ser
publicado por bando
18
y en el boletín oficial, con el fin de hacerlo conocer
al público
19
en general.
Se cristaliza, sin embargo, que dicha publicidad es incompleta, por
cuanto la eficacia y eficiencia del acto administrativo, que hace posible
proclamar la oponibilidad hacia terceros, se configura con la inscripción en
los folios de matrícula inmobiliaria de los predios afectados, por parte de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Sin este requisito, el acto
administrativo se considera nulo o inexistente
20
.
Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo segundo del
Decreto Nacional 1250 de 1970, que preceptúa que se encuentran sujetos
a registro, todo acto o providencia administrativa que implique limitación,
gravamen, medida cautelar u otro derecho real principal o accesorio, sobre
bienes raíces, los cual, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 44 Ibíd., no
surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de su inscripción
en el registro.
Como puede advertirse, el acto administrativo de creación de la
reserva es válido y goza de presunción de legalidad, pero no es oponible a
17 Acto administrativo.
18 Se entiende conforme a los usos del tráfico que la publicación por bando es aquella
que se adelanta en medios radiales o televisivos.
19 Requisito de publicidad.
20 de Estado. Sentencia del 8 de mayo de 2003. M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. Expe-
diente 250002325000200010039801. Referencia 0398. Acción Popular.
291
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
terceros hasta que se cumpla con el requisito del registro
21
, dado que “...
Tales inscripciones no tienen valor constitutivo, sino declarativo...”
22
.
Posición apoyada por el Consejo de Estado (2003) donde se concluye
que la reserva no es oponible a terceros hasta tanto se registre y de esta
manera se dé cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos establecidos
en su acto de creación.
En este sentido, se expresa que el indagado aparte del iter de creación,
tiene el fin de garantizar el derecho de defensa de las personas que podían
verse afectadas por la decisión tomada.
Es cierto que la historia en la consolidación de la reserva continuó y
que hoy ya tenemos una decisión definitiva por parte del Consejo de Estado,
y hasta plan de manejo ambiental. Sin embargo, lo que se desea mostrar
es como hay un gran divorcio entre el contenido del derecho general y
las normas y fines ambientales, sin hablar lógicamente de su eficacia. Por
ello, pareciera que el derecho ambiental se ha venido solidificando a través
de activismo judicial y con ello ha creado grandes tensiones con otros
derechos. Por ello es muy importante lograr un equilibrio entre los dos, lo
cual aún es un reto sin resolver.
3. La gestión ambiental y urbanística
Ahora bien desde el punto de vista administrativo, en lo que atiende
a los tipos de actuación y los procedimientos para la realización, de acuerdo
a lo previsto en los artículos 33 y 77 del Decreto-Ley 133 de 1976, para
la constitución de una reserva forestal protectora debe cumplirse con tres
requisitos: a) Aprobación del acuerdo
23
por parte del Gobierno Nacional
–al cual debe agregarse– una vez examinados los sustentos científicos y
técnicos, que demuestren la real importancia del área b) La publicación del
acto administrativo por bando y en el Diario Oficial, y c) La inscripción de
la reserva en el registro de instrumentos públicos.
21 Código de Régimen Municipal, Código Fiscal, Código Contencioso Administrativo,
Código Civil y Código Comercial.
22 Derecho Inmobiliario Registral, Eduardo Caicedo Escobar, Editorial Temis S. A., Bogo-
tá, D. C., 1997, páginas 264 y 265
23 Refiere a un acto administrativo, emitido por la autoridad competente.
292
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
El nacimiento de un área protegida, en especial la conocida como
reserva forestal protectora, se encuentra sujeta a la manifestación de la
voluntad
24
de una entidad competente, que conforme a sus funciones
legales o estatutarias –previa realización de estudios técnicos que den fe de
su real importancia ecológica, caso sub-examine forestal– lleve a cabo la
declaratoria, determinación, alinderación, identificación e individualización
de un área especial, como protegida, que es el requisito de existencia para
su validez, sin el cual no es procedente hablar de la reserva. El aludido acto
administrativo, que deberá ser aprobado o convalidado por medio de otro,
emitido por parte del Gobierno Nacional, sin el cual el área alinderada
quedaría por fuera de la categoría estatal, área protegida y no generaría sus
efectos de ley.
Continuando con el camino de solemnidades para el perfeccionamiento
de la reserva, el acto administrativo ratificado por el Gobierno, debe ser
publicado por bando
25
y en el boletín oficial, con el fin de hacerlo conocer
al público
26
en general.
Sin embargo, dicha publicidad deviene insuficiente, por cuanto la
eficacia y eficiencia del acto administrativo, que hace posible proclamar
la oponibilidad hacia terceros, se configura con la inscripción en los folios
de matrícula inmobiliaria de los predios afectados, por parte de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos, como era el deber ser en el caso de
los cerros orientales de Bogotá. Sin este requisito el acto administrativo se
considera nulo o inexistente
27
.
Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo segundo del Decreto
Nacional 1250 de 1970, que preceptúa que se encuentran sujetos a registro,
todo acto o providencia administrativa que implique limitación, gravamen,
medida cautelar u otro derecho real principal o accesorio, sobre bienes
raíces, lo cual, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 44 de la norma
en cita, no surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de su
inscripción en el registro.
24 Acto administrativo.
25 Se entiende conforme a los usos del tráfico que la publicación por bando es aquella
que se adelanta en medios radiales o televisivos.
26 Requisito de publicidad.
27 Posición reiterada por el Consejo de Estado (2003).
293
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
Como puede advertirse, el acto administrativo de creación de la
reserva es válido y goza de presunción de legalidad, pero no es oponible a
terceros hasta que se cumpla con el requisito del registro
28
, dado que “(...)
Tales inscripciones no tienen valor constitutivo, sino declarativo (...)”
29
Lo expuesto fue respaldado por la jurisprudencia del Consejo de
Estado
30
quien manifestó que la reserva en cuestión no es oponible a
terceros hasta tanto se registre, pues de esta manera se da cumplimiento a
todos y cada uno de los requisitos establecidos en su acto de creación. En
el mismo sentido, la sentencia de acción popular 31 de julio de 2003 de la
misma Corporación, que al referirse al asunto propuesto en este documento
estableció que “(...) es claro que el Acuerdo 30 de 1976 y la resolución
ejecutiva 76 de 1977 que lo aprobó, son actos administrativos válidos y
gozan de presunción de legalidad, pero no son oponibles a terceros por
ausencia de los requisitos previstos en el Código Fiscal (...)”.
Es comprensible, entonces que a partir de mayo de 1825, con la
expedición de la Ley 11 y sus consiguientes
31
, desarrollos, en Colombia
las limitaciones al derecho de dominio deben ser inscritas en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos para que sean oponibles a terceros.
Visto lo anterior, resulta indispensable indicar que el principio
de legitima confianza y buena fe debe reflejarse en la actuación de la
Administración al dar estricto cumplimiento a las normas referidas,
conciliando jurídicamente el conflicto entre los intereses públicos y
privados, tal y como se había manifestado.
28 Código de Régimen Municipal, Código Fiscal, Código Contencioso Administrativo,
Código Civil y Código Comercial.
29 Caicedo, E (1997, p. 264-265)
30 Consejo de Estado. Sentencia del 8 de mayo de 2003. M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.
Expediente 250002325000200010039801, Referencia 0398.
31 Ley 84 del 26 de mayo de 1873 (Código Civil de los Estados Unidos de Colombia),
adoptado por la República de Colombia, mediante la Ley 57 de 1887; Ley 40 de 1932,
Decreto-Ley 1250 de 1970, Decreto 577 de 1974, Decreto 302 de 2004.
294
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
4. Los cerros orientales - reserva forestal protectora “Bosque Oriental
de Bogotá”
El 31 de marzo de 1977 el Ministerio de Agricultura
32
, en la celebración
de los 3 años del nacimiento el Código Nacional de Recursos Naturales y
de Protección al Medio Ambiente, aprobó el acuerdo No. 30 del 30 de
septiembre de 1976 emitido por la entonces junta directiva del Instituto
De Desarrollo De Los Recursos Naturales Renovables –Inderena–, por
medio de la cual se declaró y alinderó el área correspondiente a la reserva
de carácter nacional –no regional– en cita, ubicada exclusivamente en el
Distrito Capital de Bogotá
33
. Lógicamente, sin contar con los argumentos
técnicos indispensables o sustento científico que evidenciará la importancia
forestal o del recurso flora, de la zona categorizada como de reserva.
Encontramos pues que las razones para la especial protección de
cerros fue “...que la vegetación de las montañas situadas alrededor de la
Sabana de Bogotá debe ser protegida para conservar su efecto regulador de
la cantidad y calidad de las aguas que son utilizadas por los habitantes de
ella...”
34
Sobre lo expuesto, se evidencia una falta técnica respecto del objeto
principal del acto administrativo que la declara, por cuanto la Resolución
76 de 1977 tiene como fin proteger parte de la flora, al delimitar y alinderar
una reserva forestal protectora, contrario sensu sus considerandos, dan
primera importancia a los recursos hídricos y al paisaje. A parte de lo
anterior vemos cumplido el primer requisito legal para su conformación y
creación.
En la citada Resolución 76 de 1977, se delegó
35
a la Corporación
Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y
Chiquinquirá –Car–, sin perjuicio de las facultades del Departamento
32 Entidad competente conforme a lo dispuesto en los artículos 38 y 77 del Decreto 133
de 1970.
33 Los autores hacen énfasis en que la reserva objeto del presente se encuentra ubicada
en su totalidad en terrenos del Distrito Capital y no se extiende hacia municipios aledaños,
conforme a la cartografía establecida en la resolución 76 de 1977.
34 Ministerio de Agricultura de Colombia, Resolución ejecutiva 76 de 1977, Diario Ofi-
cial del 3 de mayo de 1977.
35 Delegación que podría llegar a cuestionarse conforme a lo dispuesto en la ley 489 de
1998.
295
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
Administrativo de Planeación Distrital y de la Secretaria de Obras Públicas,
la administración y manejo del área protegida “Bosque Oriental de Bogotá.
Sobre el particular deseamos hacer una pequeña claridad. La
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el
Distrito Capital de Bogotá se encuentra únicamente en el área rural debido a
que el área urbana es competencia del ente territorial –gran centro urbano–.
Teniendo en cuenta que la reserva objeto de estudio ha contemplado las
dos, se han presentado diversos inconvenientes entre las dos autoridades.
El proveído que nos ocupa se publicó en ”(...) el Diario Oficial el día 3
de mayo de 1977 y en el diario La República del 4 de septiembre de 2001,
y fue remitida a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos por el
actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante
las comunicaciones de fechas 5 de abril de 2005 con radicado 4000- E2-
34566, 4 de mayo de 2005 con radicado 4000-E2-38583 y reiteradas con
los oficios números 4000-2100-12, 4000-2-10018 y 4000-2-10015 del 3
de febrero de 2006(...)”
36
, sin encontrar su publicación por bando.
Lo anterior da cuenta de los primeros incumplimientos a las normas
bajo las que se debió crear la reserva. Vemos que no existió publicación
por bando, aunque si en el diario oficial. A propósito, la remisión a las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos fue en el año 2005 –casi
27 años después–, por lo que actualmente la reserva “Bosque Oriental de
Bogotá” no ha sido inscrita en su totalidad en los folios de matrícula y
por consiguiente no es oponible a terceros en los términos expuestos en el
acápite anterior.
Sobre el particular el Consejo de Estado (2003) estableció que “...
es claro que el Acuerdo 30 de 1976 y la resolución ejecutiva 76 de 1977
que lo aprobó, son actos administrativos válidos y gozan de presunción de
legalidad, pero no son oponibles a terceros por ausencia de los requisitos
previstos en el Código Fiscal...”.
Situación que se recalca en la sentencia del 30 de enero de 2004
dictada dentro del expediente 11001032400020010017001, de la
Magistrada Ponente Olga Inés Navarrete Barrero, entre muchas otras que
36 Resolución 1141 del 12 de abril 2006. Corporación Autónoma regional de Cundina-
marca. por la cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se establecen otras determinaciones.
296
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
configuran conforme al artículo décimo de la Ley 153 de 1887, subrogado
por el artículo cuarto de la Ley 169 de 1889, doctrina probable
37
.
Además de la posición descrita respecto del registro de la resolución
aprobatoria de la reserva, existe la consagrada en la Sentencia de Tutela
774 de 2004, emitida por la Corte Constitucional, donde se proclama una
tesis novedosa: el requisito de registro afecta únicamente la publicidad
del acto administrativo creador de la reserva; por tanto, si se demuestra
que el afectado o cualquier ciudadano conoció la existencia de la reserva,
este requisito se encuentra subsanado respecto de sí mismo. Convergencia
teórica inclinada a la ampliación de la inobservancia del derecho cuando se
trata del tópico ambiente
38
.
Para intentar subsanar tal situación se expidieron diversos actos
administrativos por parte de las autoridades ambientales relacionados con
la determinación y alinderamiento de la zona, mientras se otorgaban en el
área licencias y permisos tanto ambientales como urbanísticos a particulares.
Entre los más importantes encontramos: la Resolución 463 14 de abril
de 2005 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, que redelimitó, es decir, sustrajo
39
, del área, la llamada franja
de adecuación, como espacio de consolidación de la estructura urbana y
como zona de amortiguación y de contención definitiva de los procesos
de urbanización de los Cerros Orientales
40
; es decir, la Resolución 463,
37 Tres decisiones uniformes dadas por las altas Cortes sobre un mismo punto de de-
recho, constituyen doctrina legal más probable, el cual debe ser acatado por el resto de
administradores y auxiliares de justicia.
38 Sobre el particular debemos manifestar que consideramos que este fallo no es aplica-
ble a la totalidad de relaciones sobre la reserva es estudio por cuanto: a) Las sentencias de
acción de tutela poseen efectos para las partes intervinientes en la litis b) La jurisprudencia
es un criterio auxiliar de justicia, no es norma como tal. Es decir, cuando exista norma
aplicable al caso concreto, deberá ser utilizada. c) El argumento viola todo precepto legal
de seguridad jurídica respecto de la propiedad, dejando sin validez alguna la prueba reina
en la Nación para la demostración de propiedad, ausencia de gravámenes entre otros.
39 Franja que no se encuentra descrita en ninguna aparte legal de áreas protegidas, por
lo que el reglamentador legisló.
40 Lo expuesto fue conocido por el Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección
Segunda, Sub-sección “B”, que mediante auto del día 1º de junio de 2005 dentro de la
acción popular adelantada bajo el expediente 2005-00662 suspendiendo parcial y provi-
sionalmente los efectos de la resolución 463 de 2005, “(..) en cuanto excluye una parte del
área de la Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá (...)” Por lo cual, los inmuebles
297
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
sustrajo de la reserva unos inmuebles determinados, de los cuales algunos
quedaron dentro de una franja de adecuación, que no hace parte de la
reserva, pero que posee un uso del suelo especial, aunque no tan restrictivo.
Con posterioridad, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial expidió la Resolución número 1582 de 2005, “por la cual se
interpreta el parágrafo del artículo 5° de la Resolución 0463 del 14 de abril
de 2005...”, estableciendo que no se modificaron las condiciones urbanísticas
de los predios con usos urbanos contemplados en los “...Decretos Distritales
619 de 2000, el cual fue modificado por el Decreto 469 de 2003 y compilado
en el Decreto 190 de 2004...”. En aras de intentar proteger situaciones
particulares consolidadas.
Adelante en el tiempo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “B”, profirió un auto el día 1º de junio
de 2005 dentro de la acción popular adelantada bajo el expediente
2005-00662 suspendiendo parcial y provisionalmente los efectos de la
resolución 463 de 2005, “...en cuanto excluye una parte del área de la
Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá...” Por lo cual, los inmuebles
cobijados por la resolución 463 de 2005, quedaron nuevamente inmersos
en la reserva forestal administrada por la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca.
En concordancia con lo anterior, cabe preguntarse ¿Qué ocurre
con los trámites adelantados en la vigencia de la resolución 463? Se ha
encontrado que han sido respetados por parte de la autoridad ambiental?
Completando el escenario histórico de la reserva se encontró que
fue interpuesta una acción popular ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, bajo el expediente 2005-
00662, en donde se emitieron actos judiciales de suspensión provisional
41
,
adicionando a esto el panorama que, mediante auto del 29 de noviembre
de 2005 se ordenó “... al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, a la Corporación Autónoma Regional, CAR, y al Departamento
Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, suspender temporalmente
el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, autorizaciones o
cobijados por la resolución 463 de 2005, quedaron nuevamente inmersos en la reserva
forestal administrada por la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca.
41 De las resoluciones citadas.
298
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
concesiones ambientales para la realización de proyectos o actividades a
que hace referencia los artículos 31-9 y 52 de la ley 99 de 1993, dentro del
área de reserva descrita en el Acuerdo 30 de 1976...”.
Entre tanto, la Corporación Autónoma Regional expidió el 12 de
abril de 2006 la Resolución 1141, por la cual se adopta el Plan de Manejo
Ambiental de la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, que previó principalmente:
1. Que la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá se
considera suelo de protección y estará sujeta a las determinantes
ambientales que establece la Resolución 463 del 14 de abril
de 2005, la cual posee sus efectos suspendidos de acuerdo al
pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. El establecimiento de los efectos de la declaratoria de la reserva,
que en estricto sentido no le corresponde a la Corporación.
3. El establecimiento de un plazo
42
perentorio para que los
particulares, alleguen a la CAR, la documentación pertinente
con el fin de definir, si hay lugar al reconocimiento de mejoras y
derechos adquiridos e inclusive la compra de predios.
Refiriéndonos a los derechos adquiridos o aquella facultad subjetiva,
integrante del patrimonio de un sujeto de derechos y obligaciones, debemos
manifestar que no se entiende como la Corporación pretende reconocer
derechos adquiridos sobre bienes que configuran la reserva por cuanto no
posee facultad legal para hacerlo. Y en sentido negativo cabe preguntarse
si la persona titular de derechos adquiridos sobre un predio inmerso en un
área protegida, podrá exigir –de pleno derecho– la sustracción o exclusión
de su inmueble. Aunque se pueda observar que esto fuese posible, los
derechos adquiridos no pueden ser limitados en el tiempo a través de un
acto administrativo como lo hace la resolución.
Dejando a un lado la resolución 1141 de 2006, sin haber dicho
todo lo posible sobre ella, es pertinente darle ahora atención a la sentencia
dictada el 29 de septiembre de 2006, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subseccion “B”, en desarrollo de la acción
popular 2005-00662, mediante la cual se concede la acción incoada.
42 Ampliado por la resolución 2439 del 14 de agosto de 2006.
299
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
En la sentencia, se observa la complejidad del tema y se ahonda en
confusiones descritas anteriormente y se obvia con claridad lo solicitado.
Esta afirmación se ve reflejada en la parte considerativa, a saber:
1. Considera la Sala que la importancia del área de los Cerros
orientales de Bogotá radica, en su condición de “...zona estratégica
para la conservación de recursos hídricos...” por lo cual no es
clara la figura usada que tiene como objeto primero, la protección
forestal.
2. El tribunal acoge la posición expresada por la H. Corte
Constitucional en la sentencia de tutela 774 de 2004, afirmando
que es un hecho notorio –sin necesidad de registro–, obviando la
continua jurisprudencia del H. Consejo de Estado
3. Afirma que el uso del suelo debe ser restringido de manera
absoluta para todos los predios, situación que afecta el núcleo
esencial del derecho de dominio y le asignaría a la legislación
ambiental un carácter confiscatorio.
4. Con gran acierto, el Tribunal expresa la falta de diligencia por parte
del Ministerio, al no haber alinderado correctamente la reserva;
no haber ordenado su inscripción en el registro: y la ausencia de
coherencia en la implementación de políticas pertinentes.
5. Otro tipo de afirmaciones de la sección citada, atienden a:
Mantener la franja de adecuación creada por la Resolución 463
de 2005, que deberá ser regulada por las autoridades Distritales;
dejar definitivamente sin efectos la Resolución 1582 de 2005;
y ordenar el retiro del ordenamiento jurídico, toda norma que
permita un uso del suelo no compatible con el de reserva forestal
protectora
43
.
6. Censura a la CAR por la expedición de los actos administrativos
que sustrajeron de la reserva un área determinada, por no
encontrar supuestos jurídicos para su expedición.
43 Anota el autor que los usos del suelo específicos para una reserva forestal protectora,
no se encuentran claramente definidos en la legislación ambiental, tales como. Principales,
Segundario entro otros.
300
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
7. Establece la responsabilidad solidaria entre la Corporación, el
Distrito y el Ministerio.
8. Establece que la Corporación deberá comprar los predios de la
reserva y así dar cumplimiento a su propio acto –Resolución
1141–.
A su vez la parte resolutiva de la sentencia, que supone nuestro
siguiente propósito, hace alusión –hay veces en forma contradictoria– a los
temas tratados en su parte considerativa, dando como resultado, órdenes
a las autoridades ambientales intervinientes, sin competencias claras, tales
como la reubicación de la población, adquisición de los predios, renovación
de la vegetación exótica por nativa, demolición de construcciones,
prohibición para la expedición de licencias, permisos y autorizaciones
44
,
expansión de los límites de la reserva
45
, acceso de a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la creación de un cuerpo de
policía, entre otros.
Aunque son varias las consideraciones restantes, es menester
continuar con el desarrollo del tema por cuanto, el fallo del Tribunal, fue
apelado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y por la
Procuraduría General de la Nación, lo cual generó la sentencia del Consejo
de Estado del 16 de julio de 2015, cierra la discusión judicial ordenando
entre otros la elaboración de un nuevo plan de manejo ambiental el cobro
de una tasa por ocupación urbana (en ciertos casos) y así otras que buscan
mediar la tensión entre el ambiente y el desarrollo.
Sin embargo, este escrito más que relatar la historia de consolidación,
discusión y protección de la reserva en comento, desea plantear que la
conservación del ambiente posee grandes retos jurídicos en torno a dar
precisión en sus contenidos y una lógica jurídica especial para de esta manera
evitar las largas discusiones judiciales y administrativas a su alrededor.
44 Cabe preguntarse si ¿Cobija también concesiones?
45 Produce algo de curiosidad que el magistrado, “aparentemente” remueva las funciones
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial establecidas en el numeral
18 del artículo quinto de la Ley 99 de 1993, en cuanto a alinderar y sustraer predios de la
reserva y así mismo, le ordene la ampliación de la misma a los municipios aledaños.
301
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
Conclusiones
Es momento de realizar la recopilación in genere de los resultados
arrojados por nuestro estudio a la luz de la existencia o no de los principios
de confianza legítima y buena fe, visto desde los titulares del derecho de
dominio al interior de la reserva y desde la óptica de terceros titulares del
derecho colectivo a un ambiente sano. Veamos:
La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la
protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los
fundamentos sobre los cuales se estructura el concepto de Estado Social
de Derecho. Es por ello que, de conformidad con la Constitución Política,
los recursos naturales y el derecho de propiedad, son preceptos cuya
protección se encuentran a cargo del Estado, precisamente por la necesidad
de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización de una
serie de derechos que permitan su bienestar individual y colectivo.
La adopción de medidas en este sentido, se ha convertido en un tema
neurálgico para la gobernabilidad de las mismas, pues se busca armonizar
los intereses particulares con los colectivos, que desde el caso sub-examine
no es más que la consecución del postulado de que la propiedad tiene una
función social y ecológica.
Lo anterior ha implicado un redimensionamiento del derecho
de dominio, como componente básico del derecho ambiental y como
epicentro de la actuación de la Administración a fin de que ésta responda
suficientemente y desde el punto de vista jurídico a los retos que impone
la correcta planificación de una ciudad y evitar con ello el sometimiento de
estas cuestiones a los mecanismos jurisdiccionales, que en la actualidad se
han convertido en maneras efectivas para la articulación de lo urbano, lo
ambiental y los derechos de los particulares. Muestra de lo dicho son los
fallos judiciales a través de los cuales se evitan desalojos o demoliciones, se
reconocen áreas protegidas, entre otros.
Ahora bien frente a la situación de los cerros orientales de Bogotá,
que muestra lo dicho en líneas anteriores, un mecanismo idóneo
de armonización y de resolución de conflictos que surgen entre la
Administración y los titulares de derechos de propiedad ha sido el expuesto
302
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
por la Corte Constitucional
46
al referirse en su momento al espacio público,
de buscar fórmulas de conciliación conforme a las cuales la Administración
cumpla su deber de proteger los recursos naturales, sin que ello signifique
desconocimiento del derecho propiedad de las personas que resulten
afectadas en los procesos de recuperación del medio ambiente.
Una de las fórmulas de conciliación, es la aplicación del principio
de confianza legítima, a fin de armonizar de un lado el interés general
que se concreta en el deber de la administración de conservar y preservar
los recursos naturales y, del otro lado, los derechos de propiedad de los
particulares que se encuentren en los cerros orientales de Bogotá. En
uno y otro caso las materias gozan de protección normativa pues como
se dijo la defensa del medio ambiente es un deber constitucionalmente
exigible, por lo cual las autoridades administrativas y judiciales deben
ordenar su vigilancia y protección y de la misma manera quienes gozan
del derecho propiedad también tiene protección jurídica.
Por lo tanto, cualquier propietario que cumpla con las normas
urbanísticas, haya obtenido de la Administración los permisos
ambientales y de construcción correspondiente y en el registro de
instrumentos públicos no se encuentre gravamen de limitación alguno
sobre su propiedad, cuenta con un derecho pleno de domino (uso, goce
y disposición) teniendo como única restricción el ejercicio proporcional
y armonioso y el respeto por los derechos de los demás y de la normativa
vigente, entre estas la ambiental.
Por consiguiente, el desalojo, la demolición o la limitación del
derecho de dominio resultarán procedente cuando el actuar de la
Administración desde siempre y no de manera súbita ni intempestiva
estuvo encaminado a demostrarle al particular Ej. La negación de un
permiso o licencia, que en ese sitio geográfico especifico no era posible
el ejercicio de derecho de propiedad alguno y que tales actuaciones
hubiesen sido fruto de procesos judiciales o administrativos, con el
cumplimiento de las reglas del debido proceso.
De allí que las personas que ostentan título de propiedad en los
cerros orientales de Bogotá se encuentran amparados por el ordenamiento
jurídico, cuando puedan ser cobijados por el principio de la confianza
46 Corte Constitucional. Sentencia SU-360 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero
303
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
legítima con las condiciones que la jurisprudencia ha establecido,
es decir, en líneas generales, demostrando que las actuaciones de la
administración anteriores a la limitación del dominio, les permitía
concluir que su conducta era jurídicamente aceptada, generando en
ellos la certeza de que “la administración no va a exigirles más de lo que
estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que
en cada caso concreto persiga” (CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia
T-617 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero)
Dentro de este contexto, constituyen pruebas de la buena fe de los
propietarios: las licencias, permisos concedidos por la administración;
sus omisiones, verbigracia, la no-iniciación de procesos sancionatorios
o policivos; la tolerancia y permisión del uso de recursos naturales y la
complacencia y visto de bueno de operaciones civiles y/o mercantiles,
tales como contratos de compraventa y arriendo. Como corolario de lo
anterior se tiene que los actos administrativos que autorizaron el ejercicio
del derecho de domino no pueden ser revocados unilateralmente por la
administración, sin que se cumplan con los procedimientos dispuestos
en la ley.
Finalmente, cabe mencionar que la existencia de viviendas dentro
de la zona de reserva forestal no es compatible con ella. Argumentos que
conllevan a la adquisición
de los predios de propiedad privada al interior
de la reserva y de la franja de adecuación, desconocen lo dispuesto en el
artículo 206 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, que insiste en que una reserva forestal es “la
zona de propiedad pública o privada”. En este orden de ideas, la propiedad
privada dentro de la reserva, si es viable y dado que el dominio tiene como
fin último el lucro, deben existir actividades económicas compatibles
con
los usos del suelo del área protegida. Es decir, en términos puramente
prácticos el uso y goce del bien inmueble debe armonizarse con el objetivo
y fin del área protegida, sin que ello en modo alguno conlleve a cercenar la
disposición sobre el mencionado bien, que se mantiene incólume.
304
Competitividad en el sector agroindustrial del departamento de Sucre:
un estudio de caso
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Corte Constitucional. Sentencia T – 774 de 2004, Magistrado Ponente, Ma-
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Corte Constitucional. (1999). Sentencia SU-360. M.P. Alejandro Martínez
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Caballero
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ballero
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305
Andrés Gómez Rey, Iván Andrés Páez
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Tribunal Administrativo De Cundinamarca, (2005) Sección Segunda,
Sub-sección “B”, auto del día 1º de junio, expediente 2005-00662
13. Minería de carbón y oro: análisis de
riesgos en la salud y el ambiente
Claudia Galeano-Páez
1
Lyda Espitia-Pérez
2
Shirley Salcedo-Arteaga
3
Introducción
Las utilidades económicas de la minería se han incrementado en
los últimos 15 años en Colombia extendiendo el auge de los procesos
extractivos e incentivando la inversión en este sector. Los tratados de libre
comercio, el aumento de la inversión extranjera y el respaldo fehaciente
del gobierno nacional que ha apoyado la llamada locomotora minera, se
han consolidado en el aumento de títulos y concesiones mineras otorgado
en los últimos años. Los conflictos mineros que se han desarrollado en
Colombia y en general en América Latina y el Caribe, se han dado bajo dos
enfoques, involucrando por lo general a los mismos actores: las mineras,
las comunidades afectadas y el gobierno. Sin embargo, se gestan en dos
direcciones, entre mineras y comunidades afectadas, y entre los niveles de
gobiernos locales y centrales. Las causas que han detonado estos conflictos
se pueden englobar en sociales, ambientales y políticas, sin embargo, de
acuerdo con organizaciones internacionales como la CEPAL de la ONU
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), los conflictos más
frecuentes son los relacionados con los problemas territoriales ligados a
la falta de consulta previa e informada, violación de derechos humanos,
1 Bióloga de la Universidad de Córdoba. Especialista en Gestión Energética de la Univer-
sidad de La Salle. Maestría en Desarrollo y Ambiente, en curso, en la Universidad Tecno-
lógica de Bolívar.
2 Bióloga de la Universidad de Córdoba. Magíster en Biología Celular y Molecular de la
Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Doctora en Biología Celular y Molecular de la
Universidad Federal do Rio Grande do Sul.
3 Bióloga de la Universidad de Córdoba. Magíster en Biología de la Universidad del At-
lántico.
DOI: 10.21892/978-958-5547-65-0.13
308
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
incumplimiento de la responsabilidad corporativa y empresarial, cambios
en las economías locales e impactos ambientales.
Estos últimos a su vez, se pueden desglosar en degradación de áreas de
reserva natural, pérdida de la biodiversidad y contaminación con sustancias
toxicas, que derivan en afectaciones a la salud de las comunidades. Muchas
veces, estas afectaciones en salud que empiezan a nivel local se expanden
a un ámbito regional resultando, en algunos casos, un problema de salud
pública. La falta de conocimiento en los impactos generados por los
procesos mineros, ha permitido que éstos no sean prevenidos, mitigados y
manejados de la mejor forma.
Colombia, se presenta como un caso particular, donde a pesar de
contar con una robusta legislación ambiental, enfocada en procesos de
protección ambiental caracterizados por la creación de áreas protegidas, se
fomenta al mismo tiempo un modelo de desarrollo minero-energético que
se sobre lapa con las medidas ambientales y el enfoque de sostenibilidad
de la legislación.
Estas medidas son limitadas a la realización de un estudio de
impacto ambiental (EIA), un plan de manejo ambiental (PMA), un plan de
contingencia y procesos de consulta previa a las comunidades en cercanía
de las áreas de realización de los proyectos, todas con el único fin de
obtener una licencia ambiental, que permita iniciar una explotación. Los
requisitos para la obtención de la licencia ambiental pueden considerarse
como herramientas metodológicas que finalmente son plasmadas en
un documento físico para sobrellevar un trámite legal, pero están lejos
de sopesar la realidad de los procesos extractivos y sus consecuencias.
También pueden ser consideradas “herramientas” de control ambiental,
y han demostrado en los 20 años de implementación ser completamente
ineficientes en lo referente a calcular y prevenir los impactos generados por
la explotación minera.
Lo que sí ha quedado claro, es que la falta de investigación científica
en temas ambientales está pasando cuenta de cobro al Estado colombiano,
que cada vez más se ve inmerso en conflictos que tensionan la estrecha
relación entre el desarrollo económico y el desarrollo social y ambiental.
En el presente capítulo se plasma un breve análisis de la explotación
de carbón y oro en Colombia describiendo las principales características de
309
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
cada sistema de minería, su producción mundial y nacional, procesos de
explotación y principalmente los efectos en el ambiente y la salud de las
comunidades expuestas a residuos de la explotación a través de exposiciones
ocupacionales y ambientales.
Todos estos aspectos, son tratados desde un ámbito científico,
corroborando los datos con estudios recientes que permiten analizar
los procesos extractivos de estos minerales bajo un enfoque de riesgo,
mostrando de manera general la importancia de la investigación científica
en la aplicabilidad de nuevas tecnologías limpias y eficientes.
Igualmente se evalúan los aportes y la idoneidad de muchas de
estas investigaciones en la toma de decisiones en las políticas públicas
encaminadas a prevenir y mitigar los efectos sociales y ambientales de
los impactos generados por minería, así como su capacidad para aportar
información que permita dar posibles soluciones a los actuales conflictos
entre las mineras, las comunidades y el gobierno.
Minería de carbón
Generalidades
El carbón al igual que todos los combustibles fósiles es una compleja
y variada mezcla de componentes orgánicos sólidos fosilizados a lo largo
de millones de años (Aneja, Isherwood, & Morgan, 2012). Como se ilustra
en la Figura 1, el carbón posee en su composición átomos de carbono,
oxígeno, nitrógeno y azufre asociados con otros elementos rocosos (como
arenisca, limolita y diamictitos) y minerales (como la pirita), siendo una de
las mayores fuentes naturales de hidrocarburos.
En el carbón, el contenido de carbono determina su calidad y varía
de acuerdo con el tipo y edad del yacimiento (Chadwick, Highton, &
Lindman, 2013). Una de las clasificaciones más exactas, al respecto de los
tipos de carbón, se muestra en la Tabla 1 y corresponde a la realizada por
la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM D - 388-777);
según esta clasificación, el carbón puede ser categorizado en cuatro clases
considerando la composición y las condiciones de presión y temperatura
310
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
(grado de metamorfismo) a los cuales estuvo sometido durante su formación
((UPME), 1995).}
Figura 1. Estructura química de un carbón sub-bituminoso; Fuente: Extraído de
Hill & Lyon (1962)
Tabla 1
Clasificación de los diferentes tipos de carbón
Tipo*
Carbono
fijo (%)
Material
volátil (%)
Contenido de
humedad (%)
Valor
calorífico
(MJ/Kg)**
Valor
calorífico
(Kcal/kg)**
Antracita 86 - 98 1 < 15 > 32,6 > 7.780
Bituminoso 45 - 86 32 15 - 20 24,5 - 32,6
5.800 -
7.780
Sub-
bituminoso
35 - 45 50 20 - 30 18,2 - 24,5
4.300 -
7.780
Lignita y
Turfa
25 - 35 96 > 30 9,3 - 18,2
2.200 -
4.300
*Fuente: American Society for Testing and Materials (ASTMD-388-777); MJ: Maga Joules;
Kg: Kilogramos **Cálculos: (MJ/kg y kcal/kg) UPME (2005)
311
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
Producción Mundial
El carbón se encuentra distribuido globalmente en una amplia
variedad de yacimientos. Las reservas de carbón presentan una mayor
presencia en el hemisferio Norte, siendo encontradas en cerca de 75 países.
Estados Unidos (28,6%), Rusia (18,5%) y China (13,5%) concentran más
del 60% del volumen total de carbón del mundo (Figura 2){(EIA), 2016
#156}{(EIA), 2016 #156}{(EIA), 2016 #156}{(EIA), 2016 #145}{(EIA),
2016 #156}{(EIA), 2016 #156}.{(EIA), 2016 #156} Las reservas de carbón
totalizan 847,5 billones de toneladas, cantidad suficiente para cubrir el
consumo actual por 130 años, siendo China el mayor productor de carbón
estimulada por el acelerado crecimiento económico que a su vez también la
ha transformado en el mayor consumidor mundial (Ryan Brightwell, Kuba
Gogolewski, & Vladimir Slivyak, 2013){(EIA), 2016 #145}.
Figura 2. Identificación geográfica de los principales productores de carbón del
mundo.
Fuente: Adaptado de BankTrack.org (Ryan Brightwell et al., 2013)
312
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
Producción en Colombia
Figura 3. Distribución geográfica de las reservas de carbón en Colombia.
Fuente: Modificado de Jähnig (2013)
Colombia posee las mayores reservas de carbón de América Latina y
hace parte del grupo de exportadores más jóvenes del mercado mundial.
313
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
La mayor parte de las reservas se encuentran localizadas en la Costa
Atlántica, donde el 90% corresponde a carbón de tipo térmico, que a su
vez corresponde al 98% del carbón nacional. Los principales yacimientos
se encuentran en los departamentos de Guajira, Cesar, Córdoba, Norte de
Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca
(Figura 3).
Los recursos potenciales son de aproximadamente 16.992 millones
de toneladas (Mt), lo que nos convierte en el quinto exportador mundial
de carbón con una participación del 6,3%, equivalente a 50 Mt de carbón
anuales (Jähnig, 2013). La producción de carbón concentra el 47% de la
actividad de minería del país y representa el 1% del producto interno bruto
colombiano, generando cerca de 1.133 millones de dólares (Energética.,
2007).
Sistemas de minería de carbón
Los métodos de extracción de carbón están determinados por las
condiciones geológicas del yacimiento (tamaño, calidad, profundidad,
etc.), por el valor del recurso y por las restricciones ambientales y legales
prevalecientes al momento del desarrollo del proyecto (Finkelman et al.,
2002).
Otra consideración que generalmente afecta la elección entre un
método de extracción y otro es la calidad del carbón en la veta. Gran parte de
los carbones explotados contienen impurezas o materiales no carboníferos
localizados juntos, por debajo o por encima de la veta que afectan el poder
calorífico del carbón, las emisiones relacionadas con su quema y su precio
en el mercado. Por ejemplo, la concentración y presencia de impurezas
puede afectar las emisiones atmosféricas generadas durante la quema del
carbón, afectando su capacidad de ser utilizado en industrias como la
eléctrica al no cumplir con la normatividad de emisiones permitidas. En un
sistema de extracción a cielo abierto estas impurezas pueden ser separadas
en los denominados “pits” (áreas de explotación) o separadas del carbón
por la maquinaria de superficie sin necesidad de establecer una planta de
procesamiento adicional. Sin embargo, en la minería subterránea el carbón
es extraído conjuntamente con otras impurezas como arcilla, pirita y sílice,
muchas veces para mantener una altura adecuada para el trabajo de los
operarios o para mantener la estabilidad del techo del socavón. Este carbón
314
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
“impuro” debe, posteriormente, ser limpiado en la superficie en una planta
de procesamiento. Esta necesidad de limpiar prácticamente todo el carbón
extraído en minas subterráneas aumenta considerablemente el costo de este
tipo de minería (Ryan Brightwell et al., 2013).
Residuos generados durante la minería de carbón
La minería de carbón es una de las actividades con mayor capacidad
de poluir (Zakrzewski, 2002). Dependiendo del sistema de producción
utilizado en el yacimiento, existen diferentes tipos de residuos que afectan
en menor o mayor medida la salud de las poblaciones biológicas y el medio
ambiente.
Mientras que los principales residuos de la explotación a cielo abierto
incluyen al material particulado (PM
10
y PM
2.5
) constituido por elementos
orgánicos volátiles y metales (Espitia-Pérez et al., 2016), en sistemas de
minería subterráneos son más comunes los gases de invernadero, que
pueden migrar hasta la superficie y generar riesgos de explosiones y los
hidrocarburos alifáticos producto de la combustión espontánea del carbón
en contacto con la atmósfera. La Tabla 2 muestra algunos de los principales
poluentes ambientales y sustancias químicas detectadas en sistemas de
minería subterránea y a cielo abierto alrededor del mundo.
Tabla 2
Principales compuestos detectados en el PM sistemas de minería subterránea y a
cielo abierto alrededor del mundo
Compuesto
Tipo de
muestra
País Tipo Ref.
Compuestos orgánicos volátiles (COV)
Etilbenzeno,
Benzeno
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
Antraceno
Muestras
incendiadas de
escoria
Portugal Subterránea
Ribeiro &
Flores (2010)
Pireno,
Fenantreno
Filtros de
PM10, PM2.5
Grecia A cielo abierto
(Evagelopou-
los, 2010)
Benzo[a]
antraceno
Filtros de
PM10, PM2.5
Grecia A cielo abierto
(Evagelopou-
los, 2010)
315
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
Compuesto
Tipo de
muestra
País Tipo Ref.
Benzo[k]
fluorantreno
Muestras
incendiadas de
escoria
Portugal Subterránea
(Ribeiro et al.,
2010)
Fluoreno
Muestras
incendiadas de
escoria
Portugal Subterránea
(Ribeiro et al.,
2010)
Hidrocarburos halifáticos
Etano
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
Eteno
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
1-Buteno
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
Cis-2-penteno
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
n- Heptano
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
Ciclopentano
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
n-Octano
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
Gases de invernadero y otros
Metano Gases de carbón E.U Subterránea
(Kirchgessner,
Piccot, &
Masemore,
2000)
Monóxido de
carbono
Gases de carbón E.U Subterránea
(Kirchgessner
et al., 2000)
Dióxido de
carbono
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
Óxidos
SiO2
Muestras
de carbón y
cenizas
Rep.
Checa
A cielo abierto
(Tichý &
Mejstřík,
1996)
316
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
Compuesto
Tipo de
muestra
País Tipo Ref.
K2O
Cenizas de
carbón
China A cielo abierto
(Xing et al.,
2016)
Ti2O
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
CaO
Cenizas de
carbón
China A cielo abierto
(Xing et al.,
2016)
Na2O
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
Fe2O3
Muestras
de escoria y
cenizas
China A cielo abierto
(Zhao et al.,
2008)
CaSO4
Muestras de
escorias y
ventilas
China Subterránea
(Querol et al.,
2008)
SO3
Gases de
fumarolas
Sudáfrica Subterránea
(Pone et al.,
2007)
Metales
C Filtros de PM10 Colombia A cielo abierto
(Huertas et
al., 2012)
Ca
Muestras de
carbón
E.U A cielo abierto
Damle & Ra-
nade,(1981)
Cd
Muestras de
TSP*
Grecia A cielo abierto
Petaloti et al.,
(2006)
Al
Muestras de
TSP*
Grecia A cielo abierto
(Petaloti et al.,
2006)
Cu
Filtros de
PM2.5
Colombia A cielo abierto
(Espitia-Pérez
et al., 2017)
Cr
Filtros de
PM2.5
Colombia A cielo abierto
(Espitia-Pérez
et al., 2017)
As
Filtros de
PM2.5
Colombia A cielo abierto
(Espitia-Pérez
et al., 2017)
S
Filtros de
PM2.5
Colombia A cielo abierto
(Espitia-Pérez
et al., 2017)
317
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
Compuesto
Tipo de
muestra
País Tipo Ref.
Be
Muestras
de escoria y
cenizas
China A cielo abierto
(Zhao et al.,
2008)
Si, Se
Muestras
de escoria y
cenizas
China A cielo abierto
(Zhao et al.,
2008)
Pb
Muestras
de escoria y
cenizas
China A cielo abierto
(Zhao et al.,
2008)
Zn
Muestras de
TSP*
Grecia A cielo abierto
(Petaloti et al.,
2006)
*Material Particulado Suspendido Total.
Fuente: Modificado de (Espitia-Pérez et al., 2016)
En las siguientes páginas revisaremos las principales características y
efectos de algunos de estos residuos.
Material particulado PM
10,
PM
2.5
y
PM
1.0
Características: el material particulado (PM) puede ser dividido
básicamente en dos grupos definidos por intervalos de tamaño: el grupo
de las partículas finas menores de 2.5 μm de diámetro aerodinámico y el
grupo de partículas más gruesas mayores a 2.5 μm. Esta división es bastante
conveniente considerando que las fracciones de diámetros aerodinámicos
diferentes poseen propiedades físicas y químicas distintas e igualmente
mayor o menor impacto en los organismos vivos (Queiroz, Jacomino, &
Menezes, 2007). El PM generado en las minas de carbón es una mezcla
compleja de partículas que varían no sólo en tamaño y morfología, sino
también en sus características químicas y físicas que a su vez dependen
de la composición del carbón (López & Ward, 2008; Valentim, 2009).
Las actividades de minería de carbón que generan estas partículas son
la perforación, detonación, carga y descarga del carbón y el transporte
rodoviário en caminos no pavimentados (Huertas, Huertas, & Solis, 2012).
El PM inhalables (que engloba las partículas finas y gruesas) se
encuentra constituido por sulfatos, nitratos, amoníaco, metales Cd, Cr, Cu,
Ni, Pb, V, Zn y otros) y agua (Yanagi, Assunção, & Barrozo, 2012). El PM
2.5
318
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
es dominado por productos de la combustión secundaria y aerosoles (EPA,
1996).
Efectos sobre la salud: el tamaño es un factor importante que
influencia la forma como el PM se deposita en el tracto respiratorio y la
forma como afecta la salud humana. Las partículas grandes son filtradas
por la nariz y la garganta y no necesariamente causan problemas; la fracción
PM
2.5
sin embargo, ultrapasa la región pulmonar alveolar, donde ocurre el
intercambio gaseoso y de sangre y por esta razón representa la fracción
respirable de mayor riesgo (Barja et al., 2013; Kaonga & Kgabi, 2011).
Figura 4. Deposición del material particulado en las vías respiratorias.
Fuente: Adaptado de EPA (1996).
Una vez en la corriente sanguínea, los metales y partículas en la
superficie del PM puede generar daños oxidativos y genotoxicidad (daño
en el DNA) (Figura 4). El grado de deposición del PM
2.5
en el pulmón
es determinada por la concentración inhalada, la estructura del tejido
y la capacidad de compensación de los cilios de las vías aéreas. El daño
resultante para los cilios de las vías aéreas y la reducida capacidad de
ejecutar la limpieza de las vías aéreas, impide la eliminación oportuna del
PM
2.5
de las vías aéreas e de los pulmones (Ling & van Eeden, 2009). En
319
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
un ambiente poluído, cada alvéolo entra en contacto con un promedio de
1500 moléculas en un período de 24 horas. Aproximadamente 50% de los
depósitos de PM ocurren en el alvéolo, 96% de los cuáles son constituidos
por PM
2.5
(Valavanidis, Fiotakis, & Vlachogianni, 2008).
Una revisión detallada sobre la asociación entre los residuos de
material particulado generados durante las actividades de minería de carbón
y la presencia de algunas enfermedades es descrita en la Tabla 3. La agencia
de protección del medio ambiente de los Estados Unidos (USEPA) ha
demostrado que la polución con PM tiene una relación directa con cambios
en la función pulmonar y enfermedades respiratorias en las poblaciones
expuestas. Este tipo de polución también se encuentra relacionada con un
aumento en la mortalidad a corto plazo. De hecho, la tasa de mortalidad
inducida por la polución varía entre el 2% y el 8% por cada 50 μg/m-3 de
PM inhalado (Roy et al., 2016).
Tabla 3
Principales estudios sobre los efectos sobre la prevalencia de cáncer y otras
enfermedades relacionadas con la exposición PM generado por la minería de
carbón en poblaciones con exposición ocupacional (OCU) y ambiental (AMB).
Área de
estudio
Tipo de
exposición
Principales conclusiones Ref.
Colombia AMB
Niños de corregimientos próximos a de-
pósitos mineros y de corregimientos con
tráfico del Departamento del Cesar tuvie-
ron mayor proporción de casos proba-
bles de asma; mientras que los del corre-
gimiento con tráfico se ausentaron más
días por enfermedad respiratoria aguda.
(Quiroz et al.)
España AMB
Las operaciones de minería pueden libe-
rar sustancias tóxicas que pueden causar
problemas de salud en las poblaciones.
Los autores detectaron un exceso de mor-
talidad por cáncer colorectal, cáncer de
vejiga, leucemia y cáncer de pulmón, es-
pecialmente relacionados con la proximi-
dad a sistemas de minería a cielo abierto.
(Fernandez-
Navarro,
Garcia-Perez,
Ramis, Boldo,
& Lopez-
Abente, 2012)
320
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
Área de
estudio
Tipo de
exposición
Principales conclusiones Ref.
Gran
Bretaña
OCU
La mortalidad por cáncer de pulmón
está asociada con la exposición a ma-
terial particulado con alto conteni-
do de quarzo de las minas de carbón.
(Miller &
MacCalman,
2010)
Estados
Unidos
AMB
La exposición ambiental a PM o agentes tóxi-
cos presentes en el carbón y que son liberados
en los procesos de minería/procesamiento
pueden estar involucrados en la alta taza de
mortalidad por enfermedad cardíaca, respi-
ratoria y renal en áreas de minería de carbón.
(M. Hendryx,
2009)
Estados
Unidos
AMB
La exposición ambiental a residuos de
minería de carbón a cielo abierto se en-
cuentra significativamente relacionada
con las taza de hospitalización por enfer-
medades respiratorias. Esta relación no
es significativa para el caso de pobladores
en proximidades de minas subterráneas.
(Brink et al.,
2014)
AMB
Altos niveles de producción de carbón
están directamente correlacionados con
las altas tazas de enfermedades cardio-
vasculares, hipertensión, enfermedades
pulmonares, enfermedades renales etc.
(Michael
Hendryx &
Ahern, 2008)
China
OCU
La pneumoconiosis de los mineros, ca-
racterizada por lesiones inducidas por el
polvo de carbón en las regiones de in-
tercambio gaseoso en el pulmón, está
asociada a la minería de carbón, princi-
palmente por la inhalación de PM2.5.
(Finkelman et
al., 2002)
OCU
El riesgo de cáncer de pulmón fue superior
en entre trabajadores de minas de carbón
que en individuos de una población control.
(Hosgood et
al., 2012)
321
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
Área de
estudio
Tipo de
exposición
Principales conclusiones Ref.
Inglaterra
AMB
Los niños residentes de comunidades en
proximidad a minas de carbón a cielo abier-
to están expuestas a una significativa can-
tidad de PM10. Igualmente fueron encon-
tradas evidencias sobre la posible asociación
entre residir en las proximidades de las mi-
nas y el incremento en la frecuencia de en-
fermedades respiratorias como asma grave.
(Pless-Mulloli
et al., 2000)
OCU
Identificaron evidencias de que la
pneumoconiosis y otras enfermeda-
des respiratorias están asociadas con la
exposición a material particulado res-
pirable con alto contenido de cuarzo.
(Love et al.,
1997)
Compuestos orgánicos volátiles (COV)
Características: los compuestos orgánicos volátiles (COV) se
presentan en estado gaseoso a temperatura ambiente. Suelen presentar
una cadena con hasta doce carbonos o menos y contienen otros elementos
como nitrógeno, oxígeno, cloro, flúor, bromo y azufre. Incluyen una amplia
variedad de químicos, algunos de los cuales pueden tener efectos adversos
sobre la salud. Los más abundantes en el aire son el metano, tolueno,
n-butano, i-pentano, etano, benceno, n-pentano, propano y etileno,
pudiendo tener un origen tanto natural como antropogénico debido a
la evaporación de disolventes orgánicos, a la quema de combustibles, al
transporte, etc. (EPA, 2017).
Durante los procesos de explotación de carbón a cielo abierto, la
combustión espontánea del material almacenado luego de los procesos de
extracción puede liberar emisiones del tipo de los Hidrocarburos Aromáticos
Policíclicos (HAPs) en el ambiente de las minas y sus alrededores. Este tipo
de sustancias también pueden ser generadas a partir de fuentes comerciales,
vehiculares y residenciales (Stracher, Prakash, & Sokol, 2010). Los HAPs
son substancias orgánicas constituidas por átomos de carbono e hidrógeno
agrupados en por lo menos dos estructuras de anillos aromáticos (CCME,
2010) que pueden ser divididos en dos categorías como lo muestra la
Figura 5.
322
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
HAPs de bajo peso molecular: formados por menos de 5 anillos
condensados
HAPs de alto peso molecular: formados por menos de 5 anillos
condensados
Las características lipofílicas de los HAPs permiten su fácil difusión
en las membranas celulares (Yu, 2011). Las principales vías de exposición
a los HAPs en la población general son la inhalación, la ingestión y el
contacto dérmico, sin embargo, algunas exposiciones pueden involucrar
varias vías de exposición simultánea como la dérmica y la inhalación de aire
contaminado, afectando al dosis total de absorción (ACGIH, 2005).
Figura 5. Principales HAPs, estructura y grado de complejidad; Fuente: Adaptado
de Rengarajan et al., (2015)
Efectos sobre la salud: la exposición aguda a HAPs también ha sido
relacionada con la reducción de la función pulmonar en asmáticos y efectos
trombóticos en personas expuestas afectadas por enfermedades cardíacas
y coronarias (ACGIH, 2005). En poblaciones con exposición ocupacional,
niveles elevados de mezclas de poluentes que contienen HAPs han sido
relacionados con la presencia de síntomas como irritación de ojos, náuseas,
323
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
vómitos, diarrea etc. (Unwin, Cocker, Scobbie, & Chambers, 2006). Otros
estudios en la misma población, sugieren una relación directa con el riesgo
de cáncer de piel, pulmón, vejiga y gastrointestinal (Bach, Kelley, Tate, &
McCrory, 2003; Boffetta, Jourenkova, & Gustavsson, 1997; Olsson et al.,
2010).
La exposición crónica a bajos niveles de algunos HAPs (por ejemplo
Pireno y Benzo[a]pireno) han sido relacionados con la aparición de cáncer
en animales de laboratorio (Diggs, Harris, Rekhadevi, & Ramesh, 2012).
Otros efectos sobre la salud relacionados con la exposición crónica a HAPs
pueden incluir la disminución de la función inmunológica, cataratas, daños
en el riñón e hígado (Ictericia) (ATSDR, 1995) problemas respiratorios con
síntomas semejantes al asma y alteraciones de la función pulmonar (Srogi,
2007).
La Figura 6 muestra algunos de los principales efectos sobre la salud
originada por la exposición aguda y crónica a HAPs.
Figura 6. Efectos en la salud causados por la exposición de corto y largo plazo a
HAPs.
Fuente: Adaptado de Rengarajan et al., (2015)
324
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
Metales
Características: los metales son substancias con alta conductividad
eléctrica, maleabilidad y brillo con un alto potencial reductor (Jaishankar,
Tseten, Anbalagan, Mathew, & Beeregowda, 2014). A pesar de que son
elementos presentes naturalmente en la corteza terrestre, la mayoría de la
contaminación ambiental con metales es resultado de actividades antrópicas
como las operaciones de minería y fundición, producción industrial y uso
doméstico y agrícola de compuestos con contenido metálico (Adriano,
2001; He, Yang, & Stoffella, 2005; Madejón, Murillo, Marañón, Cabrera, &
López, 2002). Algunos de los elementos generados durante las actividades
de extracción de carbón que han sido asociados con problemas de toxicidad
incluyen algunos metales pesados altamente presentes en el carbón como el
Cobre (Cu), Plomo (Pb), Níquel (Ni), Vanádio (V), Zinc (Zn) y Azufre (S),
los cuáles también pueden estar presentes en la combustión de este mineral
(Tchounwou, Yedjou, Patlolla, & Sutton, 2012).
Efectos sobre la salud: además de las reacciones características
de algunos metales que pueden ser la causa de reacciones alérgicas,
envenenamiento, daño a órganos específicos como riñones e hígado (Järup,
2003), uno de los principales impactos de la exposición a metales se
relaciona con su capacidad de generar procesos carcinogénicos (Beyersmann
& Hartwig, 2008). Al respecto, tres mecanismos predominantes parecen
ser comunes a los procesos genotóxicos y carcinogénicos de la mayoría de
los metales:
(I) inducción de estrés oxidativo. Relacionado con la capacidad de los
iones metálicos de generar reacciones redox en los nos sistemas biológicos.
Estas reacciones generalmente involucran la producción de radicales libres
(radicales hidroxilos) a través de las reacciones reações de tipo Fenton y
Haber–Weiss. Estos radicales libres pueden causar daños oxidativos en
lípidos, proteínas y DNA (Beyersmann & Hartwig, 2008).
(II) Modulación de los mecanismos de reparo del DNA. En bajas
concentraciones muchos metales han sido identificados como inhibidores
de la reparación de los daños del DNA causada por otros factores endógenos
y genotóxicos (Hartwig, 2007). La inhibición de la reparación del DNA
resulta en inestabilidad genómica y la acumulación de mutaciones críticas.
325
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
(III) Desregulación de la proliferación celular. Los compuestos
metálicos pueden alterar el crecimiento celular a través de varios
mecanismos distintos, afectando la expresión de factores de crecimiento o
inactivando mecanismos de control del crecimiento tales como los genes
supresores de tumores (Figura 7). Desde el punto de vista de la toxicidad y
la abundancia en el ambiente los metales pueden ser clasificados bajo tres
criterios (Beyersmann & Hartwig, 2008):
No críticos como Na; K; Ca; Mg; Fe y Al;
Tóxicos, pero considerados raros o insolubles W; Zr; Ba y Ti;
Muy tóxicos y relativamente disponibles en el medio como Ni; Cu;
Zn; As; Cd; Hg y Pb.
Figura 7. Principales mecanismos de inducción de carcinogénesis por metales.
Fuente: Beyersmann and Hartwig (2008).
Efectos sobre el ambiente
Dependiendo de los sistemas de extracción, los contaminantes de-
rivados de la explotación de carbón tienen el potencial de penetrar en las
fuentes de agua, en la biota o en la atmósfera en concentraciones peligrosas,
creando riesgos para el medio y la salud humana (Council, Studies, Resour-
ces, & Wastes, 2006).
El PM proveniente de las actividades de remoción de las capas de
suelo, cargue, transporte y de los procesos de trituración del carbón, llegan
principalmente a la atmósfera, donde pueden ser esparcidos por varios
326
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
kilómetros por acción del viento, generando luego su deposición. Estos
mismos residuos pueden llegar a las fuentes de agua, donde se acumulan a
lo largo de muchos años, generando la lenta liberación de sus componentes,
y algunos metales.
El polvo de carbón también puede depositarse sobre las superficies
foliares de las plantas. En un estudio dirigido a la determinación del efecto
de la deposición del polvo de carbón sobre la superficie foliar del mangle, se
demostró que los ubicados en proximidad a las fuentes de polvo de carbón,
en apariencia presentaban un estado de desarrollo pobre, en relación
de aquellos ubicados en áreas distantes (Naidoo & Chirkoot, 2004). El
polvo sobre las hojas reduce el crecimiento de la planta (Sharifi, Gibson,
& Rundel, 1997) a través de su efecto sobre el intercambio de gases. Las
partículas de polvo pueden obstruir los estomas (Li et al., 2016), reducir la
radiación fotosintética activa (Zhan-Yi, Jia, Jian-Ying, Cheng-Jie, & Ming-
Jiu, 2016) o incrementar la temperatura de las hojas a través de la absorción
de excesiva radiación (Hirano, Kiyota, & Aiga, 1995; Zhan-Yi et al., 2016).
Una breve revisión del ciclo del agua, ofrece una perspectiva de los
procesos hidrológicos que afectan la dispersión en el medio de los residuos
de carbón ubicados en la superficie de las minas. La precipitación que cae
sobre la superficie de la tierra puede penetrar en el suelo por proceso de
infiltración o formar escorrentías sobre la superficie (Flujo sobre el terreno)
antes de alcanzar los cuerpos de agua cercanos (arroyos, ríos, etc.) (Council
et al., 2006). En este proceso, los residuos son inevitablemente arrastrados
a las fuentes de agua desde donde entran al medio, Figura 8.
327
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
Figura 8. Movimiento de los principales residuos de la explotación de carbón en el
medio en sistemas de minería a cielo abierto y subterránea.
Fuente: Drever, (1988).
Otros tipos de residuos derivados de la combustión del carbón como
los COV, también ingresan al medio a través de las fuentes de agua. Las
condiciones hidrogeológicas de la zona de la explotación, determinan el
potencial de los COV de ser transportados lejos de su área de depósito por la
acción del agua. En las minas de carbón, los flujos de aguas subterráneas son
normalmente el primer mecanismo para el transporte de los contaminantes
derivados de los COV, desde las zonas de depósito hasta los receptores
principales (organismos acuáticos en arroyos alimentados por los flujos
subterráneos, organismos terrestres o residentes locales que utilizan las
fuentes de agua). En contacto con el agua los COV son capaces de generar
ácidos resultado de la oxidación de los minerales de azufre (pirita, FeS) que
constituyen al carbón o que se encuentran en el suelo circundante (Council
et al., 2006). Este drenaje ácido contiene elevadas concentraciones de
hierro, manganeso, aluminio, metales pesados, y elementos traza como
arsénico, níquel y zinc, que pueden ser transportados por las fuentes de
agua cercanas (Blowes, Ptacek, Jambor, & Weisener, 2003). En contacto
con el agua de la atmósfera los productos de combustión del carbón pueden
originar lluvia ácida (Zakrzewski, 2002).
328
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
Estudios sobre los impactos ambientales de la minería de carbón han
demostrado que los principales efectos de los sistemas de explotación tanto
a cielo abierto como subterráneos ocurren sobre la atmósfera, el suelo, el
agua, la vegetación, la fauna y el paisaje (Adriano, 2001; Madejón et al.,
2002). La Figura 9 muestra los principales impactos de los sistemas de
minería de carbón sobre las diferentes matrices bióticas y abióticas.
Figura 9. Principales impactos sobre el medio originados por sistemas de minería
a cielo abierto y subterránea
Minería de oro & contaminación por mercurio (hg)
Generalidades
El mercurio (Hg) es un contaminante ampliamente reconocido, ha
sido estudiado de diversas formas y bajo diferentes enfoques por lo que
sus implicaciones en las afectaciones ecosistémicas y en la salud humana
son aceptadas en el ámbito académico, de salud y minero. De acuerdo
con Oliveros & Johnson (2002), como contaminante ambiental posee tres
aspectos importantes para su estudio toxicológico; la exposición del riesgo
por consumo de pescado, emisiones de vapor de mercurio por amalgamas
dentales y el etilmercurio en forma de timerosal, molécula ampliamente
usada en vacunas. Las propiedades e interacciones biológicas del mercurio
varían en función del estado fisicoquímico y cada una de estas posee
propiedades toxicológicas diferentes (Ramírez, 2008), por lo que se hace
necesario estudiar las especies de mercurio por separado para valorar los
riesgos por exposición y sus afectaciones socioambientales.
329
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
El mercurio elemental (e´Hg:Hg0) es soluble en lípidos, con alta
permeabilidad en las membranas en donde es bioxidado intracelularmente
a mercurio inorgánico. Las sales de mercurio (Hg;Hg
2+
) son solubles en agua
pero con baja permeabilidad por las biomembranas, los de mayor interés
en cuanto a los efectos hacia los socioecosistemas corresponden al grupo de
los alquilmercurios (Hg-C;me-Hg y al-Hg) dentro de los que se encuentra el
metilmercurio, estos de caracterizan por ser solubles en lípidos, altamente
permeables en las biomembranas y con una transformación muy lenta a
mercurio inorgánico (Ramírez, 2008), lo que los identifica como altamente
riesgosos (Figura 10).
Figura 10. Grupo de alquilmercurios, solubles en lípidos y permeables en las
biomembranas
Fuente: Autores, 2017
De las especies orgánicas, que se caracterizan por su permeabilidad a
nivel de membranas, el metilmercurio (CH
3
) Hg
+
se destaca por su habilidad
de bioacumularse en especies acuáticas, lo que le confiere la capacidad de
entrar y mantenerse en la cadena trófica de los ecosistemas. La presencia
del mercurio en la naturaleza es baja y es considerado un metal poco
abundante en la corteza terrestre, se estima que su concentración natural
es de 0.5 ppm, y su distribución es muy irregular. No todas las especies
de mercurio son atacables por los agentes atmosféricos (O
2
, CO
2
, H
2
O)
por lo que no es fácil que entre al ciclo del agua, es debido a esto que
la incorporación del mercurio en la dinámica de los ecosistemas por esta
vía es insignificante y es mayormente responsabilidad de las actividades
antrópicas (Villarejo, 2004).
La toxicidad del mercurio, radica en la metilación que éste sufre
al entrar en los sistemas naturales inicialmente por microorganismos
330
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
acuáticos; predominantemente el mercurio entra a los ecosistemas en la
especie Hg
2+
, muy soluble, y que puede ser absorbido directamente por los
peces; o puede seguir un proceso de biotransformación, dando lugar a dos
especies orgánicas, el dimetilmercurio volátil (CH
3
)
2
Hg, que se recicla a la
atmósfera, y el metilmercurio CH
3
Hg+, que se bioacumula en los peces, y
por tanto es incorporado a las cadenas tróficas. A su vez, el metilmercurio
formado puede transformarse en Hg22+, el cual se oxida a Hg
2+
, siguiendo
su ciclo de biotransformación, o en Hg metal, que se deposita en forma de
sedimentos (Villarejo, 2004).
De acuerdo con Oliveros & Jhonson (2002), el primer paso en la
bioacumulación se presenta en la metilación, Hg
2+
----- (CH
3
)
2
Hg - CH
3
Hg+.
Esta metilación es realizada principalmente en los sedimentos de los
lechos acuáticos y se puede dar siguiendo dos vías metabólicas claramente
definidas. La primera incluye bacterias anaeróbicas, que metilan el mercurio
inorgánico (Hg
2+
) usando la metilcobalamina (CH3CoB12) sintetizada por
bacterias metanógenicas, entre estas se pueden mencionar el Clostridium
clochearium y el Desulfovibrio desulfuricans, el proceso de metilación del
mercurio inorgánico a metilmercurio se muestra a continuación.
La segunda ruta metabólica se da por medio de bacterias aeróbicas;
Pseudomona spp., Bacillus megaterium, Echerichia coli y Enterobacter
aerogenes. También existen algunos hongos que logran metilar el mercurio
por esta misma ruta, entre estos se destacan Aspergillus niger, Sacharomyces
cerevisae y Neurospora crasa. Como se muestra en la Figuras 11 y 12, estos
organismos son facilitadores para la formación de complejos entre el ion
mercurio-cisteína a través de la interacción del ion de mercúrico (Hg
2+
) con
el grupo sulfidrilo del aminoácido (J. Olivero, Johnson, & Arguello, 2002).
Figura 11. Formación de metilmercurio por organismos aeróbicos, bacterias y
hongos.
331
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
Figura 12. Ciclo natural y antropogénico del mercurio; proceso de metilación del
mercurio y entrada a la cadena trófica.
Fuente: Autores, 2017
Efectos socioambientales
La producción mundial de oro ha aumentado de manera significativa
en los últimos años, de acuerdo con Seccatore et al., (2014), entre
el 2002 y el 2012 el incremento en el precio del oro fue de un 400%,
debido principalmente a la crisis económica mundial, esta alza en el precio
repercutió en el aumento de la producción de manera significativa. Para el
2015, la producción mundial de oro alcanzó las 3.000 toneladas; siendo
China el principal productor con 453.3t, seguido de Australia (300t), Rusia
(247t) y Estados Unidos (210t), en América del Sur una de las principales
regiones productoras de oro a nivel mundial, se destaca Perú (140t) y Brasil
(80t) como los principales productores de la zona (Figura 13). De igual
forma, cuenta con el mayor número de mineros de oro a nivel mundial,
incluyendo los trabajadores de la minería artesanal, que equivale a la
minería ilegal. Para el 2011, cerca de 16 millones de mineros artesanales
participaron en la producción mundial de oro, aportando cerca de 380
332
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
- 450 t, del total producidas para ese año. Para el 2014 se estimó que
la minería ilegal aportaba una producción entre el 17% y el 20% de la
producción mundial (Seccatore et al., 2014).
Figura 13. Producción de oro (Au) en el mundo e importaciones de mercurio
(Hg) por países.
Fuente: Adaptado de BankTrack.org (Ryan Brightwell, Kuba Gogolewski et al. 2013)
Ahora bien, la importancia de la producción de oro por el método
artesanal radica en la ilegalidad de la misma, la que a su vez se relaciona de
manera directa con el consumo de Mercurio (Hg), se hace necesario aclarar
que tanto la minería legal e ilegal de oro, requieren de Mercurio para su
obtención. Sin embargo, en la actualidad es de conocimiento general que
la falta de manejo de los residuos generados por la utilización de mercurio
en la producción de oro, se asocian de manera significativa con la minería
artesanal o ilegal.
La producción de oro se encuentra relacionada de manera directa
con el consumo del Mercurio (Hg), a la vez que el consumo de mercurio se
333
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
relaciona de manera directa con la minería ilegal de oro. En la Figura 13, se
observan las importaciones de Mercurio (Hg) en los principales productores
de oro en Latinoamérica, llama la atención el caso de Colombia, quien, a
pesar de no sobresalir para la región en producción de oro, si se destaca en
el consumo de Hg, importa 95.1 Tm, de Mercurio, utilizando más del 50%
de estas en minería de oro.
A la fecha Colombia es el noveno productor mundial de oro, la
minería aurífera en el país ha registrado un incremento en la producción y
exportación en los últimos años, para el 2012 el incremento con respecto a
años anteriores fue de casi el 4,3% y para el 2013 se presentó un incremento
en exportaciones de 5,3% valorado en 221.6 millones US FOB (UPME,
2014).
La producción de oro en Colombia se concentra en 296 municipios
en 19 departamentos. Estos municipios cuentan con 445 títulos mineros
de oro y con 3.532 solicitudes de legalización minera de este mineral (entre
archivadas y activas). Los departamentos con mayor producción de oro en
el país son, en su orden, Antioquia, Chocó, Cauca, Caldas, Nariño y Tolima
(MINMINAS, 2016).
Datos recientes revelan que la producción de oro de las empresas
afiliadas a la Asociación Colombiana de Minería - ACM (que representan
un 12 % del total nacional para la extracción legal del mineral) alcanzó
253.872 onzas para el 2016, frente a las 223.915oz., extraídas en 2015,
una de las producciones más altas de los últimos 10 años.
4
Se espera que
para el año actual cuatro (4) nuevos proyectos auríferos ayuden a aumentar
estas cifras.
Las anteriores cifras revelan un panorama alentador en donde el país
demuestra su gran riqueza de recursos minerales, y se puede pronosticar
un buen futuro para la extracción de oro, este crecimiento debería verse
reflejado en un alto desarrollo socioeconómico ambientalmente sostenible
para las zonas de explotación aurífera. Sin embargo, el panorama nacional
es completamente diferente, solo existe control por parte de las autoridades
sociales y ambientales a la minería formal, en donde el manejo de los
impactos socioambientales que se generan durante la explotación de oro
4 http://mineros.com.co/es/noticias-mineros/459-produccion-legal-de-oro-cre-
cio-12-acm
334
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
contienen grandes vacíos a nivel técnico que repercute en efectos negativos
tanto para las comunidades como para los ecosistemas. Los riesgos
asociados a estos impactos se concentran en efectos en la salud humana y
en la degradación ecosistémica.
Los principales impactos relacionados con la minería de oro en
Colombia se enfocan en el ámbito social, dentro de los que se destacan
explotación en territorios de comunidades étnicas minoritarias, como
concejos comunitarios y resguardos indígenas, aumento de personas foráneas
que generan conflictos de convivencia, incremento de enfermedades por
causa de salubridad pública, explotación laboral infantil, riesgos en salud a
nivel de enfermedades teratogénicas y carcinogénicas por el uso inadecuado
e indiscriminado de químicos para la extracción de oro principalmente
de mercurio (Amorim et al., 2000; Bahia et al., 2004). Dentro de los
principales impactos causados a los ecosistemas, se cuenta la pérdida de
cobertura boscosa por deforestación desmedida, pérdida de biodiversidad,
contaminación por productos químicos a suelo y cuerpos de agua, este
último relacionado directamente con el uso de Mercurio (Hg), que puede
permanecer por largos periodos de tiempo en los ecosistemas produciendo
un mayor impacto sinérgico y aumentando los riesgos medioambientales.
El principal problema de la explotación aurífera en Colombia es la
ilegalidad de la misma; la ACM
5
con base a datos propios calcula que el
88% de la explotación aurífera en el país es ilegal, mientras que el 12%
restante es legal solo en lo concerniente al título minero, siendo por lo
general ilegales en cuanto a seguridad social de trabajadores, permisos y
licencias ambientales. De igual forma, según cálculos del Sistema Minero
Colombiano (SIMCO) un tercio de los municipios del país están sufriendo
el flagelo de la extracción ilegal de oro (UPME, 2014).
El gobierno colombiano ha demostrado de manera muy evidente la
falta de control sobre la minería ilegal; el riesgo socioambiental que se cierne
sobre los socioecosistemas que presentan esta problemática es muy alto y las
soluciones tienden hacia un método de persecución y no de formalización
(Güiza & Aristizabal, 2013). Cifras emitidas por la UPME dan cuenta que
para el año 2012 realizaron 18 intervenciones con cierre de minas ilegales
de oro, 92 personas fueron capturadas, equipos e insumos decomisados. De
5 http://www.acmineria.com.co/sala-de-prensa/noticias/el-drama-del-oro-colombiano
335
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
igual forma, ese mismo año el país participó en la formulación de la Política
Andina de Lucha contra la Minería Ilegal 774 de 2012
6
, para el control de
la minería ilegal en países de la región. Así también en el 2013 el ministerio
suscribió un marco convenio con la universidad de Cartagena, con el fin
de priorizar minas del sur de Bolívar para el desarrollo de proyectos pilotos
para la disminución del uso de mercurio en la extracción de oro (UPME,
2014).
Si bien no hay estudios particulares que permitan tasar el impacto
de la minería ilegal sobre los procesos de erosión y desertificación de los
suelos, las evidencias son claras respecto a la destrucción de grandes áreas
para desarrollar la actividad. Según la Agencia Nacional de Minería -ANM,
las áreas intervenidas realmente por la minería legal oscilan entre 49.584 y
51.906 ha, correspondientes a 1.652 títulos auditados, es decir, cerca del
9.25% del área concesionada. En cifras reveladas por la Policía Nacional
en septiembre en 2015 establece que por cada 100 minas legales hay 51
ilegales, por lo que se podría suponer que las minas ilegales afectan un área
aproximada de 25.000 ha en todo el territorio nacional.
7
La oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito, UNODC,
determinó que la minería ilegal de oro por aluvión presenta una estrecha
concordancia con zonas donde se mantiene un entorno de ilegalidad y
criminalidad, donde la presencia del Estado es casi nula y la injerencia del
mismo sobre el territorio es ineficiente. En 2013 identificaron que en las
zonas donde había una intensa actividad de cultivos ilícitos, la expansión
de la explotación de oro por aluvión (EVOA) había aumentado de manera
significativa, lo que incrementa la sinergia de los impactos sociales y
ambientales para estos territorios (UNODC, 2016).
Las zonas más afectadas por EVOA son los consejos comunitarios,
el 46% de las EVOA se encuentra en este tipo de territorios por lo cual el
diseño de política pública debería considerar sus particularidades. Aunque
la afectación en resguardos indígenas es mucho menor, se focaliza en
comunidades Emberá – Katío, en los departamentos de Chocó y Antioquia
altamente vulnerables. Se registraron presencias de EVOA en cinco (5)
Parques Naturales Nacionales, nueve (9) más en zonas cercanas que pueden
6 https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/decision_744.pdf
7 DIPOL, 2015. Policía Nacional, II Congreso Internacional de Minería Ilegal.
336
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
ser consideradas como zonas de amortiguación de los mismos. La pérdida
de cobertura vegetal es uno de los grandes impactos que se relacionan con
la explotación aurífera, la vulnerabilidad de áreas de importancia ecológica
es un factor determinante que aumenta la sinergia de la degradación
ambiental. Para el 2014 el 77% de la pérdida de cobertura vegetal que se
registró para Colombia se concentró en el departamento del Chocó uno
de los Hotspots de biodiversidad más importante del planeta (UNODC,
2016).
De acuerdo con el informe de la delegación de los derechos colectivos
y del medio ambiente de la defensoría del pueblo, la minería ilegal se
concentra en la explotación de oro y carbón, para la primera se reconocen
seis (6) distritos mineros identificados y ligeramente caracterizados; bajo
cauca en el departamento de Antioquia, sur de Bolívar y zonas específicas
en los departamentos de Cauca, Choco, Caldas y Córdoba; para estas se
registraron impactos sociales relacionados con conflictos por el control de
territorio y surgimiento de población foránea, así mismo se mencionan
impactos ambientales por remoción de suelo, y perdida de cobertura
vegetal, los impactos relacionados con los afluentes hídricos se limitan a
la turbidez y presencia de sólidos, sin embargo no se menciona ningún
impacto relacionado con la contaminación por productos químicos y
metales (Defensoría & Pueblo, 2015).
Hasta el anterior apartado, se han mencionado de manera muy general
pero clara los impactos ambientales y sociales del uso del Mercurio en la
minería aurífera, así como de la estrecha relación entre esta y el consumo de
Mercurio. Sin embargo, el riesgo ambiental de las emisiones y vertimientos
de este metal en los ecosistemas, tiene grandes repercusiones en la salud de
las personas. Los efectos en salud los mencionaremos a continuación.
Efectos en salud
Como ya se ha mencionado, el mercurio es un elemento que está
presente de forma natural en el aire, el agua y los suelos, el mercurio se
introduce en las cadenas tróficas en dos grupos de especies químicas,
inorgánicas y orgánicas, con características toxicológicas diferentes, la
exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar
graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino
y en las primeras etapas de vida. La principal vía de exposición humana
337
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
es la dietaría, por la forma orgánica metilmercurio (MeHg) presente en el
consumo de pescado y mariscos contaminados con la forma orgánica del
mercurio (OMS, 2017).
Datos reportados en la encuesta nacional de la situación nutricional
2010 muestran que en Colombia en un mes el 61,1% de sus habitantes
consume pescados o mariscos de forma regular y el 26,9% registran un
consumo alto. Hay una distribución similar para los diferentes grupos de
edad y son consumidos en mayor proporción en la zona urbana del país
destacándose la región Atlántica. El consumo de este alimento es de gran
interés ya que proporciona proteínas de elevado valor biológico y una gran
variedad de micronutrientes esenciales, que incluyen varias vitaminas (A,
D y E) y minerales como calcio, yodo, zinc, hierro, magnesio y selenio,
los cuales son necesarios para diversas funciones del organismo como son
el crecimiento, la reparación y un adecuado funcionamiento en general
(Corredor Rodríguez, 2013).
Aunque el consumo de pescado aporta grandes beneficios, en las
últimas décadas se ha puesto su atención en algunos aspectos negativos o
posibles riesgos como es la contaminación con metilmercurio y su efecto
en la salud humana debido a incidentes como el ocurrido por la ingesta
de pescado contaminado en Minamata, Japón, en el que se presentaron
efectos adversos en la población local, principalmente efectos relacionados
con el sistema nervioso central, otro hecho similar se registró en Iraq en
1971, cuando este país importó gran cantidad de semillas de cebada y
trigo tratadas con un fungicida a base de MeHg y las distribuyó para su
siembra en la primavera de 1972. A pesar de las advertencias oficiales, el
grano fue molido y la harina se usó para hacer pan. Murieron 500 personas
y más de 6500 fueron hospitalizadas. En ambos incidentes, los adultos
no se vieron afectados de forma tan grave como los niños cuyas madres
habían consumido el alimento contaminado (Bakir et al., 1973; Harada,
1995). Tras estos lamentables incidentes, las investigaciones se dirigieron
a conocer los riesgos que suponía para la salud pública, una exposición
crónica pero baja al MeHg por un consumo habitual de pescado.
La mayoría de los estudios realizados a nivel mundial para evaluar
las afectaciones en la salud por exposición a metilmercurio, por ingesta de
alimentos como el pescado se han referenciado en niños, cuya exposición
se presentó durante el desarrollo fetal (in-útero); entre estos, se encuentran
338
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
las investigaciones desarrolladas en Nueva Zelanda, las islas Féroe y las islas
Seychelles, mostrando que la ingesta de MeHg procedente de pescado en
las mujeres embarazadas asintomáticas producía efectos persistentes en el
desarrollo neurocognitivo. Las áreas más afectadas fueron el lenguaje, la
atención y la memoria y en menor medida las funciones visuoespaciales y
motoras (Mergler et al., 2007; Mozaffarian & Rimm, 2006).
En los adultos que consumen grandes cantidades de pescado, algunos
estudios también han referido que la exposición al MeHg puede producir
efectos adversos sobre la salud y se ha sugerido que podría aumentar el
riesgo de eventos cardiovasculares en la población expuesta.
Efectos de MeHg en niños
En la bahía de Minamata tras el incidente ocurrido por la ingesta masiva
de peces contaminados, se observó que los efectos del MeHg en los cerebros
en desarrollo fueron más difusos y extensos que en los adultos, debido
a la afectación de los procesos de formación de microtúbulos, migración
neuronal y división celular. En los cerebros en desarrollo, el tiempo de
inicio de la exposición al tóxico se correlacionaba con la severidad de los
efectos inducidos, es decir cuánto más temprana se producía la exposición,
mayores eran los efectos observados en el cerebro. Los niños afectados
intraútero presentaban un cuadro análogo a una parálisis cerebral grave,
con un importante retraso en el desarrollo, ceguera, sordera, y alteraciones
del tono muscular y de los reflejos tendinosos profundos (Cohen, Bellinger,
& Shaywitz, 2005).
Debido a los escasos estudios realizados y a las diferentes matrices
utilizadas que hacen difícil la comparación, es necesario realizar más
investigaciones con el fin de evaluar el impacto sobre el crecimiento fetal
del MeHg a bajas dosis, teniendo en cuenta los efectos beneficiosos del
consumo del pescado y la evidencia de cierta susceptibilidad genética.
Mercurio y cáncer
No hay evidencia sólida que permita clasificar al metilmercurio
como un agente carcinogénico en seres humanos. Si bien, este compuesto
induce tumores en animales, solo ocurre en dosis muy altas. La revisión
de las Directrices para la Evaluación de Riesgos del Cáncer (USEPA, 1999)
clasifica al metilmercurio como posible carcinógeno. Sin embargo, aclara
339
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
que no se debe considerar como cancerígeno en los seres humanos bajo las
condiciones de exposición generalmente encontrados en el medio ambiente
(Hong, Kim, & Lee, 2012). Existen algunos estudios sobre la relación entre
la exposición al metilmercurio y el cáncer en el ser humano, pero no se
ha observado evidencia convincente en el aumento del efecto cancerígeno
atribuible a la exposición a este compuesto. La interpretación de estos,
sin embargo, se vio limitada por el diseño de los estudios y descripciones
incompletas de la metodología o resultados (Schoeny, 1996).
Toxicidad del Mercurio y toxicodinámica
Los efectos tóxicos de los vapores del mercurio como riesgo laboral
fueron descritos por Ellenberg en Von der Grifftigen Bensen Terupffen von
Reiichender metal (1473). Posteriormente B. Ramazzini y colaboradores
en De Morbis Artificium Diatriba (1700) describen el cuadro clínico de
intoxicación ocupacional. Los incas usaron el cinabrio como pintura mineral
del que se extrae el mercurio, llamándolo llampi. No existe unanimidad
en cuanto al umbral medio de toxicidad humana, sim embargo, las
investigaciones actuales en salud han establecido los límites de toxicidad
del mercurio entre 50 y 160 µg/día (Ellenhorn, 1997 ; Gunnar Ahlborg,
1989).
Las vías por la cual el mercurio ingresa a un individuo son
principalmente la respiratoria digestiva y cutánea. El ingreso por la vía
respiratoria se da por inhalación. Cuando estamos evaluando ingesta de
mercurio por exposición ocupacional esta vía es la más importante porque
tanto el mercurio elemental como el inorgánico y sus compuestos, pueden
ingresar por inhalación llegando a la sangre con una eficiencia del 80%
(Figura 4).
El ingreso del mercurio a la vía digestiva se da por ingestión. Una
vez en el tracto gastrointestinal, el mercurio inorgánico se absorbe en
cantidad menor al 0,01%, posiblemente por su incapacidad de reaccionar
con moléculas de importancia biológica, formando macromoléculas que
dificultan su absorción, así como también por el proceso de oxidación que
sufre el mercurio. Las sales del mercurio como compuestos inorgánicos del
mercurio se absorben entre 2 y 15%, esto dependiendo de su solubilidad,
mientras que, la absorción de los compuestos orgánicos por esta vía es 5%,
independiente de si el radical metilo este unido a una proteína o no. El ingreso
340
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
por la vía cutánea se da por contacto. Se ha reportado casos de intoxicación
por el uso tópico de compuestos que contenían metilmercurio, aun así no
está comprobado que esta vía cumpla un rol importante en la exposición
ocupacional, comparándolas con las otras vías antes mencionadas. Es más,
es posible que en el caso de aplicación de pomadas, el tóxico penetre en el
organismo por inhalación, a partir del ungüento puesto en la piel, más que
atravesándola directamente (Ramírez, 2008).
El modelo toxicocinético de eliminación, se realiza desde los siguientes
compartimientos el central, periférico y el ‘cuarto compartimiento’. El
compartimento central formado por la mayoría de los órganos, exceptuando
el riñón e hígado. El compartimento periférico lo constituye el riñón, que
acumula Hg por mayor tiempo y lo aclara muy lentamente, y por el hígado,
que de igual forma lo acumula, pero por periodos cortos, pues lo aclara
rápidamente. En este compartimento periférico también se incluye los
procesos de filtración glomerular, secreción biliar y secreción por la mucosa
intestinal.
El ‘cuarto compartimento’ es el depósito por el cual es el punto final
antes de su excreción; a este compartimento lo integran la orina, las heces,
el pelo y las uñas. Considerando al organismo humano un modelo mono
compartimental abierto, el promedio de vida del mercurio por exposición
aguda es de 1,3 días y en exposición ocupacional continua, es de 36,5 días.
En exposición ocupacional, la vida media de los compuestos inorgánicos
de mercurio es de 40 días. La cantidad de mercurio excretada por vía renal/
heces es entre 50 y 55% de la dosis total absorbida; por saliva equivale
al 25% de la concentración sanguínea y al 10% de la urinaria; por sudor
es 15%, suficiente para tenerla en cuenta en el balance global; y la vía
respiratoria, por exhalación, interviene hasta con 7%.
Estudios en Colombia
En Colombia no existen datos ni referencias que aborden la
problemática del MeHg y su influencia en la salud de las poblaciones
expuestas ocupacionalmente y en poblaciones de habitantes cercanos
dedicadas a las actividades de minería de oro, carbón y ferroníquel, en
las que se generan mezclas complejas, metales pesados y contaminantes
atmosféricos los cuales viajan por corrientes de aguas y por la acción del
viento siendo depositados en sistemas biológicos, agua y suelo (Marrugo,
341
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
2007), siendo responsables de innumerables situaciones de impacto sobre
la salud pública por la ingesta de peces de cuerpos de agua aledaños a las
áreas de minería.(Thomann, 1984).
En el país se han desarrollado estudios en los que se han evaluado
el efecto tóxico del mercurio en poblaciones expuestas dedicadas a
actividades de minería del oro. Sin duda, el mercurio elemental constituye
el principal tóxico al que están expuestos los trabajadores de pequeñas
y medianas minas auríferas en el país. La forma en que este tóxico se
absorbe, distribuye y desencadena sus efectos en los humanos están bien
documentados (Park & Zheng, 2012) y en su mayoría existe consenso en
los aspectos seguidamente descritos.
Aunque en Colombia existe información sobre la contaminación por
mercurio, es cierto que los estudios epidemiológicos son muy escasos. La
información más relevante incluye mediciones de mercurio en aire y en
humanos en la cuenca del rio Cauca y del rio Magdalena (Jesús Olivero,
Mendonza, & Mestre, 1995; Olivero-Verbel, Caballero-Gallardo, &
Negrete-Marrugo, 2011), pero poco en relación con los efectos. Algunos de
los casos más dramáticos de exposición a mercurio en Colombia han sido
reportados para Segovia, Antioquia. Por ejemplo, para la zona urbana de este
municipio se ha comprobado que la media de mercurio elemental puede
alcanzar los 1.26 µg/m de aire (Cordy et al., 2013) valor muy por encima
de lo recomendado internacionalmente. Un estudio reciente realizado en el
país subrayó la detección de hidrocefalia derivada de la exposición crónica
a mercurio elemental (Silva Sieger, Diaz Silva, Ardila, & Garcia, 2012).
En Colombia, la situación de la minería como factor que impacta la
salud de las personas ha sido muy poco documentada, aunque como ha sido
brevemente descrito en las secciones anteriores, estos efectos son similares
a lo largo del planeta, en especial si se trata de países tercermundistas, en vi
de desarrollo o emergentes (Olivero Verbel, 2011).
Citotoxicidad del MeHg
Teniendo en cuenta esta falta de información en el país, recientemente
estudios como el de Galeano-Páez. C et al. (2017), desarrollado en tres
departamentos de la costa norte del departamento de Colombia (Bolívar,
Sucre y Córdoba), el cual tuvo como objetivo evaluar el daño citogenético
342
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
y mutagénico por exposición dietaría a metilmercurio, en pobladores de
áreas con influencia de minería aurífera, donde el pescado representa una
de las principales fuentes de alimentación, esta población fue comparada
con una población control, población con las mismas características
sociodemográficas y donde el consumo de pescado también es su principal
fuente de alimentación, con la diferencia que esta zona no tiene influencia
de minera aurífera.
Para la evaluación del daño citogenético se utilizó el test de
Micronúcleos (MN) con bloqueo de la citoquinesis, el cual mide inestabilidad
cromosómica, este biomarcador esta mundialmente reconocido como
un marcador de pronóstico para riesgo de cáncer (Fenech et al., 2011),
adicionalmente se utilizó un anticuerpo anti-cinetocoro en cultivos de
linfocitos humanos técnica de CREST, la cual permite conocer el origen
de los MN, es decir; si los MN proceden de fragmentos de cromosomas es
debido a un daño clastogénico (CREST-), si los MN proceden de cromosomas
enteros es producto de un daño aneugénico (CREST+) (Fenech et al., 2011).
Los daños citogenéticos observados fueron correlacionados con
el consumo de pescado reportado por las poblaciones evaluadas. Los
resultados encontrados en esta investigación mostraron un aumento
significativo en daños celulares (micronúcleos, puentes nucleoplasmáticos,
células necróticas y células apoptoticas), estas comparaciones se hicieron
entre individuos con exposición dietaría a MeHg e individuos sin exposición
dietaría a MeHg. En cuanto la correlación del daño citogenético con la
ingesta de pescado, el estudio demostró una asociación significativa entre
la frecuencia del daño del ADN y la ingesta de pescado (g/semana) en las
poblaciones expuestas (Claudia Galeano-Páez 2017).
Estos datos son de gran interés porque brindan información importante
referente al daño a nivel molecular en el material genético y celular de
individuos que residen cerca a áreas de minería aurífera que tienen como
principal sustento de alimentación la pesca, el MeHg se encuentra en la
cadena trófica de estas poblaciones evidenciado en la ingesta de pescado,
la principal preocupación sobre esta problemática surge dado a que la
evidencia indica un alto riesgo en las poblaciones futuras que por herencia
genética podrían ser susceptibles a desarrollar enfermedades degenerativas
e incluso cáncer.
343
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
Dentro de algunas estrategias que ha decidido emprender el gobierno
nacional para tratar de dar control a esta problemática, se destacan, el
proyecto de Ley 1658 de 2016 por el cual se espera aprobar y ratificar el
Convenio de Minamata sobre mercurio (Hg), la reciente Ley 1753 de 2015,
en la que se clasifica la minería en cuatro tipos, minería de subsistencia,
minería a pequeña, a mediana y a grande escala y se estipula las tasas de
producción de la minería de subsistencia. Ley 1658 de 2013, por medio de
la cual se establecen las disposiciones para la comercialización y el uso de
mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos
e incentivos para su reducción y eliminación. Así mismo, se hace necesario
mencionar el Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso del
Mercurio, formulado por el Ministerio de Minas en el 2016; esté marca
la ruta que debe seguirse para cumplir con la meta de la eliminación del
mercurio al 2018, para lograr este objetivo se formulan cuatro ejes de trabajo;
i) fortalecimiento institucional ii) gestión del conocimiento – investigación
aplicada iii) Gestión para el cambio iv) educación y comunicación.
A modo de reflexión final: el enfoque de Riesgo
Realizando un análisis bajo el enfoque de riesgo, acerca de cómo
se debe entender y manejar el riesgo, resulta demasiado interesante la
pregunta ¿cómo tomar decisiones acerca de los riesgos desconocidos, de los
que aún no se sabe nada? Las ciencias ambientales han demostrado que los
riesgos deben pensarse y analizarse a largo plazo, los manejos ambientales
se desarrollan para proyecciones de muchos años, pensando siempre en la
necesidad de que los impactos tengan pocas repercusiones para el futuro
Beck, Navarro, and Borrás (1998). Sin embargo, bajo la teoría de “la sociedad
de riesgo” en realidad cada día la adquisición de nuevo conocimiento, la
frontera de lo desconocido se amplía cada vez más, entonces la cuestión
sería, ¿cómo planificar los riesgos futuros si los vacíos en el conocimiento
son muchos?
Bajo el anterior planteamiento, sería demasiado ambiguo entrar a
analizar la necesidad de generar conocimiento, sin embargo dentro del
análisis de la teoría de riesgo formulada por Beck (1992), también queda
clara que el riesgo debe ser analizado con base en los conocimientos
generados por la ciencia y la aplicabilidad de los mismos que se refleja en
344
Minería de carbón y oro: análisis de riesgos en la salud y el ambiente
la tecnología. Es aquí donde la política entra a representar su verdadero
papel, la toma de decisión de los estamentos públicos y políticos es de vital
importancia.
En la actualidad la generación de conocimiento científico y los
adelantos tecnológicos avanzan con mucha más rapidez, sin embargo,
la aplicabilidad de estos en la toma de decisiones es casi nulo. En los
parlamentos y otros estamentos del estado no se tiene prioridad por los
avances científicos y tecnológicos para la toma de decisiones, que se reflejen
en la aplicabilidad de políticas que ayuden a manejar un poco los riesgos
para las comunidades; por el contrario y de acuerdo con lo que formula
Beck, 1998, la responsabilidad de la toma de decisiones con base en los
impactos y riesgos que pueden traer las actividades antropogénicas, queda
relegada a la empresa privada, y esta responsabilidad se tiende a ver sesgada
por los intereses económicos de cada empresa. Es precisamente este sesgo
económico propio del capital privado, sumado a la falta de interés del Estado
por el conocimiento actual lo que permite que el riesgo de las distintas
actividades en pro del desarrollo económico e industrial no tenga en cuenta
los verdaderos afectados, es decir, los ecosistemas y las poblaciones.
La teoría del riesgo y el análisis de sus actores; Estado, población,
ambiente, tiene relación directa con los conflictos socioambientales.
Estos conflictos se desarrollan bajo la premisa del riesgo que sufren los
socioecosistemas por el mal manejo de los diferentes impactos que se
generan por actividades mineras, industriales y comerciales. Para el caso
de estudio, contaminación por minería de carbón y oro, demuestra que
el riesgo al que se encuentran sometidas las comunidades es tan alto que
el riesgo de exposición, así como el riesgo futuro por las consecuencias,
ambientales, sociales y de salud a la que se enfrentarán las generaciones
venideras tendrá un alto costo.
Debido a lo anterior, se hace necesario recalcar que la responsabilidad
por los serios impactos que se generan por contaminación en la explotación
de carbón y oro, demuestra la falencia del Estado en esta problemática,
citando el principio de precaución, base de la actual legislación ambiental
en Colombia, es la responsabilidad del Estado emprender acciones que
promovieran la responsabilidad minera en pro de la investigación que
ayudara a buscar soluciones a los impactos generados por el aprovechamiento
de estos recursos. No obstante, queda claro por todo lo planteado en
345
Claudia Galeano-Páez, Lyda Espitia-Pérez, Shirley Salcedo-Arteaga
este capítulo, que la precaución no es la vía para dar soluciones políticas
a dicha problemática, ya que se ha sustentado con argumentos claros
(investigaciones citadas y referenciadas) que existen una gran cantidad de
estudios científicos que evidencian los efectos por el manejo inadecuado
de los impactos generados por la explotación minera, dejando claro que
la posición del estado no incluye ni siquiera la prevención de los mismos.
Como conclusión se puede definir que la explotación minera nacional
y transnacional, no puede considerarse como un punto de desarrollo para
el país; la locomotora minera sinónimo de desarrollo y prosperidad, no
puede ser considerada como la principal fuente de auge económico, cuando
ya es de conocimiento general que la extracción minera genera impactos
negativos para las comunidades; generando contaminación por sustancias
toxicas y metales pesados, altos consumos de agua y energía, compite con
actividades económicas, como ganadería y agricultura, poniendo en riesgo
la tradicionalidad de algunos pueblos. Así mismo, el modelo pone en jaque
a la democracia porque avanza sin consenso de las poblaciones generando
todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad y nuevas formas
de violación de derechos humanos (Machado Aráoz, 2012).
Ahora bien, en Colombia la problemática va más allá de lo compilado
anteriormente, ya que la ilegalidad de la minería es un flagelo que deja
grandes consecuencias para el país, aparte de que esta acentúa los impactos
sociales y ambientales ampliamente debatidos en el capítulo, genera un
impacto a la economía nacional, perdida de impuestos, arandelas y divisas
que no son generadas gracias a la ilegalidad de la misma. Este último
impacto si genera un gran interés para el estado y se puede decir que es
uno de los principales puntos de partida para la lucha contra la minería
ilegal. El enfoque de minería, como desarrollo económico para el país,
debe ser abordado bajo la premisa de responsabilidad social y ambiental
como principal interés de las mineras al momento de crear proyectos de
explotación, bajo una estricta vigilancia de las entidades gubernamentales
respaldadas a su vez por una legislación actualizada en función de las
investigaciones y evidencias científicas como principal base para la toma
de decisiones.
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Edición digital
Innovación ambiental y análisis del riesgo: dos enfoques para una gestión ambiental
moderna
Abril de 2020
Sincelejo, Sucre, Colombia
Innovación ambiental y
análisis del riesgo
Iván Vargas-Chaves
Editor/compilador
Dos enfoques para una gestión ambiental moderna
Desde hace casi un siglo, la contaminación generada por la
industrialización empezó a ocupar las agendas de la política ambiental
en los países desarrollados. Con la introducción de la energía nuclear el
problema se trasladó a los residuos y, con la masificación de los productos
que agotan la capa de ozono, otra preocupación se añadió a la lista. De
unas décadas para acá, el cambio climático se situó en los primeros lugares
de la agenda pública, junto con la deforestación, la minería y la pérdida de
biodiversidad, entre otros factores de deterioro ambiental.
Como resultado de este cúmulo de factores, nuestra sociedad y
el ambiente atraviesan por un escenario de riesgos que le sitúan en un
momento crítico, en el que se hacen notorios los daños reversibles e
irreversibles ocasionados y en donde las decisiones que desde ahora se
adopten para mejorar esta situación, marcarán las futuras condiciones de
vida de las generaciones venideras.
